Federalizar delitos
Una iniciativa ciudadana
Omar Raúl Martínez
No representa novedad alguna el que México aparezca entre los primeros países con mayor índice de impunidad en materia de actos contra informadores. El Comité de Protección a Periodistas de Nueva York (CPJ), en tal sentido, ha documentado que el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción oficial constituyen los principales brazos ejecutores que obstruyen y amenazan el ejercicio de las libertades de expresión e información en nuestro país.
Las cifras hablan por si solas: entre el año 2000 y el primer cuatrimestre de 2008, se consignan 39 periodistas asesinados y nueve desaparecidos. De ese total, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sólo dos casos ha habido alguna sentencia. El resto se mantiene impune: no se ha investigado y, por tanto, no hay personas procesadas o detenidas.
Los esfuerzos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, han resultado magros fundamentalmente por lo limitado de sus atribuciones.
En este contexto, una de las principales asignaturas pendientes en materia de libertades informativas es, sin duda, la federalización de los delitos Cometidos contra periodistas. ¿La razón? Sucede que la mayoría de los casos no se investigan o se quedan empantanados o se castigan a chivos expiatorios habida cuenta que las mismas autoridades locales, responsables de aplicar la ley, suelen estar implicadas en los hechos. Tales circunstancias, desde luego, garantizan la impunidad.
Frente al escenario descrito, diversos organismos civiles entregaron, el 23 de abril pasado, al senador Carlos Sotelo y a los diputados Gerardo Priego y Joaquín de los Santos, una propuesta legislativa para federalizar los delitos contra periodistas por el ejercicio de su libertad de expresión. Diseñada por Libertad de Expresión México (Limac) y suscrita por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, entre otras organizaciones civiles y gremiales, la iniciativa ciudadana plantea la necesidad de corregir y mejorar la propuesta del Ejecutivo Federal en tres sentidos:
a) Considerar un concepto de Periodista menos restrictivo que integre la variedad de actividades contempladas en el ejercicio periodístico. La tendencia doctrinaria y legal internacional define al Periodista como alguien que “hace del periodismo su ocupación habitual, remunerada o no”. En cuanto a la responsabilidad de la autoridad federal para conocer las agresiones contra informadores, el documento de Limac resalta:
Es muy importante que la competencia de manera sistemática aparezca en todos los ordenamientos en los que fundamente su actuación a fin de evitar que por alguna inconsistencia se nulifique la actuación de la autoridad en el seguimiento y aplicación de la consecuencia a los presuntos responsables.
b) Independientemente de los primeros indicios, abrir una línea de investigación por libertad de expresión. En otras palabras: indagar en profundidad los temas, tiempos, motivos y actores en torno a la actividad periodística del afectado con el propósito de documentar las averiguaciones.
c) Considerar como un agravante a nivel federal el que se vulnere la libertad de expresión de los periodistas, de manera que se incremente la penalidad hasta en 30% más de lo previsto por ley en cada caso. Esto permitiría sanciones ejemplares para reducir la reincidencia.
Lo anterior –asienta la propuesta– tiene su razón de ser en la medida de que la agresión a un periodista no sólo es una afrenta a su garantía individual de libertad de expresión, sino también la violación del derecho a saber de los mexicanos en virtud de lo que dejamos de conocer ante la ausencia de garantías para el ejercicio libre y responsable de la libertad de expresión en todo el país.
Si bien se trata de una iniciativa fundamental para avanzar en la defensa y promoción de las libertades informativas, conviene resaltar que significa apenas una primera asignatura de una agenda más amplia y en la cual figuran temas como la despenalización de los llamados delitos de prensa en las entidades federativas, el fomento del pluralismo y la equidad publicitaria, los derechos laborales de los comunicadores y la reconfiguración jurídica de la Fiscalía Especial.
Una larga carrera inicia con el primer paso.
Director de RMC, presidente de la FMB y profesor de periodismo en la FES Acatlán de la UNAM.
