Defender la vida

Pilar Ramírez

“¡Feminicidas!, ¡Asesinos de mujeres!, ¡Vendidos!” gritó repetidamente un grupo de mujeres a los legisladores que aprobaron en Guanajuato la ley antiaborto aceptada por 23 legisladores panistas, dos priístas y uno del Partido del Trabajo. La misma entidad donde la directora del Instituto de la Mujer acusó de terrorista al Centro de Derechos Humanos Victoria Díez por haber denunciado una violación, presuntamente cometida por un policía ministerial y criticó severamente a la periodista Carmen Aristegui por haber condenado la ley antiaborto.

En Yucatán, Organizaciones no Gubernamentales también han realizado protestas porque la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco permitió la publicación en el Diario Oficial de la Ley para la Protección de la Familia y con ello la entrada en vigor de la polémica ley promovida por grupos conservadores en la que se eleva a rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, se legaliza el concubinato, se penaliza el aborto, se impide la adopción a personas solteras y se prohíbe la unión legal entre personas del mismo sexo.

En Puebla, la Procuraduría estatal inició un proceso penal en contra de una joven de 20 años que abortó; la acción de la justicia poblana se ha mantenido en suspenso porque no han determinado si el uso del medicamento que provocó el aborto fue intencionado o accidental.

En las entidades mencionadas, lo mismo que en los estado de Colima y Jalisco numerosos grupos de mujeres se están amparando contra leyes que les impiden el derecho a decidir.

En el Distrito Federal, los grupos conservadores han mantenido una persistente campaña en contra de la aprobación legal del aborto y de la píldora de emergencia. Son grupos que han actuado de manera similar desde hace décadas, pero que en los últimos años no son más los llamados grupos de presión de entonces sino grupos vinculados al poder y en muchos casos con representantes en cargos de alto rango. Una novedad es que los grupos que opositores a estas medidas son cada vez más numerosos, se organizan y protestan cada vez con más eco en los medios. Se suman a ellos juristas y expertos que dejan de lado los aspectos morales y defienden los derechos desde un punto de vista estrictamente constitucional.

Las dos últimas administraciones federales se han caracterizado por convertir la moral en política de Estado, lo cual ha significado un importante retroceso en los avances tenues pero significativos logrados en el ejercicio de los derechos relacionados con la reproducción y la diversidad sexual.

Esta tendencia de los grupos conservadores se presenta como defensa de la familia y como protección a la vida. Es paradójico que en un afán por “defender” a la familia se promulguen este tipo de leyes cuando según datos del INEGI 72.7% de los nacimientos en México son de madres que tienen entre 15 y 29 años, 10.4% de las cuales son madres jóvenes solteras al momento de registrar a su descendencia y 37.2% de las madres jóvenes tienen sólo un año de secundaria. Si el modelo de familia que se anhela es el de padre, madre e hijos, la terca realidad lo niega rotundamente. Eso, sin contar a los hijos que nacen en un entorno familiar tradicional y años más tarde vivirán la ruptura de sus padres.

Desde los años setenta, en que se hizo famoso el estudio del sociólogo Francisco Gómezjara sobre el aborto en México, se sabía que la mayoría de las mujeres que aborta son católicas, es decir que no se trata de manera exclusiva de una cuestión ética, moral o religiosa sino de una problemática más compleja donde el ingrediente socioeconómico es fundamental y en el que los embarazos no deseados tienen relación tanto con la forma como se experimenta la sexualidad como con la inequidad entre géneros.

Por otra parte, es curioso el concepto de defensa de la vida que esgrimen quienes promueven estas legislaciones: hacer nacer a todos los hijos concebidos en una lamentable, idea chata y limitada de la vida. Una verdadera defensa de la vida tendría que considerar el derecho de elegir la llegada de los hijos deseados, una instrucción suficiente que les permita a las mujeres la reflexión sobre cómo desean vivir la maternidad y poder decidir sobre ello, una verdadera defensa de la vida tendría que rechazar la idea de niños cada vez más pequeños tratando de ganar unos centavos que alivien la enorme miseria que se vive en sus hogar, en el caso de que lo tengan y debería tener delante la cifra irrebatible de los más de cuarenta millones de mexicanos en pobreza extrema.

Quienes impulsan las legislaciones que penalizan el aborto seguramente pretenden ganarse el cielo, pero en realidad son culpables de aplazar la muerte de esos seres a quienes dicen defender, de condenarlos a una vida de calidad lamentable, de someter a miles de mujeres a prácticas insalubres porque es un hecho que los abortos continuarán y de imponer, como en cualquier fundamentalismo, sus principios éticos. Es difícil encontrarle un lado bondadoso a esto forma de proteger la vida.

Periodista y colaboradora de la RMC

El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:

Ramírez, Pilar, «Defender la vida» en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
Num. 117, México, agosto. Disponible en: Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/politica.htm
Fecha de consulta. 19 de agosto de 2009.