Voto útil

La política en tacones
Pilar Ramírez

Se ha utilizado el término “voto útil” al ejercicio del sufragio para favorecer a un candidato o partido que no es exactamente de nuestra preferencia política o ideológica a cambio del bien mayor de desplazar a otro partido o candidato que se considera nocivo para la sociedad.

En las elecciones del domingo pasado, el sufragio de los mexicanos que votaron en las doce jornadas electorales de sendas entidades tuvo, sin embargo, un sentido de utilidad diferente. El voto ciudadano logró conjurar el barrunto de violencia e intimidación que colocaron sobre las elecciones los hechos sangrientos que precedieron a la jornada comicial, en los que destacó el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas y opacó las agresiones e incluso la muerte que sufrieron otros candidatos, como ocurrió en mayo, también en Tamaulipas, al precandidato a la alcaldía de Valle Hermoso –Mario Guajardo-, el asesinato de familiares de algunos candidatos y los enfrentamientos entre grupos partidistas que terminaron en hechos de sangre.

El fenómeno del abstencionismo no es más acusado que en otras elecciones y, como sociedad, eso debe congratularnos porque resulta un dique al riesgo de que irrumpa en forma declarada un estado de excepción. Con alianzas bizarras, con candidatos multicolores, con acuerdos partidistas que ponen en entredicho plataformas ideológicas o con dirigencias que tuvieron actuaciones diferenciadas en las entidades, lo que prevaleció fue la voluntad de mantener una organización institucional que parece, por momentos, a punto de desbarrancarse.

No se trata de una visión catastrofista; si hacemos una revisión de los hechos recientes en nuestro país, veremos que hemos ido traspasando umbrales que nos han obligado a aceptar como naturales medidas excepcionales, definidas por el filósofo italiano Giorgio Agamben, como la respuesta inmediata del poder a los conflictos internos más extremos. Señala Agamben que “el totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. (…) la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino en una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos”.

Este analista político identifica al estado de excepción como el modelo de gobierno dominante en la escena política actual y utiliza como ejemplo la limitación de los derechos ciudadanos que significó la decisión de autorizar la detención de personas sospechosas de estar implicadas en actos terroristas en Estados Unidos, a partir de 2001, con lo cual se cancela el estatuto jurídico de las personas, en una muestra extrema de la biopolítica, es decir, la intervención del poder en la vida humana. Agamben ilustra así el concepto de biopolítica acuñado por Michel Foucault y señala con él un hecho que hemos tenido oportunidad de comprobar: la incapacidad de las acciones de excepción de establecer controles sobre la concentración de poder, lo cual coloca en un grave riesgo a la democracia.

Lo anterior, no es teoría política aplicable a países remotos. En México, hemos presenciado esta faceta del poder en nombre de la seguridad nacional y de la paz. Varios hechos recientes sirven de muestra: el ex presidente Vicente Fox admitió desvergonzadamente haber promovido el desafuero de Andrés Manuel López Obrador para eliminarlo de la contienda política; la participación del ejército como estrategia central en la lucha del actual gobierno federal contra la delincuencia organizada ha desatado un verdadero estado de excepción que ha tenido consecuencias de diversos grados en la limitación de los derechos humanos; el registro de los celulares que ordenó hace pocos meses la Secretaría de Gobernación con la finalidad de reducir los ilícitos sin una infraestructura y un orden jurídico que garantizara la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos ajenos a la delincuencia así como la polémica y severamente criticada iniciativa de reforma judicial enviada por el ejecutivo federal al Senado en 2007, que concedía facultades discrecionales al ministerio público y a las fuerzas policiacas para realizar cateos, intervenir líneas telefónicas o arraigar a las personas sin una orden judicial y que fue rechazada por el órgano legislativo.

Por lo anterior, el sufragio ciudadano fue realmente un voto útil, el de una ciudadanía que no quiere permanecer inerme y que se niega, a pesar de las condiciones adversas, a ser la piedra del cincel del poder.

Periodista y colaboradora de la RMC

El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:

Ramírez, Pilar, «Voto útil« en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
México, julio, 2010.
Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/politica.htm
Fecha de consulta 8 de julio de 2010.