Tres pequeñas luces en la aciaga noche del periodismo mexicano
Rogelio Hernández López
Periodista desde hace 33 años, promotor del Frente Nacional de Periodistas por la
Libertad de Expresión y de la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Soy periodista. Veterano y sobreviviente de varias épocas de la libertad de expresión en México. Puedo testificar que el ciclo actual es uno de los peores para el periodismo de este país.
En apenas la mitad de este año han sido asesinados Guillermo Alcaraz en Chihuahua, Marco Martínez en Nuevo León, Hugo Olivera en Apatzingán, Elvira Hernández y Juan Rodríguez en Coyuca de Benítez, Miguel Ángel Bueno en Huixquilucan, Evaristo Pacheco en Chilpancingo, Jorge Rábago en Reynosa, Jorge Ochoa en Ayutla, Valentín Valdés en Saltillo.
Diez trabajadores de la información ultimados en seis meses; 69 en los diez años del Partido Acción Nacional en el gobierno federal; once desaparecidos. En esta semana cuatro “levantados” en Durango. Ya son muchos los empresarios y periodistas que mejor deciden callar, autocensurarse; entregar la plaza antes que morir.
Y la justicia, nula.
Esas víctimas son las notoriamente visibles. Porque aparte ocurren, en promedio, tres agravios cada dos días contra empresas de prensa y periodistas en todo el territorio nacional. El ritmo crece geométricamente. Esta plenamente documentado.
Mas, los asesinatos y otros ultrajes a periodistas representan sólo la expresión más notoria del estado lastimoso que guarda en México la libertad de expresión.
El derecho a la información sufre nuevos retenes por el modelo mercantilista de la prensa y por un anacrónico régimen legal que favorece el acaparamiento de empresas; la publicidad oficial deliberadamente debilita a medios y fuentes informativas alternas y minimiza la pluralidad; amplios sectores sociales tampoco cuentan con instrumentos para hacerse escuchar, o para replicar, o para proteger su derecho a la vida íntima.
Ese contexto explica un poco más por qué los periodistas somos los sujetos más vulnerables de este sistema de información masiva. Sin el reconocimiento legal de que nuestra actividad es de interés público, se acotan al mínimo los derechos de trato profesional en salarios y prestaciones; de pleno acceso a la información de interés público; de garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia; de mantener el secreto profesional de las fuentes; de la protección de las empresas o del sector público en misiones o tareas de alto riesgo; de la carencia de respaldo estatal y/o empresarial para la formación profesional continua; de instrumentos para apelar decisiones editoriales poco éticas de las empresas.
Y más vulnerables todavía, son las mujeres periodistas a quienes se escatima sus valores profesionales, se trata con prejuicios en la asignación de fuentes o comisiones de trabajo y para prestaciones y salarios; se les acosa y hostiga sexualmente. Para las periodistas no hay suficiente transversalidad en las políticas públicas, ni en las investigaciones judiciales cuando se les amenaza de riesgos individuales o sus familias. Se les invisibiliza como mujeres.
Frente a todo ello, no atinan o no quieren responder a sus obligaciones los sujetos principales del Estado mexicano. Cuando se reclama justicia, en el gobierno federal se pronuncian discursos vacuos, se promete investigar con fiscalías especiales inútiles; se ofrece crear mecanismos de protección pero avanzan a paso de oruga; en el congreso de la Unión se promete federalizar los delitos contra la libertad de expresión y congelan lo avanzado. Ni siquiera se abren espacios para que participen en las soluciones la sociedad organizada y los periodistas más preocupados.
En resumen, el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa en México los circunda la oscuridad de los incapaces, de la prepotencia, la impunidad y la violencia. Ese es el marco para este acto.
Y aquí hoy, pondero yo, aparecen tres pequeñas luces que podrían ser faros para otras entidades de la república:
Significa mucho la instalación de esta mesa en la capital del país. Es la conjunción, muy inusual, de sensibilidad y voluntad políticas, para enfrentar este fenómeno, por parte de las instituciones de gobierno ejecutivo, de justicia y del poder legislativo.
Para esto hay que reconocer la fuerza del trabajo previo, desde el 2007, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de su relatoria y de las organizaciones sociales que propusieron un programa integral para la promoción de los derechos humanos en la Ciudad de México.
La significancia de esta unión de voluntades también estriba en saber que, con base en ese programa, hoy se hacen públicos más de 80 compromisos por el derecho a la información y por la libertad de expresión.
Esta es la primera luz. Pero todavía es señal, porque falta ver el cumplimiento de tantos compromisos.
Una segunda luminosidad, que significaría mucho para la construcción de ciudadanía, es que en esta mesa de concertación se abrió un espacio para la opinión consultiva de los ciudadanos organizados y los académicos. Esa apertura debe ser ejemplar para los gobiernos de los estados y el federal. La muestra sería más contundente si se ampliara el espacio a más de tres representantes sociales y tuvieran facultades de contraloría social.
Un tercer albor es que hay otro proceso de unidad que, en muy poco tiempo se materializará en la Casa de los derechos de periodistas.
Sobre ello se debe resaltar que una iniciativa de la ex relatora de la libertad de expresión del Distrito Federal, propició otra sinergia unitaria de las personalidades más activas en organismos civiles defensores de la libertad de expresión, con las de organizaciones de periodistas para diseñar, con plena autonomía un instrumento de la sociedad civil para defender a los periodistas y trabajadores de la comunicación.
Pero tal voluntad unitaria no podrá cristalizar complemente si se reduce la comprensión y el apoyo que el proyecto de la Casa ha tenido, hasta ahora, de la Asamblea Legislativa, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, del mismo Jefe de Gobierno y con la solidaridad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La Casa de los derechos de periodistas es otra pequeña luz de la uniones de voluntades que hoy se muestran aquí, porque será el primer instrumento social de protección a la integridad de los periodistas en riesgo de todo el país; de promoción de los derechos de los demás que lo requieran; un instrumento también para su desarrollo y ejercicio profesional con seguridad y con más libertad.
Estas tres luces podrían agrandarse e iluminar la noche aciaga, si impedimos que se atraviese la mezquindad y la veleidad humanas que corroen los proyectos más ambiciosos; y si, en sentido contrario, cada uno de los involucrados ponemos el trabajo cotidiano para se conviertan en políticas e instrumentos de Estado y así, la Ciudad de México pueda ser la más hospitalaria para la libertad de expresión.
Veremos.
*Discurso ofrecido por el periodista durante la mesa multisectorial por la Libertad de
Expresión en el Distrito Federal, ocurrida el 28 de julio de 2010
El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:
Hernández López, Rogelio,»Tres pequeñas luces en la aciaga noche del periodismo mexicano»,
en Revista Mexicana de Comunicación en línea, México, agosto 2010.
