Blindar el periodismo

Fotografía: "True-blue security" por Ravages @Flickr

Propuestas de reporteros

Cada  vez  resulta  más  difícil  hacer  periodismo  en  ciertas  zonas  del  país  donde  el  oficio  informativo  es  presa  de  amenazas  y  víctima  del  acoso  ya  no  sólo  por  parte  de  representantes  del  Poder  Público,  sino  también  por  el  crimen  organizado,  particularmente el narcotráfico.

• ¿Cómo  hacer  frente  a  este  complejo  y  adverso  escenario?
• ¿Qué  plantean  los  reporteros   de  a  pie  para  preservar  el  sentido  de  su  quehacer  profesional  y  hacer  valer  el  derecho  a  la  información  de  los  ciudadanos?

Los amagos y la presiones siempre han sido consustanciales al periodismo crítico de los poderes.  Por ello, a lo largo de la historia siempre ha estado presente el conflicto entre la libertad de publicar con ética y el silenciamiento obligado para proteger la integridad física.

Si el periodismo es una faena azarosa por ensanchar las fronteras de las libertades y los derechos, las empresas mediáticas han de comprender que para lograr ese cometido no deben ceder a la mordaza como única salida: un antídoto efectivo para las amenazas y la censura es seguir investigando y no dejar de publicar. Y en cualquier circunstancia no puede descalificarse gratuitamente al informador que decide otorgarle mayor prioridad al valor de la vida y al cuidado de su familia, porque uno de los principales valores éticos constituye, sin duda, la preservación de la vida humana frente a todos los contratiempos.

Aunque para muchos colegas, el quehacer informativo serio siempre se expone, por lo regular implica dificultades… ¿De qué manera solventar o inhibir los asedios? El mejor blindaje para el periodismo es fomentar el sentido ético de la profesión. Porque los riesgos se aminoran –no se extinguen– teniendo cual coraza un comportamiento responsable.

Cuidar que el trabajo informativo cumpla con estándares éticos (apego a los hechos, contraste y confirmación de fuentes, uso preciso del lenguaje, respeto a la vida privada…)  es prioritario, pues el mayor cuidado profesional  tiende a reducir riesgos.  Dicho de otra manera: nuestra libertad de expresión puede ampliarse y blindarse a través de la plena asunción de responsabilidades en su ejercicio.

Pero tampoco sobra subrayar que los cruentos escenarios contra los medios y periodistas mexicanos pueden ayudar a romper con las inercias para sumar voluntades y tomar decisiones de manera integral y coordinada, como ya han insistido reporteros y representantes de organismos civiles y gremiales.  ¿De qué manera?: promoviendo la organización mediática para hacer frente a las agresiones mediante mecanismos de prevención, de alerta inmediata, de difusión y denuncia; supervisando las tareas desarrolladas por las instancias del Estado responsables de proteger el quehacer informativo; instrumentando medidas o diseñando manuales de procesos periodísticos para erradicar la censura y autocensura provocadas por el crimen organizado o por cualquier otro poder fáctico; motivando el obligado involucramiento de dueños y directivos de los medios en la defensa de la libertad de expresión; e impulsando la adopción de códigos éticos o deontológicos, estatutos de redacción, así como de protocolos de seguridad para cierto tipo de coberturas. Iniciativas de esta envergadura harían exigible la unidad de periodistas, de empresas informativas, de grupos civiles, de organismos gremiales, de entidades académicas…

La voz de los periodistas

No pueden pasar inadvertidas las propuestas de un importante sector del gremio reporteril esbozadas, en marzo pasado, en el Foro “Ni un Periodista Menos” a iniciativa de la Red de Periodistas de a Pie.

En dicho encuentro, apoyado por las organizaciones Artículo XIX, la Comisión de Derechos Humanos del DF, Reporteros sin Fronteras y el Centro de Periodismo y Ética Pública, se planteó la urgencia de romper las “zonas de silencio” donde el crimen organizado ha logrado aplicar la mordaza a los medios e impulsar la defensa del derecho a la información. Además de coincidir en la necesidad de crear una Red Nacional de Reacción Inmediata frente a casos de agresión o amenazas a informadores y medios informativos en cualquier parte del país, se puso de manifiesto la importancia de desarrollar acciones individuales como las siguientes:

1. Impulsar la adopción de estatutos de redacción, códigos de ética, manuales de procesos y protocolos de seguridad en las redacciones.
2. Denunciar sistemáticamente las agresiones a periodistas, no sólo en notas informativas sino también a través de blogs o redes sociales.
3. Dar continuo seguimiento noticioso al trabajo de las instancias responsables de impartir justicia y evitar la impunidad en el tema de agresiones a periodistas.
4. Supervisar que el  trabajo informativo cumpla con los estándares de ética para reducir los riesgos.
5. Cuidar el uso de las palabras, teniendo presente que en el contexto actual de violencia el lenguaje sirve para legitimar o deslegitimar intereses particulares, o puede ser usado como propaganda.
6. Evitar el manejo del lenguaje impuesto por el crimen organizado, el gobierno o los poderes fácticos.
7. Reconocer, cuando la circunstancia así lo requiera, que ha sido imposible contrastar la veracidad de la información recibida para elaborar la nota.
8. Implementar, entre los propios reporteros, medidas de reducción de riesgo, hasta donde sea posible con otros colegas confiables, y allegarse de herramientas para realizar coberturas de riesgo.
9. Alentar estrategias conjuntas de autoprotección con compañeros de distintos medios y evaluar la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas sobre temas riesgosos para garantizar la integridad física.

A nivel colectivo se hizo patente que, para contrarrestar la deslegitimación del quehacer informativo expresada en la falta de apoyo y reconocimiento social, se requiere ganar legitimidad mediante procesos de profesionalización y de vinculación con los intereses ciudadanos. Adicionalmente se enfatizó la pertinencia de encauzar iniciativas colectivas como las siguientes:

1. Promover  –entre los dueños y directivos de las empresas periodísticas–  el diseño e implementación de medidas encaminadas a reducir el peligro de sus reporteros, fotógrafos y corresponsales, construidas en conjunto con los reporteros expuestos al peligro.
2. Impulsar, entre directivos de diversos medios,  la articulación de estrategias conjuntas, interregionales y a nivel nacional, para proteger la información de la censura impuesta por el crimen organizado.
3. Difundir los planes de seguridad, protocolos y guías de seguridad que han elaborado organizaciones de periodistas mexicanos y extranjeras, a través de todos los medios posibles: blogs, redes sociales, páginas de Internet.
4. Reforzar a nivel gremial la ética de los periodistas y sus salarios y condiciones laborales.
5. Fortalecer los vínculos con la Academia para respaldar la profesionalización del gremio y formar nuevas generaciones de periodistas éticos y con sentido de responsabilidad social, así como con organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, e instancias internacionales dedicadas a la defensa de los periodistas para promover programas de prevención y protección en las regiones.
6. Pedir cuentas y vigilar permanentemente los resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas de la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y a todas las instancias involucradas en el tema.

Varias de las iniciativas no resultan del todo desconocidas. El meollo y la verdadera tarea consistirá en llevarlas a la realidad con el concurso de todos los actores involucrados.

*Director  de  RMC,  presidente  de  la  Fundación  Manuel  Buendía  y  profesor  de  la  UNAM.