¿Cómo está Oswaldo?: Protocolos fallidos y neglicencias militares

• Historia de la tragedia de la Familia Barragán en Petlalcingo, Puebla.
• Una granada de uso militar dejó gravemente herido a Oswaldo, de 11 años.
• Su localidad es usada para prácticas militares del Quinto Regimiento de la 25 Zona Militar
• «Las fuerzas castrenses no tuvieron un manejo responsable del control y uso de proyectiles, además de otras cargas de fuego», asegura Dalia Patiño.

Fotografía: "Militarización inminente de un estado fallido" por Isan @ Flickr

“Apenas hablamos con el niño  pero no decimos nada de lo que pasó para que no se ponga más triste; él siempre pregunta por el Terry (su perro) y por sus chivos, le gustaban muchos los animales. Me dijo que cuándo le llevaba su tío un carro, también dice que ya le empiezan a dar de comer, quiere que ahora que regrese del hospital le haga su mole poblano y su pozole, es lo que  más le gusta comer…”

Por Dalia Patiño González

Por no conocer el peligro que implicaba tener una granada en sus manos, tras olerla, sacudir y arrojarla por no generarle mayor interés, Oswaldo ha perdido el brazo, la pierna derecha y uno de sus testículos. Además tiene heridas por las esquirlas y una serie de secuelas tanto físicas como psicológicas, que aún lo mantienen en estado grave, pues el riesgo de perder su extremidad izquierda está latente.

Pocas cosas han cambiado en Petlalcingo desde el pasado 19 de julio de 2011. Ese día, Oswaldo Zamora Barragán, un niño de 11 años, fue trasladado de emergencia desde este municipio ubicado al sur del estado de Puebla al Hospital del Niño Poblano, en la capital de la entidad. Había sufrido lesiones clasificadas como mortales por el estallido de una granada de 40 milímetros de uso militar.

El Ídolo: Tierra caliente

Petlalcingo es un municipio de tierra caliente. Un paisaje árido de montes y llanos donde los cactus se erigen como vigías que atisban a quien se acerca a esta zona situada en la Mixteca Baja, una de las regiones más pobres del país.

Español: Localización de El Rosario Micaltepec, Petlalcingo. Puebla, México. (Photo credit: Wikipedia)

Ahí, en la localidad de El ídolo, vivía Oswaldo Zamora Barragán. Su mayor interés era jugar con su perro Terry, llevar a pastar a sus cabras los fines de semana e ir a la escuela primaria situada a pocos metros de su casa. Ahí también vivían su hermano Fernando de 13 años, sus abuelos y su madre, Paula Barragán.

Ese 19 de julio, a mediodía, Oswaldo se encontraba en el llano de “Los cocos”, una extensión de tierra perteneciente a la comunidad de San Isidro, Petlalcingo, ubicada a un kilómetro de la casa de Oswaldo.

Ahí, desde hace casi un año, los militares del Quinto Regimiento de la 25 Zona Militar tenían presencia para su adiestramiento con prácticas de fuego real. Dichas acciones contaban con el consentimiento del entonces presidente municipal, Juan Carlos Vergara Tapia, y de los miembros de la oficina de Bienes Comunales, encargados de rentar estos terrenos para que los habitantes puedan llevar a pastar a sus animales, o bien para que elementos del Ejército Mexicano realicen sus prácticas.

Vecinos de El ídolo refieren que ocasionalmente los encargados de los bienes comunales anunciaban con perifoneo la presencia de militares a fin de alertar a la población. Sin embargo en el último entrenamiento la gente sólo supo de la presencia militar por el sonido de las detonaciones. Cuando Oswaldo llevó a pastar a sus animales ya había pasado un mes y para la gente, al igual que para el niño, ya no había riesgo.

El área donde el regimiento instaló su campamento nunca fue cercada ni se colocaron alertas sobre espacios específicos para el tiroteo. Mucho menos se instruyó a la población qué hacer en caso de encontrarse con objetos de uso militar, como cartuchos, casquillos o incluso granadas.

Protocolos fallidos y negligencia

A pesar de que elementos de las Fuerzas Armadas siguen protocolos para sus adiestramientos, que incluyen 23 días de entrenamiento y prescripciones específicas sobre la ejecución de los fuegos, los cierto es que, por lo menos en este caso, las fuerzas castrenses no tuvieron un manejo responsable del control y uso de proyectiles, además de otras cargas de fuego.

De acuerdo con el Reglamento para la Instrucción y Maniobras en los Regimientos de Artillería (Tomo I, ediciones del Estado Mayor Presidencial, México) en las prácticas de ejecución de fuego debe existir un capitán, encargado de observar y supervisar, emitir las órdenes y designar a los Jefes de Sección, quienes vigilarán los detalles de las maniobras y la ejecución de sus disposiciones.

Asimismo, estará presente un Jefe de Pieza, que reconocerá las cargas y los proyectiles que entregan los proveedores. Su función es primordial porque es quien advierte que el arma está lista para tirar, es decir, supervisa que las provisiones estén bien colocadas antes de que se ejecute el disparo y es directamente el responsable de algún accidente si el arma no está adecuadamente cargada.

En cuanto al suministro de municiones, el reglamento dicta un esquema de abastecimiento a cargo de los elementos de batería, esta tarea le corresponde al talabartero, quien conduce los armones de las municiones al área conocida como escalón de combate, donde las municiones son reemplazas tras su consumo, bajo la supervisión también de un sargento.

Esta normatividad militar para la ejecución de tiros con fuego real deja abiertas muchas interrogantes sobre las medidas de seguridad y vigilancia que debió tener el regimiento de la 25 Zona Militar que entrenó en el predio “Los cocos”.

La propia población del municipio da cuenta de la falta de pericia para el manejo de tiros y explosivos, lo que fue una constante en Petlalcingo.

“Mucha gente aquí se ha encontrado con balas, pero ahora no las muestran por miedo. Un día yo me encontré unos casquillos, cerca de la orilla de la carretera, por donde los militares instalaron su campamento, la verdad yo no culpo al niño de haber agarrado la granada, si uno como grande luego le dicen no hagas eso y lo hacemos, pues una criatura más. Esa vez yo los recogí, la verdad ya estaban usadas las balotas, pero pues me llamaron la atención y guardé los tiros en una bolsita, eran como 6, pero un día haciendo un viaje aquí cerca, me pararon los militares, y pues que me las encuentran cuando me registraron. Me dijeron que por qué las tenía, les dije que las había hallado donde ellos, y ya pues al final me dejaron ir, pero pues sí me asusté y todo por andar agarrándolas”, relató un taxista del pueblo, que prefirió omitir su nombre.

“No, los militares no tenían horario para tirar, a veces era temprano como a las 11:00, pero otras veces era como a las 2 de la tarde, a la hora que muchos estamos en el campo, porque aquí no hay trabajo, de eso nos ayudamos (…) Y es que muchos escuchaban los tiros, además de que al principio cuando instalaron sus campamentos, la gente se encontraba cajas completas de tiros sin usar, y la mayoría eran niños, hasta decían, quien sabe si de noche caminarán los soldados y se  les caerán.

“Yo les decía a mis hijos que no agarraran nada de eso, pero en el caso de mi sobrino, pues seguramente él no supo que era una granada, porque aquí nada de eso vemos, si acaso un rifle viejo que andan cargando por ahí, pero nada más”, relata en entrevista Eleazar Barragán Soperánez, tía de Oswaldo Zamora y vecina de El Ídolo.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Información 700122011 de la Secretaría de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional, el municipio de Petlalcingo renta a la 25 zona militar un área de 875 hectáreas para adiestramiento y prácticas de tiro con fuego real; este espacio forma parte de las 2 mil 322 hectáreas que utilizan las fuerzas castrenses en el resto del estado de Puebla, algunas de ellas otorgadas en comodato y otras más, como en Petlalcingo, sin una figura jurídica clara para su otorgamiento.

Actualmente los municipios en Puebla donde existen hectáreas que se prestan para bases de entrenamiento militar suman 10, éstos son:

• Santa Martha Yancuitlalpan con 120 hectáreas
• Jalapasco con 667
• Acultzingo con 180
• Petlancingo con 875
• Atecomoni en Teziutlán con 75
• Huiloxtoc en Zacatlán con 32
• Itzoteno en Tepeyahualco con 360 hectáreas en comodato
• Tecomatlán  con 13 hectáreas más en comodato
• Guadalupe Victoria, en el municipio de Coxcatlán ha otorgado sólo 5 mil metros cuadrados.

Después del 19 de julio, los vecinos de El ídolo se unieron para exigir al presidente municipal que no permitiera más la instalación de campamentos de entrenamiento militar cerca de sus comunidades.

Fue hasta septiembre de este mismo año cuando los militares regresaron, pero ya no para entrenar sino para realizar servicios comunitarios como consultas médicas, entrega de despensas, registro de armas y compostura de electrodomésticos.

“Sí, vinieron después, como una semana nada más y luego se fueron, sólo que ahora para hacer labor social, pero pues porqué no hicieron eso antes, muchas personas dicen que no podemos negarles los permisos a los federales porque son gobierno, pero bueno, nosotros no estamos en contra de que vengan al pueblo a hacer labor social, pero no para prácticas, no para dejar eso (granadas), no tuvieron cuidado”, refiere una comerciante, habitante de Petlalcingo.

Quejas ante la CNDH se incrementan

En lo que va de este 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erogado la cantidad de 174 mil 674 pesos con 40 centavos por indemnización a civiles afectados con daños físicos o psicológicos, causados por la negligencia del ejército o el mal uso de armas o explosivos.

Así lo refiere la propia dependencia secretaría federal en su respuesta a la solicitud 700180411. Sin embargo no detalla en qué estado y a quién se han entregado estos recursos; no obstante refiere que en los años 2009 y 2010 no ha gastado ni un solo peso por estos conceptos.

En contraste, llama la atención el incremento en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)  para la Defensa Nacional, en las que por cierto, no se encuentra la queja que fue absorbida de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Puebla por el caso de Oswaldo Zamora Barragán, con el número de expediente  6869-2011-I.

De acuerdo con los a los registros que la CNDH tiene en su página oficial, tan sólo en el 2010, de las 87 recomendaciones que emitió en ese año, el 23% fueron para la Secretaría de la Defensa Nacional que registró un total de 20 recomendaciones, destacando el mes de septiembre y diciembre con los números más altos, 3 y 4 respectivamente.

Mientras, en el 2011 hasta el mes de agosto la CNDH ha formulado 16 recomendaciones para la Sedena, de un total de 52, lo que equivale 31% de las emisiones de este organismo en lo que va del año.

El incremento también se puede observar si se comparan los números de acuerdo al corte realizado en el mes de agosto; en 2010 la Secretaría de la Defensa sólo tenía 9 recomendaciones, mientras que para este 2011 ya suman 16, destacando el mes de junio pues de las 11 emitidas en ese mes, casi la mitad (5) son para la Sedena.

Entre las causales resaltan como recurrentes, la privación de la vida, intimidación, abuso excesivo de la fuerza y transgresión a los derechos de los migrantes.

Manejo mediático y aislamiento

Tras el estallido de la granada, la historia de Oswaldo lo sigue colocando en desventaja, no sólo por la negligencia o el descuido de militares, sino por el manejo que le han dado al caso las fuerzas castrenses y las propias autoridades gubernamentales de Puebla.

La principal exigencia de sus familiares aún no se concreta. A más de tres meses de lo acontecido, las investigaciones no avanzan, no hay culpables y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no asume su responsabilidad en el caso de manera explícita, ni tampoco se ha comprometido formalmente a la manutención o indemnización que le corresponde al niño.

Aún más, el menor permanece casi en el aislamiento porque no se le permite recibir visitas, incluso de sus propios familiares, salvo sus padres.

Así, en la cama 51 del área de Pediatría Quirúrgica del Hospital General Militar en la ciudad de México, Oswaldo permanece internado, centra su atención en el televisor que tiene enfrente.

Ahí se encuentra acompañado la mayor parte del tiempo de su madre Paula Barragán o su papá Bernardo Zamora Aguilar, quien tuvo que regresar de Estados Unidos tras viajar como ilegal. Ellos lo cuidan y consuelan.

A Oswaldo no le gusta el programa que se transmite y le pide a su madre le cambie a las caricaturas, ella acede a complacer a su hijo.

Paula Barragán está nerviosa ante la presencia de esta reportera, advierte que tiene prohibido hablar con extraños y deja ver su temor al puntualizar que su hijo está recibiendo la atención médica necesaria, sin que les cobren nada.

―¿Cómo está Oswaldo? ―se le pregunta.

― El niño está grave, ya ve que de su pierna no se puede componer. Pero no podemos hablar, no se puede porque se enojan. ― Responde nerviosa mientras observa por ambos lados que nadie se dé cuenta de lo que hace. Se escucha la voz del pequeño que pregunta quién es. La madre entra al cuarto y vuelve a salir, su papá no está en ese momento―.

― Es que mire, uno qué más quisiera, pero pues ahorita lo están atendiendo bien, él sigue grave y no nos dicen para cuándo va a salir.

–¿Le tienen prohibido hablar con alguien?

–Pues… ―Vuelve a mirar y asiente con la cabeza.

–¿Los han apoyado, además de la atención al niño, con comida y donde dormir?

–Sí, sí nos dan.

–¿Dónde?

–Aquí mismo.

Una enfermera sale del cuarto de enfrente y con voz estricta cuestiona que estamos haciendo, mientras observa con desconfianza. La reportera responde que sólo vino a entregar un dinero a la señora y que enseguida se irá. La enfermera se va pero al final del pasillo nos mantiene vigiladas mientras levanta la bocina de un teléfono―.

–¿Los tratan bien?

–Sí, pero mejor ya no hay que hablar, ya ve usted, se vayan a dar cuenta y se van a enojar y es que no podemos hablar con nadie, no sea que vaya a haber un problema.

–¿Han tenido problemas por hablar con alguien?

–Sí, le digo que ya se enojaron la semana pasada, vino alguien y quien sabe cómo se dieron cuenta y luego luego vinieron los doctores con los soldados y lo sacaron, entonces mejor no…

El 18 de agosto, día en el que Oswaldo Zamora cumplió 11 años, su tía Amparo Barragán publicó una carta en El Heraldo de Puebla, en la que expone al escrutinio público la indignación de la familia ante el manejo de los hechos y las declaraciones de las autoridades del estado, específicamente del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas  Fosado, quien sin pruebas, aseguró que la granada que le explotó al menor podría ser un petardo. Posteriormente, una vez que se verificó que efectivamente se trató de una granada, declaró que el artefacto podría pertenecer al crimen organizado y no del ejército, pese a las evidencias del reciente entrenamiento militar en el lugar de los hechos.

Asimismo, Amparo Barragán, maestra de preescolar y la única en su familia que estudió,  denunció la actuación del Procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, quien ha obstaculizado la atracción del caso al ámbito del fuero federal para su investigación y delimitación de responsabilidades en los hechos.

Aquí parte de lo expuesto por Amparo Barragán en el desplegado publicado el 18 de agosto:

“…a medida que pasa el tiempo asimilamos y nos damos cuenta de la magnitud de los hechos y de cómo se nos ha tratado de manipular y sorprender (…) que las autoridades estatales no tienen porque entorpecer los trabajos, con declaraciones contradictorias y absurdas entre ellos, desvirtuando los hechos, de que si fue un petardo, de que si fue de la delincuencia organizada, etc., tratando de ridiculizar la magnitud de lo acontecido y a cómo vamos, no dudo que exista en lo futuro alguna declaración ridícula que diga que los hechos acontecieron en el patio de nuestra humilde morada o que hasta que algún familiar le dio el artefacto, o que lo teníamos guardado, o que hasta que nosotros seamos criminales, desvirtuándonos ante la opinión pública, y de que, de víctimas; pasemos a ser victimarios, con sus declaraciones Señores Funcionarios no ayudan (…) por lo que tampoco se nos tiene porque amedrentar a través de los medios de comunicación de que el niño no recibirá beneficio alguno (…)” (SIC)

La carta también da cuenta de la manipulación que sufrió el menor cuando le fue tomada la primera declaración por parte del Ministerio Público del Fuero Común del área Metropolitana Sur, en el Hospital del Niño Poblano, donde permanecía internado, al no permitir o facilitar la presencia de un asesor jurídico, lo que derivó a juicio de sus familiares, en la incorrecta interpretación de la información solicitada al menor.

De igual forma, la tía del niño denunció la presión que sufrían los padres de Oswaldo por parte de personal del nosocomio, pues les solicitaron en diversas ocasiones copias de su IFE, además de firmas en documentos, de los cuales desconocían el uso que se les daría en un futuro.

Denunció además la presencia de militares, representantes de la Sedena, quienes intentaron persuadir a los padres de Oswaldo para firmar una carta de indemnización por una cantidad que no superaba los 40 mil pesos.

El propio padre del menor, Bernardo Zamora Aguilar, relató a Álvaro Ramírez, reportero del periódico Digital, que el jueves 21 de julio, estando en el Hospital del Niño Poblano (HNP) militares asistieron para, con “una disculpa”, solicitarle que videograbara un agradecimiento al Ejército Mexicano por la ayuda prestada a su hijo, a fin de exonerar a los efectivos de cualquier responsabilidad.

En contraparte, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas ―nieto del médico militar y  general del mismo nombre, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla (1969-1972)―, acudió el mismo día en que se publicó la carta al Hospital a visitar a Oswaldo para regalarle una casa con valor de 232 mil pesos, que en realidad fue una donación del director regional de Casas Geo, Gabriel Gómez Castañares, ubicada en el Fraccionamiento Pueblo Nuevo del municipio de San Francisco Ocotlán, donde Oswaldo no conoce a nadie ni mucho menos tiene familiares, un municipio que se encuentra a cinco horas de su lugar de origen.

El “regalo” del gobernador fue ampliamente difundido por los medios de comunicación locales, sobre todo por aquellos con los que el mandatario mantiene acuerdos de publicidad, la noticia se utilizó entonces como balanza en los medios, ante la queja pública que hizo la tía de Oswaldo.

Pero de acuerdo al Registro Público de la Propiedad de San Andrés Cholula, donde se asientan las propiedades del municipio de San Francisco Ocotlán, aún no se encuentra registrada ninguna casa a nombre de Oswaldo Zamora Barragán en lo que va de este 2011.

Aunado a esto, la propia madre del menor, Paula Barragán, reconoció en entrevista que ellos no tienen ningún papel de la supuesta casa que les dio el gobierno, ni siquiera saben dónde se ubica.

Así, el 19 de agosto, tan sólo un día después de que se publicara la carta, Oswaldo Zamora fue trasladado de inmediato del Hospital del Niño Poblano, en la capital del estado, al Hospital General Militar en el Distrito Federal, donde sus tíos, hermano y abuelos difícilmente lo pueden visitar, pues carecen de recursos económicos para los traslados y estancias.

Del aislamiento del pequeño su tía Eleazar Barragán también da cuenta: “Sabemos que está delicado de salud, mis hermanas me informan de cómo está, de hecho Oswaldo ha hablado con nosotros por teléfono, pero poquito, y es que no podemos ir a verlo porque no tenemos dinero para trasladarnos, además de que no nos dejan verlo, mis hermanas y mis papás han ido pero no pueden pasar porque tiene prohibidas las visitas, sólo pasa su mamá y su papá, dicen que porque no vayamos a contaminar las heridas del niño”.

Desdichas compartidas

Paralela a la tragedia que aún vive el pastorcito, como ya conocen a Oswaldo Zamora, también se encuentra la de su familia.

La comunidad del Ídolo en Petlalcingo mantiene sus grados de pobreza acentuados en sus calles terrosas, sus humildes viviendas y su gente dedicada al campo y al pastoreo, acostumbrada al cacicazgo de quienes por una década han mantenido el poder en el pueblo, los hermanos Vergara Tapia.

Ahí sigue viviendo el único hermano de Oswaldo, Fernando Zamora Barragán, de 13 años, que siempre prefirió la escuela y escuchar música que pastorear a los chivos.

Los meses han pasado y la ausencia de sus padres y hermano además de sus abuelos, mantiene a Fernando en un estado constante de tristeza, su vida también ha cambiado, aunque realice casi la misma rutina, levantarse temprano, ir a la telesecundaria, regresar y hacer sus tareas.

A Fernando sus padres le dieron la elección de vivir con cualquiera de sus tíos en el tiempo que ellos están fuera cuidando a su hermano; él prefirió a su tía Eleazar Barragán, quien tiene su casa muy cerca del lugar donde vivió con sus abuelos, a quienes sólo ve los domingos, pues debido a un tratamiento de hemodiálisis, su abuela se ha visto en la necesidad de permanecer en la capital poblana toda la semana, acompañada de su esposo y otra de sus hijas para recibir las sesiones dos o tres veces por semana.

“Su hermano también se deprime a veces, y es que de repente ya no ve a su mamá ni a su hermano, tampoco a los abuelos y pues es difícil para él. Se pone triste, más porque ya no los ve, él tiene que estar aquí en la escuela, y sí se pone triste, se pone a llorar, hay días que no mas viene de la escuela, se enreda en una cobija y se tira a la cama y ahí se queda, yo creo que el niño también necesita ayuda, pero pues qué le digo, qué palabras, capaz que me pongo a llorar con él, pero pues tratamos de que esté bien aquí, por lo menos convive con sus primos y se distrae, pero sí, extraña mucho a su mamá y a su hermanito”, relata la tía del menor, Eleazar Barragán.

Ahora Fernando está entusiasmado por primera vez en meses, espera que en el puente de Todo Santos puedan llevarlo a México para estar con sus papás y su hermano, a quienes sólo ha visto una vez desde el mes de agosto.

El viaje dependerá del dinero que sus padres tengan para pagar su traslado, además del tiempo de su tía Amparo para que pueda acompañarlo.

Al hermano de Oswaldo tampoco le han cumplido las autoridades, no le han brindado el apoyo económico (beca) ni psicológico que la propia presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala de Calderón, prometió a sus padres el jueves 21 de julio, cuando personalmente acudió al nosocomio en Puebla a visitar al menor.

Ese día, sus padres pidieron que el compromiso de apoyarlos para darles becas a sus hijos, así como las prótesis necesarias para Oswaldo, quedara asentado en papel, “porque a las palabras se las lleva el viento”, dijeron, pero así fue.

“Mi sobrino está estudiando, y no hay dinero para él, su papá ya ve que estaba de mojado en el otro lado (EU) y se tuvo que venir para cuidar a Oswaldo y pues que hace allá (DF), no trabaja, mientras el niño que está aquí pues de qué vive, nosotros como sea nos repartimos la poca comida, pagamos su pasaje para que vaya a la escuela, pero tiene otros gastos, para sus zapatos.

Hace 15 días le pregunté a mi hermana Amparo por la beca que le iban a dar al niño, dónde está, pero no hay nada, me dijo que no le han dado nada de lo prometido”, asegura Eleazar Barragán.

Tribunales civiles en lugar de militares

En una decisión considerada como “inédita”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó el 12 de julio de este año, tan sólo una semana antes de lo ocurrido al “pastor de Petlalcingo”, que los militares que cometan agresiones, delitos o violaciones en contra de los derechos humanos, podrán ser juzgados en tribunales civiles y no necesariamente por leyes militares, lo que implica restarles la protección que tenían a través de su fuero marcial.

El fallo, documentado por medios de comunicación de la capital del país, se apegó a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de Radilla Pacheco durante la llamada ‘Guerra Sucia’, y en la que exhortó al Estado mexicano a privilegiar la defensa y protección de los derechos de los civiles, desechando el argumento establecido en el artículo 57, fracción segunda, del Código de Justicia Militar, que establece que “todos los delitos cometidos por soldados en ejercicio de sus funciones deben ser procesados por el fuero militar, sin importar si hay civiles involucrados”, esto a juicio de la CIDH contradice los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Hasta el momento la Sedena no respondido a la solicitud de información 700181311 para conocer el seguimiento en las investigaciones del caso del niño Oswaldo Zamora, tampoco existe una sentencia por parte de un juez del fuero común en Puebla para delimitar responsables. El proceso legal se mantiene en hermetismo y aún no hay avances.