Agresiones, robos, desapariciones, amenazas, muerte

• Entrevista con la periodista Karla Berenice García Ramírez, asilada en Canadá por denunciar corrupción en el Conaculta.
• “Nadie, periodista o no, tendría que huir por miedo de su país”, dice.
• Su caso y el asesinato de Regina Martínez confirman la agudización del problema de la violencia contra periodistas.

Fotografía: "Ni uno más" por Carlos González @ Flickr

Por Carmen García Bermejo

Publicado originalmente el 1 de mayo de 2012 en El Financiero

Asesinatos, agresiones físicas, allanamientos, robos, desapariciones forzadas y amenazas de muerte son parte de los ataques contra periodistas en México. La situación se agudiza: además de ser el blanco del crimen organizado, los reporteros continúan recibiendo agresiones por escribir sobre la corrupción de funcionarios municipales, estatales y federales.

La inseguridad a la que está expuesta la población mexicana se incrementa, debido a la impunidad que ha degradado el tejido social. Dentro de este ambiente de violencia, los periodistas permanecen en la mirilla de servidores públicos que sienten afectados sus intereses por noticias sobre la corrupción existente en los tres niveles de gobierno. Dos casos recientes confirman la forma como se ha exacerbado el problema: el exilio en Canadá de la escritora y periodista Karla Berenice García Ramírez y el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y reportera del periódico local Política.

Rumbo al exilio

A principios del pasado mes de abril, el gobierno de Canadá le otorgó asilo a la periodista Karla Berenice García Ramírez, quien en 2008 huyó de México debido a numerosas amenazas de muerte que recibió, después de denunciar casos de corrupción en el Conaculta durante el periodo en el que Sari Bermúdez presidía dicha dependencia. En 2010, ella recibió la negativa de obtener la residencia en Canadá porque, según el gobierno, no tenía un riesgo significativo en México, ya que no reporteaba al crimen organizado. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas contrarrestaron el argumento canadiense para que, finalmente, este año le otorgaran la residencia permanente en Vancouver “por razones humanitarias y compasivas”.

Todo empezó en 2002, cuando al llega a la redacción del área de prensa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), donde trabajaba como reportera, Karla detecta en su computadora un oficio de la Dirección General de Comunicación Social y de Prensa del Conaculta en el que se informa a Sergio Álvarez -entonces coordinador administrativo- de “los materiales que acreditan el pago de Sonia Sierra Echeverry”, otra reportera del Conaculta, pero el trabajo por el cual se le pagaba lo habían realizado Karla y otros de sus compañeros.

Enojada, imprime el oficio y busca más pruebas en los archivos de del Conaculta. Pero hay muchos más documentos que confirman la fuga de presupuesto, a través de la remuneración a “aviadores”: personal acreditado que no asiste a laborar, pero recibe su sueldo. En ese entonces, Miguel Ángel Pineda Baltazar (actual director de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura del DF) era el titular de la Dirección de Comunicación Social del Conaculta; Alegría Martínez, subdirectora de Información, y Guillermina Ochoa, directora de Prensa, que luego fue sustituida por Lourdes Castro.

Otro punto que detecta Karla es que los contratos a los reporteros señalaban: “El Conaculta pagará al profesionista una cantidad que oscilará entre los 28 mil pesos, como mínimo, y los 52 mil pesos, como máximo…” Pero, en realidad, ellos recibían un sueldo de siete mil pesos. Al empezar a presionar a sus jefes para mejorar las condiciones laborales, los funcionarios le avisan a Karla que está despedida “por recorte presupuestal”. Ella demanda al Conaculta y le pide a su abogado, Ramón Obón, que lleguen hasta las últimas para que “destituyan a los funcionarios corruptos”. Lejos de esto, sólo consigue una buena indemnización porque su abogado “negocia” con el Conaculta y hasta asesoría y talleres sobre derechos de autor impartirá, a partir de entonces, en esa dependencia.

Karla Berenice García Ramírez plasmó estas y otras peripecias en su libro El talento de los farsantes, publicado el año pasado en Vancouver, Canadá, por Sur Editores en una impresión bilingüe, con el seudónimo de Karla Lottini. A pesar de que la autora recurre a la narrativa, su obra incluye documentos oficiales que acreditan el abuso de poder, el tráfico de influencias, el maltrato a los reporteros, la corrupción y la malversación de fondos en el Conaculta.

El Financiero contactó a García Ramírez en Vancouver, desde donde concede la entrevista.

-¿Qué le llevó a denunciar la corrupción en esa área del Conaculta?

-La convicción de que México está estancado, en muchos aspectos, por la corrupción y la impunidad. Lo que estos funcionarios públicos e “intelectuales” hacían (ignoro si lo siguen haciendo) es tan sucio como lo que ocurre actualmente con el gobierno mexicano, Pemex o cualquier otra dependencia vista por los funcionarios como su changarro. Lo denuncié porque no estoy de acuerdo con que sigan robándonos. No es justo que desvíen dinero destinado a la cultura y a sus trabajadores (en este caso el equipo de prensa) mediante viejas artimañas, como el uso de “aviadores”. Además, nos daban un trato pésimo. Y, bueno, si descubres corrupción y tienes pruebas hay que denunciar.

-¿Cuál es el modus operandi que detectó entre estos funcionarios?

-Un tinglado administrativo en apariencia muy bien montado: a los reporteros nos contrataban, primero, de palabra. Luego, de manera extemporánea nos daban a firmar un contrato con fecha de cuando realmente comenzamos a laborar. El contrato no sólo decía que éramos free lance sino que exhibía un tabulador con tarifas precisas para el pago de cada colaboración: reportaje, crónica, entrevista… además de cierta cantidad de coberturas al interior del país. Pero eran contratos ficticios, desvío de fondos usando nuestro trabajo a nombre de otras personas (aviadores) para hacer cuadrar los números y justificar la salida del presupuesto destinado al pago de reporteros de Comunicación Social. Su modus operandi era la mentira, el fraude, el cinismo, la complicidad y la corrupción, al cobijo de la impunidad que les dieron sus amigos o conocidos, de gran peso “moral”, político e intelectual. Sin duda, el amiguismo y la impunidad han sido sus mejores aliados.

-¿Cuál es la intención de narrar estos hechos en primera persona y de forma novelada en tres actos, pero con protagonistas reales?

-La única forma en que vencí la aversión ante una historia que me lastima mucho fue considerándola como parte de mis memorias, donde la arcilla principal es la intención literaria. Está en primera persona porque como escritora y periodista, asumo la autobiografía… Al principio pensé escribirla en formato de teatro, luego creí que podía restarle importancia a los ojos de los demás. Basada en el hecho de que los protagonistas son personajes reales de la vida cultural mexicana, en su mayoría talentosos, gente con formación teatral y, considerando que la situación era digna de un libreto de farsa, lo dividí en tres actos a fin de que el lector-espectador presenciara una obra representada por el elenco mejor pagado en México.

-¿Qué sucedió, en 2003, después de que entregó al Senado de la República documentos para hacer tu denuncia, sólo anunciaron la comparecencia de Sari Bermúdez?

-En el Senado dijeron que el caso se había turnado a la Cámara de Diputados, nunca más devolvieron mis llamadas. Entonces insistí en la oficina del diputado Inti Muñoz, con quien nunca pude hablar. Meses posteriores, en diciembre, ocurrió la primera amenaza en persona. En el Senado sólo les entregué documentación de mi caso, pero ellos sabían, al igual que mi abogado, que tenía pruebas de que el robo-desvío lo hacían no sólo con mi trabajo sino con el de todo el equipo de prensa, incluidos los fotógrafos. Poseo un documento del abogado donde me devuelve mil 99 fojas que le entregué sobre esto.

-Otro aspecto al que se enfrentó fue el proceso legal para demandar al Conaculta y tuviste como abogado a Ramón Obón.

-Sin descartar la evidencia que inculpaba a Miguel Ángel Pineda, Alegría Martínez, Guillermina Ochoa, Lourdes Castro y Sergio Álvarez, era mi palabra contra la de ellos. La experiencia fue demoledora. Imagina que la gente a la que admiras, en quienes confías porque fueron tus maestros, porque representan a México a nivel internacional y tienen voz moral en el ámbito intelectual, no actúan acorde a su discurso. Mi demanda no se limitaba a un despido injustificado. Lo que quería es que se frenara la corrupción, que dejaran de robar y de traficar influencias. Confié en Obón, en su palabra, su ética como abogado. Prometió cosas que no cumplió. Bien sentenció Rascón Banda: “Lo que no está por escrito, no existe”.

-¿Sus revelaciones fueron tan contundentes que a quienes denunció se sintieron vulnerados?

-Sí, hay nombres y apellidos, pero me temo que hay más, mucho más detrás de lo que descubrí en la computadora de la redacción del Conaculta. Me temo, por lo que he platicado con otros periodistas, que personajes como Miguel Ángel Pineda tienen una colota en su historial y que por eso no quieren ningún ruido al respecto. Sé que desde aquellos días “limpiaron la casa”. Lo cierto es que al final, la impunidad siempre deja una rendija abierta para volver a saquear.

-¿En ese entonces ya había anunciado su libro o sólo quería denunciar?

-Al principio la idea era denunciar y demandar públicamente; que fueran otros periodistas los que lo publicaran e investigaran. Como lo demuestra la carta de Información privilegiada y confidencial abogado-cliente, Ramón Obón me sugirió que no fuera a la revista Proceso ni hiciera el asunto de la opinión pública o dejaba de representarme. Dijo también haber hablado con los abogados de Proceso y que éstos dijeron no tener intención de publicar el asunto. Después de lo del Senado, de la desconfianza hacia los medios, volví a pensar en publicar la historia yo misma; no obstante, la primera amenaza me obligó a calmarme, aunque por otro lado, avivó el deseo de hacerlo.

-Menciona en el libro que acudió a algunos medios para denunciar su caso, incluso que se entrevistó directamente con Julio Scherer, pero nunca llegó el reportero que le haría la entrevista. ¿Por qué cree que nadie tomó en serio su caso?

-Esa es una pregunta que después de tantos años sigo haciéndome. No entiendo. Lo único que descifro es que tenían compromisos, intereses, historias de amistad y complicidad. Scherer sonó sincero cuando dijo que no tenía intereses, pero entonces ¿cómo te explicas que la reportera me dejara plantada? He pensado en una posibilidad de lealtad entre Proceso, Rascón Banda y Ramón Obón. Ellos escribieron ahí por más de diez años. Mi lectura, entre líneas, es que Rascón Banda (entonces asesor de Sari Bermúdez y presidente de Sogem) no quería que sus amigos teatreros (Pineda y Alegría) resultaran afectados. Qué intereses había de por medio, no lo sé. He elucubrado mucho sobre esto pero no tengo pruebas, así es que me limito a lo que sí sé y es que se hicieron de la vista gorda. Se necesita ser muy pendejo para creer que el material que les ofrecí no daba para una nota ni para llevar a cabo una investigación que derivara en la sanción de los responsables. Tanto Rascón como Obón son personajes públicos convertidos en “dioses” a los que nadie quiere tocar. Quizá la falta de interés en publicar el caso es precisamente que había intereses, amistades de por medio, gente directa o indirectamente involucrada en medios, como es el caso de La Jornada. Sonia Sierra Echeverry, viuda del reportero Renato Ravelo y dizque reportera del Conaculta era una de las personas con las que, de acuerdo a documentos exhibidos en el libro, cobraba con nuestro trabajo.

-¿En qué año y por qué decide viajar a Canadá?

-En 2008, después de haber platicado con la reportera de la revista Contralínea, las amenazas volvieron y fueron subiendo de tono, al grado de llegar a la familia. El miedo nos tenía pasmados, la paranoia fue en ascenso, no vivíamos tranquilos. Más que nunca temí por mi vida y la integridad de mi familia; a la par, más que nunca, sentí la necesidad de dar a conocer lo ocurrido. Viajé a Vancouver porque ahí tenía un primo hermano con el que hacía mucho tiempo no hablaba, pero que estaba dispuesto a ayudarme.

-El periódico Sin Fronteras dice que en 2008 solicitó asilo al gobierno canadiense y en 2010 le negaron la petición, ¿qué pasó en esos años?

-En esos años supe lo que era el infierno del exilio. Si bien, ahora lo sé, caí en blandito por tener a un primo en el mismo país. Durante este tiempo enfrenté un proceso migratorio devastador. Mi esposo y yo hicimos voluntariado en actividades culturales y ecológicas. En lugar de escribir el libro, enfermé de homesick (nostalgia por casa), me hundí en la depresión, como nunca. El resultado fue un libro de poesía oscura. Fueron días de migrañas, paranoia, silencio, soledad, miedo. No hablaba con nadie del asunto, no confiaba. El proceso, iniciado en 2008 por un abogado que dijo que el caso era fuerte y que tenía argumentos para ganar la protección del Estado canadiense, recibió la primera negativa en 2010. Las razones: que no corríamos peligro, que el gobierno mexicano era capaz de proveernos (a los periodistas, a mi esposo y a mí) de seguridad, que México es un país democrático en cuyas autoridades se puede confiar, que no había publicado nada sobre el asunto y que en el pasado ningún medio tampoco quiso hacerlo. Mi percepción es que no entendían la evidencia, que les cuesta trabajo creer lo que ocurre en México más allá de las nuestras lindas playas y los paquetes all inclusive que compran en agencias de viajes.

-¿Tuvo que escribir el libro como prueba de que estaba amenazada de muerte?

-En cierta forma, sí. Por ahí de octubre de 2009 comenté al abogado la intención de escribir el libro formalmente, pese a la aversión que me provocaba, amén de que ello incrementara el peligro. Dijo que no me presionara, que la publicación podía tener una lectura negativa: que pensaran que (yo) quería manipular la decisión. Al final de cuentas se convirtió en la única carta no sólo para demostrar que decía la verdad en cuanto al riesgo que corría, sino en la única carta para enfrentarme de una vez por todas al miedo y aniquilar un silencio que me tenía enferma de impotencia. Sin ninguna garantía de por medio, a sabiendas de que no podría volver a México quién sabe por cuánto tiempo (o si nunca podría hacerlo), en 2010 releí material de antaño y le di forma. Nadie, periodista o no, tendría que huir de su país.

¿Cuántos periodistas más?

La indignación es absoluta. La madrugada del sábado 28 de abril fue asesinada la periodista Regina Martínez Pérez en su casa de Xalapa, Veracruz. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, murió alrededor de las cuatro de la mañana asfixiada y golpeada. La necropsia determinó que el agresor o agresores le rompieron el maxilar y dos costillas. Los primeros peritajes reportaron la desaparición de una computadora, dos celulares y una pantalla de televisión de plasma. Hasta el momento no han establecido el móvil del crimen, pero familiares, organizaciones civiles y periodistas demandan que en las líneas de investigación tenga prioridad el desempeño de su trabajo profesional.

Martínez Pérez nació en 1963 en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte de Veracruz. Estudio en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana y ejerció esta profesión durante poco más de 20 años. En su trayectoria, se desempeñó como corresponsal del periódico La Jornada y actualmente era corresponsal del semanario Proceso y la agencia informativa Apro. Durante dos décadas fue reportera del periódico Política, que se edita en Xalapa, y colaboró para Notiver y Canal 4.

Esta ejemplar reportera realizaba periodismo de investigación, a través del cual informó desde las tropelías cometidas por el gobernado Miguel Alemán en la zona arqueológica de El Tajín para usar el sitio como escenografía en su espectáculo de Cumbre Tajín, hasta el asesinato y violación de la indígena Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica y la creciente violencia generada en Veracruz por el narcotráfico. Su trabajo siempre incomodó a los tres niveles de gobierno, a tal grado que recibió amenazas del exgobernador Fidel Herrera Beltrán por sus indagaciones en el caso Ascencio y la vinculación con el ejército.

El crimen de Regina Martínez Pérez entra en la vorágine de violencia que vive el país y, en particular, en Veracruz. Desde hace una década han asesinado a 12 periodistas sólo en esa entidad, cinco de los cuales sucedieron en los 17 meses que lleva el actual gobierno de Javier Duarte. A la fecha, no hay un sólo detenido. Además, tres reporteros se encuentran desaparecidos y 14 periodistas que trabajaba en el puerto se exiliaron. A esto hay que agregarle las amenazas de muerte y agresiones físicas sufridas por los periodistas locales y por quienes llegan a la región a realizar reportajes.

Desde el domingo que se conoció el asesinato de Regina Martínez Pérez no han cesado las protestas en contra de este crimen. Periodistas, asociaciones civiles y de derechos humanos han realizado diversas manifestaciones para repudiar esta situación. En un mitin a las afueras de la representación de Veracruz en el DF, Mike O’Connor -representante del Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York- aseguró que le corresponde al Estado esclarecer estos crímenes y no únicamente hacer pronunciamientos, comunicados o falsas promesas: “En Veracruz -aseveró- ya van cinco asesinatos en un año. No sabemos si los casos están vinculados y tampoco por qué el gobierno no los puede esclarecer. Pregunto: ¿Está metido de alguna manera? ¿Protege a algunas gentes o funcionarios o a gente del crimen organizado? ¿Cuántos periodistas más van a seguir esa suerte y por qué?”

Contexto violento

Apenas el lunes 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que establecerá la cooperación entre la federación y las entidades para aplicar y operar medidas de prevención y garantizar el ejercicio de la libre expresión. También decretará medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Con esta legislación se creará el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que deberá ser operado por la Secretaría de Gobernación. Los diputados remitieron al Ejecutivo federal la ley para su publicación.

Aunque en medio del asesinato de Regina Martínez Pérez esta noticia fue grata para múltiples asociaciones civiles, Article 19 -organización independiente especializada en proteger y promover el derecho a la libertad de expresión y de información- criticó esta ley al considerar que duplica los mecanismos actualmente establecidos y, al mismo tiempo, no ataca el problema central: la impunidad. Sostiene que esa ley contiene una idea reduccionista de la protección y es reactiva ante el contexto violento de México.

En un comunicado, la representación en México de Article 19 precisa que la definición de “agresiones” bajo la que operará esta norma prevé el daño, amenaza, hostigamiento o intimidación. Pero esta es una definición vaga que pueda dar lugar a discrecionalidad, ya que no se determina que se entiende por “daño”. Asimismo, se establece una Unidad para recibir los casos, sin que se identifique a dónde o ante quién se debe dirigir una solicitud. Una vez admitido el caso, esa Unidad determina si el proceso será expedito u ordinario. En el primer caso, se dictan las medidas de protección. De ser ordinario, se hace una evaluación de riesgos y ésta pasa a una Junta de Gobierno integrada por cuatro representantes de entidades gubernamentales (Segob, PGR, SSP, SRE); uno de la CNDH; cuatro miembros de la sociedad civil y cinco invitados permanentes con derecho a voz. En total, 14 personas evaluarán las medidas de protección para cada caso. Pero todo eso podría ser inaplicable porque, para operar, la Junta de Gobierno requiere de un quórum de la mitad más uno y no se establece qué pasa si no hay mayoría.