Libertad de expresión y autorregulación periodística en los tiempos digitales

Libreta de Apuntes

  • Hemos pasado de “la comu­ni­ca­ción de masas a la auto­co­mu­ni­ca­ción de masas como dos for­mas que coexis­ten y se arti­cu­lan” en pala­bras de Manuel Cas­te­lls.
  • Este nuevo tipo de comu­ni­ca­ción empieza a gene­rar, por tanto, nue­vas for­mas de inter­re­la­ción social y polí­tica, cuyo rasgo dis­tin­tivo es el diá­logo, la deli­be­ra­ción, la vin­cu­la­ción y el inter­cam­bio informativo.
  • Si en el terreno de la auto­rre­gu­la­ción los medios tra­di­cio­na­les van a la zaga en México, nada dis­tinto se observa en el esce­na­rio de los medios digitales”.

Foto: Misael Val­tie­rra — Cuartoscuro

Por Omar Raúl Martínez

Publi­cado ori­gi­nal­mente en RMC 132

El  desa­rro­llo  expo­nen­cial  de  los  medios  digi­ta­les y  el  uso  de  redes  socia­les  se  vin­cula,  sin  duda,  con  el  limi­tado  acceso  de  los  ciu­da­da­nos  a  los  medios  de  comu­ni­ca­ción  tra­di­cio­na­les.  Ante  la  ver­ti­ca­li­dad,  el  sos­layo,  la  par­cia­li­dad  o  la  omi­sión  de  éstos,  nume­ro­sos  gru­pos  y  per­so­nas  han  recu­rrido  no  sólo  a  expre­sarse  en  las  redes  socia­les  sino  tam­bién  a  crear  espa­cios  alter­na­ti­vos  en  inter­net.  Ello  ha  ten­dido  a  gene­rar  que  prensa,  radio  y  TV  ofrez­can  cada  vez  más  esa  otra  cara  de  la  ciu­da­da­nía  que  no  se  siente  atendida.

En ese sen­tido, como sos­tiene Manuel Cas­te­lls, hemos pasado de “la comu­ni­ca­ción de masas a la auto­co­mu­ni­ca­ción de masas como dos for­mas que coexis­ten y se arti­cu­lan”. Es decir, de una comu­ni­ca­ción “que va de uno a muchos con inter­ac­ti­vi­dad inexis­tente o limi­tada”, se ha tran­si­tado a una comu­ni­ca­ción poten­ciada por la inter­net “que va de muchos a muchos con inter­ac­ti­vi­dad, tiem­pos y espa­cios varia­bles, controlados”.

En el lus­tro reciente en México ―dicen Gabriel Sosa Plata y Rodrigo Gómez―, la red ha repre­sen­tado una “herra­mienta para el acti­vismo”, prin­ci­pal­mente de ONG’s, ciu­da­da­nos, polí­ti­cos y líde­res socia­les que la han apro­ve­chado a fin de hacerse escu­char. Ante este nuevo esce­na­rio, los medios de comu­ni­ca­ción con­ven­cio­na­les se han visto ori­lla­dos a incluir en su agenda de cober­tura cier­tos temas que de otra manera no toma­rían en cuenta.

Este nuevo tipo de comu­ni­ca­ción empieza a gene­rar, por tanto, nue­vas for­mas de inter­re­la­ción social y polí­tica, cuyo rasgo dis­tin­tivo es el diá­logo, la deli­be­ra­ción, la vin­cu­la­ción y el inter­cam­bio infor­ma­tivo. De alguna forma, la inter­net y sus cana­les diver­sos han comen­zado a trans­for­mar las diná­mi­cas del con­sumo cul­tu­ral y las prác­ti­cas polí­ti­cas. En los últi­mos años, incluso, con el aumento de usua­rios en el mundo, ha venido con­tri­bu­yendo a for­ta­le­cer la liber­tad de expre­sión. Sin embargo, a la par, la ten­ta­ción del poder por con­tro­lar o debi­li­tar el entorno digi­tal está latente. Varios gobier­nos en el orbe han deter­mi­nado recu­rrir a regu­larlo res­tric­ti­va­mente. La firma del acuerdo comer­cial con­tra la fal­si­fi­ca­ción (ACTA), por parte del gobierno mexi­cano, abre la puerta legal para con­tro­lar inter­net y afec­tar pre­cep­tos cons­ti­tu­cio­na­les fun­da­men­ta­les como el dere­cho a la liber­tad de expre­sión, de infor­ma­ción, a la pri­va­ci­dad y a la cer­ti­dum­bre jurí­dica. De hecho, en su reporte 2012 de liber­tad en la red, Free­dom House informa que México apa­rece en el sitio 19, bajo la cate­go­ría de “par­cial­mente libre”, junto con paí­ses como Egipto, Rusia, Libia y Venezuela.

En este terreno, la ONU y la CIDH con­cuer­dan en que el marco legal para los medios tra­di­cio­na­les puede apli­carse a con­te­ni­dos en línea y que no se nece­sita una regu­la­ción espe­cial. Ade­más de que puede sig­ni­fi­car un riesgo para inhi­bir la liber­tad de expre­sión, una ley par­ti­cu­lar para Inter­net difí­cil­mente gene­rará mejo­res con­te­ni­dos, y peor aún: puede dañar los cimien­tos de la vida demo­crá­tica. Sin embargo no puede des­es­ti­marse en abso­luto el tema de la res­pon­sa­bi­li­dad ética y legal de los medios, sean éstos con­ven­cio­na­les o digitales.

Sin sos­la­yar indis­pen­sa­bles nor­mas jurí­di­cas, bien pode­mos abre­var de los poten­cia­les bene­fi­cios que la auto­rre­gu­la­ción pudiera redi­tuar en favor de la cali­dad mediá­tica. Y aquí es menes­ter hacer refe­ren­cia al bino­mio liber­tad de expresión-ética perio­dís­tica, por­que a fin de cuen­tas en éste sub­yace como bene­fi­cia­rio directo el ciudadano.

La liber­tad de expre­sión está indi­so­lu­ble­mente ligada al ejer­ci­cio ético y res­pon­sa­ble del perio­dismo. No pode­mos ampa­rar­nos en la liber­tad de expre­sión para men­tir, calum­niar, dis­tor­sio­nar, mani­pu­lar, des­ca­li­fi­car o inju­riar, como diría Jorge Car­pizo. No creo, por ello, que la liber­tad de expre­sión pueda admi­tir dis­tin­gos de acuerdo con el soporte tec­no­ló­gico uti­li­zado, sea la pan­ta­lla de la PC, el radio, el tele­vi­sor o el impreso. Por­que, más allá del imple­mento tec­no­ló­gico, es un dere­cho cuyo fin es ampliar el cono­ci­miento de lo público, el ejer­ci­cio de los dere­chos ciu­da­da­nos y la defensa y amplia­ción de las liber­ta­des. Es decir, las reglas que debie­ran enmar­car las res­pon­sa­bi­li­da­des éti­cas y lega­les del perio­dismo en los medios digi­ta­les no ten­drían por qué ser dife­ren­tes de las pre­va­le­cien­tes en los medios convencionales.

El perio­dismo  –sea en el ámbito digi­tal o en medios con­ven­cio­na­les–  tiene como fun­ción ape­lar al enten­di­miento, al regis­tro veraz, al debate racio­nal y al aná­li­sis de los asun­tos públicos.

 

Lími­tes y responsabilidad

La liber­tad de expre­sión supone asu­mir valo­res éti­cos, los cua­les arrai­gan lo supre­ma­mente valioso para el ser humano en socie­dad. La liber­tad de expre­sión es una pre­rro­ga­tiva medu­lar, rele­vante, sí, pero no abso­luta. En su ejer­ci­cio inter­vie­nen prin­ci­pios éti­cos y lin­de­ros jurí­di­cos. Cuando entra en con­flicto con otros dere­chos y liber­ta­des de los ciu­da­da­nos, es pre­ciso bus­car una armo­ni­za­ción, con­si­de­rando deter­mi­na­dos lími­tes, sin per­der la brú­jula por el bien común y la dig­ni­dad humana.

Hablar de lími­tes en sí mismo resulta com­plejo por­que en mate­ria de liber­tad de expre­sión se tocan bor­des de la ley y la ética o la falta de ésta. Pese a tal com­ple­ji­dad resulta prio­ri­ta­rio tra­zar sus con­tor­nos con suma cau­tela habida cuenta que pue­den abrirse las ren­di­jas para jus­ti­fi­car accio­nes censoras.

Cuando el límite se con­vierte en res­tric­ción par­cial por razo­nes de poder, apa­rece la som­bra de la cen­sura. Pero cuando el lla­mado límite lleva el tamiz del auto­con­trol para sal­va­guar­dar los dere­chos de otras per­so­nas, enton­ces esta­mos hablando de un nece­sa­rio recurso para pro­mo­ver la res­pon­sa­bi­li­dad social, la con­vi­ven­cia y la dig­ni­dad humanas.

Las leyes apa­ren­te­mente esta­ble­cen cla­ros lími­tes a la liber­tad de expre­sión. El artículo  6o. Cons­ti­tu­cio­nal, por ejem­plo, refiere que la mani­fes­ta­ción de las ideas no será objeto de nin­guna inqui­si­ción judi­cial o admi­nis­tra­tiva, salvo en los casos de que ata­que la moral, los dere­chos de otras per­so­nas, pro­vo­que algun delito o per­turbe el orden público.

Res­pecto de los dere­chos de otras per­so­nas, la Ley de res­pon­sa­bi­li­dad civil para la pro­tec­ción a la vida pri­vada, el honor y la pro­pia ima­gen en el Dis­trito Fede­ral, pro­tege estos dere­chos y por ello limita:  a) el acceso y difu­sión mediá­tica en torno a asun­tos pri­va­dos de las per­so­nas; b) la emi­sión de jui­cios insul­tan­tes por sí mis­mas en cual­quier con­texto, que no se requie­ren para la labor infor­ma­tiva; c) la expo­si­ción pública de la ima­gen de una per­sona sin razo­nes de inte­rés público y con per­jui­cio de su reputación.

Entre los lími­tes que mar­can algu­nas leyes inter­na­cio­na­les (como la Con­ven­ción Ame­ri­cana de Dere­chos Huma­nos), des­ta­can: la prohi­bi­ción a “toda pro­pa­ganda en favor de la gue­rra y toda apo­lo­gía del odio nacio­nal, racial o reli­gioso que cons­ti­tu­yan inci­ta­cio­nes a la vio­len­cia”; la reserva a infor­mar sobre deter­mi­na­dos epi­so­dios, hechos o pro­ce­sos cuando ponen en peli­gro la segu­ri­dad nacio­nal, el orden público, la salud y la moral pública; la reserva a pro­ce­sos judi­cia­les sobre casos en liti­gio para evi­tar poner en peli­gro la efi­caz admi­nis­tra­ción de la jus­ti­cia; el res­peto a los dere­chos pre­fe­ren­tes de cier­tos gru­pos vul­ne­ra­bles de la pobla­ción, en par­ti­cu­lar de los niños; ame­ri­tan con­si­de­ra­ción espe­cial el dere­cho al dolor y el dere­cho al luto, aun­que no sue­len cla­si­fi­carse como dere­chos fundamentales.

Hay, pues, dos gran­des blo­ques de lími­tes jurí­di­cos a la liber­tad de expre­sión: a) lo indi­vi­dual: la inti­mi­dad, la honra, la dig­ni­dad, la repu­tación y el buen nom­bre de los demás; y b) lo colec­tivo o el bien público: segu­ri­dad, salud, moral u orden públicos.

En apa­rien­cia, pues, los lími­tes son bas­tante cla­ros, pero no la forma de inter­pre­tar­los y de pre­sen­tar las excep­cio­nes.  Emer­gen muchas pre­gun­tas. Por ejem­plo: ¿cómo enten­der la invo­ca­ción del buen nom­bre o “la honra” de un per­so­naje público que ha estado envuelto en escán­da­los de corrup­ción y de lo cual exis­ten sufi­cien­tes docu­men­tos pro­ba­to­rios? ¿Qué se entiende por segu­ri­dad nacio­nal y qué tipo de infor­ma­ción entra en tal con­cepto? ¿Segu­ri­dad nacio­nal según la Pre­si­den­cia, el Ejér­cito, los medios o los inte­lec­tua­les? ¿Cómo debe­mos enten­der el orden público? ¿Per­tur­bar el orden público es hacer ruido, alte­rar la tran­qui­li­dad en la vía pública o movi­li­zar a la gente en defensa de sus dere­chos?  ¿Cual­quier tipo de mani­fes­ta­ción beli­ge­rante en las calles es des­or­den público? ¿Este con­cepto no podría abrir la puerta de res­tric­ción de las liber­ta­des públi­cas? ¿Qué es la moral pública? ¿Qué debe­mos enten­der como bue­nas cos­tum­bres y a quién y para qué deben ser­vir? ¿Quié­nes son los vigi­lan­tes de la moral pública?

Aquí pre­ci­sa­mente comien­zan las com­pli­ca­cio­nes por­que la ambi­gue­dad encauza el camino a las res­tric­cio­nes o a la inter­pre­ta­ción ses­gada e interesada.

Para no pocos, la ley y los tri­bu­na­les deben ser la única vía para pro­te­ger y esti­mu­lar la liber­tad de expre­sión, trá­tese de lo que se trate; pero ello ten­de­ría a judi­cia­li­zar el perio­dismo y tal cir­cuns­tan­cia en un con­texto de tran­si­ción a la demo­cra­cia inhi­bi­ría el ejer­ci­cio de las liber­ta­des infor­ma­ti­vas, baluarte de todo sis­tema democrático.

Por ello se hace nece­sa­ria una refle­xión y aná­li­sis desde la aca­de­mia y el ámbito pro­fe­sio­nal para dilu­ci­dar cami­nos posi­bles que, sin des­cui­dar el dere­cho de la infor­ma­ción, den cauce a una pro­puesta autorregulatoria.

Es indis­cu­ti­ble que la liber­tad de expre­sión debe estar garan­ti­zada por la ley, y que ésta igual­mente tipi­fi­que y san­cione sus exce­sos. Ello no obsta para esti­mu­lar la crea­ción de meca­nis­mos auto­rre­gu­la­to­rios para evi­tar pre­ci­sa­mente los abu­sos y apun­ta­lar pará­me­tros de cali­dad cuyos bene­fi­cia­rios direc­tos sean los ciudadanos.

Y es que el ciu­da­dano ha estado prác­ti­ca­mente ausente de la pers­pec­tiva de los medios de comu­ni­ca­ción mexi­ca­nos. Sólo han exis­tido como con­su­mi­do­res e incluso como tales sus dere­chos tam­bién han sido vul­ne­ra­dos con la con­ni­ven­cia mediática-publicitaria. Sus dere­chos a expre­sar deman­das, difun­dir su voz e inquie­tu­des, reco­ger y pro­mo­ver su par­ti­ci­pa­ción, no han sido aten­di­dos por los medios masi­vos. No es gra­tuito, por ello, que los espa­cios digi­ta­les y las redes socia­les  hayan ganado gran terreno en los últi­mos años.

En tal sen­tido, la auto­rre­gu­la­ción tanto en medios con­ven­cio­na­les como en Inter­net puede empe­zar a crear espa­cios donde los gru­pos socia­les se hagan escu­char  ―más allá de Twit­ter o Face­book―  y abran res­qui­cios a la par­ti­ci­pa­ción desde el terreno mediático.

La asun­ción de meca­nis­mos auto­rre­gu­la­to­rios debe darse inde­pen­dien­te­mente del impulso de nor­mas lega­les. Es decir: si bien la cons­ti­tu­ción impone lími­tes al ejer­ci­cio de las liber­ta­des de expre­sión e infor­ma­ción, lo indis­cu­ti­ble es que exis­ten zonas de ambi­gue­dad donde la norma jurí­dica no puede apli­carse y en las que el fac­tor deci­sivo corres­ponde a la libre deter­mi­na­ción de la con­cien­cia ética.

En su bús­queda por mar­car cri­te­rios o pará­me­tros de res­pon­sa­bi­li­dad, ley y ética son aris­tas com­ple­men­ta­rias y no exclu­yen­tes. por­que, como diría Vic­to­ria Camps, la fun­ción de la ética no es sus­ti­tuir la ley, sino más bien “ayu­dar a su justo cumplimiento”.

 

Meca­nis­mos autorregulatorios

La auto­rre­gu­la­ción de los medios de comu­ni­ca­ción es el sis­tema de nor­mas éti­cas auto­im­pues­tas por uno o varios medios a fin de regu­lar las rela­cio­nes entre socie­dad, Estado y comu­ni­ca­do­res y perio­dis­tas a tra­vés de la asun­ción de meca­nis­mos cuyo fin sea ele­var los cri­te­rios de res­pon­sa­bi­li­dad social y la cali­dad de los contenidos.

La auto­rre­gu­la­ción es resul­tado de la ini­cia­tiva y el com­pro­miso volun­ta­rio de tres acto­res: empre­sas mediá­ti­cas, perio­dis­tas y socie­dad. Los recur­sos impres­cin­di­bles para ins­tru­men­tarla son prin­ci­pal­mente de dos tipos: a) docu­men­tos: códi­gos deon­to­ló­gi­cos, esta­tu­tos de redac­ción y libros de estilo; y b) orga­nis­mos: defen­sor del público, con­se­jos edi­to­ria­les y con­se­jos de prensa.

Entre dichos meca­nis­mos des­ta­can los códi­gos deon­to­ló­gi­cos que cons­ti­tu­yen la fuente clá­sica y más soco­rrida de la auto­rre­gu­la­ción, pues abor­dan las ver­tien­tes esen­cia­les del ofi­cio perio­dís­tico: resal­tan res­pon­sa­bi­li­da­des ante la comu­ni­dad y defi­nen pro­pó­si­tos y prin­ci­pios de actua­ción o nor­mas de com­por­ta­miento ético-moral ante los acto­res posi­bles de la información.

Adop­tar un código de ética no supone en abso­luto la eje­cu­ción auto­rre­gu­la­to­ria: más bien ésta puede ate­rri­zarse mediante recur­sos  –como orga­nis­mos y docu­men­tos, prin­ci­pal­mente–  que posi­bi­li­ten el aná­li­sis, la crí­tica, el dic­ta­men y las pro­pues­tas de mejora en el mundo de la comunicación.

Si bien los códi­gos  care­cen de ins­tru­men­tos para impo­nerse, pue­den con­tri­buir a que los perio­dis­tas y los medios tanto digi­ta­les como tra­di­cio­na­les defi­nan y eje­cu­ten con­duc­tas desea­bles. En sí mis­mos, los códi­gos  cons­ti­tu­yen una con­vo­ca­to­ria para que los ciu­da­da­nos escu­dri­ñen, cri­ti­quen vigi­len y propongan.

Una forma de pro­te­ger y ampliar la liber­tad que nos posi­bi­li­tan la inter­net, las redes socia­les y los medios digi­ta­les es ele­var los están­da­res de cali­dad del inter­cam­bio, el diá­logo, el aná­li­sis y el debate a tra­vés del impulso de meca­nis­mos auto­rre­gu­la­to­rios como códi­gos de ética, defen­so­res o media­do­res de la audien­cia y con­se­jos o comi­tés editoriales.

La auto­rre­gu­la­cion mediá­tica abre  ―coin­ci­diendo con Villa­nueva―  los cau­ces para posi­bi­li­tar el reco­no­ci­miento de los dere­chos de los ciu­da­da­nos; for­mu­lar públi­ca­mente nor­mas y valo­res éti­cos que guíen la acti­vi­dad mediá­tica; edi­fi­car para­me­tros a fin de ele­var la cali­dad en los con­te­ni­dos; opti­mi­zar el dere­cho a la infor­ma­ción; for­mar gru­pos de recep­ción crí­tica; esti­mu­lar el cono­ci­miento y ejer­ci­cio del buen perio­dismo; esta­ble­cer ámbi­tos de pro­tec­ción de los dere­chos de los ciu­da­da­nos al infor­mar (réplica, vida pri­vada…); con­tri­buir a la exi­gen­cia social de cum­pli­miento de nor­mas éti­cas y deon­to­ló­gi­cas; y reco­no­cer los erro­res y debi­li­da­des de los medios para alen­tar su mejoría.

Por el momento, sin embargo, el pano­rama es muy árido en mate­ria de auto­rre­gu­la­ción: sólo se con­sig­nan 36 códi­gos de ética de medios mexi­ca­nos frente a poco más de tres mil 400 empre­sas de comu­ni­ca­ción. Y sólo regis­tra­mos un medio digi­tal con código de ética: el de Ani­mal polí­tico. Hasta ahora han sido medios públi­cos (5) las enti­da­des que más han avan­zado al incor­po­rar la figura del defen­sor de la audiencia.

En suma: si en el terreno de la auto­rre­gu­la­ción los medios tra­di­cio­na­les van a la zaga en México, nada dis­tinto se observa en el esce­na­rio de los medios digi­ta­les. Los perio­dis­tas, la aca­de­mia y los gru­pos socia­les tene­mos mucho por hacer.

Fuen­tes

Aznar, Hugo y Villa­nueva, Ernesto (Coor­di­na­do­res), Deon­to­lo­gía y auto­rre­gu­la­ción infor­ma­tiva. UIA / UNESCO / Fun­da­ción Manuel Buen­día, México DF, 2002.

Aznar, Hugo, Ética y perio­dismo. Códi­gos, esta­tu­tos y otros docu­men­tos de auto­rre­gu­la­ción, Pai­dós, Argen­tina, Bue­nos Aires, 1999.

Cas­te­lls Manuel, “El poder en la era de las redes socia­les”, revista Nexos, 1/09/2012. Direc­ción: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102910

Gar­cía Her­nán­dez Arturo, “Es un ata­que a la liber­tad de expre­sión y un freno a la movi­li­za­ción social”, La Jor­nada, 13 de julio de 2012.

Gómez Rodrigo y Sosa-Plata Gabriel, Los medios digi­ta­les: México, Open Society  Fun­da­tion, 2012.

Mac­Gre­gor Judith, “La liber­tad de expre­sión en la era digi­tal”. Amé­rica Eco­no­mía. Direc­ción elec­tró­nica: http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-libertad-de-expresion-en-la-era-digital

Lara Tania, “Redes socia­les y medios digi­ta­les revo­lu­cio­nan cober­tura elec­to­ral en México”, Perio­dismo de las Amé­ri­cas. Direc­ción: http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00–10264-redes-sociales-y-medios-digitales-revolucionan-cobertura-electoral-en-mexico

Mar­tí­nez, Omar Raúl, Códi­gos de ética perio­dís­tica en México, BUAP / Fun­da­lex / Fun­da­ción Manuel Buen­día, México DF, 2009.

Villa­nueva, Ernesto, Auto­rre­gu­la­ción de la prensa: una apro­xi­ma­ción ético-jurídica a la expe­rien­cia com­pa­rada, UIA y Miguel Ángel Porrúa Grupo Edi­to­rial, México DF, 2002.

Lie­bel­son Dana, “Nue­vas tec­no­lo­gías: desa­fíos actua­les de la liber­tad de prensa”, en Red de Perio­dis­tas Inter­na­cio­na­les. Direc­ción elec­tró­nica: http://ijnet.org/es/stories/nuevas-tecnolog%C3%AD-desaf%C3%ADos-actuales-de-la-libertad-de-prensa

Villa­mil Jenaro, “Par­cial­mente libre, el uso de Inter­net en México: Free­dom House”. Sitio web Homoz­za­ping, 8 de octu­bre de 2012

 

Pro­fe­sor e inves­ti­ga­dor de la UAM Cua­ji­malpa. Direc­tor de RMC  y  pre­si­dente de la Fun­da­ción Manuel Buen­día, A.C.

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