Libertad de información y responsabilidad

Mirador europeo

• La responsabilidad mediática está entroncada con la ética profesional y empresarial.
• Lo medios de comunicación en algunas de sus manifestaciones se sitúan en la zona fronteriza e incluso existen momentos en que la cruzan y se entrometen en otros derechos necesarios de preservar.
• «Más que nunca es imprescindible proteger y ampliar en lo posible la libertad de información como algo esencial de la democracia frente a quienes consideran que sus derechos políticos, económicos y sociales están por encima de ella, especialmente cuando esos derechos se ejercen para coartar más las libertades públicas y el control rígido de los grupos y pueblos», dice Cebrián.

Fotografía: «Llegola, infectola y avanzola…» por Gaby Sandoval @ Flickr

Por Mariano Cebrián Herreros

Publicado originalmente en RMC 132

Los  derechos  de  libertad  de  expresión  y  de  información  son  fundamentales  en  toda  democracia,  pero  no  son  absolutos.  Existe  otro  conjunto  de  derechos  con  los  que  pueden  entrar  en  colisión  como  los  referidos  a  lo  más  nuclear  del  ser  humano  como  es  su  intimidad  o  su  imagen.  También  existen,  por  el  contrario,  grupos  y  dirigentes  de  países  especialmente  musulmanes  y  dictatoriales  que  piensan  que  por  encima  de  estos  derechos,  están  otros  que  les  permita  mantener  sus  dogmas  religiosos  y  sus  controles  y  abusos  políticos  o  la  unión  de  ambos.  Los  medios  de  comunicación  se  ven  implicados  a  veces  en  estos  enfrentamientos.

Me referiré sólo a dos campos que despiertan mayores tensiones en la actualidad: el ejercicio del derecho de la información que llega a penetrar en la vida íntima de las personas y el ejercicio de libertad de opinión mediante la difusión de vídeos, imágenes y caricaturas que chocan con las creencias de algunos grupos religiosos.

En paralelo a la libertad de información se sitúa la responsabilidad de quien la ejerce. La responsabilidad mediática está entroncada con la ética profesional y empresarial. Es una responsabilidad que obliga a indagar y difundir la verdad de los hechos, de las declaraciones y la fundamentación de las opiniones. La difamación, la difusión de noticias falsas y de opiniones sin base argumental no respetan la responsabilidad.

Existen medios que se oponen a la aprobación de códigos deontológicos para mantenerse al margen de cualquier obligación. Por el contrario, la inmensa mayoría de los medios, especialmente en los países democráticos, se unen y respetan los códigos éticos establecidos por sus profesionales o son los medios los que a su vez crean sus propios documentos deontológicos como empresas de comunicación. Se trata de  normas internas que los profesionales y medios se autoimponen ante la sociedad para que, en el caso de contravenirlas, se les pueda señalar como incumplidores de sus propios compromisos. Es una manera de manifestar su responsabilidad ante los demás colegas y, sobre todo, ante la sociedad.

Lo medios de comunicación en algunas de sus manifestaciones se sitúan en la zona fronteriza e incluso existen momentos en que la cruzan y se entrometen en otros derechos necesarios de preservar. En el caso de la televisión, por ejemplo, existen algunos programas cuyos contenidos están referidos a la vida íntima de las personas públicas y populares o de aquellas que ellos mismos han creado como personajes de fama al exhibirlos con frecuencia en sus informaciones y programas. Se les persigue en todos sus movimientos y conversaciones hasta llegar a lugares protegidos por la ley como es el propio domicilio, al uso de grabaciones con micrófonos y cámaras ocultos o se desvelan con certeza o falsedad algunas intimidades cuyo derecho sólo asiste a la persona perjudicada. La jurisprudencia diferencia entre los derechos de las personas públicas de las que no lo son. Pero el debate en torno a la colisión de los derechos se plantea incluso en relación con los derechos que amparan a las personas públicas cuando dejan de serlo o están en lugares y situaciones totalmente privadas.

El fundamento para estas intromisiones es que los periodistas ejercen la libertad de información por ser de interés general y ser hechos o declaraciones veraces y comprobables. Pero no siempre ocurre así. Las cuestiones más debatibles suelen girar en torno a invenciones, rumores e incluso a informaciones falsas. La libertad de información se utiliza para aprovechar el morbo que despiertan esas informaciones y con ello incrementar la audiencia y atraer más publicidad.

Sin embargo, cuando desde otro medio o, en la actualidad, desde las redes sociales se entrometen en la vida privada de quienes dan esas informaciones, rápidamente protestan. Es decir, se apoyan en la libertad de información para hablar de los demás, pero cuando los demás hablan de ellas se acogen al derecho de intimidad. Pero el que más se aprovecha de tales situaciones es el propio medio de comunicación. Nadie puede hablar de la vida personal de sus dirigentes y ejecutivos. Abusan de la popularidad de personas ajenas y quieren preservar la propia intimidad. Todo está en función del negocio. Se amparan en un derecho como coartada para conseguir más beneficios. No es el ejercicio de la libertad de información lo que les interesa sino el incremento de ingresos económicos. De hecho, cuando los usuarios se rebelan contra determinados contenidos que ofrecen tales programas mediante el cambio de canal (y, por tanto, se produce una caída de audiencia) y el boicot a las marcas publicitarias que aparecen en ellos y éstas se retiran del programa, apenas se mantiene éste en la antena. Si se actuara sinceramente en función de la libertad de información, se mantendría como defensa de la misma, sin embargo se retira como demostración de que el objetivo real es el lucro.

Mayores repercusiones mundiales está teniendo la difusión de informaciones que pueden chocar con otras ideologías. En unos casos, porque son informaciones y propuestas de contenidos que pueden provocar la ira de determinados grupos sociales que se ven sacudidos en sus creencias, en sus principios morales y en su estilo de vida. Y en otros, porque son los poderes políticos que están detrás de tales grupos los que aprovechan cualquier oportunidad mediática para denunciar un enemigo público, incluso atacar a los países de donde parten las informaciones o a las personas que las han promovido considerándolo como una defensa del país frente a la provocación de los países occidentales.

Llevamos unos años que está levantando protestas la representación de Mahoma en dibujos, caricaturas o relatos. Ha ocurrido con un vídeo producido en Estados Unidos y difundido por las redes sociales que algunos grupos religiosos islámicos han considerado como blasfemo, y con las viñetas publicadas en la revista francesa Charlie Hebdo en las que se ridiculiza a Mahoma. Estas protestas han desatado diversas modalidades de violencia e incluso más de cincuenta muertos. De nuevo se ha acudido a la libertad de información como amparo para arremeter contra las creencias de grupos religiosos y éstos tratan de defenderse con la protesta y con la violencia. En ningún caso la libertad de información, e incluso el abuso de tal derecho, puede derivar en confrontaciones violentas y mucho menos en muertes. Existe el derecho de manifestación como principio democrático para protestar contra este ejercicio periodístico, pero de ninguna manera debe servir para dar el salto a otra dimensión como es la violencia.

En este caso se plantea también una cuestión de oportunidad de la publicación y de una provocación innecesaria. No se trata de establecer ninguna censura previa, sino de considerar el contexto social, político y de relaciones internacionales en el que se trabaja. También en este caso se ha acusado a los medios de utilizar esta libertad de información no tanto como ofensa a los creyentes sino como recurso para desencadenar la sátira y el humor sobre un tema conflictivo.  Lo que se esconde también son razones de incremento de ventas por el escándalo que suscita la publicación y que se supone que se venderá mayor número de ejemplares. Tanto en el caso del vídeo como en el de la revista, una vez que estas imágenes entran en las redes sociales son incontrolables. Lo producido con objetivos económicos y amparados en la libertad de información y de opinión se transforma en enfrentamientos sociales y religiosos.

Son coartadas que, lejos de ampliar la libertad de información, provocan una autocensura en los profesionales por el miedo que puedan suscitar determinados comentarios e incluso arriesgar su propia vida o que los propietarios y directivos de los medios impongan determinadas mordazas a la línea editorial y a sus profesionales para no provocar la ira de otras personas o ponerse en el punto de disparo de los grupos que se sientan aludidos. Hay un daño para la profesión, para los medios e incluso para la libertad de información.

Toda libertad de información lleva consigo una responsabilidad social pública. Una responsabilidad que debe respetar otros derechos humanos y que además tiene que tener en cuenta el ejercicio profesional riguroso de buscar la veracidad en todo cuanto sea posible, argumentar con solidez las opiniones y calibrar el contexto temporal, de debate ideológico o de situaciones de relaciones entre países y grupos sociales. La responsabilidad mediática exige también que se tengan en cuenta los tiempos adecuados e inadecuados, las previsibles consideraciones de provocación y que previsiblemente desencadenen todo tipo de reacciones violentas.

La libertad de información no debe usarse para incendiar más las situaciones de confrontaciones violentas, casi bélicas o bélicas plenas. Pero menos aceptable es que haya gobernantes que se aprovechen de estas situaciones para fomentar la violencia, encubrir otras situaciones internas, problemas del país o los abusos dictatoriales que están cometiendo. Es aprovechar la ira de unos para fomentar mayor violencia e incluso beneficios para el propio país, beneficios personales o persecución directa de la libertad de información de los medios de comunicación del país y, en definitiva, reducir al mínimo la democracia interna.

Quienes tienen que analizar y ponderar estas confrontaciones entre derechos no son las personas o grupos particulares para hacer justicia por su cuenta. Son los jueces quienes tienen que examinar el posible delito de promover la violencia, exigir responsabilidades, ponderar y dictaminar el alcance de cada hecho, y cuándo prevalece un derecho sobre otro y las circunstancias que rodean cada situación. Y, por supuesto, juzgar los actos de violencia cometidos como derecho de manifestación. Ni la violencia ni el asesinato deben quedar impunes sino que deben juzgarse conforme a la legislación vigente del país o internacional. La justicia es otro pilar de la democracia que no debe saltarse sin correr el riesgo de que se produzcan mayores males.

En suma: más que nunca es imprescindible proteger y ampliar en lo posible la libertad de información como algo esencial de la democracia frente a quienes consideran que sus derechos políticos, económicos y sociales están por encima de ella, especialmente cuando esos derechos se ejercen para coartar más las libertades públicas y el control rígido de los grupos y pueblos.