Comunicar y Defender los Derechos Humanos

Vínculos en un escenario de crisis

Con el paso del tiempo y el reconocimiento de derechos asociados con estos temas, la comunicación se reactualiza, cambia y se caracteriza como un medio que ayuda a llevar a cabo transformaciones sociales. Sin embargo, cuando la comunicación se concibe como herramienta de lucha, el Estado se vuelve severo frente a aquéllos que la usan en sus trabajos colectivos encaminados a la organización social y política a favor de la dignidad, la paz y la justicia. Este texto nace en gran parte de experiencias compartidas entre organizaciones sociales, medios y periodistas. Delínea ideas relacionadas con el empleo de la comunicación en la defensa de derechos humanos.

Comunicar y defender los derechos humanos - Foto: Christian Serna / Cuartoscuro.

Por Miguel Concha Malo

I

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció en su artículo 19 el derecho de todas las personas a la libertad de opinión y de expresión, y desde entonces se señaló que este derecho “incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Artículo 19, DUDH). Así, en el proceso de positivización de los derechos humanos, se configuró en un primer momento el derecho de las personas para contar con las garantías necesarias para obtener o generar información, así como para compartirla entre las personas de distintos lugares del mundo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos agregó en su artículo 19 algunas consideraciones que abrieron reflexiones en torno a las limitaciones legítimas, mismas que hoy siguen en debate, sobre todo, por el abuso que de ellas hacen agentes estatales; y estableció las obligaciones de los Estados para con este derecho. Cabe señalar que la libertad de expresión es una condición ineludible para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.

El artículo seis de la Constitución establece: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Asimismo, que “el derecho a la información será garantizado por el Estado.” (Artículo 6, CPEUM). Con ello se establecen las debidas obligaciones que las instituciones del Estado mexicano tienen de promover, proteger, garantizar y respetar el derecho de todas las personas y pueblos a expresarse e informarse, así como a solicitar, producir y difundir información.

En este sentido, la actividad de buscar, producir y difundir información recurrentemente se enmarca en lo que denominamos comunicación. En esta construcción e intercambio de informaciones se dan relaciones que, al menos en el campo de los derechos humanos, generan pesos y contrapesos, sobre todo frente a la crisis de derechos humanos por la que actualmente atraviesa el país. Para diversos espacios dedicados a la defensa de los derechos humanos, las herramientas de la comunicación se han vuelto medios efectivos para expresar sus opiniones sobre las situaciones que violentan los derechos de las personas, pero también para generar procesos de cambio en la manera de percibir y exigir los derechos humanos. Con ellas se busca colaborar en la construcción de una cultura basada en los derechos humanos de todas las personas, colectividades y pueblos. Por otro lado, el ejercicio del periodismo profesional, de investigación, independiente, libre y crítico se ha configurado como uno de los caminos que también ayudan a los esfuerzos colectivos, tanto de organizaciones como de los movimientos sociales y de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, para avanzar en el respeto irrestricto de los mismos.

Por ello, cuando pensamos en comunicar en el campo de los derechos humanos, pensamos en dos actores fundamentales: la labor que realizan defensores de derechos humanos, y el trabajo que hacen periodistas; entendidos estos últimos como aquellos que se ocupan de “recabar, investigar, analizar y difundir información de interés público, independientemente del soporte (oral, textual, gráfico, audiovisual) o el medio específico en que se inscriba su labor (radio, televisión, internet, prensa)”. Así, tenemos que en esta labor, “debe reconocerse su papel [el del periodista] como ciudadano e informador amparado por una legislación encargada de velar por sus derechos humanos” (Rochín del Rincón & Sepúlveda, 2015); entre ellos el de libertad de expresión y el de acceso a la información.

En el caso de defensores de derechos humanos, la labor de acompañamiento y exigencia de los derechos humanos también les configuran como piezas clave en la consolidación de las democracias en el mundo. Su misma labor incluye la de comunicar, expresar e informar: “Los defensores de los derechos humanos investigan casos de vulneración de esos derechos, reúnen información sobre ellos y presentan informes al respecto. Por ejemplo, pueden aplicar estrategias de presión para que sus informes lleguen a la opinión pública en general y a determinados funcionarios políticos y judiciales a fin de que se tenga en cuenta su labor de investigación y se examinen dichas violaciones. Lo más frecuente es que esa labor se lleve a cabo por conducto de las organizaciones de derechos humanos, que publican informes periódicos sobre sus conclusiones. Sin embargo, también puede reunir y difundir información un individuo que se concentre en un caso concreto” (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Este ejercicio de comunicar, tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos, se enmarca en la necesidad de abrir caminos ante autoritarismos, censuras y limitaciones a derechos relacionados con sus labores, que, además, se configuran como violaciones a derechos de otras personas, que de alguna manera verían bloqueada la posibilidad de acceder también a esa información diferente de las versiones del Estado y unilaterales.

II

En México, la labor de defensores y periodistas, tanto para comunicar sobre los derechos humanos como para defenderlos, se ha visto afectada por diversos factores. Entre ellos están, sin duda, las políticas de Estado que limitan, inhiben y sancionan las opiniones diferentes al régimen actual, el disenso y la protesta social. También está la situación de violencia en la que se encuentra el país, donde el crimen organizado ha cobrado tal relevancia que incluso en colusión con agentes del Estado cometen ataques en contra de defensores o periodistas independientes y críticos.

Recientemente, en el informe final de la visita in loco que realizó en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reconocen por lo menos tres actores en el contexto grave de violencia que azota al país: agentes del Estado, crimen organizado y otras figuras como fuentes de violencia. Además, dicho documento recabó información en relación a grupos de seguridad privada y las autodefensas (por ejemplo, en el estado de Michoacán). La CIDH no vaciló en señalar que, en lo que se refiere a agentes del Estado, son principalmente las fuerzas armadas, en un contexto de militarización, uno de los factores que facilitan esta situación de crisis de derechos humanos. Por otro lado, el crimen organizado, en muchos casos vinculado con autoridades de diverso nivel y orden, ha diversificado sus actividades delictivas, y, “aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierten al fenómeno del crimen organizado en la principal fuente de violencia por parte de actores privados en México, que a su vez trae aparejada la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de una respuesta eficaz frente a este problema” (CIDH y OEA, 2015).

La CIDH coincide en que, como ya se ha dicho, la impunidad y corrupción son pilares que sostienen lo que podemos denominar un Estado criminal autoritario (Romero Gallardo, 2014) (Ver nota 1). Pero además debemos decir que éste se configura en gran parte por el desvío del poder recurrente y su colusión con el crimen organizado, para al final encontrarse en una “confusión” entre el crimen y el Estado, desdibujando así las fronteras entre uno y otro.

Este contexto coloca a periodistas y defensores de derechos humanos, dentro de su labores de comunicar y defender, en una situación de vulnerabilidad, pues ya es recurrente que sean objeto de ataques con la finalidad de limitar su campo de acción y de inhibir su decidida participación en los procesos de exigibilidad de derechos y de acompañamiento a casos donde se registran violaciones graves a la dignidad de personas y pueblos. Así pues, “es claro que el crimen organizado no debe ser minimizado como un actor que emplea la violencia para imponer controles férreos sobre la información, pero no puede ser señalado como el único peligro para el trabajo periodístico en los años recientes”; pues en el marco de la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” desatada en 2011, “los elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y los cuerpos policiacos estatales y municipales se pusieron a la cabeza como responsables de agravios a la libertad de expresión”  (Artículo 19, 2012).

III

Con lo dicho hasta aquí, identificamos algunos fundamentos y vínculos entre derechos humanos y comunicación. Asimismo, esbozamos el contexto y los riesgos que enfrentan tanto defensores y periodistas en su trabajo de comunicar. Pero habría que pensar también, a modo de reflexiones finales, en las necesidades e invitaciones que surgen en medio de esta crisis de derechos humanos.

Primero, es importante recoger las recomendaciones que la CIDH hizo respecto a este tema en su Informe, mencionado arriba (Ver nota 2). En dicho documento, señaló que al Estado le corresponde garantizar el pleno acceso a la justicia de las y los defensores de derechos humanos, así como de las y los periodistas, cuando éstos sufran menoscabos a sus derechos, realizando la debida diligencia y absteniéndose de poner impedimentos para investigar y sancionar en el marco de los derechos a la libertad de expresión y a defender derechos humanos. Asimismo, y antes de que se cometan estas violaciones a derechos humanos, mejor sería fortalecer los mecanismos de protección para ambos grupos, sobre todo de prevención, así como reconocer la importante labor que desarrollan en el país. Y también le toca fortalecer su modo de abordar los casos, en relación con ejes transversales como género, multiculturalidad y no discriminación, pues no se puede soslayar que muchos de los ataques tienen mayor impacto en casos que afectan a grupos que históricamente han sido marginados y excluidos.

Sin embargo, las obligaciones del Estado se realizan, en gran medida, en cuanto como grupos organizados exigimos su cumplimiento. Pero igualmente importante es fortalecer los mecanismos de respuesta, acompañamiento y ampliación de capacidades que entre redes de organizaciones y movimientos sociales podemos hacer, con la finalidad de hacer frente a “cercos” que se imponen a quienes se organizan para luchar por sus vidas, derechos, territorios y bienes comunes.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y redes de periodistas intentan todos los días fortalecerse mutuamente con la finalidad de hacer frente a la vorágine de violencia y represión por parte del Estado. Para ello, en diversos momentos, en cercanía con las personas y grupos víctimas de violaciones a derechos humanos, “incorporan una visión estratégica y de sensibilidad, crítica y comprometida con la dignidad y la justicia, además de la destreza técnica, dentro de las organizaciones para crear nuevos significados tanto en los equipos de colaboradores y colaboradoras como en los medios de comunicación e información propios y ajenos” (Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”).

Sin duda, los esfuerzos de medios alternativos de comunicación, apropiados o refuncionalizados por las organizaciones, y los esfuerzos colectivos de trabajo a favor de un periodismo de investigación y análisis, se convierten en pilar fundamental para seguir transformando una realidad injusta y violenta como en la que hoy nos encontramos. Ahora, y en el actual contexto de nuevas tecnologías de la información, también es importante estar alerta ante cualquier intento de control, ya no sólo en las calles, en medio audiovisuales e impresos, sino en internet y todo lo que allí pasa. El proceso de las y los defensores, comunicadores y periodistas se vincula necesariamente con el trabajo por tejer redes a partir de las experiencias y saberes compartidos, con la finalidad de apoyar los trabajos que apuestan por la defensa y conservación de toda forma de vida, que denuncian el autoritarismo y que buscan salir de la crisis de derechos humanos que se nos presenta.

Notas

1.- “Un primer rasgo entonces del Estado criminal es que borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo institucional y lo criminal; peor aún, lo ilegal ocupa lo legal para seguir reproduciéndose… En el Estado criminal, los crímenes de Estado son una constante. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y recurrentes. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también son cotidianas. Activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas comprometidos con la verdad se han vuelto sujetos vulnerables  (Romero Gallardo, 2014).

2.- Puede revisarse en especial el apartado de Recomendaciones en números 60-67.

Referencias

CIDH y OEA. (31 de Diciembre de 2015). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México no. 44. Recuperado el 7 de Abril de 2016, de Organization of American States: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

Artículo 19. (s.f.). Silencio Forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México. Recuperado el 7 de Abril de 2016, de Artículo 19: https://www.ifex.org/mexico/2012/03/20/article19informe2011.pdf

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Folleto informativo no. 29. Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Recuperado el 7 de Abril de 2016, de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf

Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Protocolo de Comunicación, documento interno de trabajo del Grupo de Comunicación. México: Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Rochín del Rincón, J., & Sepúlveda, R. (2015). Una propuesta para la protección legal de los periodistas en México. En J. Rochín del Rincón, & R. Sepúlveda, El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México (Vol. I, págs. 77-78). México, México: CNDH.

Romero Gallardo, R. (2014). México: el capitalismo criminal. Recuperado el 7 de Abril de 2016, de Revista Espacio Crítico: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/revista/recrt21/n21_a03.pdf

Sobre el autor

Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.

Deja una respuesta