Ley Televisa
Caleidoscopio de voces
La aprobación senatorial a la iniciativa para reformar las leyes de radio y TV y de telecomunicaciones representa una claudicación del compromiso social del poder político frente a los privilegios del poder mediático.
Omar Raúl Martínez
Lo que más ofende es la cerrazón y sinrazón para aprobar una propuesta de ley que nunca alcanzó consenso alguno y, peor aún, sí consiguió un sinnúmero de sólidas críticas, opiniones adversas e incluso propuestas para mejorarla.
Absolutamente nada de lo planteado por diversos organismos sociales, centros académicos, asociaciones gremiales y hasta entidades como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue tomado en cuenta por parte de los senadores, pese a que ellos mismos abrieron un foro de consulta supuestamente tendiente a mejorar el diseño del proyecto legislativo. El 74% de los consultados exigieron cambios a fondo e hicieron patentes las desventajas sociales, jurídicas, políticas y de mercado en caso de aprobarse la iniciativa tal y como fue enviada desde la Cámara de Diputados.
No obstante ello, las cabezas senatoriales de las bancadas panista y priísta hicieron oídos sordos. Soslayaron la voz de sectores diversos de la sociedad. De hecho, renunciaron a su primigenio papel de representantes del pueblo; claudicaron en su función de interlocutores sociales y políticos; se sometieron a los intereses y presiones indirectas o potenciales de la industria de la radio y la televisión.
Se privilegiaron los intereses empresariales de las televisoras por encima de las preocupaciones y demandas sociales. Se desoyeron las demandas de los medios públicos y comunitarios, a los que –frente a la búsqueda de sobrevivencia digna y mejoramiento programático– simplemente se les omite para cerrarles el paso y obstaculizarles su futura modernización.
Aunque difícil de comprobar la corrupción económica de los legisladores que avalaron la nueva ley, sí se puede hablar de corrupción moral. Porque ¿cómo interpretar la negativa a incorporar las demandas ciudadanas, académicas, gremiales y del propio Estado o, por lo menos, algunas sugerencias para evitar el soslayo a temas medulares como la concentración mediática o el impulso a los medios públicos?
Crestomatía
Muchas y variopintas fueron las voces que se manifestaron y reflexionaron en torno a la polémica Ley. Para tener una visión más completa y franca sobre el tema, conviene asomarse a las distintas perspectivas críticas publicadas en la prensa nacional:
La aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocidas popularmente como la Ley Televisa, demuestra cómo el Estado ha sido superpuesto por uno de los poderes fácticos: los medios de comunicación electrónica.
Lo ocurrido el 31 de marzo en el Senado –añade Jaime Cárdenas–, no sólo implica a esas leyes, sino a la misma concepción del Estado, pues los poderes formales han sido usados para favorecer a los poderes informales que no rinden cuentas a la sociedad ni han sido elegidos popularmente. Se trata de la destrucción del mismo ‘principio de la soberanía popular, la democracia y el Estado de Derecho.
[…] La Ley Televisa privatiza bienes del dominio público; mercantiliza el espacio radioeléctrico; concentra en pocas manos bienes públicos; no otorga autonomía real a la Cofetel; sustrae de la participación en los procedimientos de concesión respecto de nuevas tecnologías, a los actores que ahora dominan el mercado; privilegia a los concesionarios sobre los permisionados; hace a un lado las voces ciudadanas; no legisla sobre televisión pública, cultural y radio comunitaria; no contempla derechos ciudadanos, como el derecho de réplica; amarra de manos al futuro Presidente, pues Fox hará los nombramientos de los comisionados de la Cofetel; en materia electoral hace del IFE una caja de cobro; permite contra el Cofipe que los candidatos contraten tiempos de radio y TV, y un largo etcétera de fallos y horrores contra la democracia y el Estado de Derecho.1
En materia de radio y televisión –sostiene por su parte Miguel Ángel Granados Chapa–, el presidente Fox no dejará sus funciones el próximo 30 de noviembre. Por interpósitas personas, seguirá gobernando en esa materia hasta dentro de 16 años, en el 2022. De ese modo garantizará a mediano plazo los intereses del duopolio de la televisión y de los grandes grupos radiofónicos, que se aseguraron contra cualquier cambio próximo en los aires políticos e institucionales del país. Quedaron blindados mediante una ley redactada por sus escribanos, cuya aplicación estará a cargo de funcionarios escogidos con esa precisa finalidad.2
La Ley Televisa –asegura Luis Javier Garrido– es contraria al principio constitucional de que la nación debe preservar el control estratégico del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, y el Estado ha de ser el rector y garante del derecho a la información, y tiene un carácter ilegal pues entrega las facultades públicas de otorgar las concesiones a un ente privado, que es presuntamente “autónomo” pero está sometido de hecho a los poderes transnacionales (como es el caso del Banco de México), la Cofetel, que representará los intereses monopólicos de Televisa, los cuales salen fortalecidos al asegurársele al consorcio la dominación del espectro de las telecomunicaciones por muchas décadas. 3
El mensaje que esos senadores [Diego Fernández de Cevallos, Emilio Gamboa Patrón y colegas de sus propios partidos] y su coro enviaron a la ciudadanía fue el siguiente: la opinión pública no cuenta, el Senado no es un órgano de representación popular sino privada y la soberanía nacional se puede regalar sin problema. El complemento de esa decisión corrió por cuenta del Jefe del Ejecutivo: respetuosísimo de la división de poderes y contrario a su costumbre, cerró la boca.
Como en ninguna otra ocasión –agrega René Delgado–, los senadores fueron advertidos por infinidad de voces del agravio que cometían al aprobar, en sus términos, el dictamen de reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones. Especialistas, académicos, diputados distraídos pero arrepentidos, funcionarios comprometidos con el servicio público les dejaron ver el error y con toda atención los oyeron, pero no los escucharon.
Los parlamentarios renunciaron a su deber: no legislaron, nomás ratificaron el error de los diputados argumentando que eso era mejor que nada. Nomás que, en este caso, nada sí es peor, que peor es nada. Primero los diputados y luego los senadores privatizaron su representación popular para aprobar una ley diseñada a la medida de un negocio de particulares.4
¿Por qué esa premura? –se pregunta y responde sin tapujos el columnista Ricardo Alemán– Por una razón elemental. Resulta que está por terminar la actual legislatura, y si la Ley Televisa no se aprueba en ese periodo, se habría agotado el carácter estratégico de uno de los instrumentos fundamentales de la presión que ejerce dicha empresa de medios sobre partidos políticos, políticos profesionales, legisladores y, sobre todo, candidatos presidenciales. Sí, por absurdo e increíble que parezca, una temporada electoral como la que vivimos es el mejor momento para impulsar una reforma a las leyes de radio y televisión.
¿Por qué? Por eso: porque en los actuales tiempos electorales, los partidos políticos y los candidatos a puestos de elección popular, y sobre todo los candidatos presidenciales, están a merced de medios de comunicación electrónica como la TV, en este caso Televisa. ¿Quién de los aspirantes presidenciales, a senadores y diputados se atrevería, en pleno proceso electoral, a cuestionar el carácter parcial y nada social de las reformas, a enfrentarse a esa poderosa empresa? Nadie se atreve, puesto que cualquiera que reniegue de Televisa corre el riesgo de que el imperio de Azcárraga Jean le monte una contracampaña capaz de destruir hasta el más popular de los presidenciables.5
Queda un sabor amargo para todos –apunta Roberto Zamarripa–. La Ley Televisa se tradujo en un sólido golpe a la credibilidad de los políticos y los medios. Es pueril pensar que la complejidad técnica de las reformas hizo inentendible en la población el debate y sus consecuencias.
Lo que sedimenta esta decisión es la percepción del abuso. Un abuso más, otra tomadura de pelo, una confabulación de políticos y empresarios, un enjuague que incluye tontos útiles, timadores, hipócritas, olvidadizos, abusivos y algunos rebeldes retadores.6
La nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones –asienta el escritor Federico Reyes Heroles– es una victoria pírrica para los grandes consorcios, una vergüenza para los legisladores, una sombra de sospecha para los dos partidos con mayor presencia y una oscura mácula en el juicio histórico de Fox. Se trata de uno de esos enjambres de los cuales nadie puede salir victorioso.
[…] Basta con releer los párrafos iniciales de las funciones del órgano regulador para comprender que se le concibió casi como un consejo consultivo. ¿Qué es esto? A la vergüenza de los señores diputados con su histórica aprobación en el más veloz fast track del que se tenga memoria, habrá que sumar la también histórica sesión donde la consigna fue no modificar una sola coma para no volver a abrir la discusión. Vergüenzas todas.7
Parafraseando a Neruda –reflexiona con tino el politólogo Lorenzo Meyer–, hoy se podrían escribir las líneas más tristes sobre la sustancia de nuestro sistema político. Y este ánimo sombrío nace de la reflexión en torno a las implicaciones, las razones y las reformas en que se llevó a cabo el proceso de elaboración y aprobación en el Congreso de la llamada Ley Televisa. Este proceso iniciado hace cuatro años, y encaminado a modificar el viejo marco jurídico que regula una de las actividades que más ha marcado el carácter de nuestra sociedad al final del siglo pasado e inicio del actual –la comunicación instantánea y la difusión masiva de la información–, revela, como pocas veces, la esencia de la actual estructura política mexicana. Esencia que finalmente resulta muy similar a la del antiguo régimen: francamente plutocrática, contraria al interés mayoritario y que refuerza una desigualdad social tan profunda como centenaria.
[…] En este caso, el proceso político culminó con el triunfo absoluto y diáfano de los intereses de un poderoso duopolio televisivo sobre los de la mayoría consumidora y de la nación. El objetivo sustancial de esta reforma, que fue elaborada por los asesores de la mayor cadena de televisión, no es “el bien común” sino asegurar la posición privilegiada de las dos grandes cadenas privadas televisivas ante un futuro inmediato al que las elecciones hacen muy impredecible. El proceso que tuvo lugar en México en torno a la legislación sobre televisión, radio y telecomunicaciones permite, en el estilo de los que se usan en la escuela de negocios de Harvard, que se le pueda emplear como un perfecto “caso de estudio” sobre la naturaleza de la política de los grupos de presión en situaciones de debilidad del Estado.8
Esta reforma –plantea Alberto Azíz Nassif– es altamente sospechosa. Llegó a la Cámara de Diputados y en dos días, con la dispensa de todos los trámites, se aprobó por unanimidad. Los diputados ni siquiera leyeron, no entendieron de qué se trataba; esa es la diferencia con el Senado, que durante varios meses realizó foros, consultas y seminarios de análisis, lo cual no sirvió, pues no se incorporó absolutamente nada de todas las propuestas que se hicieron. Pobre país con esos procedimientos legislativos en donde no hay la más mínima autonomía para legislar, porque los intereses dominantes del sector marcan la pauta, elaboran el guión, mueven los hilos y le piden a los legisladores que sólo levanten la mano o pulsen el botón para aprobar su proyecto.
Esos senadores que se negaron a incorporar las críticas y demandas de la sociedad y del mismo gobierno, de la Cofetel, la Cofeco, el IFE, el Imer, Canal 11, Radio Educación, Radio UNAM, y de todos los que agrupan en la Red de Radiodifusores Culturales y Comunitarios; de sindicatos, periodistas, analistas, expertos y estudiosos; esos senadores y senadoras, esos diputados y diputadas, que ni siquiera leyeron para enterarse qué votaron, no merecen ningún respeto de la ciudadanía; por eso terminarán su legislatura en el desprestigio. Eran más dignos con la parálisis de los últimos años.
Parece que ahora sólo queda la lucha ciudadana, la organización de la sociedad, la protesta, porque una vez más la clase política ha fallado. 9
Notas
1) Jaime Cárdenas, “Poderes fácticos contra el Estado”, El Financiero, 4 de abril de 2006.
2) Miguel Angel Granados Chapa, “Blindaje a los potentados”, Proceso, 2 de abril de 2006.
3) Luis Javier Garrido, “El doblegamiento”, La Jornada, 31 de marzo de 2006.
4) René Delgado, “La privatización de la política”, Reforma, 1 de abril de 2006.
5) Ricardo Alemán, “Televisa, el albazo”, El Universal, 20 de marzo de 2006.
6) Roberto Zamarripa, “XE-despojo”, Reforma, 3 de abril de 2006.
7) Federico Reyes Heroles, “Veto”, Reforma, 4 de abril de 2006.
8) Lorenzo Meyer, “Poco representativa pero muy plutocrática”, Reforma, 6 de abril de 2006.
9) Alberto Azíz Nassif, “Que Fox vete la ley”, El Universal, 4 de abril de 2006.
