Todo pasa y no pasa nada

La política en tacones
Pilar Ramírez

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, al pronunciarse sobre el caso del incendio de la guardería ABC, hizo suyo un reclamo ciudadano que no es exclusivo del caso que analiza esa dependencia: justicia. “No basta el pésame, se necesita justicia” dijo Zaldívar al proponer un señalamiento de responsabilidades desde el punto de vista ético, moral y político en contra de los funcionarios responsables. Independientemente de que su propuesta no encontró eco en ocho de los once magistrados, será suficiente con que la Suprema Corte señale con claridad si hubo o no violaciones a las garantías y quiénes son responsables de ello. De los argumentos del ministro Zaldívar es fundamental rescatar que “los 49 niños fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo”.

El ministro no sólo da fuerza a su argumentación sobre la necesidad de hacer justicia sino que hace una distinción teórica sobre el papel del Estado como regulador de la vida social, lo cual involucra a los tres poderes, es decir, debe quedar claro que la omisión o negligencia de los funcionarios gubernamentales debe ser asociada con un deber superior, queda implícito entonces que ello incluye también a las instituciones encargadas de impartir justicia, como la propia SCJN.

Los padres de familia de cada uno de los niños fallecidos, tanto como los pequeños afectados que cargarán toda su vida con la huella del accidente, no esperan esa disertación conceptual, que no deja de ser relevante y pertinente, sino un pronunciamiento que le ponga nombre y apellidos a los responsables de la muerte y las afectaciones de sus hijos. Como dijo el mismo Zaldívar, el fallo debe “enviar un mensaje claro a la sociedad de que nuestro país debe dejar de ser un lugar donde pasa todo y no pasa nada”.

En efecto, la construcción de ciudadanía debe pasar por el proceso de desaprender los pésimos hábitos que nos ha enseñado la política nacional hasta llegar a tomar como natural que el responsable de la agresión inconstitucional a una periodista por hacer su trabajo pueda seguir al frente de un gobierno estatal como si nunca hubiera atentado contra las garantías de una ciudadana y contra la libertad de expresión. Los padres de los jóvenes asesinados en un centro contra las adicciones también quieren algo más que el pésame o la disculpa, quieren tras las rejas a los responsables de haber arrebatado esas vidas.

A las madres de los jóvenes alumnos del Tecnológico de Monterrey no les basta el pésame y ser las invitadas de honor en un acto político donde se promete una lucha sin cuartel contra la delincuencia, mientras los días, las semanas y los meses van convirtiendo la promesa en demagogia, al sumar el desencanto al dolor de haber perdido a un hijo.

La ciudadanía no quiere un silencio cómplice cuando nuestros connacionales pagan con sus vidas la ola discriminatoria que levantó la ley SB1070, quiere una actitud digna del gobierno que lo representa en la exigencia de justicia para hacerse acreedor al mérito de ocupar ese cargo. Las sospechas sobre el uso indebido de recursos y del poder no se diluyen con dictámenes de comisiones que nunca encuentran culpabilidad cuando se trata de personajes con apellidos prominentes en la más alta esfera del poder.

La sociedad no debería acostumbrarse a ahogar el reclamo de justicia cuando los abusos provienen de instituciones que no están habituadas al escrutinio público, las familias y la ciudadanía desean informes creíbles y justos de las muertes de civiles en las que han estado involucrados militares. Las explicaciones de los asesinatos accidentales ya no alcanzan para conjurar la descomunal decepción que nos invade. El deslinde del Vaticano de los curas pederastas no resarce suficiente a sus víctimas, es preciso que en nuestro país el castigo a los responsables de este delito no se pierda en tecnicismos jurídicos ni en espera de que mueran para sólo lamentar no haberles aplicado la ley y, una vez más, comprobar que ésta no es la misma para todos.

No queremos más Ernestinas Ascencio, ni más niñas violadas y asesinadas como Jennifer García, ni verificar cómo a medida que crece el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el Estado de México y otros lugares decrece irremediablemente la esperanza de que los asesinatos se aclaren, no más “Jefes” Diego que un día llenan los medios y al siguiente caen en el olvido, no más Fernandos Martí ni Silvias Vargas, porque es así, con el dato duro de la multiplicación de casos que se pierden en la cloaca de la injusticia, que transitamos de la sospecha oscura a la certeza de complicidades inconfesables por parte de una autoridad que no quiere, no puede o no se decide a hacer lo que aconseja el ministro Arturo Zaldívar: dejar de ser el lugar donde todo pasa y no pasa nada.

Periodista y colaboradora de la RMC

El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:

Ramírez, Pilar, «Todo pasa y no pasa nada« en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
México, junio, 2010.
Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/politica.htm
Fecha de consulta 17 de junio de 2010.