Vicios privados, ¿virtudes públicas?

La política en tacones

Fotografía: "Top Gear in the UK" por Rakka @ Flickr

Por Pilar Ramírez

El reciente despido de Carmen Aristegui de la empresa MVS y el roce que se produjo entre los gobiernos mexicano e inglés a raíz del programa Top Gear, que difunde la radiodifusora pública BBC, donde, en tono de broma se vertieron comentarios racistas contra México, deberían poner a debate, una vez más, porque nunca ha sido suficiente, el tema de los medios públicos.

Los medios privados solían ser espacios de mayor privilegio en el plano informativo, mientras que los medios del Estado no han alcanzado ese status, apenas han logrado ser medios gubernamentales, pues en ellos la información no se concibe como bien público. En contraparte, los medios públicos han tenido un panorama más amplio en el manejo de contenidos dentro de la programación, cuyos objetivos educativos y culturales rebasan con mucho el carácter sensacionalista, la apuesta por el humor pedestre, la repetición de fórmulas y la ausencia absoluta de una combinación aceptable entre imaginación e inteligencia para ofrecer contenidos por parte de las cadenas comerciales aunque con problemas de producción y de acceso a los equipos técnicos más vanguardistas. Triste paradoja que pone a disposición de los medios privados recursos millonarios y los mejores equipos para imponer a sus audiencias hábitos de entretenimiento con producciones de impecable factura técnica y lamentable nivel de calidad en contenidos.

En el aspecto informativo este paradigma se está trastocando de manera violenta. La existencia de intereses mutuos entre el poder y los medios privados que repercuten en las características de los productos que recibe el público siempre han sido percibidos, es decir, la sospecha de que hay información o temas proscritos porque pueden afectar a la esfera del poder ha estado presente en forma permanente, pero se modifica radicalmente cuando se traspasa la línea que da certeza a esa percepción y se muestra en forma obvia, como en el caso de la censura que ejerció la empresa MVS. Cuando el poder hace uso de su capacidad de presión para manipular en forma evidente la información de los medios privados, no sólo se vive como un retroceso sino que coloca mucho más lejos en el horizonte la posibilidad de contar con medios públicos vinculados a procesos democratizantes por la vía del derecho a la información.

Por lo que hace a otro tipo de producciones, el programa Top Gear, hoy famoso en México por los comentarios ofensivos a la cultura nacional que externaron los conductores, es, con independencia de este incidente, un buen ejemplo de los riesgos que deben tomar los medios públicos para hacer programas exitosos y atractivos que puedan garantizar la viabilidad de los medios públicos. Top Gear es un programa sobre automóviles, de corte humorístico, con más de 15 temporadas, que ha alcanzado audiencias de 350 millones de personas en todo el mundo, mientras que la transmisión del programa semanal tiene cerca de ocho millones de espectadores en Gran Bretaña.

Apuntar a lograr programas exitosos y autofinanciables que además generen recursos para otras producciones no es la única vía, pues ello no soluciona la atmósfera de gratuidad que parece obligada en los medios públicos. Las propias dependencias gubernamentales perciben como natural que una cadena televisiva venda sus espacios a precios que alcanza más del millón y medio de pesos por minuto en el noticiario estelar nocturno, pero cuando pretenden realizar producciones o coproducciones con medios públicos también consideran “natural” exigir servicios de realización y difusión sin costo. Es preciso revalorar el carácter de servicio público que tienen los medios estatales y recordar que se trata de un medio costoso, que los contenidos culturales no son sinónimo de barato y que ese binomio es catastrófico para ganar audiencias..

Por otra parte, persiste un gran pendiente en el status jurídico y de operación de estos medios que permita vincular los conceptos de acceso a la información y derecho a la información. Esto sólo será posible cuando los medios públicos vean reflejada su utilidad social en un estatuto operativo que reduzca su dependencia de un solo poder, reciban asignaciones presupuestales que garanticen su funcionamiento ―lo cual resulta importante de cara al cambio digital― y abran nuevos procesos de participación social que les devuelvan credibilidad ante sus audiencias. Entonces, y sólo entonces, los medios públicos podrán incursionar en el ámbito informativo con posibilidades reales de competir y ¿por qué no? de atender los grandes vacíos que hoy tiene la información en los medios comerciales. Contribuirían así a restaurar en parte la orfandad informativa que padece actualmente la ciudadanía.

ramirez.pilar@gmail.com