Indicadores periodísticos
Documentos oficiales, periodistas y leyes
Daniel Lizárraga
Reportero de la revista Proceso
El contar con expedientes, documentos y datos, no sólo oficiales sino además avalados por el gobierno para atender los requerimientos de información, permite dejar atrás las filtraciones, las versiones off de record, las fotocopias de documentos secretos que no se aprecian bien o, peor aún, que sean falsos.
La ruta a seguir, lo que se debe olfatear adecuadamente como reportero, es el rastro que va dejando el uso de los recursos públicos y la utilización de las leyes de transparencia. Ésta es una alternativa para retirar los obstáculos que se presenten en el camino.
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) es una organización no gubernamental de la India que obtuvo las listas de asistencia social de la paga por trabajos comunitarios y de obras públicas supuestamente ejecutadas en Ammer. Y digo supuestamente ya que al cotejar los datos oficiales con la realidad, recorriendo a pie esa pequeña comunidad, se evidenció un entramado de corrupción que sacudió a su gobierno. La comprobación sin matices de cómo algunos de sus funcionarios se llenaron los bolsillos de rupias, se ha sabido ya en buena parte del mundo.
A través de un video filmado en el año 2000, esa organización coordinada por Aruna Roy –quien ha salido al extranjero exponiendo esa inédita historia por su concepción– muestra nítidamente cómo descubrieron el esqueleto de un desvío de recursos públicos. Su concepto de auditoría social es una cirugía a corazón dentro de cualquier régimen, sin importar la tendencia ideológica.
Algunos de sus hallazgos fueron los siguientes: un Dharamsala –lugar para el reposo de viajeros– que costó 50 mil rupias, cuyas paredes se pueden arrancar con las manos debido a la pésima calidad de los materiales; personas que trabajaron durante un mes sin recibir un solo centavo aunque en los registros oficiales aparecen con pagos completos y puntuales; retretes que nunca se colocaron en las casas; cemento y ladrillos que jamás llegaron a las familias anotadas, y pensiones por viudez cobradas pero que las mujeres jamás han visto.
Pero quizá lo más impactante de ese video, recientemente proyectado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es cuando muestran el expediente completo de la construcción de un canal en el pueblo de Lassani, el cual simplemente no existe.
Las autoridades supuestamente gastaron unas 80 mil rupias en el proyecto. Compraron 78 carretillas de piedra, 18 carretillas de arena, 16 carretillas de grava y 40 carretillas de cemento. Reunidos en una plaza, los lugareños convocados ahí por la MKSS dicen que nunca vieron entrar esos materiales al pueblo.
Kesar Singh Macan Singh es el nombre de un anciano al que supuestamente le pagaron por alquilar sus bueyes y una carreta para la construcción del canal. “Esto es una fabricación”, grita éste desde el micrófono luego de advertir que en las fechas que se habría construido el canal él no estaba en el pueblo. Los bueyes y la carreta los perdió hace 16 años.
Esta experiencia puede repetirse en cualquier país, sobre todo en naciones como México, en donde hay millones de pobres, una clase política voraz cuando se trata de recursos públicos y la urgencia de contar con programas sociales.
En nuestro país hay condiciones para aplicar estas auditorías sociales por parte de las organizaciones no gubernamentales. El priato se fue sin rendir cuentas. El nuevo gobierno panista lucha por sacudirse sin éxito las prácticas discrecionales en el uso del erario. Tenemos funcionarios dispuestos al derroche –véase a los diputados repartirse el dinero público– y contamos con una Ley Federal de Transparencia. ¿Pero de qué manera podemos los medios de comunicación usar esa experiencia de la India? Como periodistas profesionales no podemos transformarnos en activistas. Quizá la respuesta sea crear indicadores periodísticos.
Trabajo en equipo
En México existen diversos programas sociales con millones de pesos en circulación como lo es, sólo por citar un ejemplo, el Procampo. Habría que diseñar un modelo periodístico que permita auditar la aplicación de esos recursos públicos en comunidades donde se sospeche que haya manejos irregulares del erario.
Esto tal vez pueda sonar demasiado ambicioso, pero no lo es si se planea adecuadamente dentro de cada medio de comunicación. Se necesita trabajar en equipo: reporteros preparados en esos temas y, desde luego, jefes dispuestos a ver más allá de la coyuntura para ofrecer productos más atractivos y diferentes a sus lectores y audiencias.
Existen otros tipos de fuentes que pueden explotarse bajo el mismo concepto. Por ejemplo: qué pasaría si algún reportero consigue o, aún más sencillo, tiene acceso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sobre muertes de pacientes por negligencias médicas. Y después busca a las personas y familias afectadas para que apoyen en la elaboración de solicitudes de acceso a la información, a fin de averiguar quién fue el responsable de dejarle unas pinzas en el estómago a un paciente.
Los medios de comunicación fueron de los principales impulsores de la Ley Federal de Transparencia. Durante los últimos años, poco a poco, el uso de esta herramienta ha ido valorándose dentro de las redacciones. Hoy día es posible enterarse cómo se gasta el dinero un secretario de Estado o la bancada de cualquier partido en la Cámara de Diputados.
No obstante, es necesario dar un paso hacia delante: diseñar investigaciones a mediano plazo y, además, crear esos indicadores periodísticos que arrojen luz a las personas sobre cómo se usa su dinero y de qué manera cumplen con su trabajo los servidores públicos.
¿Cuál es entonces el papel de los medios de comunicación y de los reporteros? ¿En esto existe una responsabilidad social o sólo se trata de una novedosa herramienta de trabajo?
Quizás al responderse esas preguntas, se pueda encontrar el sitio en el que convergen las leyes de transparencia y el periodismo.
Los reporteros rastrean de qué manera sus funcionarios utilizan los recursos públicos, cómo se tomaron decisiones sobre asuntos relevantes y hasta qué punto los funcionarios han cumplido con sus responsabilidades para las cuales fueron electos, además de posibles casos de corrupción.
En este tipo de investigaciones es donde los profesionales de la comunicación pueden aprovechar las ventajas que otorgan las leyes de transparencia.
La Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, pone los siguientes requisitos para premiar algún trabajo o considerarlo en sus convocatorias: calidad narrativa, investigación original, tratamiento de la información a profundidad y valores éticos reflejados en el trabajo.
En dos de estos cuatro puntos, investigación original y tratamiento de información a profundidad, se abre la posibilidad de proyectar peticiones al gobierno mediante las leyes de transparencia.
Las solicitudes de acceso a la información no son la pócima para concretar investigaciones exitosas. Eso sería meternos en un debate sin salida. Atorarnos aquí sería tanto como instalarnos cómodamente en las redacciones esperando a que los funcionarios respondan a nuestras solicitudes.
Saber interpretar
La utilización de las leyes de transparencia puede ser el inicio, la columna vertebral o la conclusión de un texto. Y aquí es donde precisamente encierra su valor.
El contar con expedientes, documentos y datos, no sólo oficiales sino además avalados por el gobierno para atender los requerimientos de información, permite dejar atrás las filtraciones, las versiones off de record, las fotocopias de documentos secretos que no se aprecian bien o, peor aún, que sean falsos.
Lo que al final se obtiene con este tipo de información, emanada de las instancias oficiales, es contundencia y veracidad en los textos. El acceso a expedientes clasificados como secretos por el gobierno, siempre será una atractiva fuente inagotable de reportajes.
Por ejemplo, esos documentos o expedientes encajonados en alguna gaveta o escondidos en alguna computadora puede ser el inicio de una larga investigación, la guía sobre la cual tejer un reportaje o la pieza que faltaba para comprobar una hipótesis de trabajo. Allí precisamente está el trabajo hecho en la India.
Pero para obtener esa información oficial no basta con arrancarle al gobierno ese documento que no estaba dispuesto a ponerlo en manos de un reportero. El trabajo extra está en saberlos interpretar, ya que a menudo se trata de papeles elaborados por especialistas en finanzas, auditorías y abogados.
Tal situación exige que los periodistas estén mejor capacitados para entenderlos. Quizá lo que estábamos buscando sea a final de cuentas lo que menos relevancia periodística tenga el expediente en nuestras manos y, en ese sentido, corremos el riesgo de no percatarnos de ello.
A menudo sucede que cuando un contador público o un auditor nos explica qué problemas ve, por ejemplo, en una licitación pública, los ojos de los reporteros normalmente se agrandan: atienden con sorpresa qué cosas no fuimos capaces de ver.
Aun en estos casos, en los cuales se requiere el apoyo de especialistas –asunto nada desdeñable– hay un valor periodístico incalculable. Es decir: ese expediente es la prueba de cómo se torcieron las leyes para fraguar un jugoso negocio entre servidores públicos y empresarios.
La ruta a seguir, lo que se debe olfatear adecuadamente como reportero, es el rastro que va dejando el uso de los recursos públicos y la utilización de las leyes de transparencia. Ésta es una alternativa para retirar los obstáculos que se presenten en el camino.
En los países en donde existen leyes de transparencia, saber plantear las peticiones de información se ha convertido en un elemento importante de este rompecabezas, ya que en cualquier parte del mundo hay una resistencia natural en los servidores públicos para no entregar lo que se les pide.
Saberlo hacer depende del diseño propio de cada norma y la circunstancia del país en donde se aplica. La tarea de los reporteros y los medios de comunicación no es construirnos un muro de lamentaciones para acusar al gobierno de no proporcionarnos los datos que necesitamos, sino buscar la manera de denunciar públicamente esas resistencias oficiales cuando carezcan de fundamento. Pero también hay que encontrar la ruta para llegar hasta el documento que necesitamos. Ahí va de por medio la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:
Lizárraga, Daniel, «Indicadores periodísticos», en Revista
Mexicana de Comunicación, Num. 105, mayo / junio 2007, 30 – 31 pp.
