Agravios a periodistas mexicanos durante el primer bienio zedillista.
- Peligros del quehacer periodístico.
- Informes sobre libertad de expresión en México.
«Fotografía». Silvia L. Paglioni @ Flickr
Por Omar Raúl Martínez/Verónica Trinidad Martínez
Publicado originalmente en RMC 49.
Más allá de contenerse, la escalada contra el quehacer de los periodistas mexicanos va en ascenso. Por lo menos, eso es lo que revela un estudio hemerográfico que realizó la Fundación Manuel Buendía (FMB) sobre agravios a informadores durante el primer bienio del sexenio actual.
Si bien es cierto que se redujo sustancialmente la cifra de asesinatos (6) en relación al mismo periodo del sexenio anterior1 (19), no puede soslayarse que proporcionalmente aumentó el número de casos en un 37%. En otras palabras: mientras que en un lapso de dos años del gobierno de Carlos Salinas se registraron en promedio 173 actos contra el gremio periodístico, en los dos primeros de la presente administración se consignaron 240.2 De esa forma, puede calcularse que ocurrió una agresión cada tres días. Pareciera, en suma, que se evitaron las medidas extremas (es decir, los homicidios), pero a cambio se intensificó la regularidad y número de los agravios.
Muertes
Como antes se dijo, el seguimiento hemerográfico arrojó el dato de seis periodistas ultimados en el periodo referido: Roberto Rangel Torres, Ruperto Armenta, Dante Espartaco Cortés, Ignacio Hernández Ram¡rez, Ezequiel Valencia García y Edgar Masón Villalobos.3 Según las fuentes, los tres primeros perdieron la vida por razones aparentemente vinculadas al oficio informativo, los dos siguientes fueron asesinados por motivos que se desconocen, y respecto del último se carece de información suficiente.
Hechos y oficios
De acuerdo con el análisis de datos, los actos de intimidación y hostigamiento, con 31%, y las agresiones tanto físicas como verbales y atentados, con 30%, constituyeron los incidentes que con mayor frecuencia padecieron los informadores. En orden decreciente también se enfrentaron a demandas4 (13%), detenciones (5%), secuestros (5%), allanamientos y tomas de medios (5%) obstaculizaciones al quehacer reporteril (5%), y asesinatos (3%), entre otros de menor cuantía.
En tales eventualidades, como siempre, los reporteros continuaron siendo el sector más agraviado al sumar 28% de las incidencias; y le siguieron los fotorreporteros (13%), periodistas cuya especialidad no fue identificada (13%), directores de medios (11%), corresponsales (8%), columnistas y articulistas (8%), y con porcentajes menores se registraron agresiones a conductores o locutores (5%) y editores (3%).
Como puede advertirse, la procedencia de los informadores agredidos se concentró fundamentalmente en la prensa con 61% de los casos consignados al englobarse a periódicos (51%), revistas (6%) y semanarios (4%). En contraste, los medios electrónicos alcanzaron un total de 19%, aunque sin considerar -al igual que con el rubro de la prensa- la posible adición de escasos puntos porcentuales por la ambigüedad de los apartados «otros», «diversos» y «la fuente no lo indica».
Motivos y responsables
Indefectiblemente, y para no perder la costumbre, la mayor parte de los móviles se agruparon en torno a la difusión de trabajos periodísticos (sean informativos o de opinión) y al intento de la cobertura noticiosa. De tal suerte, las causas referidas a información publicada (sumando contenidos, denuncias, posibles contenidos, críticas y posibles denuncias)5 representaron un 46% de los 240 casos. Las agresiones ocurridas al momento de procurar ejercer el oficio reporteril alcanzaron un 27%, en tanto que las sucedidas por la divulgación de supuestas difamaciones tuvo una recurrencia del 10%.
Ahora, por lo que concierne a los presuntos autores de tan numerosos amagos al trabajo informativo, el 33% fueron identificados como miembros de las fuerzas del orden;6 el 24% pudieron reconocerse como funcionarios de gobierno -por lo general de mediana o baja jerarquía- y entidades gubernamentales7 a título institucional; un 10% se detectaron como simpatizantes, miembros o representantes de organizaciones sociales; un 8% no pudo ser identificado; y en otro 8% la fuente omitió el dato.
Vale resaltar que de los 240 hechos examinados, el 57% correspondió a agresiones, amenazas, actos de hostigamiento e interferencias a periodistas de manera individual; un 13% se centró en demandas a informadores y medios; otro 13% fueron amagos a espacios o medios; un 11% apuntó a perjuicios colectivos a comunicadores; un 3% contempló agresiones a empleados; y un 2% resultaron ser afrentas grupales a trabajadores ajenos al oficio informativo.
En lo relativo a los estados donde se cometieron los actos contra los periodistas, el Distrito Federal -toda vez que las fuentes hemerográficas son capitalinas- concentró el 31% del total;8 y en orden descendente le siguen: Tabasco (10%), Tamaulipas (8%), Guerrero (6%), Chiapas (5%); así como Oaxaca, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, cada uno con 4%; y Guanajuato, Chihuahua y Michoacán, cada cual con 3% de incidencias.
El análisis hemerográfico del primer bienio zedillista desarrollado por la FMB constituye apenas un acercamiento a la realidad que vive un importante sector del gremio periodístico al verse perseguido, amenazado o reprimido como consecuencia del desempeño de sus funciones. Una tarea de tal índole significa sólo un primer paso en la lucha contra quienes encarnan la intolerancia en su acepción más primitiva. Falta la suma de voluntades solidarias con objeto de constituir un frente organizado y reaccionar cuando se atente contra el ejercicio responsable del periodismo. Finalmente, la libertad de expresión no sólo es de quien la trabaja, sino también de quien la defiende.
POR RAZONES DE ESPACIO SE OMITEN LAS GRÁFICAS AQUÍ REFERIDAS. SI DESEA CONSULTARLAS PUEDE RECURRIR A LA EDICIÓN ORIGINAL DE REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN No.49 JUNIO-JULIO 1997
NOTAS
1) Véase Martínez, Omar Raúl; Barrera, Juan Antonio; N. Perafán, Fabiola; y Martínez, Verónica. «Un periodo sombr¡ío para el periodismo mexicano. Medio millar de agresiones a periodistas durante el sexenio de CSG». RMC 40, Mayo-julio de 1995. pp. 6-10.
2) Es preciso señalar que en la lista que se publica a partir de la página 28 de este número de RMC, particularmente se presentan los casos de periodistas. Los actos relativos a empleados de los medios (12) no se reproducen en dicho listado por razones de espacio, pero si se consideraron para el presente análisis habida cuenta que se vinculan con la difusión del trabajo periodístico (por ejemplo, voceadores intimidados o golpeados, camarógrafos agredidos, etcétera).
3) Vale la pena resaltar que se quedaron fuera de esa lista negra los casos de Fernando Balderas (15/dic/96) y Francisco Morales Cervantes (19/ago/95), pues el primero -al momento de su asesinato- ya no ejercía el periodismo, y el segundo era un velador del periódico Pagina Regional de Puebla, que fue ultimado por robo. En ese sentido, también resulta importante referir que los casos sin mayores implicaciones que las del robo (39), tampoco se contabilizaron por ser evidentemente ajenos al oficio periodístico. Es decir, tales asaltos los sufrieron en su calidad de ciudadanos y no de profesionales de la información. Al respecto, la FMB halló siete casos cuyos móviles, de acuerdo con las fuentes, indudablemente eran de carácter extraperiodístico, razón por la cual se descartaron del presente estudio. La mayor parte de los agravios consignados tienen o pueden tener vinculaciones de carácter profesional.
4) Nunca antes como en el bienio examinado se había presentado un número de demandas tan alto contra periodistas y medios (32). El dato convoca a reflexiones más rofundas, pero en primera instancia se advierte como una vía para inhibir el trabajo periodístico. Otro asunto que se relaciona indirectamente con el de las demandas, es la práctica que tanto jueces como ministerios públicos comienzan a imponer a varios reporteros y medios para que revelen la identidad de sus fuentes en que sustentan sus trabajos. Tal aspecto también resulta inhibitorio para la investigación periodística.
5) Se decidió hacer esa clasificación para ser más precisos en el manejo de la información, ya que casi nunca se aportan informaciones sustentadas.
6) Aquí se están sumando dos apartados: fuerzas del orden, con 20%, y funcionarios de dependencias policiacas, con 13%. Se hace tal clasificación con objeto de ser más puntuales.
7) Se sumaron Instituciones de gobierno con 7%, y funcionarios de gobierno con 17%.
8) Esta cifra puede resultar un tanto engañosa habida cuenta el avasallante centralismo y el descuido hacia la información regional por parte de los medios capitalinos.
