Caso Buendía

• La muerte de Buendía; un caso lleno de irregularidades.
• El gobierno mexicano, lejos de proteger a los periodistas.

Manuel Buendía – Foto: Archivo FMB

Si la Ley Federal de Acceso a la Información Pública  va en serio, y si la plomería documental de la policía política no ha sido rasurada en exceso para proteger a altos personajes del poder, y si se tiene la paciencia y la  escrupulosidad para escarbar  y detectar indicios de presuntas o seguras responsabilidades en los anaqueles de la DFS entregados al Archivo General de la Nación, entonces podría  reforzarse la exigencia de reabrir el Caso Buendía.

Por Omar Raúl Martínez

Publicado originalmente en RMC 76

Tras la publicación en el Diario Oficial  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocurrió un hecho de singular relevancia que pudiera  arrojar algunas luces sobre casos políticos oficialmente cerrados pero cubiertos bajo un velo de enturbiamiento e incredulidad, como lo ha significado el asesinato del columnista Manuel Buendía: el pasado 18 de junio, el Gobierno Mexicano entregó al Archivo General de la Nación las fichas de la Dirección  Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas de la Secretaría de  Gobernación, que funcionaron desde fines de los años cuarenta hasta la segunda mitad de los ochenta.1

La decisión gubernamental tiene un alto valor político, pues supone la aparente voluntad de airear los sótanos del poder  príista; pero además porque, como se recordará, el periodista michoacano fue asesinado el 30 de mayo de 1984, justamente  por  órdenes del titular de la DFS, de acuerdo con los resultados de las pesquisas oficiales concluidas en 1989 enmedio de un alud de interrogantes.

La historia y las dudas 

Luego de poco más de tres años de investigaciones judiciales llenas de irregularidades y omisiones, se nombra a Miguel Ángel García Domínguez como fiscal especial para el caso Buendía, quien emprende la tarea de desatar la encrucijada política y policiaca con la formulación de  298 hipótesis de autores intelectuales. El 11 de junio de 1989, la Procuraduría General de Justicia del DF halla a José Antonio Zorrilla Pérez (JAZP)  como probable autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía y del funcionario José Luis Esqueda Gutiérrez, por el conocimiento que  ambos tenían sobre sus nexos con narcotraficantes y que temía se hicieran públicos. El juez trigésimo cuarto penal  solicita, por ende, la orden de aprehensión contra JAZP .

Dos días después, el inculpado se entrega en su residencia tras un tiroteo sin consecuencias con agentes de la Policía Judicial que buscan aprehenderlo. De los largos interrogatorios –cuya duración fue de más de 26 horas– a que es sometido Zorrilla  nada se da a conocer a los medios informativos, razón por la cual comienza a tejerse un mar de suspicacias sobre las probables implicaciones de quienes fueran los jefes inmediatos del autor intelectual: el entonces Presidente  Miguel de la Madrid y el secretario de Gobernación  Manuel Bartlett Díaz. Es tal la presión de la opinión pública nacional que la Comisión Permanente del Congreso se ve en la necesidad de rechazar se gire una cita a ambos personajes para que declaren en torno al caso.

El 20 del mismo mes se logra la detención del presunto asesino material, Juan Rafael Moro Avila Camacho, agente judicial y actor, nieto del político Maximino Ávila Camacho.

Aparte de Zorrilla y Moro son consignados por homicidio calificado con premeditación, alevosia y ventaja, los excomandantes de la DFS Raúl Carmona y Juventino Prado, así como la exagente Sofía Marizia Naya Suárez. El subdirector de la misma DFS, Alberto Mario Estrella, por su lado, es juzgado por el asesinato de José Luis Esqueda, investigador político de la Secretaria de Gobernación, quien al igual que Buendía poseía pruebas de la participación de JAZP en el narcotráfico.

Así, pues, de acuerdo con las pesquisas de las autoridades judiciales, sobre el extitular de la Dirección Federal de Seguridad pesan los cargos de asesinato como autor intelectual, obstrucción a la justicia y abuso de funciones, responsable de presuntos delitos contra la salud, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y enriquecimiento ilicito. Según la Procuraduría General de Justicia del DF, la fortuna de Zorrilla ascendía a 100 mil millones de (viejos) pesos, entre lujosas propiedades y efectivo, cifra imposible de justificar con sus ingresos como servidor público.

Las averiguaciones revelaron que JAZP entró en contacto con el narcotraficante Rafael Caro Quintero  en un lienzo charro y que a partir de entonces, los hombres del capo contaron con credenciales de la DFS para movilizarse sin obstáculos. Por tal protección el funcionario mensualmente recibía, en un portafolios, entre tres y cuatro millones de pesos.  José Luis Esqueda supo de esas relaciones y, para proteger su vida, informó de ello al autor de “Red Privada”. Manuel Buendía en dos ocasiones habló por teléfono al respecto con el propio Zorrilla y grabó las llamadas. Sin embargo, las cintas fueron desaparecidas por los agentes de la DFS cuando requisaron varios documentos y materiales de la oficina del columnista aquella noche del 30 de mayo de 1984.

Más de tres años y medio después de su captura y posterior proceso judicial, el 16 de enero de 1993 son sentenciados JAZP y Juan Rafael Moro Ávila a 35 años de prisión por ser autores intelectual y material, respectivamente, del homicidio del periodista. Asimismo,  el juez 34 de lo penal, Roberto Hernández, también sentencia a los excomandantes  Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez por su participación en grado de autoría material.  Pese a ello, los dos últimos son liberados pocos años después. Sofía Naya sale libre a principios de 1996, y Raúl Pérez dos años más tarde, debido a que la acusación contra ellos no estuvo bien fundamentada.

Aunque se supone que el caso se cerró, lo cierto es que la resolución final jamás ha estado exenta de hondas dudas y sospechas interminables. Moro Ávila, por ejemplo, ha expresado que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en el asesinato. En tanto que el propio Zorrilla Pérez, en su declaración preparatoria, el 20 de junio de 1989, asentó unas palabras que abren inmensas lagunas de mayores aunque inciertas conjeturas: “Yo dependía de Bartlett. Nunca fui autónomo. Era parte del sistema. Recibía órdenes del secretario de Gobernación”.

Pero con el curso de los años, las suspicacias también han invadido los terrenos internacionales de la mano con implicados de origen mexicano. Una hipótesis que comienza a sobresalir a principios de los noventa fue la de que Manuel Buendía sabía o estaba cerca de descubrir las rutas en México para el tráfico de armas a la Contra nicaraguense que tenía tendidas la CIA y la Agencia para el Combate a las Drogas de Estados Unidos (DEA), con la colaboración de narcotraficantes y miembros de la extinta DFS.2

En septiembre de 1991, se difunde que un informe secreto de la DEA asegura que el columnista había obtenido información relacionada con un importante tráfico de armas para la desestabilización en Centroamérica y las conexiones del narcotráfico internacional.  Tales datos involucraban a destacados políticos de México, e inclusive a supuestos altos mandos del Ejército Mexicano. Pero el día del asesinato los agentes de la Dirección Federal de Seguridad sustrajeron esos documentos comprometedores.3

Cuatro años después, hacia julio de 1995, documentos de un banco de datos del veterano y disidente de la CIA, Ralph McGehee, esbozan que el autor de “Red Privada”  había recibido información de Javier Juárez Vázquez, entonces director del diario veracruzano Primera Plana, en torno a que agentes de la CIA estaban usando un rancho de Veracruz, propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero  para entrenar a la Contra nicaraguense. Por ello, el cadáver torturado de Juárez Vázquez fue hallado al día siguiente de la muerte de Buendía.  De acuerdo con la misma fuente, el columnista michoacano también tenía conocimiento de que la Agencia Central de Inteligencia hacía uso de pistas de aterrizaje propiedad de narcos, para vuelos de abastecimiento de armas destinadas a los contrarrevolucionarios de Nicaragua.4

Ciertas o no tales especies, lo innegable es que la descomposición galopante en materia de narcotráfico comienza en México al iniciar la década de los ochenta. Y Manuel Buendía fue el primero en advertir sobre la penetración del  narco en las altas esferas del país, casi tres semanas antes de caer abatido.

Información privilegiada

Desde el 14 de marzo de 1984, el columnista  ya había inferido la probable vinculación del exjefe de la Policía, Arturo Durazo Moreno, con el tráfico de estupefacientes; pero no es sino hasta el 4 de mayo siguiente que esboza un panorama preocupante: reproduce el contenido de una carta pastoral donde nueve obispos denuncian el avance del narcotráfico en varias regiones rurales de Oaxaca y Chiapas.  En ese documento los prelados manifestaban:

“Tenemos el temor, no infundado, de que en México llegue a suceder lo que en otros países hermanos, donde estas redes de narcotraficantes han llegado a tener influencia política decisiva”.

Entre los cabecillas de tales grupos estaba “gente que se ha dado de baja del Ejército”, añadía el informe. Diez días después, al no advertir ninguna reacción gubernamental, Buendía escribió: “El procurador general de la República y el secretario de la Defensa no deberían ignorar por más tiempo la advertencia que hicieron desde marzo los nueve obispos del Pacífico Sur, respecto al significado político que puede tener el incremento  del narcotráfico en nuestro país […]. Tal como lo plantean  –y como se desprende también de otras informaciones–, este asunto involucra la seguridad nacional […].  Los nueve dirigentes ecleseásticos coinciden con lo que saben otros observadores.  Dicen que en este sucio negocio  `existe la complicidad, directa o indirecta, de altos funcionarios públicos a nivel estatal y federal´. […] La denuncia no parece exagerada al decir que existe para México el peligro de la interferencia extranjera en nuestros `asuntos patrios´  por la vía de las mafias internacionales. Más bien se quedaron cortos. Ellos debieron haber señalado que en México ya se dio el caso de que ciertos hechos políticos, en el pasado inmediato, fueran marcados  por la influencia de un notorio traficante de narcóticos. La corrupción, que es un fenómeno esencialmente político, fue incrementada durante el sexenio pasado, en una medida de realidad incontrastable, por los intereses de ese traficante que ejerció su actividad casi a la luz pública.“5 En esta ocasión vuelve a citar a Durazo Moreno, pero lo refiere como alguien que abrió  las compuertas al narco.

Si leemos con atención, el columnista sugería que él mismo había investigado en torno al asunto y tenía, quizás, mayor información: las palabras en cursivas (resaltadas de esa manera por quien esto escribe) así lo permiten inferir.6

¿Reapertura del caso?

Recientemente, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló que desde pocos días posteriores al asesinato del autor de “Red Privada” existe un documento del gobierno de Miguel de la Madrid cuyo contenido corrobora que, aunque Zorilla Pérez y Moro Ávila sí participaron en el crimen, fueron sólo equipo accesorio, responsable del operativo de seguridad y fuga.  Además evidencia el involucramiento de un general de cuatro estrellas que “presidió la ominosa sesión” en que se determinó la muerte de Buendía.

“También –añade Riva Palacio– estaban funcionarios de la Secretaría de Gobernación, jefes de la DFS, policias judiciales federales y un comerciante de armas europeo que había hecho trabajos para la Agencia Central de Inteligencia. Con el asesinato  de Buendía no sólo liquidaron la posibilidad de más revelaciones sobre la narcopolítica, sino que provocaron la desaparición de algunos temas muy sensibles que iban tejiendo gradualmente la malla de operaciones de la CIA en México.”7

A 18 años del asesinato y frente al escenario de conjeturas, vacíos y especulaciones propias de un caso de tal envergadura, el Club Primera Plana –la organización gremial más antigua de México– ha solicitado a la Procuraduría General de la República reabrir las investigaciones del asesinato de Manuel Buendía por considerar  que las pesquisas y el propio proceso judicial que llevaron a la aprehensión y sentencia de los autores del homicidio, “acusaron omisiones elementales y otras irregularidades de procedimiento”, todo lo cual produjo más interrogantes que respuestas. “Ello configura –señala la carta enviada al procurador Rafael Macedo de la Concha–  suspicacias razonables en el sentido de que el Gobierno de México  trató de proteger a los verdaderos autores del crimen y fabricar un responsable”. Y para concluir, el organismo periodístico solicita que la PGR indague el destino de varios expedientes del archivo de Manuel Buendía , los cuales fueron sustraidos por agentes de la hoy desaparecida DFS .8

Si la Ley Federal de Acceso a la Información Pública va en serio, y si la plomería documental de la policía política no ha sido rasurada en exceso para proteger a altos personajes del poder priísta, y si se tiene la paciencia y la  escrupulosidad para escarbar y detectar indicios de presuntas o seguras responsabilidades en los anaqueles de la DFS entregados al Archivo General de la Nación, entonces podría reforzarse la exigencia de reabrir  el Caso Buendía.

Después  del necesario y pleno esclarecimiento sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, quizás  la muerte del periodista michoacano constituye uno de los asuntos pendientes más importantes por aclarar, entender e indagar con mayor profundidad. La utilidad histórica, judicial  y política de la Ley Federal de Acceso a la información podrá ponerse a prueba a partir de los materiales documentales disponibles en torno a un asesinato que inauguró el inicio de la descomposición de la vida política  nacional.

1) La Crónica de Hoy, 19 de junio de 2002, pág. 9.

2) Véase El Financiero, 6 de agosto de 1990. pág. 55.

3) Véase Excelsior, 26 de septiembre de 1991. pág 37; Reforma del 27 de febrero de 1997, pág, 19-A; y La Crónica de Hoy del 6 de octubre de 1997, pág. 10.

4)  El Financiero del 29 de julio de 1995, pág. 24.

5) Véanse las columnas de “Red Privada” del 14 de marzo y del 4 y 14 de mayo de 1984 en Exceslior; también en El Financiero del 24 de agosto de 1998, pág. 74.

6) Véase Martínez Omar Raúl, Manuel Buendía en la trinchera periodística, Universidad de Xalapa y Fundación Manuel Buendía, México, DF, 1999.

7) Véase El Universal, 5 de junio de 2002, pág. A-29.

8) Excelsior, 31 de mayo de 2002, pág. 1