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Libertades informativas en el México de 2003

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  • El 2003 quedará marcado como el año con menores registros de actos contra las libertades informativas en México durante la última década.
  • Una tendencia que no ha cambiado en los últimos 10 años son las incidencias a reporteros con un 30%, los de las fuentes Política 64% y Policíaca 17%.
    Fotografía: "CAMARÓGRAFO DETENIDO" por Presidencia de la República...@ Flickr

    Fotografía: “CAMARÓGRAFO DETENIDO” por Presidencia de la República…@ Flickr

 Por Verónica Trinidad Martínez / Martha Soto / Omar Raúl Mart’inez 

Publicado originalmente en RMC 87

El 2003 quedará marcado como el año con menores registros de actos contra las libertades informativas en México durante la última década.  No obstante, en términos porcentuales lamentablemente se mantuvo un alto nivel de incidentes inhibitorios contra periodistas y medios de comunicación.

Sin duda resulta alentador que haya descendido el número de agravios un 24% en relación con 2002, y 40% con respecto de 2001, pero continúa siendo preocupante que los hechos aparentemente encauzados a inhibir el trabajo informativo sigan encabezando la lista en 2002 y 2003 como no se había dado en el pasado.

Si en 2001 se registraron 126 actos contra el quehacer periodístico, y en 2002 hubo 100, para 2003 pudieron consignarse  sólo 76.  Es decir: si bien pudiese haber aún ciertos candados o prácticas controladoras, en  términos generales nadie puede soslayar la existencia de un clima más propicio para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Tal contexto, sin embargo, se ve empañado por la creciente insistencia de ciertos actores públicos e instituciones en recurrir a citas para comparecer ante la autoridad (18%) y demandas contra informadores (12%), circunstancias que a su vez tienden a intimidar el libre quehacer informativo.

Los asertos anteriores se desprenden del análisis hemerográfico y documental sobre actos contra periodistas y medios de comunicación ocurridos en nuestro país a lo largo de 2003, realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa  –con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal–, como parte de las tareas emprendidas por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.

 

Visión global

Entre enero y diciembre de 2003, siguiendo los criterios metodológicos de la Red1, se registraron 76 incidentes contra las libertades informativas en todo el país, 16 de ellos sucedidos en el Distrito Federal (21%), 10 en Tamaulipas (13%) y 6 en Chiapas (8%), por citar las entidades que encabezan el listado.

Al profundizar en el tipo de actos, fue posible advertir que el 58% del total referido lo constituyeron agresiones públicas o embozadas contra periodistas (50%) y medios (8%). El 42% restante fueron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (39%) y medios (3%).

Del universo de casos registrados (76), la mayor parte (68) se dirigieron contra periodistas y apenas un 11% fueron contra instituciones mediáticas en general.  En consecuencia nada extraño resulta que, al igual que en años pasados, entre los actos más recurrentes aparezcan las agresiones físicas (29%), seguidas de las citas para comparecer ante la autoridad (18%), las demandas (12%), las amenazas e intimidaciones (12%) y las detenciones (9%), entre otros de menor cuantía.

Vale hacer notar que en 2003 se registró el más alto índice porcentual de que se tenga memoria en la última década en el rubro de citatorios a comparecer frente a las autoridades, la mayor parte de ellos con el fin de solicitar a los periodistas la revelación de sus fuentes.  Sí en 2001 tal segmento concentró sólo 11% y en 2002 apenas 8%, en el periodo de análisis sumó un notable 18%.  Tal  escenario generó que a largo del año pasado un significativo sector del gremio periodístico, miembros de la academia, legisladores y representantes de organismos civiles se pronunciaran a favor de legislar en torno al secreto profesional: una prerrogativa vital para ampliar y fortalecer el derecho s saber de los mexicanos. 2

Una tendencia que no ha variado en los últimos diez años es la relativa a quiénes son los mayormente afectados por la naturaleza misma de su actividad: los reporteros continúan acumulando el número más alto de incidencias con 30%, y particularmente los de las fuentes Política (64%) y Policíaca (17%).

Otra constante en el último lustro, la constituye el hecho de que los periodistas de medios impresos sigan concentrando el mayor índice de agresiones y actos inhibitorios con 68% del total, y le continúan los medios electrónicos en conjunto (16%), entre otros de menores cuantías.  La prensa se ha erigido como el medio más golpeado de los tiempos recientes, quizás justamente debido a su postura crítica de avanzada en relación con la todavía desigual e intermitente apertura de la radio y la TV.

La variable referida a los motivos por los que periodistas y medios resultaron agredidos o inhibidos no ha mostrado disminución alguna y, peor aún, aumentó la incidencia proporcional en contra de la tarea reporteril.  En otras palabras: de acuerdo con nuestra metodología, en casi 90% de los actos registrados se implican  razones de carácter informativo como puede constatarse en el siguiente desglose: 38% de los incidentes ocurrió por reportear la información; 30% a causa de los contenidos publicados; 18% fueron debido a denuncias dadas a conocer a través de los medios, y 7% por críticas.

Conviene resaltar que el 38% de los actos motivados en el ejercicio reporteril es el dato más elevado en ese apartado de los últimos seis años.  Ello quizás muestra la intolerancia de algunos actores  públicos o de sus subalternos para evitar ser cuestionados o evidenciados de cara a los medios de comunicación y sin previa agenda.

El tema de los presuntos responsables de los actos contra las libertades de expresión e información manifiesta una constante preponderante desde hace años: que los distintos representantes del Poder Público continúan a la cabeza de la lista, pero ahora con un lastimoso 69% de incidencias, con lo que supera el 50% promedial de los últimos seis años.   Tal dato en esta ocasión integra tres rubros: fuerzas del orden3 (30%), funcionarios de gobierno (22%) e instituciones gubernamentales (17%). Y le siguen particulares (7%), grupos sociales (7%), desconocidos (7%), entre otros.

 

Una mirada al DF

Del universo de casos consignados en 2003, se desprende que los estados más afectados en el ejercicio de las libertades informativas fueron el Distrito Federal (21%), Tamaulipas (13%), Chiapas (8%), Veracruz (7%), Chihuahua (7%), Hidalgo (5%), Guerrero (5%), Quintana Roo (4%), Baja California (4%), Oaxaca (4%), Zacatecas (4%) y Coahuila (4%), entre otras entidades con porcentajes menores.

Del total de actos registrados (76) durante el año pasado, 16 sucedieron en la Ciudad de México, con lo cual se mantiene la tendencia respecto de 2002 en que hubo 17, pero disminuyó casi 60% en relación con 2001 cuando hubo 49 incidentes.

Los 16 casos referidos se dirigieron sólo contra periodistas: 11 agresiones públicas o embozadas y 5 actos que pudieran significar inhibición o presiones al quehacer informativo.  De este total, el 44% fueron agresiones físicas, 25% citatorios para comparecer frente a la autoridad judicial, 19% amenazas e intimidaciones, y 13% despidos. Es decir: 69% de los hechos se manifestaron como agresiones y 31% lo constituyeron actos inhibitorios.

En el rubro de quiénes han resultado los más afectados, al igual que a nivel nacional, destaca la tarea de los reporteros con 25% de casos, y le siguen periodistas con diversas responsabilidades (19%), columnistas (19%) y fotorreporteros (19%), entre otros,  particularmente de las fuentes Política (63%), Deportiva (13%) y de Espectáculos (13%).

Un dato que llama la atención es que, a diferencia de 2002 en que los columnistas fueron quienes concentraron el mayor porcentaje de incidencias en contra (29%), seguidos de los reporteros (12%) y periodistas en general (12%), en 2003 cambió el panorama: el quehacer reporteril vuelve a ser el más golpeado  tal y como se ha venido presentando en los últimos años, en especial el enfocado a medios impresos (56%).

Los aparentes móviles no se disocian mucho de la visión nacional: por ejercer la labor reporteril, 50%; por contenidos, 25%; por denuncias publicadas, 13%; por razones desconocidas o no reveladas, 6%; y por críticas, 6%.

Al profundizar en los probables responsables de los actos contra el ejercicio periodístico, destacan los representantes del Poder Público con 57% de incidencias, cifra que supera por mucho el 30% registrado en 2002.

Así, durante 2003 en el Distrito Federal, en 31% de casos las fuerzas del orden aparecen como las presuntas autoras de los actos contra las libertades de expresión e información, seguidas de instituciones de gobierno (13%), particulares (13%), grupos sociales (13%) y funcionarios gubernamentales (13%), entre otros.

 

Secreto profesional

Frente al preocupante ascenso de actos inhibitorios a informadores en los últimos años, múltiples voces se han pronunciado de manera contundente por la indispensable protección jurídica al secreto profesional.  Académicos, periodistas, legisladores, editores y representantes de organizaciones civiles han venido impulsando ese propósito en distintos foros.4 A todos ellos se suma la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, y se adhiere a la Declaración de Nuevo Vallarta, documento propuesto en octubre por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) y académicos con el fin de proteger y ampliar el derecho a la información de la sociedad mexicana.5 Entre sus planteamiento medulares, tal Declaración refiere:

Existe pleno consenso en que uno de los aspectos importantes para ensanchar el derecho a la información de los ciudadanos y proteger al mismo tiempo las libertades informativas, reside en crear leyes, en el ámbito federal y estatal, que protejan el secreto profesional del periodista observando los estándares democráticos internacionales más avanzados que existan en esta materia, como existe en otras actividades profesionales.

Y sostiene de manera enfática:

Este derecho debe incluir la prohibición para que agentes del Ministerio Público, jueces, autoridades administrativas y terceros puedan citar a los periodistas para revelar sus fuentes de información o ampliar lo que ya ha sido difundido y publicado, que es público.

De igual manera, el secreto profesional debe comprender la protección de grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de la fuente.6

 

Conclusiones

Entre los datos de mayor relieve a lo largo de 2003 encontramos los siguientes:

  1. Se registró un importante descenso del 24% en el número de actos contra las libertades informativas con respecto de 2002, y de 40% en relación con 2001.
  2. De los 76 incidentes consignados, el 58% fueron agresiones públicas o embozadas a periodistas (50%) y medios de comunicación (8%), mientras que 42% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (39%) y entidades mediáticas (3%).
  3. Pese a la reducción de actos contra el quehacer periodístico, se registró el mayor índice porcentual –por lo menos en la última década– en el rubro de citas para comparecer ante la autoridad. Si en 2001 tal segmento acumuló 11% y en 2002 apenas 8%, en el periodo estudiado alcanzó 18%.
  4. Los reporteros continúan siendo los principales afectados con 30% de incidencias, particularmente los que cubren las fuentes Política (64%) y Policíaca (17%), y en especial quienes laboran para los medios impresos (68%).
  5. De acuerdo con las fuentes consultadas, casi en el 90% de los actos se implicaron razones de carácter abiertamente periodístico: 38% ocurrió por ejercer el trabajo reporteril, 30% a causa de los contenidos publicados, 18% fueron debido a denuncias, y 7% por críticas.
  6. Los distintos representantes del Poder Público siguen encabezando la lista de presuntos responsables de los actos contra las libertades informativas con un lamentable 69% de incidencias, la cifra porcentual más alta por lo menos en los últimos seis años.
  7. De los 76 incidentes registrados, 16 sucedieron en el Distrito Federal (21%), 10 en Tamaulipas (13%), 6 en Chiapas (8%). Con números inferiores les siguen Veracruz (7%), Chihuahua (7%), Hidalgo (5%), Guerrero (5%), Quintana Roo (4%), entre otras entidades.
  8. Entre los presuntos responsables de actos contra las libertades informativas en la Ciudad de México, destacan los representantes del Poder Público con 57%, cifra que supera el 30% registrado en 2002.
  9. Finalmente, la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación se pronuncia a favor de la despenalización de los llamados delitos de prensa cuya sola posibilidad tiende a intimidar el libre ejercicio del periodismo,  y se adhiere a la Declaración de Nuevo Vallarta que pugna por la indispensable protección jurídica al secreto profesional de los informadores con el afán de ensanchar el derecho a saber de la sociedad mexicana y proteger las libertades de expresión e información en nuestro país.

 

Notas

1) Véase “Criterios de selección de casos contra las libertades de expresión e información”, que aparece en la siguiente dirección electrónica de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía: http://www.mexica nadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/liberta dexpresion/2002/criteriosb.html

2) Consúltese: “Secreto periodístico”, en Revista Mexicana de Comunicación Núm.  84, noviembre 2003, Pág. 7.

3) Véase el desglose del rubro “Fuerzas del orden” que aparece en la dirección electrónica antes referida: http://www.mexicanadecomuni cacion.com.mx/Tables/FMB/libertadexpresion/2002/criteriosb.html

4) Véase Martínez Omar Raúl, “Secreto periodístico”, en Revista Mexicana de Comunicación Núm, 84, Op. Cit.

5) A mediados de octubre pasado, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME), organizó en Nuevo Vallarta, Nayarit, el seminario internacional “El secreto profesional del periodista” y emitió la Declaración de Nuevo Vallarta cuyo contenido servirá de referente ineludible habida cuenta que recoge varias propuestas de los segmentos académico y periodístico. Véase Martínez Omar Raúl, “Secreto periodístico”, en Revista Mexicana de Comunicación Núm, 84, Op. Cit.

6) Tomado del sitio web de La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC: http://www.amed. com.mx/vallarta.php

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