Recuento de daños a las libertades de expresión e información durante 2006

Resultados de un seguimiento y análisis hemerográfico y documental

Verónica Trinidad Martínez* / Martha Soto** / Omar Raúl Martínez***

* Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía AC.
** Analista de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía AC.
*** Presidente de la Fundación Manuel Buendía AC y director de Revista Mexicana de Comunicación.

El 2006 fue uno de los periodos con mayores golpes, agravios y atentados contra el periodismo mexicano en los últimos ocho años. A diferencia de los dos primeros años de la administración foxista en que proliferaron los actos inhibitorios –como demandas y citas a comparecer frente a la autoridad–, ahora sobresalió la violencia contra el quehacer informativo. De hecho, los actos contra los periodistas han ido en aumento particularmente desde 2003 en que se registraron 76 casos; la cifra creció a 92 en 2004 y se mantuvo con 93 en 2005; y a lo largo de 2006 los golpes se multiplicaron para sumar 131 incidentes.

En ese contexto lo más preocupante fue el número de asesinatos: si entre 2001 y 2003 se registraron siete periodistas ultimados, tan sólo entre 2004 y 2006 hubo 20 homicidios. De ellos, 10 ocurrieron en 2006, la cifra mas alta que se recuerde en los últimos 15 años.

El año 2006 estuvo lleno de paradojas para el ejercicio de las libertades de expresión e información en México: se redujo sustancialmente el número de demandas y actos inhibitorios contra informadores… pero a cambio proliferaron las agresiones físicas; el Poder Público disminuyó porcentualmente su presunta responsabilidad en la mayoría de casos… pero saltaron a la palestra dos nuevos actores contra el ejercicio periodístico: el narcotráfico y los grupos sociales; se presentaron importantes avances legislativos para evitar las sanciones penales en los casos de difamación y calumnias… pero continúa la inacción o falta de resultados tangibles por parte de las autoridades judiciales, con lo que la impunidad sigue meciéndose a sus anchas.

Pero la amplia lista en 2006 no se circunscribió a agresiones físicas, atentados, amenazas y ataques armados: si bien no fueron numerosos los actos inhibitorios a las libertades informativas, sí resultaron significativos y estuvieron a la orden del día. Baste citar, a guisa de ejemplo, la determinación del Tribunal Superior de Justicia del DF de responsabilizar a Olga Wornat y Editorial Grijalbo por delito de daño moral en agravio de Manuel Bribiesca Sahagún (pese a quedar sin efecto a mediados de mayo, la sentencia supone un mal precedente contra la libertad de expresión); el boicot publicitario al semanario Proceso orquestado desde la casa presidencial y emprendida a raíz de la demanda civil contra el semanario iniciada meses atrás; la demanda penal por difamación contra El Imparcial de Sonora impuesta por el gobernador Eduardo Bours debido a que una columna periodística cuestionó su negativa a transparentar el dinero entregado a organizaciones no gubernamentales; y la detención y reclusión del periodista Mario Ksherato, articulista de Cuarto Poder y El Orbe, ambos de Chiapas, debido a un proceso judicial poco claro iniciado en 2004

La situación del periodismo mexicano resultó tan crítica en 2006 que incluso algunos organismos internacionales manifestaron su preocupación al Estado mexicano. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció un grave retroceso en materia de libertades informativas y lamentó la corrupción generada a partir del narcotráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también externó su preocupación por el aumento de violencia física contra informadores e informó que hay una creciente ola de intolerancia a la crítica por parte de varios gobiernos de la región, lo cual se refleja no sólo en actitudes de presión, sino además en políticas discriminatorias en la asignación publicitaria y el acceso a la información. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, pidió al Presidente Electo, Felipe Calderón, otorgar prioridad al esclarecimiento de los asesinatos de periodistas en México y fortalecer las estructuras judiciales.

Y en un acercamiento preliminar a los primeros meses de 2007, el panorama se advierte marcadamente sombrío en un entorno de lucha frontal del Gobierno Federal contra el crimen organizado: casi cuarenta casos, entre los cuales destacan dos asesinatos y dos desaparecidos.

Los asertos anteriores se desprenden del análisis hemerográfico y documental sobre los actos contra las libertades informativas registrados en México durante 2006, realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y la organización internacional Artículo 19, miembros promotores de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.
Visión global
La Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de acuerdo con sus criterios metodológicos, registró 131 casos contra las libertades de expresión e información en todo el país: 86% fueron ataques públicos o embozados a periodistas y medios de comunicación (la cifra más alta que se recuerde de ese rubro en la última década) y 14% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones al trabajo informativo en general. Lo anterior evidencia a todas luces la ascendente escalada de violencia contra los informadores, pues en años precedentes no se había alcanzado ese tendencia.1

Del universo de casos registrados (131), 27% fueron amenazas y actos de intimidación, 24% lo constituyeron agresiones físicas, 15% atentados, 8% detenciones, y 7% asesinatos. Con menores cuantías figuran demandas, tomas de señal, bloqueos informativos, desapariciones, entre otros hechos.

El dato que llama la atención es el relativo a atentados, pues a lo largo del lustro precedente el promedio en tal rubro fue de 7% y en 2006 se elevó a 15%, lo cual corrobora la tendencia referida antes.

Quienes reportean continúan siendo los mayormente afectados al momento de cubrir la información, lo cual se manifestó de manera fehaciente durante el conflicto magisterial en Oaxaca donde las presiones y el acoso se repitieron constantemente. Así, la mayor incidencia de los actos recayó, pues, en los reporteros (con 23%) y fotorreporteros (10%), y les siguen en orden descendente periodistas en general, 10%; directores, 8%; y corresponsales, 7%, entre otros. A ello hay que agregar que el 33% de los actos fueron motivados por ejercer la tarea periodística al momento de cubrir la información; 24% por el contenido de la información publicada; 13% por posibles contenidos; en otro 13% de los casos se desconocen las razones, y en orden decreciente aparecen críticas (7%), denuncias (4%) y posibles nexos con el narcotráfico (2%). Conviene hacer notar que, de acuerdo con la multiplicidad de fuentes, en más del 2% de los casos pudieran estar involucradas ligas o supuestos vínculos con el crimen organizado, pero habida cuenta la inoperancia o nula efectividad de las autoridades judiciales, nada se puede precisar con todo rigor y por ello el notorio desconocimiento de razones evidentes en un importante porcentaje de casos (13%).

Los informadores con mayor incidencia de agresiones fueron quienes cubren particularmente las fuentes Política (55%) y Policíaca (32%), con lo cual no hay novedad alguna salvo el hecho de que, cada vez, la primera tiende a la alza en los últimos tres años. 2 Ello además permite constatar que la información que proveen ambas áreas suele resultar incómoda para no pocos de los actores del poder formal e informal en México, y más aún en escenario sociopolítico que a menudo se torna controversial y efervescente como fue el año de la elección presidencial. A este respecto también vale la pena resaltar que son los periodistas de medios impresos los que siguen concentrando el mayor número de casos (55%), en tanto quienes trabajan en radio y televisión acumulan 25%. Aquí destaca un decremento en el índice porcentual de los actos contra la prensa, pues del 75% registrado sobre ese rubro en 2002 bajó ahora a 55%, lo cual se traduce en un incremento en los actos hacia los medios electrónicos: del 15% consignado en 2002 a 25% en 2006. 3 En otras palabras: es posible advertir una paulatina y creciente afectación a periodistas de radio y TV.

En torno a los presuntos responsables de los ataques contra las libertades de expresión e información, un dato mueve a la reflexión: si bien el Poder Público continúa acumulando el mayor porcentaje de los casos (41%) al englobar fuerzas del orden (24%), funcionarios de gobierno (12%), funcionarios de dependencias policíacas (3%) e instituciones de gobierno (2%), lo cierto es que redujo su incidencia porcentual en relación con los años precedentes. 4 Sin embargo, tampoco se puede hablar de una reducción en términos numéricos ya que con respecto al año anterior la cifra de actos desde el Poder Público prácticamente se mantuvo. 5 Y aunado a ello, emergieron de manera más franca y visible nuevos actores como presuntos responsables: los grupos sociales –específicamente la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca– con 15% y supuestos cárteles del narcotráfico con 11%. El dato que expresa sin ambages la inacción o la incapacidad de las autoridades judiciales es el relativo a que en 19% de los incidentes se desconoce a los presuntos responsables, cifra cuyo rubro en los últimos años ha ido en aumento y es la mas elevada en por lo menos la última década. 6

Finalmente, a diferencia de años precedentes en que el Distrito Federal había ocupado el primer sitio como la entidad con mayor numero de actos contra periodistas y medios de comunicación, en 2006 la lista es encabezada por el estado de Oaxaca con 30% de incidencias, seguido del DF (15%), Chiapas (8%) y Guerrero (7%). Tan sólo en cuatro entidades se concentró el 60% de los casos registrados. Con cuantías descendentes les siguen Veracruz (5), Chihuahua (4%), Michoacán (4%), Quintana Roo (4%), Tamaulipas (4%), Puebla (3%), entre otros. 7

Aunque el Distrito Federal aparece en segundo lugar, antecedido por Oaxaca que vivió una escalada de acoso, presiones y atentados contra no pocos informadores, lo cierto es que la tendencia se mantuvo tenuemente al alza respecto de años anteriores. 8

Entre los datos más relevantes en materia del respeto a las libertades informativas en la Capital de la República, destacan que los incidentes mayormente recurrentes fueron amenazas e intimidaciones (30%) y agresiones físicas (25%). Con menores proporciones hubo detenciones (10%), acosos y actos de hostigamiento (10%) y bloqueos informativos (10%), entre otros. Del total de 20 incidentes, el 80% fueron ataques públicos o embozados a periodistas. De ese universo, como presuntos responsables se ubica en primero sitio el Poder Público con 45% de incidencias.
Avances e insuficiencias

Frente a la presión nacional e internacional para que el gobierno federal tomara medidas orientada a velar por el respeto a las libertades de expresión e información en México, y a pocos días del atentado contra el periódico El Mañana ocurrido a principios de febrero de 2006, el entonces Presidente de la República puso en marcha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP). Encabezado por David Vega Vera, el nuevo organismo nació con recursos muy limitados e insuficiente respaldo institucional, técnico y humano, lo cual imposibilitó resultados realmente satisfactorios. Entre febrero y noviembre registró 108 expedientes por agresiones a periodistas, de los cuales 66 seguían en trámite. Durante su gestión, el fiscal encontró que los estados más peligrosos para los informadores son Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Quizás lo más destacado y positivo de 2006 en lo que concierne al ejercicio periodístico fue la aprobación de nuevas leyes para salvaguardar el secreto profesional del informador y despenalizar los llamados delitos de prensa. Desde abril de 2006, los legisladores capitalinos despenalizaron los delitos de difamación y calumnia en el Distrito Federal y avalaron por unanimidad la Ley del Secreto Profesional del Periodista.

La Cámara de Diputados, por su parte, también en abril antepasado, aprobó la minuta enviada por los senadores tendiente a resguardar el secreto profesional y garantizar la reserva de información a periodistas, abogados, consultores médicos o ministros de culto.

Sobre las modificaciones al Código Penal Federal relativas a los delitos de injuria, difamación y calumnia, el pleno camaral planteó que sean los jueces civiles “quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas o comunicadores lesionan derechos de terceros o perturban el orden público al difundir información u opiniones, imponiéndoles una sanción económica”. Con ello se elimina la pena de prisión para quien abuse de la libertad de expresión. 9

Aunque desde luego, en primera instancia, tales modificaciones en la legislación federal representan un avance significativo, resulta pertinente señalar que especialistas en la materia advierten todavía algunas insuficiencias en la redacción y técnica jurídica que pudieran generar confusiones o interpretaciones sesgadas. Aunado a ello, dicha reforma sólo es aplicable para el caso de delitos federales, lo cual supone que mientras no se reformen también las legislaciones locales en cada uno de los estados de la República, continuará aplicándose la pena carcelaria.10

Asesinatos e impunidad
Tan sólo en el año 2006 hubo 10 homicidios de informadores. 11

Como se refería al principio, el 2006 fue uno de los años con mayores golpes, agravios y atentados contra el quehacer informativo que se recuerde en los últimos ocho años. Y en los últimos cuatro meses, la escalada de agresiones mantiene la misma inercia.

Por todo lo anterior no es gratuito que organismos internacionales coloquen a México como la nación más peligrosa para el ejercicio periodístico, solamente detrás de Irak que vive un conflicto bélico.

Lo inquietante es que hoy día los periodistas mexicanos ya no únicamente se ven obstruidos, amenazados o censurados por algunos representantes del poder público o de los poderes económicos: el narcotráfico se ha erigido en los últimos cuatro años como uno de los responsables más frecuentes de asesinatos y atentados contra informadores, particularmente en el norte del país.

Y frente a la impunidad reinante por la omisión o ineficacia de las autoridades locales y federales –quienes deben velar por la justicia en nuestro país–, a ese respecto, sólo podemos coincidir con don Jesús Blancornelas quien escribió en mayo pasado:

A cada ejecución sigue la noticia. En la mayoría se detalla el hecho con precisión. Son obligadas las famosas filtraciones convenencieras de la Procuraduría. Luego vienen el temor o la complicidad de la policía para perseguir y encarcelar a los culpables. Y se remata con la impunidad. Así, mientras esa ausencia de justicia siga muchos periodistas estaremos en peligro. Con ello los odiosos asesinos están confiados en no ser perseguidos.

No es una presunción señalarlo. Pero la mayoría de tan trágicas situaciones, las investigaciones periodísticas van adelante de cualquiera practicada por agentes estatales o federales. Sobran casos donde muchos sabemos y hemos publicado quiénes son o podrían ser los asesinos. Pero la policía siempre se agazapa en el silencio. 12

Por todo lo anterior no fue gratuito que en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo, un grupo de organismos civiles y gremiales se manifestara frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República y entregara a sus autoridades una carta extensiva a los poderes Legislativo y Judicial donde plantearon importantes demandas en materia de libertad de expresión:
a) Que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones que le fueron presentadas en 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones emitidas por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en 2003. 13
Sexenio foxista
En una inmersión acuciosa sobre los actos contra las libertades de expresión e información en México durante el sexenio de Vicente Fox, fue posible hallar interesantes tendencias globales. Así, del universo de casos registrados (618), las agresiones físicas, con 24%, y las amenazas e intimidaciones, con 20%, fueron los incidentes con mayor recurrencia entre 2001 y 2006. Los actos inhibitorios contra informadores y medios –como demandas citas ante la autoridad, demandas o detenciones– acumularon 25%.

b) Que armonice con los estándares internacionales las leyes en materia de medios de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información, garantizando con ello una real participación de los diversos actores sociales, y que el Estado respete plenamente la labor del gremio periodístico para que éste cumpla con su función social.

c) Que ante el peligro en que se encuentran los trabajadores de los medios de comunicación, es urgente que el Estado mexicano cumpla con otorgar las garantías suficientes para el desempeño del trabajo periodístico, que se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

d) Que se investigue y sancione de inmediato a los autores intelectuales y materiales de los homicidios, desapariciones y agravios cometidos contra periodistas, así como las agresiones perpetradas en contra de medios de comunicación, a fin de revertir la impunidad.

e) Que todo homicidio o desaparición forzada de periodistas sea atraído para su investigación, consignación y castigo, por la Procuraduría General de la República (PGR).

f) Frente al escaso o nulo avance en las investigaciones por delitos contra periodistas, el Ejecutivo Federal debe fortalecer y dotar de amplias facultades y autonomía a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, organismo que a casi dos meses de haber tomado posesión su nuevo titular, se desconoce el trabajo y los resultados de sus indagatorias.

En 44% de los casos consignados, los reporteros, fotorreporteros y corresponsales, es decir quienes van en busca de la información, fueron los más afectados, particularmente quienes cubren las fuentes Política (46%) y Policíaca (29%), y en menor medida la de Información General (12%). Resulta importante subrayar que la tendencia por obstaculizar a los informadores de la fuente policíaca fue en aumento desde 2001: si en el primer año de Fox se registraron 37 incidentes en esta área, en 2006 pudieron documentarse 72. 14 En otras palabras: de todo el sexenio, el 2006 fue el periodo con mayores agravios para el periodismo mexicano. Ello corrobora que en un año electoral tan polarizado y controversial como el 2006, los actores políticos atizaron sus baterías inhibitorias frente al quehacer informativo, y de manera específica contra los profesionales de los medios impresos (60%).

Las motivaciones para intentar acallar o inhibir a periodistas y medios informativos se concentraron en tres segmentos: por ejercer su labor reporteril (32%), por los contenidos publicados (28%), y por denuncias específicas sobre ciertos poderes (16%).

De los actos registrados durante la administración foxista (618), más de la mitad (52%) tuvieron como presuntos responsables al Poder Público al englobar a Fuerzas del orden (26%), funcionarios de gobierno (18%), representantes de instituciones gubernamentales (5%), y funcionarios de dependencias policíacas (3%). Un dato que refrenda una vez más el vacío en las investigaciones de la autoridad judicial y el nulo ejercicio de la justicia, lo constituye el que en 14% de los casos entre 2001 y 2006 se desconocen a los posibles o seguros responsables de los actos contra el quehacer periodístico. De hecho, en ese rubro la tendencia fue creciente desde 2003. 15 Adicionalmente, los grupos sociales y los representantes de partidos políticos evidenciaron una ascendente presencia como posibles responsables, especialmente en el último del sexenio de Fox. 16

Conclusiones
1. A lo largo de 2006, la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación registró 131 casos contra las libertades de expresión e información: 86% fueron ataques públicos o embozados a periodistas y medios, en tanto que 14% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones al trabajo informativo. Con ello se evidencia una ascendente escalada de violencia contra los informadores: el porcentaje más alto de ataques que se recuerde en la última década.

2. A diferencia de los dos primeros años de la administración foxista en que proliferaron los actos inhibitorios –como demandas y citas a comparecer frente a la autoridad–, en 2006 sobresalió la violencia contra el quehacer informativo. Así, del universo de casos registrados (131), 27% fueron amenazas y actos de intimidación; 24% lo constituyeron agresiones físicas; 15% atentados; 8% detenciones, y 7% asesinatos.

3. Lo más preocupante fue el número de asesinatos: si entre 2001 y 2003 se registraron siete periodistas ultimados, tan sólo entre 2004 y 2006 hubo 20 homicidios. De ellos, 10 ocurrieron en 2006, la cifra mas alta que se recuerde en los últimos 15 años.

4. Los reporteros (con 23%) y fotorreporteros (10%), continúan siendo los más mayormente afectados al momento de cubrir la información, y les siguen en orden descendente periodistas en general, 10%; directores, 8%; y corresponsales, 7%, entre otros.

5. El 33% de los actos contra el trabajo mediático fueron motivados por ejercer la tarea periodística al momento de reportear; 24% por el contenido de la información publicada; 13% por posibles contenidos; en otro 13% de los casos se desconocen las razones, y en orden decreciente aparecen críticas (7%), denuncias (4%) y posibles nexos con el narcotráfico (2%).

6. Los informadores con mayor número de agresiones fueron quienes cubren particularmente las fuentes Política (55%) y Policíaca (32%). Y en particular, los pertenecientes a medios impresos siguen concentrando la mayor cuantía de casos (55%), en tanto quienes trabajan en radio y televisión acumulan 25%. Se advierte un decremento en el índice porcentual de los actos contra la prensa, pues del 75% registrado sobre ese rubro en 2002 bajó ahora a 55%. Ello patentiza que ha habido una paulatina y creciente afectación a periodistas de radio y TV.

7. El Poder Público una vez más acumula el mayor porcentaje de los casos (41%) al englobar fuerzas del orden (24%), funcionarios de gobierno (12%), funcionarios de dependencias policíacas (3%) e instituciones de gobierno (2%). Pero si bien hay una baja porcentual en relación con años precedentes en este segmento, no se puede hablar de una reducción de casos.

8. Un hecho preocupante es que emergieron de manera más franca y visible dos actores como presuntos responsables: los grupos sociales –específicamente la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca– con 15% y supuestos cárteles del narcotráfico con 11%.

9. El dato que expresa sin ambages la inacción o la incapacidad de las autoridades judiciales es el relativo a que en 19% de los incidentes se desconoce a los presuntos responsables, cifra cuyo rubro en los últimos años ha ido en aumento y es la mas elevada en por lo menos la última década.

10. A diferencia de años precedentes en que el Distrito Federal había ocupado el primer sitio como la entidad con mayor numero de actos contra periodistas y medios de comunicación, en 2006 la lista es encabezada por el estado de Oaxaca con 30% de incidencias, seguido del DF (15%), Chiapas (8%) y Guerrero (7%). Tan sólo en cuatro entidades se concentró el 60% de los casos.

11. Un tema que salió a la palestra de forma frontal fue el condicionamiento gubernamental en la asignación publicitaria hacia los medios que podían resultar incómodos. A este respecto, la revista Proceso, el periódico La Jornada, así como los espacios radiofónicos de José Gutiérrez Vivó y de Ricardo Rocha, han manifestado su inconformidad por un supuesto “castigo” hacia sus espacios por parte del Gobierno Federal.

12. De todo el sexenio de Vicente Fox, el 2006 fue el año con mayores agravios para el periodismo mexicano, seguramente por una atmósfera electoral efervescente y polarizada en que los actores sociopolíticos enfocaron sus afanes inhibitorios hacia el quehacer periodístico.

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NOTAS

1) De acuerdo con los estudios hemerográficos y documentales de los últimos años, los ataques públicos o embozados a periodistas y medios sumaron los siguientes porcentajes: 1998: 59%; 1999: 70%; 2000: 60%; 2001: 58%; 2002: 57%; 2003: 58%; 2004: 83%; 2005: 78%; y en 2006: 86%. Los porcentajes restantes en cada año corresponden a los hechos inhibitorios que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios.

2) En 2004, la fuente política concentró 42%; en 2005, 52%, y en 2006 llegó a 55%.

3) En 2002, la prensa acumuló 75%, en tanto que los medios electrónicos concentraron 15%; respectivamente en 2003, 68% frente a 16%; en 2004, 62% frente a 16%; en 2005 64% frente a 23%; y en 2006, 55% frente a 25%. Lo anterior evidencia la creciente afectación a informadores de la radio y la TV.

4) En 2002, el Poder Público concentró 54% de incidencias; en 2003, 69%; en 2004, 48%; en 2005, 60%, y en 2006, acumuló 41%.

5) En 2002 hubo 51 casos donde el Poder Público figuró como presunto responsable de los actos contra las lin¿bertades informativas; en 2003, se registraron 53; en 2004, 79; en 2005, 54; y en 2006, 55.

6) En 2001, el rubro de “Desconocidos” como presuntos responsables alcanzó 11%; en 2002, 12%; en 2003, 7%; en 2004, 16%; en 2005, 17%; y en 2006, 19%.

7) Revísese la “Numeralia 2006” que aparece al final del presente Recuento de Daños.

8) En 2002 hubo 17 actos contra periodistas y medios en la Ciudad de México; en 2003, 16; en 2004, 14; en 2005, 19; y en 2006, 20 casos.

9) La iniciativa, enviada al Senado para su aprobación desde el 18 de abril, estuvo apunto de revertirse ya que los entrantes miembros de ese órgano legislativo en un principio rechazaron tales modificaciones y, peor aun, plantearon endurecer los castigos en el Código Civil. Pero por fortuna ello no ocurrió.

10) Véase Perla Gómez Gallardo, “Novedades legislativas”, en Revista Mexicana de Comunicación Núm. 104, abril-mayo de 2007.

11) Véase la lista de los nombres de los periodistas ultimados en el apartado de “Numeralia 2006”, que aparece el final del presente Recuento de Daños.

12) Discurso expuesto durante la Ceremonia del Premio Nacional de Periodismo, efectuado en el Worl Trade Center, el 3 de mayo de 2006.

13) Entre los organismos firmantes de dicho documento estuvieron la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, Articulo 19-Sección México, entre otros. La carta fue entregada por Balbina Flores y Rogaciano Méndez, miembros de la Red Mexicana de Protección a Periodistas.

14) En nuestra revisión el desglose año por año en este sentido quedó como sigue: en 2001 hubo 37 actos contra la fuente política; en 2002, 42; en 2003, 49; en 2004, 39; en 2005, 48; y en 2006, 72.

15) En 2001 se documentaron 14 actos perpetrados por desconocidos y la autoridad no pudo esclarecerlos; en 2002 hubo 12 en el mismo tenor; en 2003, 5; en 2004, 15; en 2005, 16; y en 2006, 25.

16) Por ejemplo, de los dos casos donde se presume que representantes de partidos políticos fueron responsables de afectar el trabajo de periodistas, se pasó a 10 actos en 2006. Y en el caso de la presunta responsabilidad de grupos sociales, en 2005 hubo seis incidentes, mientras que en 2006 se registraron 19.

El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:

Martínez, Verónica Trinidad, Omar Raúl Martínez y Martha Soto, Recuento de dañosa las libertadsde expresión e información durante 2006, en Recuento de daños.Un acercamiento al estado de la libertad de expresión y de información en México, Estudio realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y Artículo 19, México, 2006, 44 pp.