Autonomía y transparencia
El Universal, 18 de septiembre de 2006
Ernesto Villanueva
Hoy se percibe como una conquista ciudadana que la universidad pública debe ser un espacio de formación de masa crítica, de libre discusión de las ideas, y de alimentar, en suma, la conciencia colectiva. Estas características deben descansar en dos instituciones complementarias: la autonomía y la transparencia y rendición de cuentas. La polarización social postelectoral no debiera ser una coartada tampoco para cambiar este principio abonando la intolerancia.
Hay, sin embargo, un peligro probable de que este punto de acuerdo social pueda ser transformado en perjuicio de la libertad de discutir y debatir. Se trata de la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más grande del país y que administra la Feria Internacional del Libro más emblemática de América y una de las tres primeras en el mundo.
Hoy se libra una batalla en el Congreso del estado de Jalisco para buscar blindar esas libertades que dan sentido al concepto de universidad, como universalidad o pluralidad y coexistencia de los más distintos puntos de vista.
El sector de extrema derecha conocido como El Yunque, que ha dado a conocer el reportero Álvaro Delgado, ha ganado una partida y se ha hecho de una posición significativa en la composición de la nueva legislatura estatal. De ahí, por tanto, la inquietud fundada de la UdeG de emprender esta defensa por la libertad para dejarla a salvo de los vaivenes de la política.
El secretario general de la universidad, Carlos Briseño Torres, impulsor de esta defensa universitaria, tiene frente a sí acaso uno de los grandes retos de su vida como universitario: preservar los valores que hacen que la universidad sea eso y no otra cosa. Nada más y nada menos.
Para lograr ello, Briseño y los universitarios de Jalisco entraron en contacto con un grupo plural de diputados locales que ha hecho suya la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, con la oposición, empero, de los diputados del PAN.
Lo que propone la iniciativa, en síntesis, es que cualquier reforma a esa misma ley sea hecha por mayoría calificada, dos terceras partes de diputados y no por mayoría simple, la mitad más uno, como sucede ahora. No se trata, como se advierte, de darle más autonomía a la universidad, sino de mantener intacta la que tiene.
Esa autonomía, por supuesto, no significa estado de excepción jurídica ni extraterritorialidad; representa, en cambio, la potestad de darse autogobierno y educar, investigar y difundir la cultura por mandato del artículo tercero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente las autoridades, por ejemplo, se eligen en forma paritaria entre consejeros nombrados por estudiantes, profesores y autoridades. A mayores garantías para la autonomía debe haber mayores indicadores de transparencia y apertura informativa.
La UdeG así lo ha entendido y el secretario Briseño Torres y su equipo preparan un sistema para tener en línea la mayor cantidad posible de información, superando los 17 rubros que establece como obligación de oficio la ley federal, y los 27 que introdujo la ley de acceso a la información de Jalisco.
De esta manera, los universitarios y la sociedad podrán observar y seguir la ruta del dinero y de la toma de decisiones en la UdeG generando un equilibrio entre libertad y autonomía, y responsabilidad y transparencia. Algo que, por cierto, brilla por su ausencia en muchas de las universidades del país.
Villanueva, Ernesto, «Autnomía y transparencia», en El Universal,
18 -IX 2007, Opinión.
