Visos y claroscuros del periodismo impreso en México

El año pasado fue un periodo de paradojas y contrastes para le prensa mexicana: la venta esperada de Excelsior frente a la inconformidad de algunos cooperativistas; la próxima reconversión de Notimex frente a la omisión presidencial para nombrar nuevo director; una preocupante escalada de violencia contra periodistas frente a notables avances legislativos… Un año de claroscuros.

La venta de Excelsior fue sin duda la nota más importante de 2006 en materia de medios impresos. El Grupo Imagen, encabezado por Olegario Vázquez Raña, adquirió por 585 millones de pesos los activos y pasivos de la otrora cooperativa, una vez que sus socios decidieron por unanimidad vender los inmuebles de esa casa editora y el cabezal del diario.

De acuerdo con Ernesto Rivera Aguilar, director general de Grupo Imagen, a partir de ese 23 de enero en que se concretó la adquisición, se iniciaría una nueva etapa del periódico “digna de su pasado”, y agregó que se buscarían sinergias empresariales con sus filiales radiofónicas para impulsar el proyecto editorial sin perder de vista su compromiso “con la verdad, la libertad editorial, la imparcialidad y la objetividad”.1 Al día siguiente en un desplegado, Grupo Imagen reiteró su postura:

Velaremos para que en esta casa editorial se expresen todas las corrientes de pensamiento, sin mayor compromiso que el establecido con nuestros lectores.

Asumimos esta responsabilidad con la plena libertad de expresión que exige la sociedad con una visión profundamente nacionalista en el contexto de la globalización, desde una perspectiva renovadora que aprende del pasado para superarlo.2

Aunque novedosa, lo cierto es que el anuncio de la venta de Excelsior era esperada desde hace tiempo. Desde 2002, varios personajes interesados desfilaron sin éxito: José Gutiérrez Vivó, dueño de Monitor; Alfonso Romo, empresario regiomontano; Fernando González Parra, quien fuera propietario de Ovaciones; Miguel Aldana Ibarra, exdirector de la Interpol en México, y Luis Enrique Mercado, director de El  Economista. Fue Olegario Vázquez Raña, tras varias intentonas, quien logró su acariciado anhelo. Pero si en el otoño de 2000, el propietario del Grupo Empresarial Ángeles (GEA) ofreció cerca de 110 millones de dólares, en 2006 sólo tuvo que pagar poco más de 55 millones de dólares. El tiempo y la adversa situación económica de la cooperativa jugaron a favor del  también accionista minoritario de Grupo Milenio.3

Del monto de la operación, 277 millones de pesos serían para salarios caídos de cooperativistas en activo, jubilados y trabajadores eventuales, en tanto 308 millones de pesos servirían para liquidar deudas con acreedores.

Al margen de tales señalamientos, recién consumada la venta, algunos analistas se preguntaron adónde quedarían las onerosas deudas fiscales de la Cooperativa Excelsior y, a ese respecto, el propio director de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, sostuvo que los nuevos propietarios no asumirían débitos con el fisco ni con el IMSS o el Infonavit, y que ello se saldaría  con los 585 millones de pesos pagados por la adquisición.  No obstante lo anterior, Samuel García escribió:

La verdadera negociación se dio con el gobierno federal representado por Hacienda, el acreedor más importante del diario. Los adeudos no han sido revelados, pero suman cantidades millonarias en términos de impuestos no pagados, cuotas al seguro social y diversas obligaciones de carácter laboral. Evidentemente que el empresario Olegario Vázquez Raña llegó a un acuerdo sumamente favorable con el gobierno federal en términos de cumplimiento de estos adeudos; de otra manera difícilmente se entiende una operación tan costosa. Y es que más allá del desembolso inicial acordado con los cooperativistas de alrededor de 55 millones de dólares, el Grupo Imagen todavía requerirá de una fuerte inversión en materia de equipamiento, de rotativas, de recursos humanos y de una estrategia agresiva de reposicionamiento del producto editorial.4

No todos los socios de la cooperativa, sin embargo, quedaron conformes con la transacción. Según Jenaro Villamil, un grupo de 200 de un total de 900, consideran fraudulenta la compra-venta del rotativo e incluso decenas de ellos tramitaron su inconformidad –por los irregulares e injustos montos de las liquidaciones– ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.5 Aunado a ello, haciendo uso de varios resquicios para echar abajo la operación y nulificar la convocatoria del 23 de enero, un grupo de 22 cooperativistas interpuso una demanda contra  Armando Heredia, quien fuera presidente del Consejo de Administración, por la venta del diario  habida cuenta que, según su perspectiva, no se contó con la aprobación de todos los trabajadores.

Casi tres meses después de anunciarse la nueva ruta del periódico Excelsior, se dio a conocer su nueva faceta editorial y paulatinamente ha ido incorporando relevantes plumas. Mejoró sustancialmente su diseño  con una propuesta gráfica más moderna y atractiva. Atrajo a un joven y experimentado cuerpo de reporteros procedentes de diversos medios, lo cual se ha traducido en una indudable mejora de su oferta informativa. Invitó a editorialistas y columnistas destacados como Leo Zuckerman, Jorge Fernández Menéndez, Humberto Musacchio, José Antonio Crespo, entre otros. Y subió al ciberespacio su nueva versión electrónica que aún no logra madurar. Si bien este nuevo Excelsior sigue en busca de personalidad y reposicionamiento, lo cierto es que a todas luces comienza a dar la batalla a diarios como Milenio, Monitor y El Financiero.

Hasta fines de octubre, el Excelsior de Olegario fue dirigido editorialmente por Daniel Moreno Chávez, quien antes había fungido como subdirector de Milenio Diario. Sin especificar razones, los nuevos propietarios lo despidieron y nombraron como nuevo director editorial al reconocido periodista  Pascal Beltrán del Río.

Notimex

Ante el amargo sabor por la aprobación de la llamada Ley Televisa en el Congreso, una buena noticia salió a flote a fines de abril desde la Cámara de Diputados: la reconversión de la Agencia de Noticias Notimex.  En otras palabras: una vez que la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo, de ser un medio gubernamental de acuerdo con sus vínculos e intereses institucionales, la agencia pasará a convertirse en un medio de Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Si bien ese objetivo se había previsto, por lo menos, desde dos años atrás, vale la pena resaltar tal iniciativa, pues podrá afianzar a Notimex como un órgano descentralizado con autonomía técnica, editorial y de gestión, o sea: ya no dependerá del gobierno federal, como antaño.

El dictamen, elaborado por las comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, plantea además la creación del defensor de la audiencia, el respeto a los derechos de réplica y al secreto profesional del periodista e introduce la cláusula de conciencia de los informadores.6

Hasta la fecha, sin embargo, el Presidente de la República no ha designado  al nuevo director –que obligatoriamente deberá tener experiencia periodística– pese a que la ley del nuevo organismo establecía como fecha límite para tal nombramiento el 2 de septiembre de 2006.  A esa omisión se añade una extraña acción de inconstitucionalidad promovida en junio pasado por la Procuraduría General de la República contra la necesaria ratificación del Senado a la propuesta de director enviada por el Ejecutivo. Entre los nombres que se barajan para asumir la dirección de la Agencia del Estado Mexicano, están Aurelio Bueno, actual director; Alejandro Ramos, director editorial de El Financiero; Sergio Uzeta, director del Canal Judicial, y Enrique Aranda,  quien fuera subsecretario de Normatividad y Medios durante el gobierno foxista.7

Libertad de expresión

El 2006 fue uno de los años con mayores golpes, agravios y atentados contra le prensa mexicana que se recuerde en la última década. Apenas iniciado febrero, el día 6, el diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sufrió  un ataque con rifles y granadas de fragmentación, en el que  resultó herido un reportero. Tras interpretar la embestida armada como un mensaje del crimen organizado contra los medios de comunicación en su quehacer por informar en torno al narcotráfico, más de 40 periódicos del país publicaron un desplegado para manifestar su indignación y exigir a las autoridades el cese de la impunidad en actos contra informadores. Asimismo expusieron su disposición para impulsar el llamado Proyecto Fénix consistente en la integración de un equipo de diversos reporteros dedicados a profundizar en las indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas victimados, con el fin de ser publicadas en todos los medios posibles.8

Hechos similares al de Tamaulipas ocurrieron en Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Chihuahua. El 9 de agosto dos individuos irrumpieron con armas de fuego en las oficinas del periódico Noticias, ubicado en el centro de Oaxaca, e hirieron a cuatro personas. Aunque los directivos del rotativo responsabilizaron al gobierno estatal, la PGR señaló que una de las primeras líneas de investigación la constituyen los grupos subversivos, que se han visto afectados por los contenidos de Noticias.

Luego, el 23 de agosto, fueron lanzadas dos granadas a las instalaciones del diario Por Esto en Quintana Roo, así como del periódico Quequi de la misma localidad. Días después, el 1 de septiembre, dos granadas más cayeron en la entrada del diario Por Esto en Yucatán, aunque sólo una de ellas estalló en la recepción y lesionó a tres empleados y provocó daños al mobiliario. Los directivos atribuyeron esos ataques a la delincuencia y el crimen organizado, particularmente el narcomenudeo.9 Y hacia la medianoche del 6 de septiembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un comando armado baleó dos vehículos en los que viajaban Jaime Murrieta, reportero gráfico de El Diario; Aurelio Suárez, fotógrafo del vespertino PM, y Eugenia Cícero, también colaboradora de PM. Los reporteros habían acudido al fraccionamiento Fuentes del Valle por la queja de los vecinos de que cerca había más de 30 hombres ingiriendo alcohol, entre ellos agentes de la AFI vinculados a supuestos  narcotraficantes.10

Pero la amplia lista en 2006 no se circunscribió a ataques armados: además de las presiones y el acoso a reporteros en Oaxaca durante el conflicto magisterial, los actos inhibitorios a las libertades informativas estuvieron  a la orden del día. Baste citar, a guisa de ejemplo, la determinación del Tribunal Superior de Justicia del DF de responsabilizar a Olga Wornat y Editorial Grijalbo por delito de daño moral en agravio de Manuel Bribiesca Sahagún (pese a quedar sin efecto a mediados de mayo, la sentencia y el curso de las demandas contra la periodista argentina suponen un mal precedente contra la libertad de expresión); el boicot publicitario a Proceso orquestado desde la casa presidencial y emprendido a raíz de la demanda civil  contra el semanario iniciada meses atrás; la demanda penal por difamación contra El Imparcial de Sonora impuesta por el gobernador Eduardo Bours debido a que una columna periodística cuestionó su negativa a transparentar el dinero entregado a organizaciones no gubernamentales; y la detención y reclusión del periodista Mario Ksherato, articulista de Cuarto Poder y El Orbe, ambos de Chiapas, debido a un proceso judicial poco claro iniciado en 2004.11

La situación del periodismo mexicano resultó tan crítica en 2006 que incluso algunos organismos internacionales manifestaron su preocupación al Estado mexicano. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció un grave retroceso en materia de libertades informativas y lamentó la corrupción generada por el narcotráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también externó su preocupación  por el aumento de violencia física contra informadores y denunció una creciente ola de intolerancia a la crítica por parte de varios gobiernos de la región, lo cual se refleja no sólo en actitudes de presión, sino además en políticas discriminatorias en la asignación publicitaria y el acceso a la información. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, pidió al presidente electo, Felipe Calderón, otorgar prioridad al esclarecimiento de los asesinatos de periodistas en México y fortalecer las estructuras judiciales.12

Avances legislativos

Frente a la presión nacional e internacional para que el gobierno federal tomara medidas orientada a velar  por el respeto a las libertades de expresión e información en México, y a pocos días del atentado contra el periódico El Mañana, el entonces Presidente de la República puso en marcha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP). Encabezado por David Vega Vera, el nuevo organismo nació con recursos muy limitados e insuficiente respaldo institucional, técnico y humano, lo cual imposibilitó resultados realmente satisfactorios. Entre febrero y noviembre registró 108 expedientes por agresiones a periodistas, de los cuales 66 seguían en trámite. Durante su gestión, el fiscal encontró que los estados más peligrosos para los informadores son Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.13

Quizás lo más destacado y positivo de 2006 en lo que concierne al ejercicio periodístico fue la aprobación de nuevas leyes para salvaguardar el secreto profesional del informador y despenalizar los llamados delitos de prensa. La Cámara de Diputados aprobó en abril la minuta enviada por los senadores tendiente a resguardar el secreto profesional y garantizar la reserva de información a periodistas, abogados, consultores médicos o ministros de culto.

Sobre las modificaciones al Código Penal Federal relativas a los delitos de injuria, difamación y calumnia, el pleno camaral planteó que sean los jueces civiles “quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas o comunicadores lesionan derechos de terceros o perturban el orden público al difundir información u opiniones, imponiéndoles una sanción económica”.14 Con ello se eliminaría la pena de prisión para quien abuse de la libertad de expresión.

Sin embargo, esta última iniciativa, enviada al Senado para su aprobación desde el 18 de abril, puede revertirse ya que los entrantes miembros de ese órgano legislativo han rechazado tales modificaciones y, peor aún, plantean endurecer los castigos en el Código Civil. En su dictamen del 19 de diciembre de 2006, los senadores advierten que aceptar la propuesta representa una claudicación a los derechos ciudadanos: quien difama, debe ir a la cárcel, reiteran.

A contrapelo de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los senadores señalan que la cárcel puede ser aleccionadora para quien “comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona… de un hecho cierto o falso… que pueda causarle deshonra”.15

En contraste, los legisladores capitalinos despenalizaron los delitos de difamación y calumnia en el Distrito Federal y avalaron por unanimidad la Ley del Secreto Profesional del Periodista.

De todo un poco

Entre los aparentes reacomodos en la prensa de fines y principios de sexenio destacó la expulsión de Federico Arreola del diario Milenio. Después de haberlo fundado y dirigido, Arreola fue prácticamente corrido de ese periódico por divergir de la línea editorial y política. La gota que derramó el vaso fue su columna del martes 17 de octubre en donde reprodujo los encabezados de 14 diarios del país, que parecieran haber sido dictados por una sola voz, pues todos uniformaban su criterio informativo en el tono de “El PRI arrasa con López Obrador en Tabasco”. Cinco de esos rotativos pertenecen al Grupo Multimedios Estrella de Oro, que edita Milenio Diario. Los directivos de su ahora ex diario no toleraron el “balconeo” en su propia casa. Pero de acuerdo con el propio Arreola, hubo otras dos razones para su expulsión: 1) su notable cercanía con Andrés Manuel López Obrador, líder político que anhelan “exterminar” el gobierno federal, el PAN, algunos empresarios y varios medios, entre ellos Milenio; y 2) aprovechar su cabeza como estrategia política de Multimedios para facilitar su negociación –con el gobierno federal–  encaminada a asociarse con Televisa en TV por cable.16

En lo que concierne a inversión publicitaria, los medios impresos apenas mantienen su presencia. De acuerdo con la Asociación de Agencias de Medios, la inversión total en publicidad en 2006 se ubicó en 38 mil 190 millones de pesos: la TV abierta concentró 60%, los anuncios exteriores lograron 11%, la radio captó 8%, en tanto la prensa alcanzó 7% y las revistas sólo 5%. La televisión pagada también acumuló 5% y el cine 2%. 17

Una iniciativa digna de ser tomada en cuenta fue la firma de un convenio entre La Prensa y activistas de la comunidad gay en el que tal periódico se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso al informar sobre temas lésbico-gays, bisexuales y de transgénero.

El acuerdo, suscrito a fines de febrero, se originó a partir de la protesta del Comité Orgullo México y el Movimiento en Medios por la Objetividad en Temas de Orientación e Identidad Sexual por una información referente a un presunto asesino de homosexuales que el rotativo calificó en su cabeza principal como “Matajotos”. La indignación de un sector de la comunidad gay no se hizo esperar. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió la protesta e intermedió para que La Prensa brindara un espacio permanente a tales temas.18

Otro hecho que podría significar un importante precedente en materia de acceso a la información en México lo constituye el amparo promovido por la revista Proceso ante la negativa del Instituto Federal Electoral a la solicitud de ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para acceder a las boletas electorales del 2 de julio. El IFE ha sostenido que las boletas no son documentación pública y están sujetas a un proceso de “inviolabilidad”. El semanario intenta evitar la destrucción de dicha documentación mientras se determina si el Instituto está violentando el derecho de acceso a la información.19

Finalmente, tres importantes medios impresos celebraron sus aniversarios: El Universal cumplió 90 años de circulación, la revista Proceso festejó sus tres décadas de vida, y El Financiero alcanzó sus primeros cinco lustros.

Notas

1) El Universal, 24 de enero de 2006, pág. 15.

2) La Jornada, 24 de enero de 2006, pág. 25.

3) La Jornada, 30 de enero de 2006.

4) El Universal, 27 de enero de 2006; véase también Reforma, 28 de mayo de 2006, pág. 25.

5) Revista Zócalo, febrero de 2006. pág. 13.

6) El Financiero, 26 de abril de 2006. pág. 56.

7) Revista Zócalo, octubre de 2006. pág. 23.

8) Recuento de Daños 2005. Un acercamiento al estado de las de expresión e información en México, Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, mayo de 2006.

9) Bitácora de RMC, octubre-noviembre de 2006, y Revista Zócalo, septiembre de 2006.

10) La Jornada, 7 de septiembre de 2006, El Universal, 7 de septiembre de 2006.

11) Reforma, 5 de marzo de 2006; La Jornada, 29 de marzo de 2006; El Universal, 30 de marzo de 2006; Reforma, 7 de mayo de 2006; El Financiero, 17 de mayo de 2006; El Universal, 13 de septiembre de 2006; y www.pe riodistasenlinea.org

12) El Universal, 4 de octubre de 2006; La Jornada, 15 de octubre de 2006; La Jornada, 24 de octubre de 2006; El Universal, 30 de noviembre de 2006; Reforma, 4 de diciembre de 2006.

13) El Universal, 7 de diciembre de 2006;  La Jornada, 24 de nero de 2007; La Jornada, 17 de agosto de 2006.

14) Recuento de Daños 2005, Op. Cit.; Revista Zócalo, mayo de 2006.

15) Revista Proceso, 21 de enero de 2007. pág. 50.

16) La Jornada, 19 de octubre de 2006.

17) Reforma, 9 de enero de 2007.

18) Revista Zócalo, mayo de 2006.

19) La Jornada, 11 de septiembre de 2006.