Medios, violencia y gobernanza

Escenario actual y asignaturas pendientes del periodismo mexicano

Fotografía: "México PFP" por Jesús Villaseca @ Flickr

Por María Elena Meneses

Luego de un siglo caracterizado por su dependencia endémica con el poder político y la publicidad oficial, el periodismo mexicano  –que adeudaba a la sociedad trabajar con autonomía editorial y financiera–  acabó presa de la confusión por la violencia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2000 y agosto de 2011, 74 periodistas fueron asesinados y la mayoría de las investigaciones permanecen abiertas. Es tal la gravedad de la situación, que algunos organismos internacionales han catalogado a México como el segundo país más peligroso para el ejercicio periodístico –sólo después de Irak–.

Sin parámetros de autorregulación, los medios mexicanos han tenido que decidir sobre la marcha e  interrumpir una transmisión ante un tiroteo inesperado durante un partido de futbol, o mostrar u ocultar la crueldad de los sanguinarios ajustes de cuentas en las primeras planas, en la radio y televisión.

Por su lado, el gobierno federal no ha escapado a su intención de tener de aliados a los medios, montando capturas de delincuentes en horario triple A, sin importar el derecho de presunción de inocencia.

En cualquier país democrático estas prácticas de comunicación hubiesen sido objeto de profundos debates; paradójicamente, en los discursos del gobierno, los medios aparecen como responsables de hacer una apología de la violencia.

En medio de estos actores –medios, periodistas y gobiernos en sus tres niveles–, las audiencias comenzamos a percatarnos de nuestro derecho a exigir no sólo coberturas de calidad, sino a que se nos informe cabalmente lo que pasa, sin estridencias ni manipulaciones. Ésta es la función que le da legitimidad a los medios y a los periodistas en una sociedad democrática.

Los códigos deontológicos

Los medios y el gremio periodístico mexicano adeudan a sus lectores criterios editoriales mínimos bajo consenso para la cobertura y exposición de la violencia.  Han existido intentos, como el reciente pacto promovido por las televisoras, pero no es suficiente. Todo código de buenas prácticas es inoperante si no va acompañado de instancias de observancia y medición de resultados.

No es difícil ser escéptico frente a un pacto anunciado en el marco de un reality show y que fue usado por la cadena TV Azteca para defenderse de quienes la criticaron por interrumpir la transmisión del partido de futbol en la ciudad de Torreón, cuando ocurrían tiroteos.1

Un código de ética es, de acuerdo con Ernesto Villanueva, un “instrumento normativo mediante el cual se plasman el conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesan el periodismo, por razones de integridad, de profesionalismo y de responsabilidad social”.

Los códigos éticos existen en el mundo desde principios del siglo XX y su uso se generalizó, a decir de diversos expertos, a raíz del caso Watergate en los  años setenta.

En 2008, el Centro Internacional de Periodismo  (ICFJ por sus siglas en inglés) tenía registrados 236 códigos de ética provenientes de instancias supranacionales como la UNESCO, de asociaciones profesionales o, bien, elaborados por los propios medios.

Los códigos deontológicos o los defensores de las audiencias son elementos valiosos para el ejercicio profesional y para garantizar los derechos de los lectores, radioescuchas y televidentes, pero circunscribir el debate de la cobertura de calidad, la libertad de expresión y el derecho a la información a una figura de defensor o a un listado de buenas intenciones, es no reconocer que la comunicación mediática  –y máxime en tiempos de crisis– es un asunto de enorme complejidad que requiere de una visión sistémica.

Recuento de daños

El contexto de violencia e intimidación contra  los periodistas se expresa en prácticas que obstaculizan la labor informativa y atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, como lo son: 1) la intimidación por medio de crímenes y extorsiones; 2) la utilización de medios y periodistas como portavoces; 3) la autocensura.

Intimidación

El crimen organizado impone su agenda no sólo por la vía de los brutales crímenes, sino mediante la extorsión e intimidación a los periodistas. A partir de 2007, las agresiones y amenazas en contra de periodistas  –sobre todo de medios de los estados fronterizos–  fueron incrementándose frente a la indiferencia del gremio y de las autoridades. Sin embargo, en julio de 2010, el crimen tocó a medios de alcance nacional con el secuestro ocurrido en Durango de un grupo de cuatro reporteros, entre los que se encontraban un camarógrafo de Grupo Multimedios, un productor y un camarógrafo de la cadena Televisa, así como un reportero de un diario local.

El secuestro tuvo como objetivo forzar a sus respectivos medios a difundir grabaciones del interés de los delincuentes, a cambio de preservar la vida de los informadores. En una acción inédita, el programa Punto de Partida de la cadena Televisa canceló su emisión, previa postura de su conductora Denisse Maerker, quien exigió al Estado mexicano “garantizar la seguridad de los individuos, el ejercicio de las libertades y las profesiones”. En ese mismo tono, el conductor de Milenio Televisión  –propiedad de Grupo Multimedios–  Ciro Gómez Leyva, señaló contundente que un medio de comunicación no está preparado ni diseñado para negociar rehenes.

El reportero del diario El Vespertino, Oscar Solís, y el periodistas de Televisa, Héctor Gordoa, fueron liberados por sus secuestradores. Días después, José Canales (Multimedios) y Alejandro Hernández (Televisa) lograron obtener su libertad en una situación poco clara para la opinión pública.2

Para el gobierno federal, la situación del periodismo mereció atención a fines de 2010, cuando ante una preocupada delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York, el presidente Felipe Calderón se comprometió a elaborar un plan interinstitucional de protección a periodistas y a la libertad de expresión que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta la terminación de este artículo se desconoce cómo se llevará a cabo dicha estrategia de protección.

Cuando el medio es el mensaje

Paralelamente a la creciente sofisticación comunicativa de los criminales, sin parámetros de autorregulación, la prensa mexicana está entre dos fuegos. El gobierno federal y los dueños de los medios han optado por cubrir a cuentagotas la violencia, salvo excepciones en donde es tal su desbordamiento –como el dramático caso del Casino Royale en Monterrey– que ningún pacto o práctica de autocensura pudo ocultar.

Aunque vale señalar que la cadena Televisa optó por contrarrestar el horror del caso con un programa de exaltación de la fortaleza y el poder de los buenos contra los malos. Durante la transmisión se entrevistó a líderes empresariales, políticos, celebridades de la televisora e incluso a Javier Alatorre, conductor de noticias de la competencia, TV Azteca, en una clara intención de demostrar unidad y apoyo al Presidente.

Los empresarios de los medios han demostrado, como a lo largo de la historia contemporánea de México, estar más cerca del gobierno que de sus periodistas, a quienes adeudan entrenamiento y capacitación constante.

La cobertura del narcotráfico exige entrenamiento en protocolos y métodos alternos de recolección de información que no arriesguen al periodista, tales como el periodismo asistido con bases de datos. Estas técnicas son poco usadas en el periodismo mexicano, al igual que la disposición para elaborar coberturas colaborativas entre diversos medios nacionales. Todo ello no sólo brindaría seguridad sino que garantizarían el cumplimiento de la misión informativa y la salvaguarda del derecho a la información de los mexicanos. Organizaciones civiles financiadas con fondos externos son las que han encabezado una modesta pero comprometida labor de entrenamiento e interlocución entre los afectados, las autoridades y los empresarios del periodismo.

Autocensura

Cuando el periodismo renuncia a la labor que le otorga legitimidad social, la sociedad en su conjunto ve vulnerado su derecho a estar informada.

En 2010, un estudio de la Fundación de Periodismo de Investigación (MEPI)  analizó por seis meses la cobertura de 11 diarios locales sobre criminalidad y narcotráfico en igual número de ciudades afectadas y las contrastó con estadísticas de ejecuciones y testimonios de editores. Se concluyó que sólo se publica 10%, o menos, de los acontecimientos relacionados con el narcotráfico y la criminalidad. Esta investigación periodística, retomada por diversas publicaciones estadounidenses como Pro Pública, puede resultar una aproximación cualitativa y cuantitativa a un fenómeno preocupante y creciente.3

Es necesario reconocer que los académicos de universidades mexicanas no hemos abordado con profundidad el necesario tema de las implicaciones de la autocensura en la libertad de expresión en el proceso de consolidación democrática. Por ello, es relevante la reciente propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México que busca redefinir la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, la cual pone énfasis en la desmilitarización del país y la salvaguarda de los derechos humanos.

Como señala el documento entregado al Presidente, “los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil deben encontrar la manera de dirigir el impulso de nuestras comunidades para avanzar hacia la plena capacidad de los ciudadanos para convertirnos en agentes de cambio”.

Hacia una gobernanza mediática

En toda sociedad, los medios son parte de un sistema que requiere de una gobernanza multisectorial. El profesor Dennis McQuail, connotado estudioso de la comunicación, dedica uno de sus últimos libros a elaborar una propuesta metodológica denominada gobernanza mediática, que es prudente revisar en el contexto mexicano.

El modelo parte del reconocimiento de que lo que pueden hacer los medios y los periodistas es limitado; por ello argumentamos que los códigos deontológicos o de buenas prácticas poco pueden hacer en un contexto adverso.

Siguiendo en el modelo de McQuail, tenemos diversos actores corresponsables para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Están las peculiaridades del sistema mediático mexicano, sus intereses, perversiones y nexos con el poder político y económico.

Por otra parte, está el marco jurídico que regula los medios, en el cual el Poder Legislativo tiene un papel determinante. También aparecen las empresas mediáticas y su grado de responsabilidad social y, finalmente, los profesionales a quienes corresponde adoptar códigos de buenas prácticas.

Cada actor tendría que demostrar su responsabilidad y más en momentos de crisis como los que atraviesa el país. De poco sirve un código o listado de buenas intenciones, si el resto de los componentes de la gobernanza no están orientados por la misma convicción y responsabilidad social.

Pendientes en la agenda de los medios

En México resulta necesaria la actualización de un marco legal para la prensa escrita y la radiodifusión. Las empresas mediáticas tienen la obligación de responder al interés general por encima de sus intereses privados, así como promover códigos de autorregulación e instancias de observancia.

A los periodistas corresponde profesionalizarse y conducirse con ética y responsabilidad. A las audiencias, exigir coberturas de calidad; pero antes que nadie, corresponde al Estado garantizar la seguridad de los informadores.

La publicidad discrecional ha condicionado históricamente al periodismo mexicano, ha inhibido su profesionalización y la articulación de una industria competitiva. De esa forma es necesaria la transparencia en la adjudicación de la publicidad gubernamental que permita una sana competencia y autonomía editorial que redunden en mejores contenidos.

La excesiva concentración televisiva inhibe un sistema mediático informativo diverso y competitivo, por lo que resulta inaplazable la discusión y aprobación de una legislación tendiente a articular un sistema de medios pluricéntrico. Esta diversidad mediática podría lograrse también con el acceso universal a la Internet y una paralela reforma educativa, que desarrolle en los niños mexicanos capacidades digitales desde la infancia.

Se han dado algunos avances en materia legal para facilitar el libre ejercicio del periodismo –como el derecho a guardar la confidencialidad de las fuentes y la despenalización del delito de difamación–, que si bien se han concretado en apenas la mitad de los estados de la república, no puede negarse su trascendencia.

Asimismo, la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública –que si bien no estuvo dirigida a los medios, sino a transparentar la función pública– es una valiosa herramienta que coadyuva con la misión de fiscalización que tienen la prensa en una sociedad democrática.

Tales avances contrastan frente a una anticuada Ley de Imprenta vigente, que data de 1917 y que carece de mecanismos jurídicos que promuevan la autonomía del periodista ante decisiones editoriales cuando se contrapongan a su integridad profesional, tales como la cláusula de conciencia.

Con esta serie de medidas se evitaría que un periodista sea obligado a actuar en contra de los valores éticos de la profesión, realizando entrevistas pactadas, compradas u obligándole a falsear la realidad, casos que en la realidad periodística mexicana son comunes.4

Con educación y competencias digitales, México sería una nación de lectores, radioescuchas, televidentes e internautas participativos que exijan un periodismo autónomo y con sentido de responsabilidad social.

Los medios en una sociedad democrática tienen la función de forjar ciudadanía, de crear opinión pública y de articular una cultura de rendición de cuentas. Son muy importantes para la salud de la vida pública como para dejarlos únicamente en manos de las empresas mediáticas y de los periodistas.

1) El 20 de agosto de 2011 TV Azteca transmitía un partido de la liga mexicana de futbol cuando se suscitó un tiroteo, que provocó que los mismos jugadores se echaran a correr para protegerse.20 mil personas fueron desalojadas en medio del pánico y la incertidumbre.

La televisora optó por cortar la transmisión y poner en su lugar un programa ligero. Argumentó que no deseaba “hacer apología de la violencia” y su apego al mencionado pacto. En contraste la cadena ESPN en español continuó una amplia transmisión en voz de sus periodistas deportivos.

2) El 31 de julio en conferencia de prensa la SSP anunció la liberación de los periodistas mediante un operativo. La versión fue rectificada semanas después por el camarógrafo de Televisa, quien señaló a la periodista Carmen Aristegui que no habían recibido ayuda de la policía. Hernández solicitó asilo a Estados Unidos.

3) El título del reportaje es: «México. La espiral del silencio» disponible en: http://fundacion mepi.org/

4) Un ejemplo es el montaje de la captura de Florence Cassez recreada por la SSP y transmitida por Noticieros Televisa y Hechos de TV Azteca el 9 de diciembre de 2005.

Camacho, F. (22 de septiembre de 2011). La cifra de periodistas asesinados en México de 2000 a la fecha llegó a 74. La Jornada online. Recuperado el 14 de septiembre de 2011, de: http://www.jornada.unam.mx/2011/09/02/politica/007n2pol

Meneses, M.E., (2011). Periodismo. Desafíos para su libre ejercicio. Panorama de la Comunicación en México. México: Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI

Meneses,M.E y Reyes, L., (2008). Construyendo un periodismo ético. Bases para la práctica responsable de la profesión en México. CEPET, AC y Tecnológico de Monterrey. Recuperado el 14 de septiembre de 2011, de: http://mariaelenameneses.com/2010/08/construyendo-un-periodismo-etico-bases-para-la-practica-responsable-de-la-profesion-en-mexico-informe-cepet-itesm/

Fundación de Periodismo de Investigación, MEPI., (2010) México: La espiral del silencio. Recuperado el 14 de septiembre de 2011, de: http://www.fundacionmepi.org/index.php? option=com_content&view=article&id=102:me xico-la-nueva-espiral-del-silencio&catid =50:investigaciones&Itemid=68

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (2010). Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Recuperado el 16 de septiembre de 2011, de: http://es.scribd.com/doc/61932445/propuestaunam01

McQuail,D.,(2003). Media accountability and freedom of publication. USA: Oxford University Press

Villanueva, E. (1996). Códigos europeos de ética periodística. México: Fundación Buendía & Generalitat de Cataluya.

Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Correo electrónico: marmenes@itesm.mx