Peligros del periodismo en México: De héroes están llenos los panteones

• 110 reporteros, editores y fotógrafos han sido asesinados en los últimos dos sexenios y 14 están desaparecidos.
• Hay regiones donde el reportero ya no acude a verificar los hechos.
• Recuento de los atentados a periodistas en el sexenio de Felipe Calderón.

Fotografía: «Justicia para 70 periodistas asesinados» por Artículo 19 @ Flickr

Por Carmen García Bermejo

Publicado originalmente en El Financiero

Con el incremento de la violencia en México, los ataques contra periodistas son desmedidos: 110 reporteros, editores y fotógrafos han sido asesinados en los últimos dos sexenios y 14 están desaparecidos. Además, 39 medios de comunicación fueron atacados con armas de fuego o explosivos, a partir de 2006, y los reporteros siguen recibiendo agresiones de todo tipo.

Se ha ensombrecido el panorama para ejercer el periodismo en México. Desde que Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, la violencia se propagó por todo el país hasta trastocar la vida pública y la forma como la sociedad tiene derecho a estar informada. De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

Todo eso sucede en México y los casos siguen impunes. Es verdad que cuando ocurre un agravio de este tipo, por oficio, los funcionarios abren una averiguación previa, pero la mayoría no concluye. Nadie sigue la investigación. No hay indicios, ni detenidos, ni presuntos responsables. Nada. Aunado a esto, los reporteros siguen recibiendo afrentas de diversa índole en todo el territorio. Lo más grave es que el 53 por ciento de estas agresiones han sido cometidas por funcionarios públicos y el 3.73 por ciento se le atribuyen a la delincuencia organizada.

2012: Entre elecciones y escalada de la violencia

En la esquizofrenia electoral de los últimos seis meses, parecía que nada ocurría. Todo era campañas políticas. Pero en medio de esa marejada varios periodistas fueron asesinados, amenazados y desaparecidos. Sólo en Veracruz cinco reporteros fueron ultimados entre abril y mayo de este año, sin que a la fecha haya indicios de lo ocurrido. Apenas el pasado 10 de julio las instalaciones de los periódicos El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y El Norte, de Nuevo León, fueron atacadas con explosivos. Ambas empresas ya habían sido embestidas antes de la misma forma, a tal grado que el consejo editorial El Mañana publicó en su editorial: “Este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones en el país”. Esta fue la reacción que tuvo después de que el 11 de mayo 2012, un grupo de personas armadas arrojarán a las instalaciones del diario una granada de fragmentación y dispararan contra la fachada. Aún así, el acto se volvió a repetir hace ocho días. En tanto, diversas oficinas de El Norte han sido agredidas con artefactos explosivos cuatro veces desde 2010.

En Nuevo León, el pasado 5 de julio, la periodista Sanjuana Martínez fue arrestada con lujo de violencia en su domicilio por la policía municipal de San Pedro Garza García y por elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, presuntamente por una demanda civil presentada en su contra, sin que la reportera conociera las causas legales con antelación. Así escala la violencia contra informadores. Sólo en junio de este año la reportera Verónica Jiménez, corresponsal del periódico Reforma en Hidalgo, fue detenida por elementos de Seguridad Pública de Pachuca por fotografiar a brigadistas del PRI que entregaban regalos antes del proceso electoral del 1 de julio. De la misma forma, pero en Oaxaca, Patricia Castellanos, fotógrafa del diario Síntesis, fue agredida físicamente mientras captaba fotos en una protesta contra Enrique Peña Nieto. Ahí en Oaxaca, Said Hernández, jefe de información de la revista Tucán, fue atacado con una navaja por tres hombres cuando llegaba a su domicilio.

En junio, la alerta subió de tono. La periodista Stephania Cardoso, quien cubre la fuente policiaca para los diarios Zócalo de Saltillo y Calibre 57, en Coahuila, fue reportada como desaparecida junto con su hijo de dos años de edad. Dos semanas después, la misma reportera avisó que estaba bien, pero escondida pues fue amenazada de muerte.

Pero abril y mayo de 2012 han sido los meses en donde los periodistas y las empresas informativas han recibido la mayor embestida.

El 25 de abril, la redacción del periódico Enlace de Izúcar de Matamoros, Puebla, recibió una llamada en la que un sujeto vinculado, según él, con el cártel de los zetas, exigió 50 mil pesos en efectivo o, de lo contrario, incendiaría las instalaciones del rotativo, al igual que la emisora XEEV 1330 AM Radio Festival por donde este diario transmite su noticiario. En tanto, en Xalapa, Veracruz, la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada en su casa.

En mayo la escalada continuó. René Orta Salgado, reportero de la fuente policíaca en Morelos, desapareció al salir de un bar y dos días después fue hallado en la cajuela de una camioneta abandonada en Cuernavaca con señas de tortura y estrangulamiento. Después, el periodista Marco Ávila García, de El Diario de Sonora, fue plagiado por un grupo de encapuchados en el municipio de Cajeme y su cuerpo fue localizado, dos días después, en Guaymas. Asimismo, los fotoreporteros Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, que laboraban en diversos diarios de Veracruz, fueron levantados y encontrados muertos, al día siguiente, en las inmediaciones del municipio de Boca del Río.

Otro de los reporteros gráficos que aún se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de mayo es Federico Manuel García Contreras, del periódico El Punto Crítico. Él acudió al una orden de trabajo en el municipio de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, y a la fecha nadie sabe dónde está, aunque el último que lo vio con vida fue el comandante José Alberto Troas Pérez, de la policía municipal.

Estos son sólo algunos ejemplos. Hay más. Quienes están al frente de los medios de comunicación narran aquí su experiencia.

Amenazas

Pedro Torres Estrada, subdirector editorial del periódico El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, explica que aún en esta coyuntura de violencia que vive el país por la guerra contra el narcotráfico, el mayor número de agresiones hacia los periodistas no sólo provienen de los grupos delincuenciales, sino de los grupos policíacos, de seguridad pública y de diversas dependencias gubernamentales:

-Cuando nosotros publicamos cierta información -apunta- que genera alguna reacción,  detenemos el manejo de esa noticia anteponiendo la seguridad de todo el personal del periódico.

Por ejemplo, en Parral detuvieron a cinco personas y la PGR sólo informó que los sujetos estaban ligados al cártel de “El chapo” Guzmán. No dio más información. Pero nosotros investigamos y encontramos que se trata de una célula encargada de lavar dinero en casas de cambio en Juárez y en El Paso, y en bancos de El Paso y Los Ángeles, California.

Al publicar la información, una llamada anónima amenazó a personal de la redacción al decirles que si había una secuela de esa nota iban a matar al personal de El Diario ubicado en Parral. Torres Estrada señala que en aquella entidad trabajan un reportero, un fotógrafo y una secretaria, por lo que decidieron ya no continuar con la investigación:

“Nosotros -añade- somos como la humedad: buscamos por donde entrar. Si se puede avanzamos, lo hacemos. Si nos detiene algún dique, vamos hacia otro lado a buscar. Así estamos trabajando. Nunca nos hemos reprimido antes de publicar algo. Siempre hemos informado y si hay reacciones en contra, nos detenemos. No antes.”

Pero las agresiones se aplican de diversas formas. En marzo de este año, antes de que se pusiera en marcha la “veda electoral”, todas las dependencias del gobierno federal mandaban su propaganda a El Diario, excepto la Secretaría de Seguridad Pública.

-Nos extrañó -señala Torres Estrada- y preguntamos. Los funcionarios de la SSP nos dijeron que se debía a nuestra línea editorial, la cual era muy dura -según ellos- hacia la policía federal. Publicamos esa situación e incluso hubo una reunión de los directivos del periódico con funcionarios de esa dependencia. Ellos aseguraron que no pasaría más. Pero siguió sucediendo. También cuando venía la gente del gobierno federal del programa Todos somos Juárez criticaban al periódico de ser “duros”, “incisivos” y “demasiado críticos”, como si nos dedicáramos a hacer gacetillas para alabarlos. Hacemos nuestro trabajo para informar a la gente. Pero lo curioso es que ellos exponían su visión de El Diario en reuniones públicas, no directamente a nosotros, sin saber las implicaciones tienen esas acusaciones.

Leyes inservibles

La situación que se vive en Sinaloa también es crítica. En octubre de 2010 las instalaciones del periódico El Debate, de Mazatlán, fueron atacadas a balazos con fusiles de asalto por un grupo de sicarios, los disparos fueron dirigidos en la entrada de acceso a clientes. Al momento, personal de circulación que se encontraba al interior se tiró al piso, para ponerse a salvo de la lluvia de balas. No hubo lesionados. Ya en noviembre de 2008 las instalaciones de El Debate, de Culiacán, y en febrero de 2009, la casa del director de la filial del periódico en Guasave, Moisés García Castro, también fueron objeto de ataques.

Gustavo Lizárraga Reyes, subdirector editorial del periódico El Debate de Mazatlán, narra a EL FINANCIERO que, a partir de la agresión del inmueble no cambiaron la línea editorial, pero se limitan a exponer los hechos:

-No se investiga más allá de lo que sucede -continúa-, aunque hay muchas cosas que se podrían publicar. Hace un par de semanas acribillaron a varios policías por acá. Los emboscaron, pero a cada rato levantan a personas, matan a civiles por todos lados. ¿Qué garantía tiene uno como medio? Ninguno. Lo que hacemos es escribir los hechos tal y como suceden. El periodismo de investigación se acabó. Hay regiones donde la cosa está peor, ni los medios acuden al lugar a verificar los hechos. No se hace la cobertura informativa. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Vamos a cubrir, reportemos, asistimos a los lugares, una cobertura normal. Pero de ahí a buscar detalle en cierto tipo de ejecuciones o profundizar en algún tipo de decomiso. Ya no.

Lizárraga Reyes comenta que ante el incremento de la inseguridad los periodistas han establecido, de manera natural, protocolos de seguridad:

-Una de las cosas que la directiva de El Debate ha dejado clara -asegura- es que no queremos héroes. De héroes están llenos los panteones. Sin tener un manual bien elaborado hemos adaptado medidas para protegernos por la misma violencia que hemos vivido. A veces los colegas son muy duros al decir que nos autocensuramos. Lo que digo es que no es lo mismo ejercer el periodismo en el DF que en Chilpancingo, en Mazatlán, en Torreón o en Michoacán. Hay que quedarse a reportear en esos lugares, por lo menos uno o dos años, para medir el tamaño de las palabras. Nosotros hacemos nuestro trabajo hasta donde se nos permite. Muchas veces lo que se nos permite es tan poco porque la misma violencia te ha dicho que el límite está allí. Es muy complicado. Eso no significa que somos cobardes. Aquí hay plumas muy valiosas. Hay compañeros que se enfrentan día a día a situaciones complicadas y salen adelante.

Otro aspecto también se refleja en Coahuila. En agosto de 2009 y noviembre de 2011 las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón fueron atacadas por comandos armados. En ambos casos, no hay ni siquiera indicios de los responsables. Javier Garza Ramos, subdirector editorial de este diario, precisa que desde antes de la primera agresión ya habían empezado a cuidar la información relacionada con hechos delictivos: cuidar que la noticia publicada se apegue a los datos oficiales de cada hecho, no hacer especulaciones ni ir más allá del hecho evidente, revisar el lenguaje empleado (no utilizan la palabra ejecutado), cuidar los titulares para no ser escandalosos y que las fotos no sean sangrientas.

-Optamos por seguir publicando todo -subraya-, pero las cosas fuertes ya no van en la primera plana. Nunca hemos tomado la decisión de dejar de reportar la violencia que agobia a Coahuila. Aunque, en realidad, nunca supimos porqué y quién atacó las instalaciones del periódico. Revisamos toda la cobertura informativa que habíamos hecho en los días previos y no detectamos ninguna nota que nos diera una pista de que por eso nos pegaron. De los dos ataques que hemos sufrido nunca hubo el seguimiento de la investigación, ni ninguna persona detenida.

Garza Ramos indica que la situación es crítica y los periodistas se saben vulnerables, debido a que no hay ninguna fuerza que disuada a los criminales.

-Si los ataque se han ido sin castigo -acota el editor-, obviamente ellos saben que se pueden salir con la suya. Nosotros exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, vemos que no lo hacen pero no dejamos de insistir. La PGR abrió una investigación de oficio, pero no hay ningún seguimiento. En lugar de caer presas del temor que te lleva a la parálisis, decidimos mantenernos firmes como medio de comunicación tomando medidas de precaución a nivel de los reporteros, protección del inmueble y con el personal que labora dentro del periódico. No nos queda de otra.

Garza Ramos afirma que a pesar de la recientemente aprobación de la ley para la protección a los periodistas, no va a funcionar porque ese mecanismo está sustentado en que la existencia de una amenaza previa. Y, la gran mayoría de los ataques que han tenido tanto comunicadores como medios, no hay una amenaza previa.

-Te ocurre sin que te digan: “Agua va” -reitera-. Analicé esa ley de protección aplicándola a los dos ataques que hemos sufrido para ver de qué manera nos pudo haber servido. Llegué a la conclusión de que no nos hubiera servido de absolutamente de nada. Pueden verlo también con los recientes ataques asestados a El Norte y El Mañana. Tampoco lo pudieron aplicar. Ese mecanismo tiene algunas cosas que me preocupan en lo particular porque habla de evacuación y de reubicación de las personas amenazadas. Para mí, aceptar eso en un periódico es una rendición. Si de lo que se trata es de proteger a los periodistas para que sigan haciendo su trabajo, en el momento en que reubicas a un reportero y lo sacas de la ciudad ya dejó de hacer su trabajo. Los atacantes ya ganaron y cumplieron su objetivo: quitarte de donde les estorbabas.

Justicia en lugar de chalecos

En Baja California las cosas tampoco se componen. Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta de Tijuana recibió, en mayo, una distinción del rotativo Newsweek por su insigne labor. Desde su fundación en 1983, este diario siempre ha estado en riesgo, la última amenaza que recibió fue en febrero de 2012. Al respeto, Navarro Bello narra:

-La primera portada que el semanario Zeta dedica al tema del narcotráfico se publicó en 1985, cuando entraron a Baja California el cártel de los hermanos Arellano Félix, con la ayuda del gobierno del estado. Desde entonces no abandonamos el tema. Jesús Blancornelas fue uno de los primeros periodistas en el país en dedicarse a desmenuzar el mapa del narcotráfico en México y la corrupción, principalmente, en las corporaciones policíacas municipales y estatales, procuradurías, a lo largo y ancho de este país.

Es verdad que ese trabajo ha tenido un precio alto: un atentado a Jesús, la muerte de Luis Valero y, en 2004, el asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, quien reveló la forma como narcotraficantes estaban coludidos con la procuraduría del estado.

En 2004, Blancornelas decidió que él iba a firmar todas investigaciones en donde se hacen revelaciones sobre el crimen organizado, narcotráfico y sus ligas de corrupción con el gobierno, porque él contaba con un equipo de seguridad que le habían otorgado desde 1997 cuando sufrió el atentado. Pero cuando el periodista falleció, en 2006, los directores de Zeta, César Blanco y Adela Navarro Bello establecieron que este medio mantendría su línea de investigación en temas relacionados con el crimen organizado y para proteger la integridad física de su equipo de reporteros y editores, los trabajos se firmarían como investigaciones Zeta; es decir.

-Así lo hemos hecho -afirma Navarro Bello-. Hemos revelado las ligas del narcotráfico con el gobierno, con la Secretaría de Finanzas, con las procuradurías, con las secretarías de seguridad de los municipios del estado. Hemos revelado fotografías de los nuevos integrantes de los cárteles y asociaciones delictuosas que operan en toda la península de Baja California. Obviamente, no estamos exentos de la amenaza. En 2010 y 2012 nos han tratado de amedrentar. Pero nuestra mejor protección es la publicación. Que se conozca en Baja California y en todo el país lo que está ocurriendo por acá.

La también periodista precisa que en ocasiones han puesto alguna vigilancia al semanario, pero por decisión unilateral:

-Digo unilateral -continúa- porque los periodistas no podemos hacer nuestro trabajo con guardaespaldas, ni con un chaleco antibalas. Yo no puedo hacer una entrevista con una escolta detrás de mí. El mejor blindaje es la veracidad de nuestra información. Estamos en alerta por la violencia generada a raíz del combate a los narcotraficantes. Reporteros y todo el personal somos conscientes del riesgo que se corre con el periodismo de investigación, pero creemos que se corre más riesgo cuando se silencia a la prensa.

Navarro Bello considera que en lugar de estar pensando en repartir chalecos antibalas a los periodistas, el gobierno federal debería de trabajar en la procuración de justicia: “En un país -revira- donde la impunidad en las ejecuciones es del 90 por ciento, al igual que la impunidad sobre los asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas, el mensaje es muy claro: aquí no se detiene, no se persigue, no se investiga, no se sentencia a los criminales. Lo que necesitamos es que esos niveles de impunidad disminuyan. Que haya castigo para que se capte el mensaje de que no es fácil matar a alguien.”

Aquí no le hacemos al héroe

Es lunes 19 de marzo de 2012. Las instalaciones del periódico Expreso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ocurrió un fuerte estallido. Fue un coche-bomba. Adentro había trabajadores. Eran las 20:20 horas y no se reportan personas lesionadas. La situación en esta entidad es grave. Cunde el miedo y razones sobran para tomar medidas de precaución. Por eso, es el staff del Expreso quien concede la entrevista a EL FINANCIERO.

-Estos últimos meses -apunta el staff- han estado convulsionados en todo Tamaulipas. Ya casi a diario estallan coches-bomba en la vía pública. Toda la población está en peligro. Aquí el periódico se mantiene al margen de esos temas. No publicamos notas relacionadas con esos hechos por razones de seguridad, a pesar de que la sociedad nos reclama y nos demanda información. Pero aquí no le hacemos al héroe. Tan grave están las cosas que a escasos 100 metros de las instalaciones del periódico, prácticamente cruzando la calle, está ubicada la unidad habitacional de la Secretaría de la Defensa Nacional hay guardias en la puerta y todo. Pues con la Sedena enfrente, se atrevieron a colocarnos un coche-bomba. Los primeros militares tardaron en llegar cinco minutos al lugar, después de la explosión. Nosotros estábamos encerrados todavía. Nadie salía hasta que los soldados nos gritaron: “Ya pueden salir”. Éramos 20 personas las que estábamos en la redacción y los compañeros de diseño y corrección. Eran las ocho de la noche. La ventaja fue que la gente de talleres aún no llegaba y la explosión se dio en esa área. La cortina metálica amortiguó la explosión. Su hubiera habido gente la cortina estaría arriba.

El staff del Expreso señala que este tipo de temas ya no se registran en la prensa de Tamaulipas, aún cuando ya hay muchos sucesos de esos en la ciudad. La gente que se atreve a decir algo, lo hace a través de las redes sociales.

-En la parte policiaca -agrega- sólo se reporta la delincuencia común: asaltos, robos, cosas menores, y los choques. Los compañeros de policíacas que están más enterados del tema nos avisan de las calles por las que no debemos circular o los sectores donde se reportan balaceras. Estamos alertas. Expreso es una cadena de cuatro periódicos que hay en Matamoros, Tampico, Mante y Ciudad Victoria. Los periódicos El Mercurio y El Diario tampoco publican lo que sucede en la ciudad con el narcotráfico. Es una situación generalizada. Hace cuatro o cinco años sí había reportajes. Ahora ya no.