Telecomunicaciones: la reforma histórica o el despojo de un estigma

• Se trata de una propuesta de gran calado que modifica las reglas del juego de la telefonía, pero a la radio y a la televisión las toca en menor medida.
• «¿De verdad se disolverán los monopolios o se trata de una reforma con la que el Ejecutivo Federal quiere quitarse el estigma de ser producto de una de las televisoras?», pregunta Malacara.

Foto: Presidencia Telecomunicaciones-16 por Saúl López/Cuartoscuro.com

Por Nancy Malacara

Con 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, fue aprobada la reforma constitucional a las telecomunicaciones por la Cámara de Senadores la madrugada del 30 de abril: se espera la ratificación de las legislaturas estatales para declararla constitucional.

Luego que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los líderes: César Camacho,  del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Gustavo Madero, del Partido Acción Nacional (PAN), y Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones, las diferentes especulaciones en torno al tema fueron inevitables.

Por un lado, la idea de que el Estado recuperaría las facultades sobre espectro radioeléctrico nacional, por el otro, que la reforma histórica pondría punto final a las prácticas monopólicas y acabaría con la concentración de empresas como Televisa de Emilio Azcárraga Jean, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego y el emporio de la telefonía (Telmex) de Carlos Slim.

En efecto, se trata de una propuesta de gran calado que modifica las reglas del juego de la telefonía, pero a la radio y a la televisión las toca en menor medida, lo que genera otra cavilación, ¿de verdad se disolverán los monopolios o se trata de una reforma con la que el Ejecutivo Federal quiere quitarse el estigma de ser producto de una de las televisoras?, sobre todo porque el tema de la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión no es nuevo.

Desde la década de los 80, con el PRI al mando, la sociedad mexicana ha querido impulsar un cambio legislativo estructural y democrático en la materia, sin embargo, la clase política ha venido reformando a cuentagotas, en parte por la diferencia de intereses que hay en juego.

En los gobiernos panistas (2000-2012) no fue la excepción, incluso se intensificó la petición ciudadana a raíz de que Vicente Fox dio luz verde a la llamada Ley Televisa[1] y de que Felipe Calderón conservara privilegios a la industria al no avanzar en el terreno legislativo. De hecho, los legisladores en turno trabajaron en una serie de propuestas a fin de reformar las leyes mencionadas y crear una ley integral en el tiempo correspondiente, de las cuales sobresalía el trabajo del PRI.

Basta recordar que el 2 de diciembre de 2008, el senador Manlio Fabio Beltrones impulsó una iniciativa que buscaba la reforma del artículo 16 y 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que los concesionarios siguieran teniendo preferencia sobre terceros y las concesiones fueran renovadas sin un procedimiento de licitación pública,[2] pero para bien o para mal las iniciativas políticas se quedaron en el baúl.

Con el retorno del PRI a la silla presidencial, se dudó sobre si habría o no una reforma de radiodifusión y telecomunicaciones, puesto que Televisa fue crucial en la imagen de Enrique Peña Nieto, no sólo a lo largo de su campaña presidencial, sino en su gubernatura del Estado de México (2005-2011).

De acuerdo con Jenaro Villamil, entre agosto y diciembre de 2008, en el principal noticiario de Canal 2, a Peña Nieto se le destinaron un total de 23 horas y 21 segundos, de las cuales 23% fueron infomerciales con la imagen del gobernador mexiquense y 57% ‘notas informativas’ relacionadas con su gobierno”.

“A partir de octubre de 2008, pero sobre todo desde febrero de 2009 el romance de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera fue pretexto para que el gobernador mexiquense apareciera no sólo en los noticiarios, sino también en programas de espectáculos y chismes de la farándula”.[3]

Ante tal escenario, y teniendo como antecedente que el partido tricolor fue uno de los opositores para la consolidación de una reforma integral y democrática, el futuro de las telecomunicaciones con el gobierno entrante era incierto, y hasta cierto punto desolador. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto y los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD establecieron una serie de acuerdos y empate de intereses, a través del Pacto por México, un documento donde la clase política plasmó 95 compromisos encaminados a lanzar una serie de reformas y políticas públicas, con el propósito de avanzar en la agenda pendiente y en el marco jurídico del país.

En el listado de compromisos, del 37 al 45 prometen una reforma en telecomunicaciones que conciba una ley democrática, que garantice el acceso a la información, la creación de nuevas cadenas de televisión y por consiguiente la formulación de reglas de competencia y transparencia para que haya una certeza legal y el Estado tome las riendas del espectro radioeléctrico, y no los concesionarios.

En el cerco de este acuerdo partidista, la iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión el 11 de marzo en el Museo de la Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad a las 12:00 horas,[4] y aprobada por la Cámara de Diputados diez días después, y por el Senado el último día de sesiones en el Congreso.[5]

“Es importante que el Estado haga valer su rectoría en este sector estratégico”, dijo el presidente de la República durante la presentación de la propuesta del pacto.

“El desarrollo del país exige que las telecomunicaciones cuenten con una política pública eficaz acorde con la convergencia tecnológica, requieren también de certidumbre legal y especialmente mayores niveles de competencia”, agregó.

Es una iniciativa que tiene como parte fundamental la creación de órganos constitucionales autónomos, y el ordenamiento del sector para evitar la doble ventanilla en el otorgamiento de las concesiones, explicó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza.

“Se creará el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que asumirá las facultades de la Cofetel y de la Cofeco; podrá ordenar la desincorporación de activos de los actores económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Será el instituto y ya no el Ejecutivo Federal la instancia facultada para otorgar y revocar las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones”, detalló.

El Ifetel estaría integrado por siete comisionados en un periodo de nueve años y sin posibilidad de reelección, los cuales serán evaluados por un comité, de modo que sólo aquellos profesionales en la materia ocuparían los cargos. En la Cámara de Diputados, se cambió la opinión del presidente para otorgar concesiones, por la opinión técnica del Secretario de Comunicaciones y Transportes.

La creación de un órgano regulador autónomo que sustituya a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fue una de los puntos más atrayentes de la iniciativa del pacto, ya que, por un lado, la institución vigente no ofrece certeza legal y los criterios para el otorgamiento de concesiones y permisos se basa en el criterio económico, por el otro, al ser un órgano autónomo constitucionalmente tendría la capacidad de condicionar la convergencia y otorgar y revocar las concesiones en un contexto más competitivo.

En la propuesta original, se contempló la retransmisión gratuita y no discriminatoria de señales de televisión abierta en servicios que ofrecen las televisoras de paga, mejor conocido como el must offer y must carry, es decir, que las señales de televisión abierta, entendidas como un bien nacional, lleguen a los suscriptores que pagan por el servicio de televisión restringida. El detalle es que estas señales no serían gratuitas para los grandes operadores.

En la Cámara Baja, el PRI propuso que el must offer fuera cobrado a la televisión satelital, y no gratuito como se había estipulado. Con ello, se obligaba a Dish o Sky, por ejemplo, a pagar a Televisa y a TV Azteca por la retransmisión de los canales de televisión abierta. Sin embargo, al término de la discusión, los legisladores estipularon que las empresas de televisión satelital deberán transmitir de forma obligatoria las señales que tengan una cobertura nacional superior al 50 por ciento, y cuando no alcancen el porcentaje estipulado será opcional que dichas empresas retransmitan las señales de televisión abierta.

En relación al punto anterior, Gabriel Sosa Plata, profesor de la UAM-Xochimilco y columnista de El Universal, explicó que si a Telmex se le permitiera ofrecer el servicio de televisión de paga, estaría obligada a pagar las tarifas de Televisa y TV Azteca, por los derechos de retransmisión de sus señales, mientras que Dish, resultaría beneficiado al tratarse de una compañía que no puede pagar las tarifas establecidas por las televisoras de señal abierta.[6]

Ruíz Esparza, por otra parte, destacó la creación de tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para sancionar las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración. También que la inversión extranjera en el ramo de las telecomunicaciones se elevaría a 100 por ciento, mientras que en la radiodifusión permanecerá en 49 por ciento, lo cual en la ley vigente no está permitido. Al respecto, los diputados agregaron una cláusula de reciprocidad que establece la participación mexicana en los mismos términos con el país inversionista.

En el tema de la concentración, el senador Javier Corral, siguiendo a Jenaro Villamil, afirmó que la iniciativa no da para romper con los monopolios de la radio y la televisión, pues se “toca” más a la telefonía con normas y disposiciones más amplias y fuertes, de modo que no hay simetría en las medidas desconcentralizadoras, además de que faltan criterios sobre la concentración en la publicidad, audiencia, producción, distribución de contenidos y zonas geográficas.[7]

Sobre la banda ancha, el documento del pacto atesora este bien nacional al proponer una reforma constitucional al artículo sexto para que los mexicanos tengan acceso gratuito a internet en lugares públicos.

Un punto a favor de las modificaciones que se hicieron en el dictamen, es que las audiencias serán uno de los aspectos para que la autoridad determine quién es un agente dominante en el mercado y tome medidas. Esto incluye a las televisoras.

Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que la apertura de los medios masivos de comunicación electrónica acabará con las prácticas que han pervertido la relación entre la política y los medios.

Es cierto que de declararse constitucional, la ley sería uno de los logros de mayor trascendencia en el gobierno de Peña Nieto porque la sociedad mexicana y organizaciones civiles han pedido a gritos, y por más de una década, una ley de carácter integral. En tal sentido, la nueva ley, aunque no es integral, marcaría un parteaguas en la relación que día a día se teje entre los empresarios y los políticos, y sobre todo, terminaría con la especulación de si el actuar del presidente responde a una mera estrategia política o si quiere liberarse de su relación con Televisa.

Analistas como Lorenzo Meyer opinaron en Noticias MVS que la iniciativa de ley impulsada por el actual presidente representa un avance, pero limitado, ya que las empresas deberían concentrar menos del 30 por ciento de los servicios que ofrecen y no el 50 que se propone. Sólo así se estaría hablando de una verdadera ley democrática.[8]

Acorde con el calendario de actividades del Pacto por México, se percibe una premura por concluir el proceso legislativo, ya que la presentación de las reformas legales se contempla en el primer semestre del año, mientras que su implantación y culminación oscila entre el segundo semestre del 2013 hasta el 2018.[9] Además, Ruíz Esparza reconoció que la reforma que proponen es perfectible, pero urge su aprobación.[10]

Y, ¿por qué la urgencia de reformar, si esta lucha está más que enraizada en el imaginario colectivo de los mexicanos? Pareciera que la nueva legislación tenía que entrar en vigor antes del aniversario del #YoSoy132, movimiento estudiantil que surgió el 11 de mayo del 2012,[11] caracterizado por su rechazo a la aparente imposición de Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República, a la falta de democratización de los medios y a la libertad de expresión.

Si algo le preocupó al actual presidente no fue la campaña política de los partidos contrarios que contendían por la silla presidencial en el 2012, sino la serie de manifestaciones en su contra que se llevaron a cabo durante el proceso electoral, pues nunca antes en la historia de México existió un movimiento estudiantil que se revelara en las redes sociales, en las calles y que su influencia llegara hasta otros países.

Hoy día, el #YoSoy132 sigue vigente; se declara apartidista, pacifista y centrado en temas políticos y públicos del país que giran alrededor de la democracia, por ello presentó el 12 de febrero su propio proyecto de reforma constitucional en materia de democratización de los medios de comunicación.[12] No obstante, la iniciativa que está en el tintero para su ratificación y posible publicación en el Diario Oficial de la Federación es la que impulsaron el Ejecutivo Federal y las tres fuerzas políticas de manera conjunta.

¿Qué dicen los empresarios sobre el asunto? Emilio Azcárraga Jean dio la bienvenida a la reforma, a través de su cuenta de Twitter:

“Ya se presentó la #ReformaTelecomunicaciones. Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. Bienvenida la competencia”, externó el empresario el 11 de marzo a las 13:29 horas.

La principal empresa de Carlos Slim, América Móvil, aseguró que recibe con beneplácito la iniciativa de reformas constitucionales en telecomunicaciones y radiodifusión.[13] Mientras, TV Azteca y la Cámara de la Radio y la Televisión (CIRT) han guardado silencio.

Otras voces

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), por otro lado, saludó a la reforma y mediante la campaña Más para Ver, que se presentó el 4 de marzo del 2013 en el Club de Periodistas, hizo públicos 21 puntos que a su juicio debe contener la nueva legislación en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Aleida Calleja, presidenta de dicha asociación, detalló que uno de esos puntos es que las reformas constitucionales que vengan deben tener una perspectiva transversal en los derechos humanos.

Al respecto, Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que la reforma impacta directamente en la esfera individual de los derechos humanos, pero también tiene un impacto comercial en esferas más amplias que permitirían una mayor inclusión en el país.

En el evento, el actor Damián Alcázar destacó la importancia de la participación ciudadana en la exigencia de una reforma democrática, pues es necesario que haya mejores contenidos en la televisión para que exista un crecimiento y una conciencia como pueblo.

“Necesitamos muchas más ventanas en la televisión, en la radio para llegar a la gente, a la gente de las rancherías y a la gente de las ciudades que también está, ni modo, condenada a escuchar al ‘castorcito’ que está de moda”, manifestó.

Javier Corral insistió que la reforma del pacto necesita establecer reglas de competencia, pero no sólo de carácter económico, pues lo que México necesita es pluralidad: que haya nuevos jugadores capaces de competir con los consorcios actuales, o de lo contrario este asunto sería un pleito entre tres ricos, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim.

“El principal problema del país es la concentración de medios electrónicos en unas cuantas manos, es el 96 por ciento de las concesiones de televisión abierta, la explotación comercial en manos de dos familias, es el 82 por ciento de las frecuencias de radio en manos de once personas, y lo importante de la reforma es si va a venir una reforma que va a enfrentar esa realidad o una reforma como la educativa, de aquí para el futuro”, dijo.

En tanto, la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro, exhortó a la sociedad mexicana a apoyar la reforma del pacto, porque es una reforma que a su parecer contiene los elementos necesarios para ser defendida y representa un reto para la clase política.

Miembros del movimiento #YoSoy132 denunciaron la consumación de una nueva “telebancada” en favor de los intereses de Televisa y Televisión Azteca.

“En los procesos de conformación de las comisiones parlamentarias en el Congreso de la Unión, la ‘telebancada’ […] logró posicionar a Federico González Luna Bueno, señalado como redactor de la Ley Televisa, en la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y a Fernando Castro Trenti en la Comisión de Telecomunicaciones”.[14]

Esta iniciativa será sin duda una reforma histórica no sólo por los avances logrados en la materia, sino porque salió victoriosa en un escenario habitado por políticos al servicio del interés privado justo el último día de sesiones, sin embargo a pesar de que es esencial y contiene puntos importantes para mejorar las reglas de competencia en la telefonía, se queda corta en el ámbito de la radio y la televisión porque combate la concentración, pero no la elimina, por ende no hay una disolvencia monopólica como tal, ni mucho menos se trata de una reforma netamente democrática como la que la sociedad mexicana requiere, pues la propuesta carece de una perspectiva convergente, no hay una distribución equitativa del espectro, no deja claras las reglas sobre la calidad en los contenidos, la pluralidad, la publicidad, ni la propaganda política.

Dadas las circunstancias en el contexto mexicano, parece una ley fundamental, pero no por eso deja de ser estratégica, excluyente de intereses políticos y económicos, y ajena al momento coyuntural actual. En este sentido, resulta interesante conocer la reacción y postura que tendrán los empresarios frente a la clase política cuando se tengan que definir las leyes reglamentarias, es ahí donde está la “carnita” del asunto.