Peña Nieto y la urgencia de una legislación en medios

• El presidente electo no cuenta con un responsable de radio y televisión en su equipo de transición.
• Enrique Peña Nieto tendrá frente a sí la responsabilidad de elaborar una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones acorde con la situación nacional.
• «Sabremos de qué está hecho Peña Nieto si durante su administración se logra una ley de radio, televisión y telecomunicaciones que equilibre las relaciones entre medios públicos y privados, que realmente combata el monopolio y la concentración y que sancione ejemplarmente a quienes la violan», dice Benassini.

Fotografía: «Enrique Peña Nieto – World Economic Forum on Latin America 2010» por World Economic Forum @ Flickr

Seguramente los lectores ya se han percatado de que Enrique Peña Nieto no cuenta con un responsable de radio y televisión en su equipo de transición. Como cada sexenio, el asunto resulta preocupante. Sobre todo en un momento en que se requiere de la formulación de políticas que resuelvan una serie de conflictos inherentes a los medios públicos y que organicen de manera coherente las relaciones con los privados, especialmente la televisión en el umbral de la digitalización.

Dicho muy rápidamente, los medios públicos requieren de un nuevo status que les permita pasar de permisionarios a concesionarios. De esta manera podrían patrocinar espacios comerciales y acceder a presupuesto que les permitiera enfrentar los costos, sobre todo de la digitalización de sus señales en el caso de las televisoras. De otra manera permanecerán a la zaga y al margen de un proceso que desde hace más de un año el presidente Calderón adelantó casi seis años. Hasta el momento, diversas presiones han impedido que los medios públicos logren el status de concesionarios. Las más importantes provienen de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que los considera una forma de competencia desleal.

Pero también es urgente diseñar políticas sobre la normatividad de los medios públicos, las características de sus contenidos en el marco de una actividad caracterizada por el servicio y el fomento tanto a la cultura como a la educación. Hasta la fecha, salvo excepciones radio y televisión públicas han estado sujetas a las veleidades de los funcionarios en turno, que deciden el futuro de los contenidos que hasta entonces se han producido, algunos con bastante éxito. Y también, salvo excepciones, los nombramientos suelen recaer en personas con poca experiencia en los medios que dirigirán supuestamente durante seis años. Estos planteamientos van para los medios públicos –radio y televisión- y para los sistemas estatales de radio y televisión, donde el gobernador en turno tiene define al director y, en muchas ocasiones, el giro de la programación.

Por otra parte, el diseño de políticas en materia de medios de comunicación pasa también por los medios privados. Hasta la fecha CIRT y más reciente la Cámara Nacional para Industria de la Televisión por Cable (Canitec) han jugado un papel decisivo en la toma de decisiones en la materia. El resultado se traduce no sólo en acuerdos que dejan fuera a los medios púbicos, sino también han dado lugar al incremento de la concentración y a prácticas –como el subarrendamiento de estaciones de radio a grupos más grandes- que también favorecen a unos cuantos.

En este momento, estos procesos de toma de decisiones atraviesan por la coyuntura de la digitalización. Recordemos que por el momento en el caso de la radio serán los concesionarios quienes decidan si migran a esta modalidad o si permanecen en el modelo analógico. No obstante, el presidente Calderón prácticamente concluyó la digitalización de las estaciones afiliadas al Instituto Mexicano de la Radio. En el caso de la televisión, Calderón adelantó casi seis años el llamado apagón analógico. Con ello puso en jaque a medios públicos y privados. En el caso de los primeros, cabe recordar que durante la administración de Calderón se avanzó notablemente en la digitalización del Canal 22 y que el 11 avanza por ese camino. Algo de lo que no pueden presumir los sistemas estatales de radio y televisión, principalmente por la falta de presupuesto. Las estaciones privadas afiliadas a la CIRT avanzan en los procesos de prueba a través de los llamados canales espejo. En este contexto, la Comisión Federal de Telecomunicaciones optó por una ingreso parcial a la televisión digital de tal modo que Tijuana será una de las primeras ciudades en llegar al apagón analógico. Y ni hablar de los contenidos, toda vez que la digitalización comprime las señales de tal suerte que, por ejemplo, Televisa podría tener hasta 20 canales de televisión derivados de los cuatro que tiene a la fecha.

En materia de telecomunicaciones los expertos han pugnado por una legislación en la materia. Se trata del área que, seguramente, cuenta con más pendientes. La dotación de servicios en ciudades y regiones del país que todavía no los tienen. En consecuencia la licitación de la banda ancha a particulares que serían los responsables de dotar a estas comunidades de los servicios correspondientes está todavía en papel. Como también lo están una serie de decisiones en la materia que han permanecido en el status de proyectos. En esa situación se encuentra la tan llevada y traída licitación de dos estaciones de televisión digital cuya convocatoria estaría lista para el viernes 30 de noviembre. No lo estará y, en consecuencia, el proceso se iniciará tardíamente.

En resumidas cuentas, Enrique Peña Nieto tendrá frente a sí la responsabilidad de elaborar una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones acorde con la situación nacional. Una ley que ordene y dé certeza a los medios públicos, y que organice las relaciones con los privados: desde el otorgamiento de concesiones hasta los plazos para su renovación más allá del refrendo automático. Una ley que ponga un alto a los abusos de los concesionarios de la industria y que abra un camino para que medios de comunicación y telecomunicaciones contribuyan realmente a los objetivos que les han sido conferidos y que están presentes en los documentos correspondientes. En suma, sabremos de qué está hecho Peña Nieto si durante su administración se logra una ley de radio, televisión y telecomunicaciones que equilibre las relaciones entre medios públicos y privados, que realmente combata el monopolio y la concentración y que sancione ejemplarmente a quienes la violan.