Un modelo histórico de la relación entre prensa y poder en México en el siglo XX

•  El México del siglo XX pasa por varias etapas que van del proceso de encuadramiento corporativo de todos los sectores socioeconómicos al Estado, a la integración del mencionado complejo político empresarial.
• La  subvención y subordinación a la prensa adicta al gobierno en la dictadura de Porfirio Díaz, que cubre las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX.
  

  Fotografía:»144_Alejandro_Prensa» por Garcia Erguin@ Flickr

Por José Carreño Carlón

 Publicado originalmente en RMC 62

Sin perjuicio de los aportes de la imprenta a la emancipación nacional y a la cultura cívica en el siglo XIX, una línea importante para la elaboración de una historia social y cultural de los medios en México tendría que centrarse en las prácticas de news management, entendidas como aquellas que emplean alguna forma de doblez, en busca de que lo publicado responda a lo que el interesado desea que se publique.

Estas prácticas han sido sostenidas sistemáticamente por la prensa mexicana y sus patrocinadores, mucho antes de que se acuñara el concepto. Primero, una prensa en gran medida al servicio de los bandos, los caudillos y, en el mejor de los casos, los programas en pugna a lo largo del siglo pasado. Más tarde, surge un modelo predominante de persecución y supresión de la prensa opositora, y de subvención y subordinación a la prensa adicta al gobierno en la dictadura de Porfirio Díaz, que cubre las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX.

El modelo se perfecciona y consolida en el México pos-revolucionario, hasta los años setenta de este siglo, al grado de no necesitar de la persecución y la supresión. Finalmente, este modelo entra en un largo proceso de extinción que va de mediados de los setenta de la presente centuria hasta hoy. Este modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público en el México del siglo XX pasa por varias etapas que van del proceso de encuadramiento corporativo de todos los sectores socioeconómicos al Estado, a la integración del mencionado complejo político empresarial (o burocrático empresarial) de intereses comunes entre los sectores políticos y burocráticos y los de las grandes corporaciones empresariales, complejo cuyos engranes se han movido históricamente con el lubricante de la corrupción institucionalizada.

Una retrospectiva

En México, desde la Independencia se ha tenido una cultura política regida por el poder unipersonal de caudillos militares, presidentes iluminados, dictadores, y más caudillos y más presidentes todopoderosos, apoyados en los últimos seis o siete decenios en una igualmente todopoderosa y todavía incontrastable maquinaria de un partido dominante y avasallador a las órdenes del Presidente de la República en turno.

El reclamo democrático se generalizó hasta los años ochenta de este siglo y encontró respuestas institucionales profundas hasta la actual década de los noventa. Además, esto no significa que hayan desaparecido las inercias avasalladoras del partido dominante ni la cultura caudillista, ya sea en el partido en el poder o en los partidos de oposición.

En el México del siglo pasado hubo periódicos partidistas, liberales o conservadores e incluso socialistas, laboristas y centrados en los negocios, como en Estados Unidos. Pero, a diferencia de ese país, en México decenas de publicaciones, de cortos tirajes y de claros compromisos con los bandos en pugna, nacían y morían en periodos muy cortos de acuerdo con las cambiantes, inestables condiciones políticas y militares impuestas en cada región y en el país por los triunfos o derrotas de sus causas o de sus caudillos.  Además, desde el punto de vista social, con una población mayoritariamente iletrada y en condiciones de miseria, y con un reducido desarrollo de sus clases medias, el alcance y la influencia de los periódicos mexicanos de aquella época se reducía a una estrecha franja de lectores y sus ofertas se limitaban a un raquítico mercado interno.

Si bien, desde mediados hasta finales del siglo pasado las principales publicaciones mexicanas estaban animadas por algunos de los más importantes hombres de letras de la época, los apremios de la inestabilidad y de la anormalidad políticas no propiciaban el desarrollo de una narrativa propiamente informativa o noticiosa, sino, con mucho mayor frecuencia, una narrativa impregnada de denuncias, de luchas y enconos políticos y de reivindicaciones y compromisos sociales, mientras que, en el frente contrario, florecía la planta más frondosa de la historia cultural del periodismo mexicano: la organización y el financiamiento de publicaciones adictas a los poderes establecidos.

Ni el periodismo como entretenimiento ni el periodismo como información llana trascendieron con mayor presencia en el México del cambio del siglo XIX al XX.

Un modelo de subordinación

Hace poco más de 100 años, a fines de 1896, apareció El Imparcial, de Rafael Reyes Spíndola, periódico que inauguró la etapa del periodismo industrializado en México, bajo la protección oficial

María del Carmen Ruiz Castañeda reseña que los talleres de este diario tuvieron las primeras rotativas y los primeros linotipos que llegaron a México. Surgió del financiamiento directo de la dictadura y operó con base en generosas subvenciones oficiales, que le permitieron llegar pronto a las tiradas tope de los periódicos mexicanos a lo largo del siglo XX, que excepcionalmente han rebasado, por épocas, los cien mil ejemplares. Sólo que, en el periodo de la dictadura, la población apenas rebasaba los diez millones de habitantes (llegó a 15 millones en 1910), mientras que hoy, cien años después, únicamente un diario afirma certificar su circulación, y la ubica en alrededor de 130 mil ejemplares, nada más que en un México de cien millones de habitantes, una población entre siete y diez veces mayor a la de principios de siglo.

Se puede afirmar que hace cien años México asistía no sólo al nacimiento del periodismo industrial, sino también al incubamiento del modelo de subordinación de la prensa, un modelo consolidado en las primeras décadas de los gobiernos posteriores a la Revolución de 1910-1917 y que, a pesar de todos los cambios que se argumentaron, sobrevive con algunos de sus rasgos esenciales, cien años después, como uno de los más dramáticos rezagos del proceso de modernización mexicana al arribar al nuevo siglo.

En efecto, ya para 1910, la situación de la prensa mostraba un cuadro que anticipaba los principales rasgos predominantes del modelo mexicano sobre la relación de los medios con el poder público para el resto del siglo que llega a su fin: un grupo de periódicos prósperos o razonablemente prósperos, adictos al régimen, compartiendo y, en ocasiones, disputándose, las subvenciones oficiales. Un grupo de periódicos en trance de desaparición –y que desaparecieron en esos años– por mantenerse al margen de los fondos de reptiles y por no contar con recursos para asumir la reconversión industrial de la época, como fue el caso de El Monitor Republicano, que había sobrevivido a varias décadas de luchas civiles, cuartelazos, revoluciones e invasiones extranjeras. Quedaba también un grupo de periodistas encarcelados o desterrados y algunos periódicos clandestinos que llegaron a tener peso en algunas regiones y grupos sociales, pese a las condiciones precarias en las que se producían y las circunstancias adversas en las que circulaban.

Inmediatamente después de la dictadura, se da uno de los pocos casos en el siglo en el que la prensa predominante se enfrenta radicalmente al gobierno constituido. A esa prensa, que no había enfrentado a la dictadura, le corresponde el dudoso mérito de haber creado el clima de linchamiento que enmarcó el derrocamiento y el homicidio de Francisco Madero, el primer presidente democrático y, para algunos, el único del siglo XX.

Apenas terminaba la etapa armada de la Revolución se daban los primeros, inequívocos, rasgos del modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público en el México del siglo XX.

Vayan unas viñetas sobre el nacimiento y algunas vicisitudes de algunos de los principales medios surgidos en esta etapa, que pasarían a ser rasgos comunes del modelo a lo largo del siglo en lo que concierne a la intervención gubernamental en la propiedad y el control de los medios.

Tras el triunfo del bando constitucionalista, hacia finales de 1916, nace El Universal, con todo el apoyo del victorioso grupo del futuro presidente Venustiano Carranza, y al servicio de sus intereses. Las relaciones peligrosas de este periódico con el poder están presentes desde aquellos primeros años hasta éstos, los más recientes. El presidente Álvaro Obregón lo clausura temporalmente en los años veinte, bajo el supuesto de obedecer a intereses opuestos a los de su gobierno.

Entre 1969 y 1970, uno de sus directivos y entonces copropietario era desplazado y encarcelado por quien se quedaría con la propiedad del periódico, en el cambio de gobierno de Díaz Ordaz a Luis Echeverría, mismo propietario que iba a la cárcel treinta años después, acusado de diversos delitos fiscales por el actual gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Tras este episodio, el diario ha acentuado sus funciones de control social a través de la fabricación de noticias en los términos del libro de Stanley Cohen y Jock Young, The Manufacture of News: Social problems, deviance and the mass media.

En 1917 nace Excelsior y en 1928, La Prensa, ambos como diarios independientes, de propiedad privada. Pero en el sexenio del presidente Cárdenas sendas iniciativas internas organizadas en el marco de un movimiento sindical inscrito ya en las normas de la movilización y el control corporativo de la época, conducen a desplazar a sus propietarios para poner a ambas empresas bajo el régimen cooperativo. Excelsior sufrirá otro cambio traumático de dirección en el sexenio de Echeverría, pero de ese episodio se hablará más adelante, porque constituye un punto de inflexión en el desarrollo del modelo mexicano de subordinación de los medios.

Por su parte, La Prensa, en el sexenio del presidente Carlos Salinas, vuelve al régimen privado, incluso con inversión extranjera del grupo español PRISA, de Jesús Polanco, que edita El País, de Madrid.

Sin embargo, al inicio del sexenio del presidente Zedillo, entre versiones de que el nuevo gobierno no estuvo de acuerdo con la interpretación ofrecida al semanario Proceso por el socio mexicano de Polanco, sobre el llamado error de diciembre de 1994 que desató el desastre financiero de 1995, La Prensa pasó a manos de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Esta empresa, que terminó recibiendo la propiedad de La Prensa, es una poderosa cadena de periódicos surgida en 1943 bajo la propiedad del coronel José García Valseca y al amparo del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Treinta años después, para saldar deudas con el Estado, la cadena pasaba a propiedad del gobierno federal, a la sazón encabezado, otra vez, por el presidente Luis Echeverría, quien ostenta el liderazgo en intervención en los cambios de dirección y propiedad de los medios a lo largo del siglo. El gobierno de Echeverría entrega la cadena en manos privadas sin que mediara el mínimo proceso formal de licitación, concurso o supervisión legislativa.

Por si fuera poco, el presidente Echeverría altera también la situación de la propiedad de la radio y la televisión privadas: primero confisca un lote de emisoras del grupo que hoy es Radio Fórmula porque su concesionario era socio de un empresario al que se había perseguido por defraudación fiscal. Con esas emisoras se integra más tarde el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en manos del gobierno.

Enseguida, el presidente Echeverría induce la fusión de las dos principales televisoras privadas, lo que da lugar a la creación de lo que hoy es Televisa. Finalmente desplaza al concesionario privado del Canal 13, a partir del cual el gobierno más tarde configura la red de Imevisión, hasta que el presidente Carlos Salinas la incluye en el paquete de privatizaciones de su sexenio.

De hecho, la televisión privada en México, nace hace 50 años en medio de una espesa confusión de intereses, que marcan, desde sus primeras horas, sus pautas de subordinación al poder. En tanto, el régimen de concesiones concentra en el Ejecutivo la facultad de otorgarlas y revocarlas discrecionalmente, fruto genuino del modelo mexicano de control de los medios y de las complicidades propias del complejo político-empresarial (o burocrático-empresarial) que regirá desde entonces la actividad de los medios electrónicos. La primera concesión televisiva otorgada por el presidente Miguel Alemán es XHTV Canal 4, a nombre, en un primer momento, de interpósita persona, pero muy pronto inscrita en la lista de bienes de su legendario patrimonio personal y familiar. Para mayor confusión de intereses, el canal empezaría sus emisiones con el mensaje anual del presidente Alemán, su informe al Congreso de 1950, mientras sus equipos y oficinas se alojaban en un edificio público, el de la Lotería Nacional. A la postre, esta fue la semilla de lo que iba a ser el gran imperio privado de televisión mexicana del siglo XX, tras la asociación de la familia Alemán, representada por la familia O’Farril con la familia Azcárraga.

Elementos constitutivos del modelo

El modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público en el México del siglo XX pasa por varias etapas que van del proceso de encuadramiento corporativo de todos los sectores socioeconómicos al Estado, a la integración del mencionado complejo político empresarial (o burocrático empresarial) de intereses comunes entre los sectores políticos y burocráticos y los de las grandes corporaciones empresariales, complejo cuyos engranes se han movido históricamente con el lubricante de la corrupción institucionalizada.

Los elementos constitutivos del modelo son los siguientes, en orden de aparición:

1. Un marco jurídico, de acuerdo con Beatriz Solís, que prescribe y propicia:

a) un alto grado de intervención estatal en materia de cine, radio y televisión;

b) un poder discrecional desmedido por parte del Poder Ejecutivo en esas materias;

c) una normatividad punitiva y obsoleta en materia de medios impresos.

d) Lo anterior ha hecho de dicha normatividad una legislación en desuso, a lo que se agrega,

e) la ausencia de previsiones respecto de los derechos de acceso a la información de la sociedad, de los derechos de los informadores en el ejercicio de su profesión y de los derechos de los particulares involucrados en los procesos informativos lo que, a su vez,

f) ha generado un vacío legal que deja en la indefensión lo mismo a los periodistas lesionados por sus empresas, a veces por iniciativa del poder público, que a los grupos e individuos afectados por los procesos informativos, mientras,

g) el complejo burocrático empresarial de los medios protege discrecionalmente los intereses de sus integrantes y, por tanto,

h) empresarios de medios y sus contrapartes burocráticas se oponen ferozmente a todo intento de alcanzar consensos a fin de contar con una legislación moderna que transparente las relaciones de los medios con los particulares, la sociedad y el Estado.

A ello hay que agregar:

2. Un modelo económico proteccionista, vigente desde los años veinte hasta la primera mitad de los ochenta, que al ser aplicado a las empresas mediáticas con las características de discrecionalidad propias de los vacíos legales descritos, generó relaciones de corrupción, dependencia y subordinación del Estado con empresarios y profesionales de la información, a través de:

a) Apoyos financieros estatales para fundar o rescatar empresas informativas en forma de créditos preferenciales, comodatos de inmuebles y donaciones,

b) estímulos fiscales a través de un régimen especial de tributación para los medios, a los que se agregan negociaciones periódicas para regularizar deudas acumuladas,

c) dotación subsidiada (y discriminada) de insumos tales como el papel periódico y la electricidad,

d) publicidad estatal asignada discrecionalmente, más cuantiosa cuanto más se expandía el Estado en nuevas dependencias, organismos y empresas públicas, lo que convirtió al sector público, por varias décadas, en el primer anunciante del país,

e) condonación de deudas acumuladas con el Seguro Social a través de intercambios de servicios que incluyen contratos, reales o simulados, para realizar trabajos de impresión, pago de publicidad adelantada y, desde luego, un tratamiento informativo privilegiado,

f) asignación a reporteros, columnistas, articulistas y directivos de medios, de emolumentos pecuniarios mensuales, a manera de salarios o complemento de salarios, por parte de las oficinas de prensa de las dependencias y las empresas públicas, lo que, independientemente de los efectos en el condicionamiento informativo, se convirtió en un subsidio más a las empresas de la comunicación que, por muchos años, y todavía hoy, aunque menos frecuente, aplicaron una estructura de sueldos bajos, muchas veces simbólicos, a los informadores, en el entendido de que su ingreso principal se obtendría en las oficinas públicas. (Materia de atención internacional, como lo muestra su consideración en la lista de asuntos incluidos en la invitación al simposium, este punto atañe a la percepción propia y social de la profesión del periodista como un trabajador que tradicionalmente no ha podido sobrevivir de su salario, se ha puesto al servicio de empresas de extorsión y/o con relaciones de corrupción con el gobierno y sus patrocinadores privados).

g) confusión entre las funciones informativas y las de venta de publicidad por parte de los reporteros, a quienes se encarga de obtener la cuota de publicidad de sus fuentes informativas a cambio de una comisión de agente vendedor,

h) asignación de pagos de grandes sumas anuales a periodistas a través de supuestos contratos de publicidad y servicios informativos suscritos por interpósitas personas,

i) gratificaciones sexenales a comunicadores y directivos de medios a través de organismos públicos tradicionalmente utilizados como pagadurías de este tipo de erogaciones, como la Lotería Nacional,

j) habilitación de periodistas como contratistas proveedores de los más diversos bienes y servicios a instituciones estatales, desde barbecho de tierras de cultivo hasta fumigación de bodegas,

k) provisión subsidiada de viviendas a comunicadores y, en ocasiones, dotación gratuita,

l) asignación discrecional, a empresas formadas por periodistas, de igualas periódicas en dinero y jugosas concesiones para el uso de espacios públicos, desde los destinados a fijar anuncios en las estaciones del Metro de la Ciudad de México hasta bodegas y locales en mercados, centrales de abasto y locales comerciales en aeropuertos de gran afluencia turística,

m) formación de empresas representantes de columnistas y otros comunicadores para fines diversos, entre los que se incluye la recepción de fondos de reptiles procedentes de diversas fuentes de poder y su entrega al comunicador por la empresa representante, documentando diversos servicios informativos supuestamente prestados a esa empresa intermediaria, vale decir, una forma de lavado de dinero en la que el columnista pretende preservar su independencia por el hecho de no aparecer directamente en las nóminas de los poderes y los poderosos.

Relación económica

Los recursos movilizados por el poder público, la clase política y, más tarde, la clase empresarial a lo largo del presente siglo de vigencia del modelo mexicano de relación con los medios, dejan en un rango bastante modesto los millones de dólares (una treintena) en que se pueden calcular las subvenciones otorgadas a la prensa por la dictadura porfirista. También hacen palidecer los cálculos del apoyo financiero acumulado en 70 años de patronazgo abierto de la prensa por el gobierno de Estados Unidos (1790-1860). E igualmente hacen ver como muy modestos los fondos de reptiles que escandalizaron a Europa en la Alemania de Bismarck (1862-1890).

Pero lo más relevante de esta comparación es que aquellos hechos corresponden a una historia más bien remota, mientras que el modelo mexicano permanece, si bien con modificaciones, en un lento proceso de extinción.

Ha sido en función de los vínculos generados con el gobierno a través de financiamientos y componendas en los diversos órdenes que se explica la relativa facilidad con que los gobiernos, a lo largo de la vigencia del modelo, han podido intervenir en los cambios de dirección y de propiedad de los medios. Esto es así porque el poder público ha podido utilizar en este largo ciclo los resortes del conocimiento de las situaciones financieras, fiscales y laborales de los medios protegidos a fin de decidir, discrecionalmente, en qué momento renovar las relaciones de protección o complicidad a través de la renovación de los apoyos y de los acuerdos de impunidad, o en qué momento imponer cambios drásticos con el expediente o la simple amenaza de hacer efectivas las deudas acumuladas o perseguir los delitos hasta el momento simulados.

En todo caso, este modelo estructural permite ofrecer, desde este punto de vista, una línea de discusión, no la única, a la primera inquietud: la prolongada decadencia de la prensa mexicana a partir de finales del siglo pasado y hasta nuestros días, tanto en términos de volumen de ejemplares publicados como en los de rangos de cobertura.

¿Cómo explicar que los periódicos más grandes de hoy en la Ciudad de México publiquen más o menos tantos ejemplares como el principal periódico de Nueva York hace 170 años, entre las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado, a pesar de la enorme diferencia de población entre las dos ciudades y entre esas fechas?

La caída en tirajes y rangos de cobertura empezaría a explicarse en función de la aplicación de un modelo de existencia y sostenimiento de medios en el que tirajes y cobertura eran menos importantes que las autorizaciones, concesiones, apoyos materiales y estímulos de todo orden provenientes del poder público. Estas han sido las condiciones históricas del desarrollo de los medios y no los incentivos del mercado de lectores, audiencias y anunciantes.

Este conjunto de características del modelo mexicano ha generado diversas actitudes de lectura y creado nuevos tipos de lectores de la información en México. Por un lado, un alejamiento de los espacios informativos por parte de la mayoría de la población. Lectores y audiencias le han dado la espalda a editores y otros comunicadores de noticias: los tirajes de medios impresos no sólo no han crecido a lo largo del siglo (y no pocos han bajado), mientras la población casi se ha decuplicado. Por otra parte, las audiencias de radio y televisión suelen desplomarse a la hora de los noticiarios y caer todavía más a la hora de la información política, ante la percepción extendida de que éste es el campo más propicio y socorrido de las políticas oficiales de news management.

Las actitudes escépticas de los lectores más experimentados se muestran a través de dos rasgos aparentemente contradictorios. Por una parte, de descreimiento ante las versiones altamente uniformadas de los medios sobre un hecho, con cabezas y narraciones a veces idénticas, porque el receptor las percibe, generalmente con razón, como productos inequívocos del news management de la cúpula del poder. Por otra parte, de descreimiento también ante la diversidad de versiones e interpretaciones u opiniones sobre un mismo hecho, porque el lector las percibe, también, generalmente con razón, como producto de acciones de news management de diversas fuentes de poder en lucha por imponer sus versiones e interpretaciones de los hechos.

Debilitamiento del modelo

Paradójicamente, hacia el final del gobierno de mayor injerencia en la inducción de cambios en la dirección y la propiedad de los medios, hace un cuarto de siglo, se puede fechar el inicio del proceso, todavía inconcluso, de extinción del modelo. El traspaso, por parte del diario Excelsior, del umbral de tolerancia del presidente Luis Echeverría a la crítica, generó la movilización de todos los recursos del poder corporativo para tratar de convencer, primero, al director del periódico de la conveniencia de atenuar el tono de su manejo informativo y editorial, y, más tarde, para desplazar a Julio Scherer de su cargo de dirección.

Desde la inducción al sector privado para que retirara la publicidad comercial del diario a fin de dejar su viabilidad a merced de la publicidad y del apoyo oficial, hasta el retiro de todo el respaldo gubernamental, entre una serie de maniobras que incluyó la invasión del patrimonio inmobiliario de la empresa por un líder agrario obediente, también, a las líneas del mando corporativo, el gobierno no cejó hasta lograr la deposición de Scherer. Sólo que el gobierno no contaba con el hecho de que seguirían y respaldarían a Scherer los más influyentes escritores, artistas e intelectuales de la época y que el escándalo llegaría a la prensa internacional.

El episodio vino a mostrar las primeras importantes vulnerabilidades del modelo tradicional de subordinación de la prensa al poder público. Aunado a otro episodio, protagonizado durante el mismo régimen por el periódico El Norte, de Monterrey, en el que la negativa de proveerle papel por parte del monopolio estatal de importación y producción de ese insumo llegó también a la prensa internacional como una muestra de la falta de libertades en el país, lo que empezaba a quedar claro es que el modelo estaba dejando de ser funcional a las nuevas realidades y visiones tanto del país como del extranjero.

Pero lo más importante para la hipótesis de que aquel episodio marcó el principio del proceso de extinción del modelo vino unos meses después.

Todavía en el sexenio de Echeverría, Scherer y sus seguidores pusieron en circulación otra publicación, el semanario Proceso, lo que constituía un desafío sin precedente al poder presidencial, particularmente en la zona más rígida, podría decirse, intocable, del modelo de subordinación, en tanto vino a mostrar que en México podía haber vida (periodística) más allá del veto presidencial. Lo habían hecho al margen de los tradicionales apoyos financieros y de otro orden del gobierno, característicos del surgimiento de los nuevos medios a lo largo del periodo de vigencia del modelo.

Y eso no era todo. Al cambio de sexenio, el nuevo gobierno trató de congraciarse con la nueva publicación y la incorporó a las pautas tradicionales de la publicidad oficial. Sólo que Proceso terminó también por traspasar el umbral de tolerancia del presidente José López Portillo, quien personalmente se encargó de justificar el retiro de la publicidad oficial a la revista con una frase memorable que vino a erigirse en una especie de prueba confesional, no sólo del carácter discrecional, arbitrario, propio del modelo de subordinación, del manejo de la publicidad oficial, sino, incluso, el carácter patrimonialista del uso de los recursos públicos en la relación con los medios: No pago para que me peguen.

Este nuevo episodio, a su vez, vino a mostrar una fisura más del modelo. Proceso decidió prescindir de la publicidad oficial para sus cálculos de funcionamiento y sobreviviencia –entre otras cosas apeló a los lectores con un alza al precio de venta del ejemplar– logró salir adelante sin la intervención de esta otra pieza maestra del modelo de control. El nuevo episodio mostró una nueva posibilidad para el desarrollo de otro tipo de relación de los medios con los poderes, en tanto agregó otra evidencia: hay vida más allá de los instrumentos de apoyo y subordinación del modelo tradicional.

Nuevos medios

El nacimiento posterior de dos nuevos diarios en la Ciudad de México, La Jornada y Reforma, se dio también al margen de los apoyos financieros tradicionales. Particularmente Reforma, con mayor claridad, parece obedecer más a las pautas de una sociedad democrática de mercado, en los términos paradigmáticos de Schuson.

Otras modificaciones al modelo han sido impuestas por las tendencias del proceso de apertura comercial y de modernización de la economía, por los intentos de corregir algunos de sus peores vicios a través de la supervisión del gasto público. Unas más, como medidas simbólicas de la decisión de los gobiernos de esta década de actualizar las relaciones entre la prensa y el poder. Y, entre las más importantes, las disposiciones que han ampliado el acceso a los medios de los partidos alternativos al del gobierno.

De esta manera destacan las siguientes modificaciones:

a) En 1990 se libera la importación de papel periódico que a lo largo de 55 años se había mantenido como monopolio estatal a través de la empresa pública Productora e Importadora de Papel (PIPSA), única fuente, hasta entonces, de dotación de ese insumo para las publicaciones periódicas, lo que la convirtió en una herramienta básica del modelo tradicional de subordinación de la prensa. En la segunda mitad de esta década, la empresa entra en proceso de privatización.

b) En 1992, se publican en forma de decreto del Ejecutivo los Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión y, en general, a las actividades de comunicación social, en los que se establecen algunos criterios para la dotación de la publicidad oficial, se ordena a las dependencias del Estado dejar de sufragar los gastos de desplazamientos y hospedajes de periodistas, se les prohibe engrosar las partidas de gastos de información y propaganda con traspasos de otras partidas y se les obliga a efectuar todos sus pagos en estos campos con cheques nominativos, para evitar el ocultamiento de los destinatarios de esas erogaciones.

c) A partir de 1993 la Presidencia de la República empieza a instrumentar las normas de los Lineamientos, haciendo pagar a las empresas periodísticas, por primera vez en la historia, los gastos de sus desplazamientos por el país y el extranjero para cubrir las actividades presidenciales.

d) En 1994 se suprime la presencia del Presidente de la República en el ritual del día de la libertad de prensa, una anacrónica celebración establecida en los años cuarenta, en la que los editores del país agradecían al jefe del Ejecutivo los beneficios recibidos en función del modelo descrito de subordinación.

e) De 1994 a 1996, por la vía de las reformas a la legislación electoral se logran regulaciones en materia de medios, a pesar de la renuencia a legislar en la materia por parte del complejo burocrático empresarial de los medios. Las reformas propician una importante apertura de los medios a la presencia equitativa de los partidos en las contiendas electorales.

Ciertamente, el modelo ha entrado en un proceso de debilitamiento y, en algunos aspectos, de extinción.

Sin embargo, el principal reto no resuelto que plantea este proceso es que transcurre dejando intocado el marco jurídico que, a su vez, mantiene en su integridad la capacidad del Estado de intervenir en los medios con un alto poder discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Esto propicia que, ante toda situación de crisis o apremio del gobierno, se regrese a los patrones y al cierre hermético de filas del establishment de la comunicación con el poder público, como lo mostró su comportamiento en las recientes elecciones internas del PRI.

En este mismo orden de riesgos, pero en sentido inverso, se encuentra el de una desaparición más o menos acelerada de los controles y normas, escritas y no escritas, del modelo tradicional sin que se hayan generado las normas de un nuevo modelo democrático de relación de los medios con los particulares, la sociedad y el poder público. Esto dará lugar a un vacío de poder que a su vez podría ser ocupado por una serie de poderes informales, sin descontar los del crimen organizado, como ha ocurrido en la Rusia postsoviética y como han dejado asomar las tendencias, hábitos, fortunas súbitas y relaciones de algunos exponentes mexicanos de las empresas y de las actividades informativas.

La resistencia a regular los derechos de acceso a la información concentrada en los diversos enclaves de poder, lo mismo sobre hechos como la represión estudiantil de 1968 que sobre decisiones y acciones públicas como el rescate bancario de 30 años después, aunada a la negativa de normar el uso de fondos públicos, empezando por la publicidad oficial, en los procesos informativos siguen siendo asignaturas pendientes de un verdadero tránsito a la modernización de las relaciones del poder y los medios.

Y como un final provisional, la incógnita principal del proceso de extinción de la relación entre el gobierno y los medios está en si la alternancia en el poder político –un hecho consumado en la tercera parte de los estados de la Federación, y una posibilidad no tan improbable como en otras épocas a escala nacional– conducirá a la no extinción definitiva del viejo modelo, ya centenario de subordinación y, sobre todo, si propiciará o no la construcción de una nueva legalidad cultural en la relación de los medios con la sociedad, los particulares y los poderes públicos.

Hasta ahora, las evidencias mostradas por los candidatos presidenciales de los principales partidos no permiten abrigar demasiadas ilusiones.