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Hacia la nueva Ley Federal de Radio y Televisión
Tras innumerables intentonas abortadas en sus incipientes trazos, por vez primera en los últimos cinco lustros una iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión parece avistar un tenue grado de luz al final del túnel para su posible aprobación.
Nacido originalmente de una iniciativa ciudadana impulsada desde marzo de 2001, el nuevo proyecto legislativo recoge los acuerdos alcanzados a lo largo de 18 meses de discusión e intercambio entre diversos actores involucrados en el tema durante la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos instalada en la Secretaría de Gobernación (Segob). Tal proceso, como se recordará, se vio interrumpido cuando el titular del Ejecutivo Federal unilateralmente emitió, el 10 de octubre de 2002, un decreto al Reglamento de la Ley Federal de Radio y TV para reducir casi 10 veces el Tiempo de Estado en los medios electrónicos.
Frente a ello varias organizaciones civiles solicitaron la intervención del Senado de la República y le entregaron su propuesta de iniciativa que, desde diciembre de 2002, impulsaron como proyecto ciudadano de ley los senadores Javier Corral (PAN) y Raymundo Cárdenas (PRD), a quienes posteriormente se les unirían los senadores Felipe de Jesús Vicencio (PAN) y Manuel Bartlett (PRI).
Así, el pasado 3 de enero, la Subcomisión de Radio y TV entregó para su análisis a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Estudios Legislativos, el anteproyecto de dictamen de la nueva ley con la incorporación de poco más de 100 observaciones que enviaron senadores del PRI, académicos, funcionarios del Gobierno Federal, miembros del Poder Judicial, así como de organizaciones sociales y laborales. Aunque el Senado de la República ha intensificado sus encuentros e intercambios con todos los interesados implicados a fin de enriquecer, corregir o depurar la iniciativa, los concesionarios han mostrado franco desdén y rechazo e incluso han asumido actitudes dilatorias para que se postergue la fecha de su discusión y eventual aprobación (16 de febrero).
Objetivos
Con 45 años de edad, la actual Ley Federal de Radio y TV se ve desfasada ante las circunstancias políticas, sociales e incluso tecnológicas del México de hoy. Los vientos democráticos han encauzado sustanciales redefiniciones en los distintos segmentos de la realidad nacional. Sin embargo, todavía existe un flanco reacio a una necesaria reconfiguración en sus formas de operar como producto de la instauración de nuevas normas jurídicas: los medios de comunicación electrónica.
La ley de 1960, por ejemplo, posibilita la manga ancha en la discrecionalidad para asignar frecuencias radioeléctricas, para interpretar y aplicar las normas relativas a contenidos o de otra índole, para determinar o no ciertos criterios orientados a lograr una adecuada participación plural de la sociedad, para impulsar o no la competencia en el sector y así ampliar la oferta programática…
La creación de una nueva ley, por tanto, persigue propósitos muy claros:
a) Establecer como principios la transparencia, la pluralidad y la democracia en el acceso a los medios de comunicación frente al modelo existente.
b) Determinar mecanismos para que el servicio de radio y TV cumpla su función social de atender el interés público.
c) Adecuar la ley y prever el avance tecnológico regulando el servicio de radio y televisión en su conjunto.
d) Crear un órgano regulador colegiado con la suficiente autonomía e independencia para que se encargue de las cuestiones sustantivas en materia de medios electrónicos.
e) Fortalecer la participación social y estatal en la prestación del servicio de radio y TV que amplíe la presencia y la calidad de los medios culturales y educativos.
f) Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos en la materia.
g) Democratizar y federalizar los tiempos a disposición del Estado.
Todos estos objetivos se condensan en diversas propuestas entre las cuales destacan las siguientes que, de llevarse a la realidad, significarían un hito en la historia de los medios de comunicación en México:
1) La creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión: un órgano regulador desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuya misión sea administrar el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio (es decir, otorgar, renovar o revocar concesiones y permisos), vigilar el cumplimiento de la ley en materia de contenidos, imponer sanciones a los prestadores de servicio, administrar y distribuir los Tiempos del Estado, velar por el cumplimiento del derecho de réplica, y atender las inconformidades de operadores y público ante la acción de la autoridad o inconformidades con los prestadores de servicio. Este Consejo representa uno de los instrumentos más importantes para acotar la discrecionalidad política. Para ello se erigiría en un órgano con la suficiente fuerza y autonomía frente a las presiones de los poderes. Se integraría por consejeros independientes designados por el Presidente de la República con la participación del Senado.
2) Se instituye la figura jurídica de Medios de Estado con el objeto de ordenar a todas las emisoras de radio y televisión operadas por los gobiernos bajo un mismo esquema jurídico, que les permita unificar fines, derechos y obligaciones, así como mejores condiciones de operación. A diferencia de la figura del Permiso –que sólo puede ser aprovechado por instancias civiles, con reglas y fines de carácter social, cultural y educativo–, la iniciativa establece que los Medios de Estado puedan comercializar un porcentaje acotado de sus espacios –quizás un 7% de los mismos– con el propósito de obtener financiamiento para su sobrevivencia y mejorar la calidad en su programación.
3) Se establece como límite el 35% de concentración de frecuencias en una misma zona geográfica de cobertura a fin de evitar prácticas monopólicas o duopólicas y garantizar condiciones de competencia y pluralidad. Sin ser retroactiva esta propuesta busca abrir el espectro a la participación de nuevos actores mediáticos que incentiven el funcionamiento eficiente del mercado y a la postre tiendan a elevar la calidad de sus productos comunicativos.
4) Se propone flexibilizar los procedimientos y los requisitos para obtener Permisos cuyo objetivo sea impulsar el acceso de las comunidades indígenas a la radio y la televisión. Adicionalmente, el proyecto plantea diversas opciones para que los operadores de tales medios puedan allegarse los recursos necesarios para su funcionamiento, pero sin descuidar en absoluto su carácter no lucrativo. Para garantizar ese afán habría medidas destinadas a fiscalizar y limitar de manera importante el tiempo y tipo de publicidad y patrocinios posibles.
5) Se incrementa de 30 a 60 minutos diarios el tiempo que los prestadores del servicio de radio y TV deberán poner a disposición de los diversos órganos que integran el Estado mexicano para la difusión de sus campañas de interés público, de orientación social, o de temas educativos y culturales. El concepto de los Tiempos de Estado se complementa también en el servicio restringido.
6) Para garantizar la imparcialidad de las empresas mediáticas durante las campañas comiciales y disminuir los excesivos gastos en esa materia, se propone que el Intituto Federal Electoral administre la difusión de anuncios propagandísticos de los partidos políticos para la promoción de sus candidatos y la difusión de sus plataformas electorales.
7) Se establece un procedimiento para garantizar el derecho de réplica de los ciudadanos en los medios electrónicos y la consecuente obligación de los concesionarios de atenderlo.
¿Diálogo o silenciamiento?
El proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión ha sido recibido con beneplácito por parte de grupos ciudadanos y gran número de académicos, y con rechazo, soslayo, silenciamiento y molestia por lo que corresponde a los concesionarios. En realidad, el diálogo y la disposición para debatir nunca ha sido una característica distintiva de los industriales mediáticos. En otros tiempos ellos han querido entenderse directamente con el Presidente de la República, pero hoy día esa ruta no les ha dado resultados gracias, sin duda alguna, a la fortaleza y autonomía ganadas en los años recientes por el Poder Legislativo. Quizás por ello, los empresarios han debido pasar del desdén y la franca omisión a la ofensa descalificatoria.
Pese a la singular relevancia para el destino no sólo de la industria de la comunicación electrónica sino de todo el país, el tema de la reforma jurídica en materia de medios ha sido prácticamente suprimido. Para los noticiarios, la iniciativa de ley ni siquiera existe. Lo paradójico es que un argumento recurrente de los concesionarios para oponerse a la misma –en la voz algunos de sus representantes– ha sido el riesgo de que con la nueva legislación se vean mermadas las libertades informativas. Resulta muy curioso: por un lado se abanderan en la libertad de expresión para salvaguardar sus posturas empresariales, y por otro cancelan la cobertura, de temas inconvenientes y omiten voces incómodas.
Lo novedoso ahora es que la radio se ha atrevido a tocar sesgadamente el tema, pero sólo para descalificar a los impulsores de la propuesta legislativa. En Radio Fórmula, por ejemplo, Eduardo Ruiz Healy sostuvo el 3 de diciembre: “Cuidado: hay una bola de acomplejados detrás de esta ley de radio y TV”. En Zócalo, Gabriel Sosa Plata refiere en el mismo sentido:
Tan sólo en el periodo del 1 al 24 de enero, las emisoras de Radio Fórmula destinaron alrededor de 15 espacios relativos a la propuesta de ley y en todos los casos fue para reprobarla. En ninguno de ellos dieron voz a los defensores de la iniciativa sino a sus críticos. Ese es el periodismo que ejerce esa empresa informativa. […] Maricarmen Cortés, Marco Antonio Mares y David Páramo rompieron otra regla del oficio e injuriaron nuevamente a los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, mientras que al proyecto de ley lo calificaron de “Nazi”.
Críticas y observaciones
Entre los argumentos en contra de la propuesta de ley, destacan los siguientes:
a) Se cuestiona que el Consejo Nacional de Radio y TV “cuenta con un diseño inconstitucional”, pues se contempla como órgano desconcentrado pero se le otorga una estructura ciudadanizada al integrarlo con consejeros que no son parte de la administración pública. A ese respecto la Subcomisión ha respondido que la ciudadanización sólo se refiere al origen y trayectoria de los posible consejeros. Éstos, al ser nombrados, pasarían a formar parte de la administración pública para ejercer funciones de autoridad.
b) Se discrepa de que se obligue “a los prestadores de servicio a sujetar su programación a interpretaciones generales ambiguas y discrecionales que atentan contra la libertad de expresión”. En respuesta, el dictamen sostiene que los únicos principios y objetivos que deben orientar el quehacer de radio y TV para cumplir con su función social aparecen en el artículo 5, y entre ellos resaltan: respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas; respetar irrestrictamente la libertad de expresión y el derecho a la información; promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio; contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y a la preservación y reconocimiento de la composición pluricultural de la nación; coadyuvar al desarrollo cultural y educativo de las personas; contribuir al esparcimiento y la recreación de la sociedad, entre otros.
c) Se rechaza el que se les permita comercializar a las emisoras permisionadas, ya que ello “genera gran inequidad respecto a las concesionarias que deben asumir obligaciones fiscales, seguridad social y contraprestaciones, que las permisionadas no tendrán”. En contraste, la Subcomisión enfatiza que los Permisos no están exentos de sus obligaciones fiscales y que no existirá tal inequidad, pues ellos apenas podrán comercializar un porcentaje muy reducido en relación con las tarifas y alcances de los medios concesionados.
d) Se apunta que la creación del órgano regulador incurre en ineficiencias administrativas no sólo por su costo sino también por la distribución de sus funciones, puesto que algunas de sus atribuciones requerirían la opinión de la SCT o de la Segob para su instrumentación. Al respecto se responde que las competencias de cada una de las dependencias involucradas aparecen en la iniciativa. En cuanto al costo, se incorporan los recursos y personal que hoy son aplicados en las tareas que, en este proyecto, pasarían a ser atendidas por el Consejo, evitando duplicidad de funciones. Más bien se generaría un ahorro de recursos al suprimir áreas con quehaceres muy similares en la SCT y la Secretaría de Gobernación.
Nunca antes una iniciativa de Ley de Medios había estado tan cerca de ser aprobada. Si bien contiene algunas aristas controversiales y la actitud e inconformidad de los empresarios mediáticos ha retrasado su avance, lo cierto es que el trabajo y la voluntad de cuatro senadores, con el apoyo de no pocos organismos civiles y académicos, permiten avizorar una minúscula pero optimista luz al final del túnel.
