La ciudadanización del Premio Nacional de Periodismo

• Las universidades como responsables del proceso de premiación.
• La autonomía del periodismo mexicano.

Premio Nacional de Periodismo 2012

Por Fátima Fernández Christlieb

Sólo dos opciones tiene delante de sí el Premio Nacional de Periodismo: prosperar en manos de la sociedad mexicana o morir. No hay marcha atrás hacia el seno del gobierno.

El 7 de junio pasado, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, fue contundente al entregar los últimos premios de una etapa que, al cerrarse, sepulta también ese día como fecha del calendario cívico mexicano: Día de la Libertad de Prensa.

De las ideas que Santiago Creel expresó en el antiguo Palacio de Lecumberri, hay siete relacionadas directamente con el futuro del Premio:

1. 2001 fue el último año en que el gobierno de la República Mexicana entregó el Premio, salvo que los legisladores o los periodistas dispongan lo contrario.
2. Es un momento propicio para que la sociedad opine y participe con propuestas para la transformación del Premio, con la consiguiente reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
3. Se trata de convertirlo en un Premio de Estado, de ciudadanizarlo. Esto significa independencia total del gobierno.
4. En México, la ciudadanización –es decir, el logro de la autonomía en organismos públicos– ha tenido resultados exitosos que se reflejan en instituciones como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer.
5. La reforma del Premio tiene que provenir del gremio periodístico, que es su destinatario natural, y debe considerarse la participación de instituciones de educación superior y de los sectores corresponsables en el trabajo con los medios de comunicación.
6. Bajo esa lógica es necesario realizar una consulta abierta entre los profesionales de la información.
7. El gobierno federal asume el compromiso de que los resultados de esa consulta se conviertan en una iniciativa que pueda modificar la ley correspondiente en el Congreso de la Unión.

Después de dar a conocer estas siete ideas, el secretario de Gobernación retomó la propuesta del periodista Jesús Blancornelas para que, en el futuro, los premios nacionales de periodismo se entreguen el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa.

¿Quién premia a quién?

Recientemente,  Jesús Blancornelas dedicó tres artículos al análisis del Premio. En el primero, publicado el pasado 27 de abril,1 propone que sean las universidades mexicanas las responsables del proceso de premiación. En el segundo y tercer artículos, publicados respectivamente los días 1 y 8 de junio pasado, Blancornelas hace un añadido interesante: señala que el proceso de premiación debe ser decidido por las universidades o por los periodistas, y precisa que con los 150 mil pesos que recibió este año, en la categoría de artículo de opinión, abrirá un fideicomiso para crear el nuevo Premio Mexicano de Periodismo: “Entregaré ese dinero a la primera o primeras instituciones académicas, universitarias o periodísticas, que se decidan a organizarlo.”2

Antes de hablar de dinero o de especular sobre qué universidades podrían participar, es indispensable reflexionar acerca del sustento que se da a la actividad de premiar, así como el sentido y la pertinencia que tendría una participación directa de las instituciones de educación superior en un certamen de periodismo.

Independientemente de quién organice un premio, la pregunta obligada es: ¿para qué sirve un premio? Más allá del estímulo inmediato o del reconocimiento que recibe el periodista, ¿en qué beneficia a una sociedad el hecho de contar con un premio nacional?

Una actividad de este tipo tiene cabida en la misión, en los objetivos y en la vida cotidiana de una comunidad, que difícilmente encuentra espacios para el descanso o el ocio productivo. Las instituciones de educación superior, con estudios de licenciatura y de posgrado en comunicación, son entidades cuya carga de trabajo se ha incrementado de manera notable en las últimas dos décadas. Estas carreras no pasan de moda y la matrícula crece desmesuradamente. Se intenta formar hombres y mujeres de ciencia abocados a los fenómenos comunicativos. Se reforman los planes de estudio y se está al día con la bibliografía más pertinente. ¿Cabe en sus agendas la participación activa y responsable en un Premio Nacional de Periodismo? Varias serían las instituciones que, por figurar públicamente u obtener algún prestigio, responderían automáticamente que sí. Hay negocios privados dedicados a la venta de títulos y ávidos de relaciones públicas con los medios. Ésos quedarían excluidos. No se trata de que el premio pase de unas manos inconvenientes a otras peores.

Entonces, ¿para qué premiar? Respuesta resumida: para contar con referentes de calidad explícitos y acordados en materia de mensajes mediáticos. Un premio otorgado bajo reglas inequívocas, acordadas y técnicamente precisas, se convierte en un paradigma a seguir y en un asidero colectivo para reclamar calidad. Para detectar dónde hay calidad es indispensable tener la experiencia de la calidad. No cualquiera está habilitado para reconocerla.

Participación académica.

¿Pueden y deben aquellas instituciones universitarias, con trayectorias de calidad, involucrarse en la organización del nuevo Premio Nacional de Periodismo? Pese a sus complejas labores docentes y de investigación, si hay organización colectiva de un grupo convencido, pueden. Unas más que otras, pero en alguna medida las que han alcanzado la madurez académica, aquellas que se lo propongan (y puedan otorgar a algunos profesores la liberación temporal de ciertas labores), pueden. Se trata de colaborar con el diseño de un mecanismo óptimo para evaluar precisamente una parte central y activa del objeto de estudio y de investigación. ¿Deben hacerlo? ¿Deben las universidades dedicar tiempo, energía, conocimientos y, quizá, recursos en la creación de este vínculo con los medios y la sociedad? Así lo exige la necesidad de contar con medios informativos que miren más allá del mercado, y con universidades que se abran a la sociedad. Sin embargo, la decisión para las universidades, serias y con prestigio, no es sencilla. En estas épocas nadie busca tareas honorarias extras. Todos anhelan más tiempo libre.

Cuando Blancornelas propone que en las universidades mexicanas recaiga la organización del Premio, piensa en el ejemplo de las universidades estadunidenses. La sede del Pulitzer es la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. En Estados Unidos, la relación entre los medios de difusión y las instituciones de educación superior es diferente a la que se vive en México. Allá, salvo excepciones, la colaboración es estrecha, fluida y permanente. Medios y escuelas hablan un mismo lenguaje. En México, por lo general, la relación es distante, esporádica, accidentada y, en ocasiones, desconfiada. No se usan siempre los mismos códigos. Esta situación no es privativa de México. Se repite de manera semejante en América Latina.

En septiembre de 1995, la Fundación McCormick, establecida por quien fuera muchos años editor y director del Chicago Tribune y la Sociedad Interamericana de Prensa, organizó una reunión3 a la que fueron invitados directores de periódicos y profesores de comunicación latinoamericanos, con el objeto de comprender por qué la relación entre los medios y las escuelas en esos países no es armónica como en Estados Unidos. Una conclusión de la reunión fue que las universidades latinoamericanas se esforzaron, durante décadas, por no subordinarse a los intereses políticos o comerciales de los medios informativos, a la vez que estudiantes y maestros veían a las universidades como bastiones ideológicos y semilleros del cambio social. Otra conclusión fue que en Latinoamérica hacer carrera académica es sinónimo de sumergirse en dinámicas cerradas y en sistemas de evaluación en los que los medios informativos son vistos como zonas distantes de la excelencia.

Si bien la primera cuestión ya no es vigente en este inicio de siglo XXI, la segunda sí: en México difundir investigaciones en medios informativos no representa ningún puntaje en los sistemas de evaluación de algunas universidades y, en otras, es realmente insignificante respecto a las revistas arbitradas.

En tanto que las universidades no aquilaten la importancia social de la divulgación y de la reflexión en los medios informativos, y quienes trabajan en periódicos, radio y televisión no encuentren interlocutores permanentes y fuentes confiables de conocimiento en los centros de estudio, no habrá el puente que beneficie a la sociedad.

Cuando Blancornelas promete, en su último artículo sobre el premio, que donará lo recibido a la primera o primeras instituciones académicas o periodísticas, parece que mantiene una duda sobre la conveniencia de que sea una u otra. Sería útil que fueran ambas. Universidades y medios podrían hacer converger sus experiencias en el diseño del nuevo certamen nacional de periodismo. Aunque no se viva una cultura de colaboración frecuente entre medios y universidades, es pertinente aprovechar la coyuntura que hoy se abre. A fin de cuentas, las universidades se dedican a formar recursos humanos que alimentan a los medios.

Primer paso

La gran pregunta es: ¿quién da el primer paso?, ¿quién convoca a la consulta?, ¿qué instituciones son las más adecuadas para ello?

Estas interrogantes pueden decidirse unilateral o personalmente. Cualquier profesor convencido de este proyecto tendría que contar con el aval de su universidad. De aquí que se requiera preparar un diálogo amplio.

Una vez que se haya decidido cuáles medios y qué universidades deben conformar el grupo de arranque, habría que analizar cuatro puntos angulares para el diseño del nuevo premio:

1. Establecer qué le daría el carácter de nacional al premio: ¿la participación de trabajos procedentes de todas las entidades federativas o el envío de los materiales ganadores en cada uno de los premios estatales?
2. Definir el mecanismo para elegir el equivalente de lo que hoy es el Consejo de Premiación y el jurado calificador.
3. Decidir la forma de financiamiento más adecuada para el nuevo premio.
4. Discutir los criterios técnicos, los plazos, las fechas de difusión y categorías a considerar para los materiales que apoyen a los candidatos.

Primer punto (o el carácter nacional del premio). Requeriría, por una parte, fomentar la participación en todos y cada uno de los estados de la República y, por otra, el replanteamiento de los premios estatales del mismo modo en que ahora se procede a hacerlo con el nacional. Es decir: los gobernadores tendrían que sacar la mano de los certamenes estatales que ya existen, para proceder a su ciudadanización.

Segundo punto (o el diseño de los mecanismos para configurar las instancias de decisión). Implica un estudio comparativo de los premios de periodismo que operan, con prestigio y eficacia en el mundo,4 para decidir qué modalidades se adaptan a las características mexicanas y qué elementos no están contemplados para proceder a plantearlos de acuerdo con experiencias propias.

Tercer punto (o el financiamiento). Requiere, necesariamente, una discusión profunda y responsable acerca de, por lo menos, dos opciones:

a) El formato de un organismo público, que está implícito en el planteamiento formulado hace un mes por el secretario de Gobernación. Ello significaría la creación, por ejemplo, de un instituto para la calidad de los medios, manejado con independencia total del gobierno, pero con fondos del erario federal, como el IFE, una de cuyas funciones sería la organización del Premio Nacional de Periodismo.

b) El formato de fideicomiso que propone Blancornelas, para lo cual, según su propio ofrecimiento, ya se cuenta con los 150 mil pesos que prometió. En este caso el problema radica en dar con más fideicomitentes o entidades aportantes de recursos, no sólo para entregarles cierta cantidad a los premiados, sino, y sobre todo, para la infraestructura organizativa que requiere un certamen nacional de prestigio. Los otros fideicomitentes podrían ser aquellas empresas corresponsables con la labor de los medios por trabajar para ellos, en torno a ellos o a la sombra de ellos: agencias de publicidad y de investigación de mercados (particularmente las que ofrecen servicios de rating), centrales de medios, empresas que venden infraestructura técnica, anunciantes, grandes productoras, distribuidoras de publicaciones y cualquier otra organización vinculada con los medios o interesada en contribuir a elevar la calidad de los contenidos, mediante un apoyo económico para el financiamiento del premio. Siempre y cuando ninguna empresa pretenda hacer efectivo aquello de que el que paga manda. Se trata de contribuir a elevar la calidad de los medios, no de usar el premio como vehículo publicitario o pretexto para negociar intereses privados.

Cuarto (o el caudal de cuestiones técnicas que constituye la base para una adecuada deliberación). Habría que dar varios pasos:

a) Reunir a los 16 miembros del jurado calificador del año 2001, quienes redactaron una serie de sugerencias sobre categorías, campos, géneros, requisitos para registro y características del material de apoyo, para aprovechar su experiencia reciente.

b) Analizar comparativamente las modalidades y requisitos técnicos que exigen los premios de mayor prestigio en el mundo.

c) Solicitar a organismos académicos de docencia e investigación en comunicación, como la AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación) o el Coneicc (Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación), que se vinculen a las universidades que acepten participar en el Premio e integren una comisión para hacer propuestas técnicas en este terreno.

Lo anterior no es más que un conjunto de sugerencias discutibles y sustituibles, cuyo objetivo es abrir una discusión en el seno de la academia acerca de un tema que podría traducirse en la construcción de un puente, firme y socialmente redituable, con los medios informativos mexicanos.

La ciudadanización implica comprender que el Estado contemporáneo es policéntrico, que hace mucho tiempo quedó atrás el monstruo omnipresente y leviatánico de Hobbes, mismo que en el siglo XX todavía se confundía con el gobierno.

La palabra Estado hoy también significa ciudadanía organizada que participa en los asuntos públicos. Los ciudadanos son un centro dentro del Estado. En el caso del Premio de Periodismo, la primera tarea ciudadana sería organizarse para reformar la ley. Por cierto, la Ley de Premios y Estímulos vigente dice que el Presidente de la República nombra indirectamente el Consejo de Premiación y que el 7 de junio se debe festejar el oscuro contubernio del pasado.

Los ciudadanos que han elegido como profesión la enseñanza y la investigación de la comunicación, algo pueden hacer para que en el 2002 se tenga una nueva Ley y un premio ciudadanizado. Por lo pronto, hay que abrir la discusión.

Notas.

1) Los tres artículos fueron publicados en el periódico La Crónica de Hoy, en el 2001.

2) La Crónica de Hoy, viernes 8 de junio de 2001, p. 10.

3) La reunión se tituló “Conferencia Hemisférica sobre la Modernización de la Enseñanza del Periodismo” y tuvo lugar en Cantigny, Illinois,  del 5 al 7 de septiembre de 1995.

4) Se pueden revisar, por ejemplo, las páginas del Pulitzer (www.pulitzer.org) o la del Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (www.fnpi.org) e investigar qué premios poseen las bases más sólidas y la trayectoria más convincente.