No pasó
La política en tacones
Pilar Ramírez
Las mujeres tienen motivos de celebración este mes de mayo y no me refiero al Día de las Madres o al Día del Maestro, profesión mayoritariamente femenina en la educación básica, sino al hecho de que el Congreso de Veracruz no aprobó la enmienda constitucional para “proteger la vida desde la concepción”, lo cual se traducía en la penalización del aborto. De acuerdo con la legislación veracruzana, la reforma votada en primera vuelta el 17 de noviembre pasado debía ser ratificada en otro periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal. En la sesión del jueves seis de mayo no se alcanzaron los 34 votos requeridos para su aprobación, 24 legisladores del PRI y del PAN votaron a favor de la reforma, siete en contra y hubo dos abstenciones. Los votos en contra corrieron a cargo de los legisladores perredistas, petistas, convergentes y el voto de la priista Dalia Pérez Castañeda que se mantuvo fiel a su postura de apoyo a las mujeres.
Sin duda, existen aspectos coyunturales importantes alrededor de este hecho. No pasaron desapercibidas las movilizaciones de mujeres desde que se presentó la iniciativa de reforma el año anterior, auspiciadas por organizaciones femeninas y defensoras de los derechos humanos. La Red de Mujeres Radialistas, el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, las organizaciones de mujeres Las Muchas y la Articulación por el Derecho a Decidir de las Mujeres, entre otras, que se convirtieron en punto de encuentro para dar curso a la protesta ciudadana, no sólo de mujeres, por este atropello legislativo.
Fui testigo de la participación de hombres y mujeres que respondieron a la convocatoria de estas organizaciones para hacer saber a los legisladores el desacuerdo con la reforma constitucional. Novios, esposos, hermanos, compañeros de trabajo, académicos y estudiantes respondieron al llamado de las distintas movilizaciones convocadas; madres, abuelas y mujeres jóvenes también optaron por destinar una parte de su tiempo para exigir ser escuchadas. Infatigables milicias que esgrimían como armas camisetas alusivas a sus derechos, mantas y carteles imaginativos y decididos en los que se expresaba el rechazo a una legislación que no sólo resulta un retroceso en este siglo XXI por cuanto niega derechos a un sector de la población sino vergonzante porque se encaminaba directamente a profundizar la discriminación hacia los sectores más pobres, como lo demuestran los casos de las mujeres detenidas por abortar.
El activismo para defender los derechos de las mujeres se entendió muy bien como una postura política de rechazo a la inequidad avalada por la ley, la reacción sobrepasó el asunto de género para colocarse simplemente como un rechazo a una legislación que violenta los derechos de un sector de la población.
Es claro que no fue sólo la movilización ciudadana lo que alertó sobre el yerro político de llevar adelante la reforma constitucional, contribuyó la constatación de que se trataba de una iniciativa polémica que estaba propiciando la respuesta de un importante grupo de potenciales votantes: mujeres de diversa extracción social y de variada ocupación. Resultó preferible eliminar el riesgo en año electoral. Es significativo que las dos abstenciones en la votación del seis de mayo provinieran del PRI y del PAN.
No es desdeñable la manifestación de quienes apoyaban la reforma constitucional, la buena noticia para esas mujeres es que nadie las obligará nunca a abortar, independientemente de sus circunstancias personales.
Con este resultado, Veracruz se suma a la corriente de reconocimiento de los derechos de las mujeres; hace un par de meses el Congreso de Michoacán también rechazó elevar a rango constitucional el castigo a la interrupción del embarazo, disfrazado de protección a la vida desde la concepción. Por otra parte, el Congreso Federal reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para promover directrices a favor de la erradicación de la violencia de género en los medios de comunicación, obligar a la Secretaría de Educación Pública a fomentar una cultura libre de violencia mediante el desarrollo de programas educativos en los que se involucre a los padres de familia, garantizar asesoría legal en su idioma a indígenas y establecer una norma que castigue a quienes cometan acoso sexual contra mujeres a través de medios electrónicos y teléfonos celulares.
Los acontecimientos recientes en materia legislativa que repercuten en la vida de las mujeres son una pequeña demostración de que la manifestación de la ciudadanía es fundamental para darle sentido a la política, que los acuerdos partidistas coyunturales no tienen el monopolio de la política y que los ciudadanos cuentan o que tienen la capacidad de hacer que cuenten.
Periodista y colaboradora de la RMC
El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:
Ramírez, Pilar, «No pasó« en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
México, mayo, 2010.
Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/politica.htm
Fecha de consulta 13 de mayo de 2010.
