Recuento de daños a las libertades informativas 2002

• El 2002 pasará a la historia como uno de los menos violentos de los últimos diez años en materia de libertades informativas
• Los actos inhibitorios o de violencia contra periodistas subieron a niveles alarmantes, revela el análisis.

«Extra Extra Read All About It». Tours Departing Daily @Flickr

Por Omar Raúl Martínez/ Manuela Olives/ Verónica Trinidad Martínez/ Balbina Flores

Publicado originalmente en RMC 82

Sin dejar de reconocer la continuidad de un clima de apertura y crítica en los foros informativos nacionales atribuible fundamentalmente al desarrollo democrático del país, no puede dejarse de lado el hecho de que el gremio periodístico, durante 2002, vivió un grave acecho inhibitorio.

El 2002 pasará a la historia como uno de los menos violentos de los últimos diez años en materia de libertades informativas en México, pero paradójicamente también quedará inscrito como uno de los periodos con mayor índice porcentual de actos inhibitorios contra informadores en la última década.

Si bien es innegable que hubo una reducción de 20% en el registro de incidentes respecto de 2001, resulta preocupante que en 2002 se haya incrementado en 12%, respecto del año previo, el número de hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas.

En otras palabras: sin dejar de reconocer la continuidad de un clima de apertura y crítica en los foros informativos nacionales atribuible fundamentalmente al desarrollo democrático del país, no puede dejarse de lado el hecho de que el gremio periodístico, durante 2002, vivió un grave acecho inhibitorio.

El estado de las libertades de expresión e información presentó una mejoría en cuanto al número total de actos registrados (100), pero evidenció una preocupante tendencia de ciertos actores políticos a recurrir a demandas (17%), detenciones (13%) y citas a comparecer (8%) para eventualmente inducir conductas informativas menos críticas, incisivas o desfavorables.

Las aseveraciones anteriores se desprenden del análisis hemerográfico y documental sobre los actos contra las libertades informativas en México sucedidos a lo largo de 2002, realizado por la Fundación Manuel Buendía, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y el Centro Nacional de Comunicación Social –con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal– como parte de las tareas emprendidas por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación1.

Visión global

A lo largo de 2002, y de acuerdo con los criterios metodológicos de la Red2, se registraron 100 incidentes contra las libertades informativas en todo el país: 57% fueron agresiones públicas o embozadas contra periodistas (48%) y medios de comunicación (9%), mientras que el restante 43% lo representaron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (41%) y medios (2%).

Lo anterior ratifica, al igual que en años pasados, la tendencia manifiesta en otros recuentos de daños: se mantienen o disminuyen las agresiones directas, pero a cambio ciertos grupos de poder o actores políticos están acudiendo con mayor energía y recurrencia a acciones jurídicas que, basados en un marco legal cuya interpretación y aplicación es discrecional o condicionada a determinados momentos o intereses, en ocasiones atentan contra las libertades de información y expresión.

Del universo de incidentes consignados (100), la mayor parte (89%) se dirigieron contra periodistas y 11% fueron contra las instituciones mediáticas en general. Por ello, no resulta extraño que, una vez más, resalten las agresiones físicas como las acciones más recurrentes, con 21% de incidencias, seguidas por demandas (17%), amenazas o intimidación (14%) y detenciones (13%).

Se registraron dos asesinatos (2%), uno menos que en 2001, aunque es preciso señalar que el del columnista de El Sur de Veracruz, José Miranda Virgen, ocurrido el 16 de octubre, sólo se sustenta en posibles indicios vinculados con su quehacer profesional. El homicidio de Felix Alfonso Fernández, director de la revista Nueva Opción, tendría una línea de investigación relacionada con el narcotráfico.

Quienes van de manera cotidiana en busca de la información, los reporteros, una vez más resultaron ser los mayormente afectados por la naturaleza misma de su oficio, con 31% de incidencias, y le siguen en orden descendente periodistas con diversas responsabilidades (11%), directores (8%), y fotorreporteros y articulistas (cada rubro con 7%).

Otra constante dentro del mismo segmento lo constituye el hecho de que los periodistas que reciben mayor índice de agresiones y actos inhibitorios siguen siendo los de medios impresos en 75% de los registros hemerográficos y documentales obtenidos, lo cual supone un notorio aumento de 21% habida cuenta que en 2001 tal renglón sumó 54%. Ese dato hace inferir la corroboración de que un importante sector de la prensa mexicana persiste en una postura cuyo afán cuestionador, crítico y escrutador suele incomodar a ciertos poderes, tendencia que también se hace patente al distinguir cuáles son las fuentes donde laboran los informadores con mayor número de incidencias: 42% cubre el área política, 28%, la policiaca y 12%, la de información general, entre otras de menor cuantía.

Una tendencia preocupante es la relativa a los motivos por los que periodistas y medios resultaron agredidos o inhibidos, pues en el grueso de los actos consignados –y de acuerdo con la metodología de la Red que se expone en el presente informe– se implican razones de carácter informativo como se constata en el siguiente desglose producto del análisis: 33% de los actos ocurrió por denuncias periodísticas, 31% por ejercer su labor reporteril, 21% por publicar determinados contenidos, entre otros motivos con menores porcentajes.

El tema de los presuntos responsables arroja un saldo de continuidad lamentable, pues se mantiene la tendencia respecto del año previo en que el Poder Público acumuló 54% y ahora en 2002 continuó encabezando la lista con 51% de incidencias. Tal dato engloba cuatro rubros: fuerzas del orden, 30%; funcionarios de gobierno, 17%; instituciones de gobierno, 2%; y funcionarios de dependencias policiacas, 2%. En 12% de los hechos registrados no fue posible identificar a los actores materiales o intelectuales. Pero un aspecto que mueve a la preocupación es la recurrencia de que grupos sociales y políticos, particulares y miembros de ciertas entidades tiendan a obstaculizar las libertades informativas, tal y como se evidencia en los presuntos responsables con menores cuantías pero cuya suma supera 30% del total: particulares, 8%; partidos políticos, 6%; campesinos y ejidatarios, 6%; directivos de medios, 4%; grupos sociales, 3%; miembros de instituciones educativas, 3%, entre otros.

Una mirada al Distrito Federal

Entre los estados más afectados en materia de libertades de expresión e información a lo largo de la República Mexicana se encuentran: Distrito Federal (con 17% de incidencias), Estado de México (17%), Hidalgo (9%), Chihuahua (7%) y Chiapas (6%). Con menores porcentajes  están Morelos (5%), Baja California (5%), Sinaloa (4%), Guerrero (4%), Puebla (3%), Oaxaca, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Michoacán (cada uno con 2%).

Así, pues, del total de casos registrados durante el año pasado, 17 ocurrieron en la Ciudad de México, dato que patentiza una notable disminución de 65% respecto de 2001 durante el cual se consignaron 49. De esos 17 actos, 10 fueron agresiones públicas o embozadas a periodistas (8) y medios (2), y 7 lo representaron hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores, tales como citas a comparecer ante la autoridad (18%), demandas (12%) y bloqueo informativo (12%). Los aparentes móviles fueron, principalmente, los contenidos publicados (41%), el ejercicio reporteril al cubrir la información (24%), la divulgación de ciertas denuncias (18%) y la crítica periodística.

Un dato que salta a la vista al analizar los cargos de los afectados, y que marca una importante diferencia con la visión global o federal, es el que 29% hayan sido columnistas, seguidos de reporteros (12%) y periodistas en lo general (12%), particularmente de las fuentes política (66%) e información general (24%). Tal aserto podría suponer que los presuntos responsables enfocan más sus baterías hacia líderes de prensa capaces de influir en la opinión pública. En tal sentido, entre los presuntos autores de las agresiones y presiones contra periodistas destacan ciertamente representantes del Poder Público con 30% (fuerzas del orden: 18%, e instituciones del gobierno, 12%), pero ello representa una cifra menor en 21% respecto del mismo segmento en el ámbito federal. No obstante, no pueden echarse las campanas al vuelo habida cuenta que en 24% de los 17 casos consignados en la Ciudad de México fue imposible identificar a los responsables.

Conclusiones 

Así, en este  Recuento de daños 2002  podemos resaltar las siguientes conclusiones:

1. Se registró una reducción de 20% en el número de actos contra periodistas y medios en relación con el año previo, pero el año analizado quedará inscrito como uno de los periodos con mayor índice porcentual de hechos que pueden significar inhibición o presiones contra informadores en la última década habida cuenta que alcanzó 41%, la cifra más elevada que se recuerde en este tipo de estudios.3
2. Los casos que concentraron mayor número de incidencias fueron las agresiones físicas, con 21%, y le siguieron con números cada vez más ascendentes las demandas, con 17%; las amenazas o intimidaciones, 14%; las detenciones, 13%; y las citas a comparecer, 8%. Tales resultados resultan preocupantes, pues al igual que en 2001 se constata que los actores políticos acuden cada vez más a mecanismo legales para hacer frente a los señalamientos de los medios informativos. Desde luego, nadie puede regatear el legítimo derecho de recurrir a instancias jurídicas por parte de quienes se sienten agraviados por determinadas informaciones, pero como se asentó en el Recuento 2001:
3. El dato no resultaría inquietante si en México existiera un marco legal de medios acorde con los nuevos tiempos políticos, o si por lo menos se aplicara la Ley de manera imparcial al margen de interesadas coyunturas políticas. Y es que, sin dejar de reconocer ciertos actos de irresponsabilidad de los medios de comunicación, lo cierto es que en ocasiones se inician procesos judiciales contra ellos sólo para inhibir el ejercicio crítico de las libertades informativas en contra de los poderes establecidos.4
4. La Red Mexicana de Protección a Periodistas hace patente su rechazo a todo tipo de actos que tiendan a vulnerar o inhibir el libre ejercicio del periodismo, tales como demandas injustificadas o citas a comparecer ante la autoridad, y respalda las iniciativas tendientes a garantizar jurídicamente el secreto profesional del periodista como un pilar fundamental del derecho a la información de la sociedad.

Notas 

1) Para mayor información respecto de los integrantes y objetivos de la Red, puede consultarse la siguiente página web: www.fundacionbuendia.org.mx/tables/FMB/libertadexpresion/1997/red.htm/

2) Véase www.fundacionbuendia.org.mx/tables/FMB/libertadexpresion/1997/propuesta.htm/

3) Este renglón ha ido en ascenso de manera más notoria desde poco más de tres años: si en 1999 se registró un total de 30% de hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios, en 2000 la cifra creció a 41%, durante 2001 prácticamente se mantuvo en 40%, y para 2002 llegó a 43%. En este segmento, las demandas, las citas a comparecer ante la autoridad y las detenciones fueron los incidentes que más inquietaron al gremio periodístico. Este tipo de acciones inhibitorias fueron integradas en el Informe 2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual se estableció que uno de los principales motivos que dieron origen a las quejas expresadas por periodistas fue la violación al derecho de su libertad de expresión y al secreto profesional. Por esos motivos, el 14 de abril pasado, la CNDH presentó al Senado una propuesta de iniciativa legal para proteger el derecho al secreto profesional de los periodistas a fin de acotar los márgenes de la autoridad para solicitarles información. Tal iniciativa es vista con buenos ojos por un sector del periodismo, ya que busca introducir una regulación más transparente en los códigos adjetivos en materia penal “que den certidumbre de que la libertad de expresión y de prensa no se encuentran sujetas a limitación alguna, salvo los casos de ataque a la moral, los derechos de terceros, el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública”.

4) Véase    www.fundacionbuendia.org.mx/tables/FMB/libertadexpresion/2001/indice2001.htm/