Emite CNDH recomendación por caso Contralínea
Inédito pronunciamiento por acoso judicial y veto publicitario
Tras el acoso judicial que vive la revista Contralínea, por primera vez en su historia, la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el gobierno Federal
por el veto publicitario,al cual calificaron como un método de castigo
a los medios de comunicación por su línea editorial
Antecedentes
El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron un escrito de queja ante la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y del personal de la empresa que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, en la que denuncian que de noviembre de 2004 a agosto de 2008 realizaron investigaciones y publicaciones periodísticas que involucran en irregularidades en la asignación de millonarios contratos a funcionarios de alto nivel del sector energético y la Presidencia de la República, y contratistas de Petróleos Mexicanos.
Con motivo de la publicación del trabajo periodístico, comenzaron a recibir amenazas y acoso por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los directivos y abogados de empresas del Grupo Zeta, involucradas en algunos de los reportajes publicados, consorcio de gas licuado de petróleo presidido por Jesús Alonso Zaragoza López, quien amenazó a los periodistas con presentar 80 demandas en su contra, una por cada una de sus empresas.
Por tal razón, Zaragoza López demandó a los periodistas ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, en todos por supuesto daño moral.
Con motivo de dichas demandas judiciales, el pasado 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, emitió una orden judicial para acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista.
A raíz de la revelación en Contralínea—el 15 de febrero de 2008— de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con Pemex, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de Pemex otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal no le contrataría publicidad.
Resolución de CNDH
En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: “Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea”.
En la Recomendación 57/2009, “Sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la revista Contralínea”, dirigida al Magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, la CNDH acredita que el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los siguientes derechos:
“Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.
En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: “Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea”.
La judicialización de la libertad de expresión
En su recomendación, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio de Jesús Zaragoza y el Grupo Zeta, tales como el acreditar la existencia de un tercer denunciado (Abraham Rodríguez Ortega) para radicar la demanda contra los periodistas en Guadalajara, donde certificó la supuesta notificación de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez con documentos apócrifos para después llevar el juicio “en rebeldía”.
Sentenció a los periodistas sin que ellos tuvieran conocimiento siquiera de que había una demanda y un juicio en su contra y, posteriormente, ordenó el arresto de los periodistas consumándose en la detención de Badillo, quien fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (El torito).
La CNDH documentó que en su resolución el juez introdujo cuestiones ajenas a la litis en agravio de los periodistas, para reclamarles prestaciones que ni el mismo Zaragoza planteó.
La CNDH señala: “Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado.
“Este mismo criterio es compartido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil quien, al rendir el informe correspondiente a esta Comisión Nacional, señaló que en el procedimiento civil resulta aplicable el principio de congruencia y petición de parte, lo que no aconteció en el presente caso, toda vez que en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza a cumplir una prestación que nos les fue demandada”.
Por ello, la CNDH acreditó “que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza”.
Igualmente, la recomendación refiere: “Respecto del acoso judicial manifestado por los quejosos, se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio”.
Campo administrativo
En cuanto a las irregularidades administrativas en los juicios presentados por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López, la CNDH destaca: “Esta Comisión Nacional acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”
Dentro de sus indagatorias, la CNDH documentó que posterior a la demanda de Guadalajara, la familia Zaragoza presentó nuevas demandas contra los periodistas en otras entidades. Una de ellas es la que se promovió contra Badillo –juicio ordinario civil 348/2009– ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentra en trámite, y en el que se solicita la reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía de Miguel Zaragoza Fuentes.
En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos. Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas señaladas por los quejosos, emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresa del corporativo “Grupo Zeta”, lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados”.
Resolución en cuanto al veto publicitario
El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial es por primera vez motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.
En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón).
Al respecto, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los señores Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y periodistas de la revista Contralínea”.
La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, dice la CNDH, “fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.
Por ello, dictaminó “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.
En este contexto, la CNDH por primera vez habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralínea”. Asimismo, cita a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:
“El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas”.
Conclusiones
En resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, la CNDH concluyó que la falta de procedimientos y criterios claros por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la contratación de publicidad oficial, «deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.
Bajo esta premisa, la CNDH detreminó que los funcionarios de Pemex violaron artículos contitucionales que tienen que ver con la obligación de los servidores públicos para aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, y los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión. Por tal razón, la comisión resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.
Además, resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó también a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias “para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.
Puede leer el informe completo de la CNDH
haciendo click aquí
Revista Mexicana de Comunicación, México, 22 de septiembre de 2009.
Medios en agendas legislativas
Gabriel Sosa Plata
Cada En materia de actualización del marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones se respira cierto pesimismo, pese a la importancia de este sector. La gran reforma democrática y procompetitiva prometida por gobierno y partidos parece una vez diluirse porque, se insiste en decirlo, no existen las condiciones políticas para ello.
El ánimo transformador, de impulso a reformas estructurales, que cualquier ciudadano podría esperar de una Cámara de Diputados renovada, se diluye cuando se habla del tema. Las presiones y los intereses, se asegura, son muy fuertes. Por ello, las agendas legislativas de las fuerzas políticas representadas en el Congreso privilegiarán, como se ha adelantado, otros asuntos, más redituables políticamente, considerando la carrera hacia las elecciones de 2012.
Al poco entusiasmo reformista, se suma la integración de un grupo de legisladores cuya función fundamental, si no es que única, será defender los intereses de las dos principales televisoras de este país y entorpecer cualquier reforma que modifique sus privilegios. Por supuesto, la llamada “telebancada” tendrá un papel activo en tres comisiones clave: Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y la de Puntos Constitucionales.
Desde esas comisiones, la “telebancada” y legisladores simpatizantes de sus causas no serán un grupo defensivo sino activo. La reversión de la reforma electoral de 2007, que tanto molestó a las televisoras o la nulificación de la sentencia de la Corte contra la reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones en 2006 son objetivos que no se pueden descartar cuando en política se piensa que sin la “bendición” de la tv es imposible ganar una elección o mantener una imagen pública favorable.
El aletargamiento legislativo o la apuesta contrarreformista tendrán el contrapeso de personajes que han buscado una reforma democrática del sector y que se incorporarán a la Cámara de Diputados: Javier Corral, Jaime Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. Su responsabilidad para sacar adelante iniciativas que consideren los intereses de la sociedad y no sólo de algunos grupos de interés es muy alta, pero obviamente se enfrentarán a muchos obstáculos. De ahí que en el Senado, donde hay más sensibilidad sobre el tema, tengan una interlocución más amplia.
Ante las visiones encontradas y la ambigua posición del gobierno panista sobre la reforma estructural, hay voces en el Senado y de quienes estarán en la Cámara baja que plantean llevar a cabo una “concertacesión”: refrendos a perpetuidad por reconocimiento a radios comunitarias, por ejemplo. El mutuo conceder haría que todos obtuvieran una ganancia, pero para algunos sería más redituable.
Es probable que este fin de semana se den a conocer las “agendas legislativas” definitivas. Muñoz Ledo, diputado electo por el PT y coordinador del Frente Amplio Progresista, ha sido enfático al señalar que entre las prioridades de su grupo está la reforma a la legislación de medios. Por su parte, el presidente del PRD, Jesús Ortega, dijo que impulsarán una reforma “para garantizar la imparcialidad de los medios”. La nueva dirigencia panista ha sido indiferente con el tema y el PRI ambivalente.
En contraste, las plataformas electorales 2009-2012 tienen propuestas interesantes. La del PAN es la que más promete, con “la democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y en la radiodifusión”. Para ello se proponen garantizar los derechos de audiencias y usuarios, harán un “combate frontal a los monopolios” e impulsarán el derecho de réplica. ¿Cumplirá el PAN con su agenda o continuará en la simulación?
Por su parte, el PRD busca abrogar la Ley de Imprenta de 1917 y crear una nueva ley de radio y tv, en la que se impidan esquemas y prácticas monopólicas, así como el alquiler de frecuencias. También proponen crear un Consejo de Radio y Televisión y establecer normas tarifarias. El PRI, a lo más que llega, es a ofrecer la ampliación de la infraestructura de la telefonía y “apoyar modificaciones legislativas para garantizar el desarrollo de la red de radiodifusoras culturales, estatales y universitarias”.
Si PAN y PRD hacen realidad sus promesas electorales, el panorama no sería tan desalentador. Pero una cosa es el discurso y otra la acción política concreta, sobre todo cuando el 2012 se ha convertido en una obsesión. Del PRI, como vemos, poco podemos esperar.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa.
Columnista del noticiario Pulso de la mañana
y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel: 2009, «Medios en agendas legislativas», en El Universal
México, 20–VIII–09, Opinión
Los marginados
Juego de Ojos
Miguel Ángel Sánchez de Armas
El día que la selección mexicana derrotó a la de Estados Unidos viví de nuevo el viacrucis de quien pertenece a una de las minorías más execradas en la actual sociedad: la de quienes no tienen ni gusto ni amor por el futbol.
Tengo claro que somos algo así como el 0.000000000001 de la población (quizá me falten ceros) pero reclamo nuestro derecho a recibir las mismas garantías y privilegios que la Constitución da a los demás ciudadanos. En los últimos años las minorías de todos los sabores, colores e inclinaciones han logrado el reconocimiento social, pero quienes pensamos que el fut es un pasatiempo idiota somos víctimas incluso de los grupos que hasta hace poco vivieron en la oscuridad. Para nosotros no hay ni comisiones de derechos humanos ni «oenegés» protectoras ni comités que se aboquen al estudio y análisis de la condición en que nos encontramos.
Veo con tristeza que nuestro futuro es continuar en el desamparo, en la indefensión y en descrédito social. ¿Se puede esperar otra cosa en un sistema que tolera que sus órganos legislativos abandonen sus responsabilidades para seguir las vicisitudes de una desmedrada selección nacional? Milenio publicó: “El fut, […] paralizó los trabajos en el Congreso. Como en pocas ocasiones, los legisladores apuraron la sesión de la Comisión Permanente. Aprobaron y dispensaron puntos de acuerdo, y poco después de las dos de la tarde salieron todos hacia el restaurante más cercano”. Escandaloso. Pero lo mismo aconteció en una de las instituciones emblemáticas de nuestra naciente democracia. Según el mismo diario: “Igual que los consejeros del IFE, que hicieron un receso de dos horas en su reunión con vocales ejecutivos del país para ver el pambol. Tanto para que el Tri siga en cuarto lugar del torneo eliminatorio rumbo al Mundial”.
Una jornada de circo sin pan (me refiero al alimento) y el pueblo sale a las calles como si hubiese llegado el día de la liberación. Pagar la deuda externa, bajar la inflación al uno por ciento y colocar al dólar a ocho pesos, no serían motivo de tanta alegría. El presidente habló con el director técnico del equipo, cosa que hace unas semanas no hizo con los héroes de la guardería ABC, que sí son un ejemplo a seguir. Reforma publicó: “¡MILAGRO! Los políticos mexicanos se pusieron de acuerdo. […] TIRIOS Y TROYANOS por igual se deleitaron en vivo y en directo con el triunfo de México sobre Estados Unidos en el Estadio Azteca. […] SI ASÍ ESTUVIERAN de unidos los políticos para otras cosas, seguro que México sería una potencia… y no precisamente en el deporte de las patadas”.
También respetados e inteligentes analistas políticos —y otros que no son ni lo uno ni lo otro— danzaron con las multitudes en las jornadas de futbolfilia. Antes, durante y después de la jornada, en sus espacios nos recetaron estudios, análisis y densas disquisiciones sobre los méritos de este deporte que nos trajeron los imperialistas británicos y que hoy celebramos como si hubiera sido inventado por Netzahualcóyotl. Incluso algún intelectual ha publicado un opúsculo titulado “Dios es redondo”. ¡Ay Manuel Seyde, cómo nos haces falta!
¿Alguien en el gobierno habrá tomado nota del peligroso sesgo que tomaron algunas de las manifestaciones de “alegría” de las multitudes en los espacios públicos? Las agresiones a turistas extranjeros, los insultos a personas que la plebe tomó por “gringos”, los connatos de violencia, dan cuenta de la temperatura de los ánimos populares. El día de mañana esos aficionados que hoy se envuelven en la enseña nacional pueden volver cuando se den cuenta de que los goles no bajan el precio de las tortillas. Y entonces incluso las divinidades redondas se las verán verde para apaciguar otro tipo de clamor social.
Profesor – investigador del departamento de Ciencias de la Comunicación de la UPAEP, Puebla.
Presidente honorario de la Fundación Manuel Buendía.
Correo electrónico: sanchezdearmas@gmail.com
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar este artículo:
Sánchez de Armas, Miguel Ángel, 2009: «Los marginados«,
en Revista Mexicana de Comunicación en línea, Núm. 117, México, agosto. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/magsa.htm
Fecha de consulta: 20 de agosto de 2009.
Pobre Gutenberg
La política en tacones
Pilar Ramírez
Los medios informativos han tenido desde hace mucho tiempo un lugar privilegiado e indiscutible como factores del poder, lo que les permite definir quién discute qué, cómo y cuándo, especialmente en lo que se refiere al tema de la política. Los políticos, en su afán protagónico, cedieron a los medios la titularidad del debate con lo cual éstos se convirtieron en instrumentos políticos de primer orden.
Así, los medios devinieron en mediadores de la comunicación entre la clase política, sus cúpulas, sus diversos grupos y la sociedad, aunque hay que decir que ésta última es la menos atendida; de la función de informar pasaron a definir la agenda social, de ahí que fuese vital para los actores políticos aparecer en los medios.
En la búsqueda de más espacios mediáticos, algunos personajes de la política decidieron utilizar un instrumento tan viejo como el libro en un papel de nuevo mecanismo de comunicación, comenzaron a escribir libros y sacarlos a la luz en momentos estratégicos y al igual que con los otros medios masivos, el valor más alto era el de correo para enviar mensajes diferenciados entre sus pares.
El libro, en esta función de correo político, probó su eficacia en ciertos episodios relevantes de la historia reciente en la política mexicana. Jorge Carpizo publicó en 1993 un folleto, prácticamente libro, denominado Expediente Mousavi para detallar las investigaciones del caso de soborno en que estuvo implicado el secretario de comunicaciones del salinismo, Andrés Caso Lombardo, acusado por el empresario Mousavi de manipular la licitación para una compra de radares destinados al aeropuerto de la ciudad de México.
Poco después, en 1994, Mario Ruiz Massieu, ex procurador general de la República y hermano de José Francisco Ruiz Massieu, publicó el libro Yo acuso sobre las investigaciones del asesinato de éste último. Como fuente de información resultó un fiasco pero se vendió muy bien.
Después de su controvertida administración, el ex presidente Carlos Salinas se dedicó a escribir su versión de la misma. En el año 2000 publicó México, un paso difícil a la modernidad, que muchos quizá sólo se “solapearon” como se dice en el argot editorial, pues de inmediato aparecieron reseñas de ese libro de mil 300 páginas, las cuales sirvieron para identificar los pasajes en los que Salinas habla, entre otras cosas, del proceso que lo llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio, del conflicto en Chiapas y de la traición de Zedillo, tema predilecto de los medios que se ocuparon del libro. En 2008 hizo una segunda entrega con el libro La década perdida. 1995-2006 Neoliberalismo y populismo en México en el que analiza –y critica severamente- las administraciones de Zedillo y de Vicente Fox.
En Estados Unidos, por ejemplo, se ha recurrido desde hace tiempo y con mucha frecuencia al uso de este género que mezcla autobiografía y memoria política, que siempre es interesante porque proviene de una fuente de primera mano, son textos más elaborados que los periodísticos y menos conceptuosos que los académicos. El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton tiene publicados varios libros, pero sin duda el que recoge sus años en la presidencia fue el más leído para conocer una versión más reposada del escándalo político que produjo su «affaire» con Monica Lewinsky. Barack Obama, con toda la carga de novedad política que ha implicado la carrera que lo colocó en la presidencia estadounidense, llegó al primer lugar en la lista de «bestsellers» que elabora semanalmente el diario New York Times con su libro La audacia de la esperanza. Recientemente, el ex vicepresidente Dick Cheney anunció sus memorias, que saldrán a la venta en la primavera de 2011, donde hace severas críticas a George Bush y lo llama “rehén de las encuestas”. Sólo el anuncio disparó las ventas del Washington Post.
En México se ha privilegiado la coyuntura política para dar a conocer este tipo de publicaciones o los medios se ocupan de magnificar el aspecto coyuntural. Esto ha sucedido con los libros de Carlos Salinas, los de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene publicados ocho libros, pero el que ha tenido más eco por sus repercusiones políticas ha sido Un proyecto alternativo de nación, lo mismo que Un México para todos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y libros de personajes altamente involucrados en la vida política del país como Derecho de réplica de Carlos Ahumada que se dio a conocer en las semanas previas a la elección del mes de julio.
Estos testimonios, que cada vez menudean más, son también una gran tentación para la clase política, pues todos quieren dejar en blanco y negro su versión de los hechos. Esta inclinación hace que no se termine de leer uno cuando ya apareció otro. Del mismo modo, tenemos ahora libros de antes, durante y después del ejercicio de poder, como El hijo desobediente del presidente Felipe Calderón, que presentó pocas semanas antes de la elección de julio del 2006 en la que contendió por la presidencia y en el que recoge la experiencia de su campaña.
Quizá uno de los hechos más insólitos que ha dado la política mexicana es la de un presidente que no se lleva con la lectura, pero que ha escrito dos libros. Resultó sumamente extraño que el segundo libro de Vicente Fox apareciera originalmente en inglés. Pienso en ello y la única explicación que me doy es que lo hizo para proporcionar a los lectores mexicanos un pretexto para no leerlo, pues él mismo aconsejó alejarse de los periódicos, cuantimás de los libros.
Periodista y colaboradora de la RMC
El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:
Ramírez, Pilar, «Defender la vida» en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
Num. 117, México, agosto. Disponible en: Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/politica.htm
Fecha de consulta. 19 de agosto de 2009.
Las revistas de chismes tienen sitiado el mercado de la edición
El Financiero,Cultura , 25 de agosto de 2009
Lo cultural como opción a la “literatura chatarra”
Carmen García Bermejo
Periodista de El Financiero y colaboradora de la RMC
En un país donde su población tiene un nivel elemental de lectura, por abajo de los tres libros leídos al año, los mexicanos buscan textos de autoayuda y esoterismo, historietas eróticas y revistas del corazón. Pese al negro panorama, las revistas culturales se rehúsan a desaparecer y se mantienen como opción a la “literatura chatarra”. Aquí sus peripecias.
La situación de la industria editorial se ha complicado. Ahora revistas y libros padecen una reducción en sus tirajes de hasta un 15 por ciento, debido al incremento del 30 por ciento en el costo del papel y a la devaluación del peso frente al dólar y al euro. Situación que provoca un alza en el precio de libros y revistas de entre tres y diez por ciento. Pero, en consecuencia, se genera una caída de hasta el diez por ciento en las ventas de estas publicaciones.
En este colapso están inmersas las revistas culturales que, además de la crisis económica del país, se enfrentan a la realidad mexicana: el bajo nivel educativo de su población y la falta de lectores interesados en publicaciones alejadas de la banalidad. Al ser México un país donde más de siete millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad no estudian, ni trabajan, y sólo 27 por ciento de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores puede hacerlo, el común de la población prefiere la “literatura chatarra”, la cual está acompañada de una impresionante mercadotecnia que le permite colmar los puestos de periódicos de todo el país. Tan sólo historietas como El libro vaquero y La novela policiaca tienen un tiraje de entre 800 mil y 500 mil ejemplares semanales, cada una. En tanto, revistas como TV Notas y TV Novelas salen semanalmente al mercado con un tiraje de 780 mil y 250 mil ejemplares, respectivamente.
Las revistas culturales se pierden en esta marejada de papel. Pero sus directores y editores mantienen su interés en atraer la atención de la sociedad hacia los temas abordados. La característica de las publicaciones que aquí se presentan es que siempre destinan un espacio para reconocer la trayectoria y las aportaciones de quienes han hecho la música, la danza, el cine, el teatro, la pintura… en este país, pero también de aquellos que, tras bambalinas, hacen posible que un montaje o una producción funcione.
Sin clasificación alguna
A iniciativa de dos ex primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza, Raúl Fernández y Sandra Bárcenas, surgió la revista Danza, Pasión & Movimiento con el fin de difundir el trabajo que sobre los diversos géneros de esta disciplina artística se desarrolla en el país. Establecer una especie de registro gráfico y escrito de lo que actualmente sucede en la escena de la danza. Es una publicación trimestral con un tiraje de tres mil 500 ejemplares, los cuales se distribuyen a través de las librerías Educal, una tienda departamental, en locales especializados en danza y en escuelas de la República donde se imparte esta profesión.
Raúl Fernández, director editorial de Danza, Pasión & Movimiento, explica que en un mercado donde las publicaciones escénicas son contadas, la danza necesitaba de un espacio que, mediante un lenguaje sencillo y comprensible, acercará a los protagonistas de la danza, nacional y extranjera, con la sociedad. Pero también con futuras generaciones de bailarines que pueden encontrar en esta edición desde prácticos consejos sobre dietas, cuidados del cuerpo y ejercicios hasta las aportaciones que artistas e intelectuales han hecho, en diferentes épocas, al desarrollo de la danza y que pocas veces se difunde.
Fernández recuerda que al viajar a otros países como integrantes de la Compañía Nacional de Danza del INBA, se daban cuenta de que en Estados Unidos, Canadá o Europa hay más de una publicación especializada en danza. Sin embargo, en México no, aunque son varias las revistas que sobre el tema se han editado, pero de igual forma han desaparecido: “Así es que Sandra y yo -añade- nos metimos en este camino de publicar un a revista especializada en danza porque sentimos que, con la extensión de nuestro país y con la variedad de danzas que los mexicanos tenemos, era necesario que hubiera una publicación donde se conjuntara el quehacer dancístico de México. Para que los del norte conozcan lo que se hace en el sur y los del sur en el centro…”
Sin tener conocimiento del mundo editorial y sus variaciones, los bailarines lanzaron su primer número. Para ello, emprendieron la búsqueda de personas que quisieran escribir sobre danza. Los textos pronto llegaron y descubrieron que investigadores, maestros, bailarines, coreógrafos, críticos y hasta aficionados encontraron un espacio donde publicar el acontecer de la danza en México.
Fernández indica que lograron formar la revista y, una vez lista para su lanzamiento, no tenían dónde distribuirla: “Como no sabíamos nada de la industria editorial -continúa- porque todos somos bailarines, nunca pensamos en ese aspecto. Por fortuna, nos asociamos con la revista ArquiEditorial que desde hace siete años está en los puestos de periódicos y tiene una distribuidora formal. Por esta mancuerna, logramos colocar a Danza, Pasión & Movimiento en la red de librerías Educal y en las tiendas Sanborns”.
A pesar de sus alianzas, los editores de la revista tuvieron que hacer una ardua labor de convencimiento entre el personal de distribución que se negaba a aceptar la propuesta de un nuevo ejemplar porque, según ellos, la gente común no llega a la tienda a buscar una revista de danza. Finalmente, la revista entró a determinados puntos de venta: “Cada que paso por una de esas tiendas -apunta Fernández- busco la revista. Pero la tengo que sacar de hasta atrás de los anaqueles donde los encargados de este departamento la colocan. En las diferentes tiendas, la revista está en estantes indistintos porque los empleados no saben cómo clasificarla. Así es que normalmente su lugar está en los últimos anaqueles. Entonces, voy a los Sanborns y la coloco a la vista de la gente. Me salgo y cuando regreso, ya está otra vez en su lugar: atrás de todas las revistas”.
Fernández asume que esa es una batalla que deben ganar al consideran que es una publicación que puede atraer la atención de los jóvenes que no están vinculados con la danza. Pero también acepta que las ventas no han sido muy buenas, aunque a través de suscripciones es como han logrado recuperar lo invertido en su elaboración. Lamenta que sean pocos los anunciantes interesados en presentar sus productos en una revista cultural: “Hasta ahora -subraya- la publicidad que hemos vendido no es suficiente para obtener los recursos necesarios que solventarían los sueldos de quienes elaboran la revista. De hecho, nadie de nosotros como editores recibe un peso, mucho menos los colaboradores. Apenas nos alcanza para pagar el tiraje de la revista. Pero nuestro impulso es la aceptación que ha tenido la revista, por lo menos, entre la comunidad. Maestras de ballet y ex bailarinas nos han comentado que la revista también la usan como un medio de educación para sus alumnos”.
Sólo dinero fácil
A lo largo de los años, las revistas, los suplementos y las secciones culturales han sido espacios naturales para la lectura. Sin embargo, en la última década estos nichos han ido desapareciendo e incluso se han fusionado con las secciones de espectáculos de periódicos y semanarios. A esto hay que agregarle que, en pleno siglo XXI, uno de cada diez mexicanos mayores de 15 años no sabe leer ni escribir. Pero, además, la población que alcanza a leer por lo menos tres libros al año, no entiende lo que lee.
Esto tiene su contraparte. Se estima que en México, cada mes, aparecen 30 millones de nuevos ejemplares en los puestos de periódicos que son adquiridos por la población de todo el país. Entre esos títulos destacan las historietas eróticas y del corazón como El libro vaquero, Encuentros prohibidos, El libro semanal, Frontera violenta, El libro policíaco de color, El libro sentimental y La novela policíaca, así como revistas de chismes de artistas y políticos como TV Notas, TV Novelas, Caras, Furia musical, Cosmopolitan y Vanidades. Se calcula que cada uno de estos ejemplares, son leídos por cinco personas más, al ser publicaciones que se pasan de mano en mano. Así, El libro vaquero, que tiene un tiraje de 800 mil ejemplares a la semana, es leído por quien lo adquiere y por cinco integrantes de su familia. Toda una cadena.
En contraste, las revistas culturales no tienen un alcance masivo, ni tampoco el respaldo financiero, ni comercial de empresas como Televisa que impulsen su permanencia, como sí sucede en varios de los ejemplares arriba mencionados. Leticia García, editora de la revista especializada en teatro Paso de Gato afirma: “Sabemos que los best-sellers y las revistas de chismes de estrellas de la televisión tienen sitiado el mercado del libro y de las publicaciones periódicas. De modo que la nuestra, además de una labor que disfrutamos, es un intento de resistencia para mantener vivas las alternativas. Si logramos que a través de una de nuestras publicaciones los lectores descubran la fuerza y riqueza de un texto dramático, que puedan ver, bajo una luz distinta, cierto problema social reflejado en un drama o disfruten o se sorprendan con los temas y tratamientos con los que se está haciendo teatro en México u otros países del mundo, habremos cumplido nuestro objetivo”.
Con casi ocho años de vida y 38 números editados, Paso de Gato se ha consolidado como un proyecto teatral de calidad. Sin embargo, esta revista no escapa al problema del financiamiento. Leticia García explica que es a través de anunciantes como sobrevive esta publicación, un trabajo arduo porque deben de gestionar, buscar y convencer todo el tiempo para que se anuncien en la revista: “Aquí -prosigue- nos ha sucedido una cosa interesante. Hemos sido cobijados por la solidaridad del medio cultural, lo cual nos permite tener colaboradores de una calidad inmejorable y que Paso de Gato circule, por lo menos, entre la comunidad de las artes escénicas. Trabajamos con números negros y por eso logramos mantener la producción de la revista. Todo el equipo sí cobramos un sueldo simbólico, pero disfrutamos mucho el trabajo”.
Otro de los retos a los que se enfrenta Paso de Gato es la distribución. Ante lo difícil que es la comercialización de la revista, el quipo editorial conformó grupos de jóvenes voceadores para que la revista circule en diversos espacios culturales. García asegura que esta estrategia ha funcionando porque sus voceadores asisten a los teatros donde se estrenan obras o permanecen en temporada y a otros espacios culturales donde saben que hay interesados en las artes escénicas. Es ahí donde se hace la venta directa de la revista. Aunado a esto, lograron ingresar a la red de librerías Educal y Gandhi: “Pero considero necesario -añade- que los distribuidores tengan una profesionalización en revistas especializadas porque tanto los libreros como los encargados de las tiendas departamentales carecen de criterio para resaltar las cualidades de determinada revista. Su criterio, ahora, es si se vende o no. Si está de moda o no. Sólo lo que les deja dinero fácil es lo que promueven en sus anaqueles. Actualmente los tiempos que dura un ejemplar de la revista en librerías son muy cortos. Hay una movilidad impresionante de publicaciones y al mes te regresan todos los materiales no vendidos. Si los editores no están en contacto con las librerías, su revista se pierde en ese mundo editorial”.
En México no se han agotado aún los métodos de acercamiento a las publicaciones especializadas. García recuerda que, desde un inicio, el interés de Paso de Gato fue dar a conocer el quehacer escénico de México y de otras partes del mundo para hacer llegar a los artistas, especialistas y espectadores información actualizada. Pero también para luchar contra el olvido de las aportaciones que, a lo largo de los años, han dado vida y enriquecido las artes escénicas de nuestro país. De ahí que entre las secciones principales de la revista siempre figure el apartado “Perfil”, destinado a rendir un pequeño homenaje a personalidades de la escena que, en las diversas áreas, han contribuido al desarrollo del teatro en México: “Nos interesa -recalca- estimular y difundir la reflexión y la creación, así como promover la discusión. Así es que el lector puede encontrar ensayos, artículos, comentarios, reseñas, obras de teatro completas, memorias, crítica, reportajes, imágenes y polémicas”.
Proyecto autofinanciable
Es verdad que las revistas culturales no tienen un alcance masivo, ni viven de la comercialización. Llegan a ser autofinanciables, si los temas resultan atractivos para un sector de la población. Este es el caso de la revista Pro Ópera, una publicación especializada que surgió en 1993 como una vertiente de la asociación civil Pro Ópera, fundada en 1985 por una serie de aficionados al llamado espectáculo sin límites y que tratan no sólo de disfrutar el arte que presencian, sino de apoyarlo y, en un momento dado, promoverlo y difundirlo.
Con 16 años de trabajo, Pro Ópera es una revista bimestral de 72 páginas y un tiraje de diez mil ejemplares. En ese lapso, por lo menos ha tenido tres etapas que le han permitido consolidares y ser un proyecto autofinanciable. Noé Mercado -crítico especializado en ópera y actual subdirector nacional de la revista- refiere que los problemas de una publicación especializada comienzan con la ubicación de quienes la hacen; es decir, aceptar y entender que no va a ser una revista que compita con TV-Notas en cuanto a tiraje, ni quienes aparecen en sus páginas serán abordados en la calle por la gente para pedirles autógrafos. A partir de eso, lo que plantearon es que la revista, en cuanto a distribución, esté donde se ubican los lectores a los que les interesa llegar.
Comenta que, al principio, Pro Ópera sólo estaba en puntos de venta del Palacio de Bellas Artes. Pero, con el tiempo, se fue distribuyendo en tiendas de autoservicio y librerías. Mercado precisa que el financiamiento para producir la revista llega a través de los anunciantes y patrocinios que creen en los ejemplares editados en papel, porque también cuentan con su versión electrónica. Asegura que, si bien la venta de publicidad no deja una ganancia para pagar dignamente a los colaboradores o a quienes la elaboran, la revista sí deja en cuanto a satisfacción e intercambio: “Por ejemplo -agrega- lo que hemos hecho es crear una red de corresponsales a nivel internacional y se les paga no necesariamente en efectivo, sino acreditándolos en las obras de estreno y buscándoles el contacto para que logren realizar las entrevistas con los personajes con quines les interesa conversar para realizar su trabajo”.
Mercado dice que este mecanismo de financiamiento les ha funcionado hasta este momento. Pero no les sirve cuando proponen que Pro Ópera sea una revista quincenal o mensual porque todos los gastos se incrementan, debido a que les interesa mantener su línea editorial con un contenido periodístico de los temas, mas no académico o sobre intelectualizado. También tratan de no ceñirse a las actividades oficiales, lo cual es difícil porque el 90 por ciento de la producción operística en el país la realiza el INBA. El editor recuerda que, al principio, los números de la revista son una especie de monografía que está determinada por el título de las temporadas que se presentaban en el Palacio de Bellas Artes. Pero en una segunda etapa, se empieza a presentar un trabajo más periodístico, con entrevistas a figuras de la ópera de México y del extranjero. Así se consigue una procuración de recursos por la venta directa de la revista, por publicidad y por patrocinios.
Mercado expresa que, antes, la asociación civil Pro Ópera era la que asume el costo de producción de la revista. Pero en su segunda etapa, surge la posibilidad de su subsistencia a través de la venta directa a suscriptores y su comercialización en locales cerrados: “Pero -indica- también subsiste porque logra transmitir la idea de que no sólo se piensa en una publicación comercial que pueda generar recursos para quienes la elaboramos, sino hacer entender que el arte es importante y, por eso, es relevante dejar testimonio escrito de la actividad cultural en el país. Además, se van integrando una serie de colaboradores que también tienen un gusto operístico y que aseguran la viabilidad de esta publicación”.
En la etapa actual, la revista aumentó su calidad visual mediante un diseño innovador y amplió su distribución en locales cerrados: “En este 2009 -asegura Mercado- cumpliremos 16 años y, por primera vez, la revista trabaja con números negros. Esto es importante porque se puede autofinanciar y deja algunas cuantas ganancias para los sueldos de quienes la elaboramos. Se crean dos sub-ediciones, la nacional (a mi cargo) y la internacional. Creamos una red de corresponsales en la República y una red de colaboradores a nivel internacional que nos garantiza la cobertura del espectáculo operístico en México y en el extranjero. Así, los principales teatros del mundo están cubiertos por Pro Ópera”.
Tras el escenario
Otra de las revistas especializadas que ha permanecido por ser un medio donde se puede conocer todo lo relacionado con estudios de grabación, montaje de escenarios, producciones discográficas, artísticas y de espectáculos, instrumentos electrónicos, innovaciones en iluminación y sonido, procesos de trabajo en los escenarios y las novedades tecnológicas es Sound:Check Magazine. En septiembre esta publicación cumplirá 11 años y tiene un tiraje mensual de cinco mil ejemplares en México, centro y Sudamérica.
La revista está dirigida a los involucrados en esta industria: ingenieros de sonido, ingenieros de iluminación, técnicos, videoastas, diseñadores de escenarios, productores, artistas, músicos… Asimismo, en sus números destacan la actividad de quienes están tras bambalinas y hacen posible el montaje de una obra de teatro, una representación coreográfica, un concierto o una producción de teatro musical. Nizarindani Sopeña, editora ejecutiva de Sound:Check Magazine comenta: “A veces podemos hacer publicaciones sobre temas técnicos, a través de la colaboración de personal especializado en, por ejemplo, sonido dolby, sonido envolvente, ajustes lineales (hablando de altavoces) y estudios de grabación. Al ser un proyecto independiente, la revista se sostiene de la publicidad de sus anunciantes, básicamente marcas de equipos electrónicos profesionales, instrumentos musicales y equipo para producciones de espectáculos. Pero también mantenemos el contacto con nuestros lectores, pues vivimos de la venta al público. Aunque tratamos de ser lo más profesionales, no ha sido fácil desplazarnos para realizar nuestros reportajes por el desconocimiento que muchos tienen de nuestra labor. Muchas veces las oficinas de prensa no conocen nuestra revista y nos impiden realizar el trabajo. Sobre todo que estamos detrás del telón y no en el escenario. Pocos son los periodistas que se asoman a ver cómo funciona una consola de sonidos o un estudio de grabación. Con el paso del tiempo nos hemos ido metiendo en esta labor para que reconozcan nuestro interés por dar a conocer la forma como se monta una producción, cómo se graba un disco y quienes lo hacen posible. La distribución de la revista es difícil porque las empresas tienen distintos criterios y no se hace un trabajo equitativo que nos permita una exhibición más importante en los diferentes puntos de venta. Por eso, también distribuimos la revista mediante suscripciones a nivel nacional y en América Latina”.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar este artículo:
García Bermejo, Carmen, «Las revistas de chismes tienen sitiado el mercado de la edición»,
en El Financiero, México, Núm. 7890, 25–VIII– 2009, Cultura.
Cine en la formación universitaria
Cineadictos
Graciela Alba y José Manuel Aquino
Colaboradores de la publicación Cineadictos que edita la FES- Acatlán
El cine que provoca la reflexión de cualquier persona, es una alternativa de conocimiento en la enseñanza universitaria, con sus códigos, ritos, lenguaje, seducción y lecturas propias.
Independientemente de la manera en que la docencia lo utiliza, o se apoya en él, podemos también considerar la elección y el gusto cinematográfico como un acto sensible de conocimiento, de reflexión, pero también de sensibilidad. Es precisamente ese ángulo el que ocupa este texto: el cine como una forma de conocimiento holístico; el conocimiento, pero también la pasión, la reflexión, a partir de la condición humana.
Estamos hablando de que, de alguna manera, el cine puede ser una ruta en la formación humanística de los estudiantes.
Los sueños de otros hombres; el clima desértico y su efecto en el carácter de sus moradores; las frustraciones de otras sociedades; la moral y la sexualidad como dimensiones reprimidas o liberadoras del ser humano; los conflictos universitarios de las parejas; el paisaje selvático, con tormentas que indican la densidad de los conflictos personales y sociales; las fantasías, crueldades y redenciones religiosas; la cotidianeidad y sus laberintos negros y blancos; la vida de otras personas como un espejo multicolor; la imaginación de otros mundos a partir del presente; la reconsideración del pasado como un lamento continuo o como una cicatriz que permite ver el futuro: el cine puede ser esa inacabable veta de reflexión personal y colectiva que tiene un lugar insustituible en la formación y preparación de cualquier persona, sea en la formalidad de una institución, o en la casualidad de la vida.
El cine, también es una forma de conocimiento que convive con las otras artes: la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura y la danza; lo que trata de hacer es mostrarnos lo que pasa y lo que podría pasar en el contexto de nuestras vidas (vivir o imaginar).
Cuando uno acude a ver una película, podemos decir que existe un antes y un después alrededor de ese acto de reflexión y recreación. Siempre pasará algo en nosotros después de contrastar, con cierto sentido, alguna idea presente o subyacente en la película. Desde esa perspectiva, estamos ante una narración que sugiere enormes posibilidades y tránsitos de diálogo.
Instalados en el propósito y en el deseo por equilibrar la relación entre la teoría y la realidad, la cinematografía aparece como esa posibilidad sustantiva, reflexiva y sintética que permite repensar la articulación del contexto personal y social. En ese sentido, la narración fílmica puede ser una forma didáctica que dialoga con la historia social de cada persona para unir lo diverso; para analizar la unidad de la diversidad; que constituye uno de los propósitos centrales en la enseñanza universitaria.
El crecimiento intelectual de un universitario puede pasar por este arte porque el suceso fílmico, en sus muchas homologías con la realidad, convoca de modo emotivo y espontáneo diversas lecturas de la vida cotidiana y evoca esas vivencias con sus atmósferas, tiene demasiada cercanía con el propósito didáctico que hay en la universidad.
Desde las diversas formaciones y preparaciones, el objetivo, que es deseo y necesidad, busca anclar el conocimiento a partir de la problematización, que no es más que identidad de nuestras condiciones de vida, de lo que nos sucede, por lo que hacemos o dejamos de hacer, de lo que podemos comunicar, o hacer, en nuestro quehacer diario desde nuestras disciplina o área.
En muchas ocasiones, ha sido una película la que, de modo sensible y pausado, nos ilustra el devenir político, no como enunciados formales, sino como el aire que se respira en el destino de las personas, la economía que juega con los destinos humanos, los avatares de la comunicación humana o la injusticia del desarrollo urbano.
El cine nos constituye y organiza valores sociales en un horizonte moral que da límite y forma a nuestra conducta. Como diría Durkheim, un hecho social susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción para pensar, sentir y actuar de cierta manera. Durante el siglo XX, han existido situaciones históricas en las cuales la contribución del cine a la construcción social de la realidad ha sido decisiva.
El cine, se convierte en un producto material tangible o visible como lo es una cinta, una pantalla, o el desarrollo audiovisual de la anécdota, tanto como un producto inmaterial portador de valores y significados. Estas características, materiales e inmateriales, dan cuerpo al producto y lo hacen objetivo: un producto cultural.
El producto cinematográfico encierra dos niveles de la realidad: el proceso de filtración y el de reorganización; la selección “natural” de fragmentos de lo real, a través de criterios socializados de identificación y juicio, y la redistribución o retraducción imaginaria que se proyecta como puesta en escena social.
El cine puede constituir una enorme ventana de la historia reciente; en él pueden presentarse demasiadas representaciones de la sociedad, versiones abiertas de nuestra realidad, que también implican símbolos e, incluso, signos densos y difíciles de explicar, a pesar de estar a la vista de todos.
Para leer otros significados estéticos, psicológicos o políticos, a veces son precisos otros enfoques particulares y quizás esas visiones se coloquen en puntos un poco distantes de la comprensión habitual, pero también ese enfoque privilegiado puede ayudar a elaborar otras lecturas del cine.
El lugar común diría: el cine es el Séptimo Arte, sin embargo, también es una industria y de esa dualidad se derivan muchas complicaciones que es necesario discutir para ubicar el campo del cine-reflexión, que es el que nos preocupa y ocupa.
El artículo anterior se publicó originalmente en Cineadictos
y debe de citarse de la siguiente forma:
Cervantes Soto, Adriana, «Cine en la formación universitaria»,
en Cineadictos, Num. 85,agosto, 2009.
Ferrer: Invisible y presente
Dos nobles intelectuales
Jorge Melendez Preciado
Hice un comentario elogioso de un libro que me descubrió lo nuevo en el mundo: De la lucha de clases a la lucha de frases (FCE). Le dejé al autor un recado con su secretaria para que consiguiera el periódico donde escribía (El Universal). Llamó la dama y dijo que fuera a Publicidad Ferrer. Acudí el día y la hora, pero sólo tenía en la entrada un obsequio: el texto reciente del hombre de letras, no la conversación que esperaba con el loado Eulalio Ferrer. Tal vez me faltó insistencia en la reunión, pero como reitero cada que puedo: «Así es la vida».
En una de sus últimas entrevistas que concedió el publicista dice:
A veces me pregunto cuánto he gastado en el Museo Iconográfico del Quijote, o en patrocinar premios, por ejemplo. Les digo: una casa en Nueva York, otra en París, otra en Madrid y un yate en el puerto de Santander. No tengo eso, pero me siento bien pagado. (El País, 30 de diciembre de 2008).
El que fue encarcelado y exilado, por fortuna, a México agrega: «No es posible vivir con rencor en el corazón».
Pocos saben, empero, que Eulalio Ferrer dio una cantidad de lana importante para fundar, El Machete, publicación que dirigió Roger Bartra para el Partido Comunista Mexicano en los años ochenta. Hugo Tulio Meléndez reunió al intelectual afamado por su tesis acerca de la melancolía, hijo del poeta transterrado, Agustí, del mismo apellido, y a Humberto Musacchio para que se le consiguiera publicidad al mensuario que estaba por nacer. Tras una conversación amplia y plena, la conclusión de quien manejaba los anuncios de tequilas, brandys, productos de belleza y automóviles fue categórica: «Ninguna de esas firmas que yo represento, van a querer aparecer en las páginas del (radical) impreso. Por lo tanto díganme la cantidad en que tasan una plana y yo les pago de mi bolsillo varias por adelantado. Así ustedes tienen efectivo, yo puedo sentir que apoyé y mis clientes no me reclamarán», dijo Eulalio.
Así se hizo y la corta pero fructífera vida de El Machete pudo garantizarse. Tiempos difíciles, algunos dicen que heroicos, pero en los cuales quienes se la jugaban por la transformación de la sociedad contribuían de mil formas sin esperar hueso o prebenda a cambio.
Javier Wimer:
El enigmático
Solamente tres ocasiones me encontré, casi siempre lejano, con Javier Wimer. Básicamente en casa de Carlos Ramírez Sandoval, aunque la última en un restaurante con amigos tanto suyos como míos o de ambos.
Su trato fue amable pero cortante, pareciera que le molestaba responder preguntas, dar explicaciones, hacer nuevas amistades. No obstante que muchos de sus compañeros en la vida insistían: le gusta platicar de todo y mostrar, sin afán pedante, sus enormes conocimientos y amplia cultura.
Sabía de su existencia por dirigir la revista Nueva Política, en la cual destacó una polémica acerca de izquierda y, sobre todo, el número dedicado a «El Estado y la televisión». En el mismo colaboraron lo mismo Theodor W. Adorno y Manuel Vázquez Montalbán que Gabriel García Márquez, así como los mexicanos Miguel Ángel Granados Chapa y Fátima Fernández Christlieb, entre una treintena de especialistas.
Era 1976, y obviamente la discusión estaba caliente, pues se iniciaba el sexenio de José López Portillo y el que fuera presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles, señaló con anticipación que debería haber cambios en los medios, especialmente la televisión. Por lo tanto, debatir opiniones fundadas, análisis detallados y comparaciones con la situación en otras partes del mundo resultaba necesario. Dichos elementos se presentaban en la edición especial del mencionado impreso.
La distribución estuvo a cargo del FCE y en el intercambio de publicidad se anunciaban dos publicaciones ligadas al PCM: Socialismo e Historia y Sociedad, algo inusitado porque todavía no ocurría la llamada reforma política ni mucho menos los rojos tenían a la mano el registro de su agrupación.
Hace poco tiempo, en el Museo Trotsky, casa del exilado, que dirige Ramírez Sandoval, por recomendación de Wimer vi a éste en una exposición. No obstante la falta de apoyo de los delegados de Coyoacán, Javier consiguió dinero para mantener dicho sitio e infundirle ánimo a los trotsquistas y promover discusiones muy animadas con los diferentes grupos de izquierda que ahora no encuentran un camino por el cual transitar.
Uno de sus grandes alumnos, primero, y luego amigo con el que bebía con alguna frecuencia, Gregorio Ortega Molina, me proporcionó los siguientes datos:
Creador y fundador del desaparecido Consejo para la Cultura y Recreación de los Trabajadores. Fundador y director de Nueva Política. Subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (1982-1984). Director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (1984-1992); en ese cargo demandó a Novedades y Excélsior por incumplimiento de contrato en la edición de los textos; obligando a Rómulo O ´Farrill a devolver 80 millones de pesos de adelanto más los intereses. Igual hizo con Regino Díaz Redondo a quien había entregado 200 millones de pesos. Negoció con El Tigre Azcárraga para que la lucha libre ya no se proyectara en televisión y aseguró la nómina del periódico Unomásuno durante 1983 y 1984.
Periodista de El Financiero.
Correo electrónico: jamelendez@prodigy.net.mx
Carta por la libertad de prensa
Mariano Cebrián
La libertad de prensa es una garantía de la democracia y una vigilancia de los poderes políticos, económicos y otros para denunciar cualquier amenaza. La innovación tecnológica, el desarrollo de nuevos medios, las redes de circulación de datos y, sobre todo, la implantación de la Internet han incorporado nuevas modalidades de control y censura.
El 25 de mayo del presente año 46 directores de periódicos y periodistas de gran prestigio de 19 países europeos alzaron la voz en defensa de la libertad de prensa y firmaron en Hamburgo (Alemania) La Carta Europea para la Libertad de Prensa. Es la propia profesión la que reclama esta libertad para que tenga validez en todos los países del continente y que sea requisito imprescindible para entrar en la Unión Europea.
La Carta concentra en 10 artículos los principios que deben servir de base para la garantía del respeto a la libertad de los medios de comunicación, de rechazo a la intromisión de los Estados en el ejercicio profesional y del acceso libre a las fuentes nacionales y extranjeras de información. Se reclama una protección jurídica contra las escuchas telefónicas, el espionaje, el registro de computadoras, el control de la Internet y de todo aquello que amenace o persiga la libertad del ejercicio periodístico.
Es un apoyo a los periodistas europeos. Por eso se resalta en el preámbulo que cualquier profesional podrá invocar esta Carta en situaciones de conflicto con el Estado o con las instituciones y, además, solicitar el apoyo de los colegas de los demás países europeos.
El artículo primero establece que «la libertad de prensa es fundamental para una sociedad democrática». Por tanto, los Estados deben respetar la pluralidad de contenidos de los medios de comunicación en todas sus manifestaciones escritas, audiovisuales o digitales y en todas sus funciones políticas, sociales y culturales.
El artículo 2 impulsa la prohibición de la censura. Este principio debe garantizar la independencia del periodismo en todos los medios sin injerencias del Estado tanto por la vía legislativa como por la vía de las presiones e interferencias. Se hace especial hincapié en los medios presentes en la Internet ya que ante determinados abusos de algunos usuarios, los Estados tratan de establecer legislaciones que al perseguir algunos delitos cibermediáticos se entrometen en la libertad de prensa.
El artículo 3 se refiere al derecho de los medios y periodistas a la recopilación y difusión de informaciones y de opiniones sin ser amenazados o sancionados por ello. Es la defensa del principio de la libertad de búsqueda de la información de hechos o de opiniones sin sufrir persecución alguna.
El artículo 4 insiste en la protección de las fuentes de los periodistas. Es el derecho a mantener el secreto profesional y no tener que desvelar a nadie algo tan indispensable para el trabajo del periodismo como las fuentes de las que se ha obtenido la información con objeto de que no padezcan persecución alguna.
El artículo quinto cambia la perspectiva al exigir en particular a todos los Estados que «deben garantizar que los medios de comunicación gocen de la plena protección del poder judicial independiente y de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones». El principio está orientado a la protección y defensa judiciales de los periodistas y trabajadores de los medios frente al acoso y violencia. Para una mayor protección se reclama que los tribunales hagan todo el esfuerzo por investigar y sancionar estos atropellos.
El artículo 6 defiende la independencia del periodista frente a los poderes económicos que intenten imponer determinados contenidos informativos o enfoques de las noticias mediante la presión de la inversión publicitaria o su retirada en los medios periodísticos. Exactamente se señala que la «existencia y la independencia económica de los medios de comunicación no debe ponerse en peligro por las instituciones del Estado o bajo la supervisión del mismo o por otros organismos». En este principio, la atención se centra en las amenazas a los profesionales procedentes del poderío económico de las empresas privadas. Se exige que respeten la independencia de los medios y de los profesionales y que se abstengan de presionar sobre las orientaciones editoriales y que diferencien entre lo que es publicidad y lo que es periodismo. Es decir: que no empleen la inversión publicitaria en los medios como una forma de coacción de la libertad de prensa.
En el artículo 7 se insiste de manera positiva en las obligaciones de las instituciones estatales de apoyar a los medios en su función de dar información a la sociedad:
Las instituciones del Estado o bajo la supervisión del Estado, se resalta, no deben obstaculizar la libertad de acceso a la información para los periodistas. Tienen la obligación de apoyarlos en su mandato de proporcionar información.
El artículo 8 rechaza la discriminación que pueda hacerse entre periodistas nacionales y extranjeros. El principio se concreta precisamente en la defensa de éstos. El enunciado es el siguiente:
Los medios de comunicación y los periodistas tienen el derecho de libre acceso a toda la información y a las fuentes de información, incluidos los del extranjero.
Para ello debe proveérseles sin demora alguna de los visados, de las acreditaciones o de cualquier otro documento que les garantice ejercer la profesión en el país sobre el que necesiten informar.
El artículo 9 incorpora la dimensión de la libertad de prensa a favor de los ciudadanos a quienes se les debe garantizar el acceso a todos los medios de comunicación y a las fuentes nacionales y extranjeras de información. Con ello se rechaza que el Estado establezca las orientaciones de la opinión pública al controlar los medios o no dejar que accedan libremente a cualquier fuente de información del país o del extranjero. Este principio alcanza especial relieve respecto de las prohibiciones que algunos Estados quieren implantar para que los ciudadanos no puedan acudir a determinadas informaciones. Estos abusos se plasman en imposiciones a los buscadores de Internet para que no permitan efectuar búsquedas por determinadas palabras o frases que el Estado considera inapropiadas.
La Carta se cierra con el artículo décimo en el que se defiende el libre acceso a la profesión del periodista. En concreto señala que el «Estado no debe restringir el acceso a la profesión del periodismo». Es un principio sobre el que se ha discutido mucho. Por una parte, los defensores de determinadas exigencias académicas o de conocimientos quieren que la profesión se ejerza con la máxima cualificación formativa, calidad y responsabilidad, pero rechazan también que los Estados aprovechen estos requisitos para establecer discriminaciones por razones políticas o de cualquier otro tipo. Por otra parte, los partidarios del libre acceso sin condicionamiento alguno tratan de evitar la más mínima posibilidad de que los Estados aprovechen estas exigencias para incorporar algunos controles sobre la profesión. Los editores de periódicos y los profesionales firmantes de la Carta se decantan por la segunda opción.
Es una Carta breve en la que se condensan, en pocos artículos, los principios esenciales que garanticen a la profesión periodística la libertad de prensa. Su expresión es clara y rotunda para evitar cualquier confusión o interpretación no deseada. En lugar de los adornos se ha preferido la palabra fundamental y precisa de todo derecho. El texto se ha difundido en inglés y francés (http://www.pres sfreedom.eu).
Conviene resaltar que la Carta trata de atender la libertad de prensa desde diversas perspectivas: desde los Estados y sus instituciones y desde las empresas económicas para el ejercicio libre de los profesionales no en beneficio propio sino de la sociedad. En tal aspecto es esclarecedor el artículo noveno al establecer el derecho de todo ciudadano a acceder a la información.
La Carta responde a una realidad. No en todos los países europeos brilla la libertad de prensa. No es ningún capricho de unos cuantos periodistas, sino una necesidad de apoyo a quienes ejercen el periodismo en condiciones de presión y de falta de libertad. Entre los firmantes hay periodistas en cuyos países la libertad de prensa todavía deja mucho que desear y que se hallan en situaciones de controles acérrimos. Es destacable que haya periodistas, por ejemplo, de Bielorrusia situada en el puesto 154 dentro del ranking de 173 países que ha establecido la organización Periodistas sin Fronteras en relación con el cumplimiento de la libertad de prensa; de Rusia, en el puesto 141; de Albania, en el puesto 79; o de Servia, en el puesto 64.
Es una manifestación trascendental. Cuando se habla de libertad de prensa siempre se piensa en las situaciones de los países sometidos a una dictadura o de intenso control político y económico, pero sólo se denuncian las situaciones de países considerados aparentemente de mayor desarrollo y libertad.
El hecho de que la Carta se refiera a todo el continente europeo es un apoyo a los medios de comunicación y a los periodistas de todo el mundo para exigir la plena libertad de prensa y de protección de los profesionales que tienen como misión la denuncia de abusos y la difusión de informaciones y opiniones plurales en beneficio del desarrollo de la democracia en cada ámbito territorial, sea global, estatal, regional o local.
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: marceb@ccinf.ucm.es
Cláusula de conciencia
En los códigos deontológicos mexicanos
Entre los temas cuya inclusión tiende a considerarse tanto en legislaciones como en documentos deontológicos relativos a los medios de comunicación, destacan el respeto a la vida privada, el derecho de réplica, el secreto profesional del periodista y la cláusula de conciencia. Si bien, pese a los desniveles respectivos, los tres primeros tienen un lugar hasta cierto punto ganado, particularmente en la ley, lo cierto es que la cláusula de conciencia del comunicador es una de las vertientes más rezagada y nada atendida en el terreno del derecho a la información y la libertad de expresión en nuestro país.
a cláusula de conciencia es concebida como el derecho para defender la dignidad profesional del periodista, o como una vía para proteger el derecho a saber de la sociedad, o como un mecanismo para armonizar la legítima búsqueda de rentabilidad económica del medio con los derechos de los informadores.
De acuerdo con Marc Carrillo, la cláusula de conciencia busca salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista, y precisa:
Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.
Como lo han constatado diversos académicos (Carrillo, Azurmendi y Carpizo), la propuesta de la cláusula de conciencia data de hace más de un siglo: hay referencias de ella en Italia en 1901, en Austria desde 1910, en Hungría hacia 1914, y en Alemania en 1926; aunque la resolución legal francesa inscrita en 1935 dentro del Estatuto Profesional del Periodista representa el primer y más importante reconocimiento oficial. Actualmente dicha garantía jurídica es vigente también en España (1978 y 1997), Paraguay (1992), Chile, entre otros.
Los estudiosos del tema coinciden en que la cláusula de conciencia es la facultad del periodista para rescindir su contrato laboral de forma unilateral, quien recibirá una indemnización de la empresa informativa cual si fuese despido improcedente, siempre y cuando ésta haya cambiado notoriamente de orientación ideológica o línea editorial, por lo cual el periodista se sienta agraviado en su reputación o afectado en su dignidad profesional.
Otras razones para exigir el fin de la relación jurídica podrÍa ser el relevo injustificado de su fuente o área informativa, lo que pudiera vulnerar su imagen dentro del círculo donde desempeña sus funciones; o la reiterada aplicación de cambios, sin su venia, a los textos periodísticos bajo su firma, al grado de alterar el sentido original de la información.
Una vía menos drástica en sus consecuencias para invocar la cláusula de conciencia consiste, no en la rescision del contrato, sino sólo en la negativa del comunicador en tres sentidos:
1) A realizar una orden de trabajo si ésta implica que se infrinjan las normas legales o deontológicas del propio medio.
2) A retirar su firma de algún material hecho por él, si éste ha sido modificado por sus superiores.
3) A desarrollar quehaceres o firmar contenidos periodísticos que vayan en sentido contrario a su conciencia o que vulneren su dignidad profesional.
Desde luego, se plantea que la invocación de la cláusula de conciencia no puede ser motivo de represalias o sanciones de ningún tipo.
Según Emilio Flippi, esta garantía laboral y profesional constituye un mecanismo que media entre los empresarios informativos y los periodistas a fin de mantener un respeto recíproco. En contraste, Marc Carrillo complementa diciendo que dicha cláusula «limita los posibles abusos y las arbitrariedades que la empresa editora o la propia dirección del medio tengan la tentación de cometer, con el fin de intervenir, o incluso impedir el libre ejercicio de la libertad informativa».
Por los propios fines que la distinguen, entonces, la cláusula de conciencia es recogida en documentos estrictamente jurídicos y en documentos de corte deontológico o de operación interna. Destacan entre ellos: a) Ley constitucional, b) Leyes reglamentarias o derivaciones de resoluciones jurisprudenciales, c) Contratos de trabajo, d) Estatutos internos de redacción, y e) Códigos deontológicos.
Si en México, según Jorge Carpizo, el rezago en materia de derecho de la información es de casi medio siglo, el retraso en materia de vertientes como el derecho a la cláusula de conciencia, inscrita en la misma órbita, resulta mucho mayor. En tal contexto es obvia su omisión en los numerosos preceptos legales mexicanos. Quizás apenas tenga un nimio asomo en los códigos de ética periodística cuya presencia en nuestro país es todavía incipiente.
Una revisión
La mayor parte de los códigos deontológicos mexicanos han sido diseñados en la última década. Pese a ello, la preocupación ética de los medios y periodistas expresada en documentos de ese carácter en nuestro país continúa siendo mínima, pues sólo se conocen cerca de 30 códigos éticos de medios de comunicación.
Tras un exhaustivo análisis de los códigos deontológicos de medios conocidos en México, encontramos que si bien el respeto a la cláusula de conciencia es un principio ético con mucho arraigo en el periodismo anglosajón, en nuestro contexto todavía no alcanza a bocetearse: sólo cinco medios consignan este derecho del periodista, pero únicamente dos tratan de ser explícitos.
En medio del desierto, es justo subrayar que resulta sumamente meritoria la referencia a la cláusula de tres impresos: El Semanario, Síntesis y La Voz de Michoacán, aunque vale reconocer su parquedad, pues no la refieren con todas sus letras y con nombre y apellido.
Por ejemplo, El Semanario sólo asienta:
Ningún periodista puede ser obligado a escribir o hacer algo contrario a los valores éticos establecidos en este código, ni puede ser obligado a escribir algo en contra de sus creencias.
Y es todo.
Por su parte, el diario Síntesis procura ser más puntual e igualmente conciso cuando refiere los compromisos de la empresa:
La empresa deberá respetar el trabajo del reportero y/o el periodista, por lo que no podrá obligarlo a realizar trabajos contrarios a su conciencia o a actuar en contra de las normas éticas generalmente aceptadas para el ejercicio de su profesión. En el ejercicio profesional, el periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia.
La única referencia al tema por parte de La Voz de Michoacán tiene que ver con la firma. En su artículo 9º sostiene:
Un periodista puede retirar su nombre de una nota que haya sido alterada por el director del periódico, su editor o cualquier otra persona, conocida o anónima. El periodista debe comunicar al consejo la retirada de su firma.
Son dos televisoras, concretamente Canal Once y Canal 22, las que tienen los documentos deontológicos más completos.
Así, Canal Once, en su Estatuto del Equipo de Noticias contempla la cláusula de conciencia, y parece ser la referencia más completa de las existentes en el país. Dice textualmente:
Art. 17. Los periodistas de Canal Once podrán acogerse a la cláusula de conciencia, es decir, tendrán la facultad de negarse a realizar un determinado trabajo informativo cuando consideren que vulnera el marco jurídico de Canal Once, así como las políticas, códigos o manuales de autorregulación, o cuando violente su conciencia profesional o moral.
Art. 18. La invocación de la cláusula de conciencia nunca será motivo de rescisión del contrato de prestación de servicios o sanción de otro tipo, pero sí el uso fraudulento de la misma.
Además, Canal Once es muy claro en torno al crédito ya que en su artículo 20, indica que los periodistas «podrán negarse a firmar sus trabajos cuando consideren que la información ha sufrido alternaciones de fondo que no han sido resultado de un acuerdo previo. En ese caso, también podrán negarse a leer la noticia».
En el mismo tenor, añade:
Art. 23. También, podrán negarse a firmar una información o plantear un seudónimo cuando consideren que la publicación de la información pudiera acarrear algún peligro para su integridad profesional o personal, o vulnerar el secreto profesional.
Art. 22. No serán objeto de sanción o perjuicio profesional los dos casos anteriores de negación de firma.
Art. 23. En caso de que los editores o directores le negaran la firma o no se la reconocieran, el periodista podrá invocar su derecho de firma ante el Comité de Noticias.
Finalmente, Canal 22 también hace referencia a la misma garantía con todas sus letras al ubicarla como lo acoge la propia visión tradicional, pues puntualiza que la cláusula de conciencia pretende «salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista». Y precisa:
En la dirección de noticias de Canal 22 asumimos esta cláusula como la facultad de un periodista a negarse a realizar una cobertura, escribir o difundir una información en los siguientes casos.
a) Cuando ocurra un cambio notable en la orientación ideológica o línea informativa de la institución.
b) Cuando se produzca una situación que afecte la reputación, honor o dignidad moral del periodista.
c) Cuando reciba una orden o esté envuelto en una circunstancia que contravenga los principios éticos de la profesión.
En ninguno de estos casos, el periodista será sancionado por la institución. Sin embargo, en caso de que invoque la cláusula de conciencia para evitar cumplir una orden de trabajo, por conflicto de intereses o por cualquier otro motivo que no sea uno de los citados en este apartado, el periodista será objeto de sanción. Será el director de noticias quien determine si la invocación es procedente. Los colaboradores y comentaristas externos no podrán acogerse a este derecho.
Insisto en que ya es mucho mérito el que estos cinco medios incluyan esta prerrogativa, pero ello no obsta para hacer varias consideraciones:
1) Ninguno de los tres medios impresos la enuncia como «cláusula de conciencia» y su sobriedad parece rehuir los asuntos medulares.
2) Llama la atención que los cinco medios entiendan la cláusula de conciencia como un derecho del periodista, ya sea para negarse a realizar ciertas tareas que pudieran afectar su dignidad profesional, o para negarse a firmar determinados contenidos, pero que ninguno haga referencia alguna a la acción del informador más recurrente en las normas legales en la materia, que es la rescisión del contrato.
3) Salvo el Canal Once cuyos periodistas se acogen a un Comité de Noticias, y el Canal 22 con su Comité de Ética encargado del cumplimiento de su código, los tres medios restantes no especifican cómo harían valer los preceptos establecidos.
La presencia de un principio como la cláusula de conciencia del periodista en México, tanto en el orden jurídico como en el ámbito deontológico, ha de ser resultado de varias condiciones previas que precisan estimularse:
a) Un sistema democrático que supere las rígidas estructuras de control tendiente a cooptar e inhibir el desarrollo periodístico.
b) Una franca disposición de propietarios y editores de los medios informativos para impulsar la capacitación y la profesionalización.
c) Una concepción periodística cuyo afán no se concentre sólo en el negocio que acoge la información como mercancía, y privilegie más el interés por el servicio público.
d) Un gremio periodístico menos apático y más proactivo no sólo para hacer frente a los mecanismos de control político y económico, sino también para proponer mecanismos u organismos de autorregulación profesional.
e) Mejores condiciones en materia de derechos salariales y laborales en donde la organización gremial y sindical tiene mucho por hacer.
Si bien las actuales circunstancias no facilitan el camino de la cláusula de conciencia en México, no por ello puede renunciarse a su búsqueda como una alta meta para el gremio periodístico, para la comunidad académica y para la sociedad civil organizada.
Fuentes
Azurmendi, Ana, «Acerca del procedente europeo de la cláusula de conciencia», en Derecho comparado de la Información, Núm, 1, enero -junio, 2003.
Carrillo, Marc, Cláusula de conciencia y el secreto profesional de los comunicadores, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006.
Carpizo, Jorge, «Ley española sobre la cláusula de conciencia de la comunicadores«, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 97, enero-abril, 2000, pp 351-357.
Carpizo, Jorge, «Algunas reflexiones sobre la cláusula de conciencia», en Algunas reflexiones constitucionales, México, Universidad Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.
Flippi, Emilio, La profesión de periodista. Una visión ética, Editorial Atena, Chile, 1991. 339 pp.
Flippi, Emilio, «La ‘cláusula de conciencia'», en Sala de Prensa, Núm, 64, febrero, 2004. Disponible en: http://www.saladeprensa.org/art532.htm.
Martínez, Omar Raúl, Códigos de Ética Periodística en México, Fundación para la Libertad de Expresión / Fundación Manuel Buendía / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México DF, 2009, 382 pp.
Villanueva, Ernesto, Códigos europeos de ética periodística, Fundación Manuel Buendía A.C, México DF, 1997.
Acorralar a Corral
Comentario para el noticiario Pulso de la Mañana que se transmite en Radio Educación.
Gabriel Sosa Plata
En la guerra y en el amor no hay casualidades, reza una máxima. Esa situación puede constatarse en un rápido recuento de lo que ha pasado desde 2005 a la fecha entre los comunicadores, políticos y formadores de opinión que, por un lado, se opusieron al mayor atropello a la sociedad e inteligencia mexicana, a través de la llamada “ley televisa” y, por otro, a aquellos que abiertamente brindaron su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Venganza, ajuste de cuentas, lógicos acomodos, pago de facturas, la ley a secas, la justicia juarista que distingue entre amigos y enemigos, la visión de los vencidos o simples coincidencias de falta rating o pocos lectores, o de pocas posibilidades de un triunfo electoral.
“Haiga sido como haiga sido”, como se ha hecho clásica esta frase, pero desde que la correlación de fuerzas entre los dos principales grupos de apoyo de los dos principales contendientes presidenciales se modificó, a tres años de que sucedieron las elecciones, se han desplegado no sólo ceses de periodistas, directores de medios, despidos injustificados de columnistas, cancelación de programas y quiebras de empresas periodísticas, así como campañas de linchamiento mediático y cierre de candidaturas futuras contra los legisladores que entonces se opusieron a la ley televisa o que apoyaron que se revirtiera la legislación que inmoralmente aprobaron en el Congreso en el contexto de la elección presidencial más difícil.
Nombres son muchos, sin que esto suene a exageración, pero no es casualidad que Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó, Gabriel Sosa Plata, Claudia Segura, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Bartlett Díaz, César Raúl Ojeda, Santiago Creel, Pablo Gómez, entre otros, periodistas y políticos, se hayan visto afectados o cesados en sus campos de trabajo por estar en contra de la ley televisa, algunos, y otros por apostar a la candidatura de López Obrador.
En este contexto, también hubo una fuerte oposición al interior del PAN para que Javier Corral, un protagonista central, fundamental e indispensable para un congreso democrático al que aspiramos, fuera postulado y alcanzara la actual diputación federal. A Dulce María Sauri Riancho y a Manuel Bartlett, el PRI de plano les cerró el espacio, bajo pretextos diferentes pero ambos coinciden en que fue por el papel que jugaron contra el atropello que buscaban las poderosas televisoras.
Pero las condiciones con Javier Corral no han parado. Antes de que rinda protesta en defender el mandato ciudadano, obvia acción que debieran hacer los representantes populares, se han contratado plumas para que lo descalifiquen en el papel que tendrá que desempeñar en la próxima legislatura.
Así como ha ocurrido con Santiago Creel, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, la campaña contra el panista Javier Corral tiende a ser central para evitar que los intereses ilegítimos e ilegales de las televisoras se vean afectados.
A la par de esta ofensiva, no se dude, que la “bancada televisa”, o más bien bancada “duopólica”, se ponga a trabajar con anticipación y que sean los intereses de los consorcios mediáticos los que marquen su propia agenda.
Contra Javier Corral se han desatado los demonios de la persecución para sacar a flote su historial “oscuro”, su tendencia progresista, como si fuera un pecado y no una virtud, y hasta colgarle milagros que no son suyos, pero el futuro legislador, sin duda, porque lo conozco, estará preparado para no dejarse intimidar.
Lo más lamentable de todo esto es que conforme pasan los días, los meses y los años, el periodismo independiente en el país está en una fase que pinta para ser crítica.
Así como del lado de los lopezobradoristas, de los neozapatistas y maximalistas sociales, desde este espacio se les ha condenado porque lo que impera es la intolerancia a la crítica, a disentir y a tener puntos de vista distintos, ahora también se debe señalar que del lado del régimen hay quienes buscan imponer un pensamiento único, una sola visión de las cosas y una verdad a costa de la cancelación de los espacios libres.
Por el bien de la República, las voces democráticas de este país, ante la casual ofensiva contra los comunicadores y políticos anti-ley televisa, debe haber un pronunciamiento inmediato para que la próxima legislatura trabaje sin ataduras, sin amenazas ni coacciones.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa.
Columnista del noticiario Pulso de la mañana
y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel: 2009, «Acorralar a Corral», en
Revista Mexicana de Comunicación on line, México, julio, Núm. 117. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/sosa.htm
Fecha de consulta: 30 de julio de 2009. (ejemplo)
