En Colombia también exigen frecuencias…
Comentario para el noticiario Pulso de la Mañana que se transmite en Radio Educación.
Gabriel Sosa Plata
La disminución de las audiencias y anunciantes de las emisoras de AM no es, por supuesto, una situación exclusiva de México. En Colombia, los radiodifusores de AM se han organizado, como en nuestro país, para luchar por canales de FM.
Inspirados en la labor que en México llevó a cabo la organización Radio Independiente, la cual aglutina a concesionarios de frecuencias de AM, empresarios de la radio colombiana decidieron el pasado mes de junio crear en Bogotá la Asociación de Radiodifusores de Colombia (ARCOL), cuyo objetivo principal es trabajar en el proyecto “FM para las AM”.
También los radiodifusores colombianos se proponen dar solución a un problema de tarifas publicitarias y “gestionar ante el Gobierno Nacional para que la pauta publicitaria del Estado nos llegue equitativamente a los radiodifusores independientes y de provincias”, entre otros objetivos.
La ARCOL fue fundada por más de 50 radiodifusores, en un acto al que asistieron representantes del Poder Legislativo y del Ministerio de Comunicaciones. De hecho, la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, ha manifestado su disposición a avanzar en el otorgamiento de canales de FM a radiodifusores de AM y ya se trabaja en un proyecto legal para establecer los mecanismos de acceso a las frecuencias.
Según Javier Comas, impulsor y presidente de la nueva asociación, es necesario acelerar el proceso de transición hacia las FM, porque hay radiodifusores que han clausurado o devuelto sus licencias al Ministerio de Comunicaciones por la situación económica que se está viviendo en Colombia. Comas aseguró que, por ejemplo, recientemente cerraron emisoras en Arbelaez-Cundinamarca y en Sucre.
Si bien los radiodifusores colombianos se han inspirado en el modelo mexicano de transición de AM a FM, debemos recordar que en nuestro país la situación no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hace dos semanas comentamos en este espacio las promesas que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, hizo a los empresarios de la radio para avanzar con el acuerdo, publicado el 15 de septiembre de 2008 y mediante el cual se establecen los procedimientos para intercambiar frecuencias de FM por AM.
El titular de la SCT anunció que habría una reunión con la Secretaría de Hacienda la semana pasada para determinar los montos de la contraprestaciones que los radiodifusores deberán hacer ante el gobierno para poder acceder a las frecuencias de FM, pero hasta ahora no se conocen los resultados de esa gestión. También dio a conocer que en agosto del 2010 se habrá cumplido el programa de transición de AM a FM.
Este viernes 24 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, se cumplió una de las promesas de Molinar Horcasitas, al publicarse el calendario de trabajo acordado con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para avanzar en el programa de conversión voluntaria de estaciones de radio AM a FM. El calendario se suma al publicado en 2008 —que contempla a la primera región de aquellas en las que se dividió el país para este efecto— y establece los plazos en los que la Cofetel deberá publicar en su página de Internet la disponibilidad de frecuencias para la migración en las cinco regiones restantes.
Desde ayer, el nuevo calendario fue descalificado por los senadores Manlio Fabio Beltrones y Javier Orozco. Incluso el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que ese acuerdo será nulificado con una modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión, con la cual se acelerará la entrega de frecuencias de FM. A los cuestionamientos se sumó el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el perredista Carlos Sotelo, quien dijo que buscarán un consenso con otras fuerzas políticas para legalizar las “combo” de FM y atender otros temas como el de los refrendos y la transición digital.
Esperamos que en Colombia, el gobierno lleve a cabo su proceso de transición de AM a FM con transparencia, equidad de acceso y respetando la ley, y no como en México donde el acuerdo fue publicado sin discusión pública, sin análisis de otros sectores de la sociedad y bajo una argumentación jurídica endeble, lo que generó amparos, un juicio de nulidad presentado por una diputada del PRD, cuestionamientos públicos de organizaciones como la AMEDI y la AMARC, y, como nos damos cuenta, una rebatinga política para disputarse el honor de quien sirve mejor a los empresarios radiofónicos.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa.
Columnista del noticiario Pulso de la mañana
y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel: 2009, «En Colombia también exigen frecuencias de FM», en
Revista Mexicana de Comunicación on line, México, julio, Núm. 116. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/sosa.htm
Fecha de consulta: 27 de julio de 2009. (ejemplo)
Soy narco, pero decente
La política en tacones
Pilar Ramírez
Hace unos días fui al cine a ver la película Enemigos públicos sobre la vida del famoso asaltabancos estadounidense John Dillinger, a quien da vida el actor Johnny Deep; cerca del final, cuando su captor, el agente del FBI Melvin Purvis, le tiende una trampa para atraparlo a la salida de un cine —como realmente ocurrió con Dillinger— se percibía en la sala la tensión que provocaba la escena y una especie de espera a que el ladrón pudiese echar mano de uno de sus trucos para escapar una vez más de la policía. No en vano el protagonista es el sex symbol Johnny Deep, con eso, de entrada, el público se coloca del lado del antihéroe; Purvis era listo pero simple, sin gracia.
Ésta es otra película que se suma a la enorme producción que ha realizado Estados Unidos sobre sus delincuentes, un tema que ha ejercido por mucho tiempo una gran fascinación entre el público y entre los realizadores de cine y televisión. Ladrones y mafiosos reales o de ficción han llenado horas en las pantallas grande y chica. Los forajidos del viejo oeste como Billy the Kid, Jesse James o Kate “Ma” Baker han tenido un impredecible homenaje en varias películas. Los personajes y el tema de la mafia, sin embargo, son quizá una parte de la cultura popular estadounidense que por más tiempo ha hecho presencia en las pantallas y que continúa teniendo una amplia aceptación.
Algunas de esas realizaciones han pasado a formar parte del cine de culto como la trilogía de El Padrino, pero hay otras memorables, desde El halcón maltés de John Huston, basada en la novela de Dashiell Hammett a la que se le considera iniciadora del cine negro, pasando por Érase una vez en América de Sergio Leone, Buenos muchachos, El honor de los Prizzi, Casino y Cotton Club hasta las relativamente recientes como Pulp Fiction, Losintocables, Analízame y Los infiltrados. Esto, sólo por hablar de las famosísimas, pero hay una enorme producción que no alcanzó la popularidad de éstas y sin embargo goza de mucho público en el circuito comercial del DVD. Con ellas, un amplísimo público ha hecho suyas las vidas de Al Capone, Bugsy Siegel, Frank Costello, «Baby Face» Nelson, Vito Corleone o Tony Montana.
La televisión también ha hecho lo suyo en este terreno con series como Los años sin ley, Los intocables, Historias de crimen y Los Soprano. Ese conjunto de producciones han propiciado la idealización de los delincuentes a quienes se les reconoce inteligencia y liderazgo por su capacidad para evadir a las autoridades y muchas veces ridiculizarlas. Esa idealización que linda la frontera con la admiración no ha quedado en el plano contemplativo de los productos mediáticos. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago se venden una gran cantidad de productos relacionados con Al Capone: el culto al jefe de la mafia es un atractivo turístico. Por otro lado, David Chase, el productor de la serie Los Soprano afirma que en la historia puso a Tony Soprano, el protagonista, a cometer actos terribles para recordarle a los espectadores que se trataba de un delincuente, porque tenía tal aceptación que el público insultaba al actor que personificaba el agente del FBI que intentaba atraparlo.
Un terreno más en el que México no ha sido competitivo, aquí «Chucho el Roto» ha sido casi el único delincuente cuya vida ha merecido la atención de los medios, quizá «El tigre de Santa Julia» y a últimas fechas Jesús Malverde, a quien se le considera santo patrono de los narcos y cuya veneración crece con la proliferación de corridos con el tema del narcotráfico y los mitos que se han construido alrededor de su vida y de su muerte. Más allá de la trascendencia que hayan logrado los delincuentes mexicanos, comparten con sus pares estadounidenses la admiración que causa su desafío a las autoridades, sustentada en la enorme desconfianza que provoca tal autoridad, especialmente en México, donde, a diferencia de los delincuentes, se considera que muchos servidores públicos tienen conductas ilícitas en las que gozan de total impunidad y las cometen sin ningún tipo de riesgo.
La mayoría de los infractores de la ley cuyas vidas ha exaltado el cine, la televisión o la música han creado un código de ética en el que respaldan sus actividades ilícitas que posiblemente no las justifican pero generan simpatía entre la población, como el hecho de que Chucho el Roto robara a los ricos para dar a los pobres, lo mismo que se dice hacía Jesús Malverde. Hace pocos días, el gobierno federal detuvo a un presunto miembro de la organización delictiva La Familia, conocido como «La Tuta», quien afirma que su grupo tiene un código de ética que incluye el respeto al Presidente, a la familia y no matar o secuestrar personas por una paga, y hasta se da el lujo de proponer una negociación con las autoridades. ¿Cómo percibe a este personaje la sociedad? Quizá no con un rechazo absoluto porque existe una gran desconfianza en la actuación de las corporaciones policiacas.
A pesar de que el Presidente Barack Obama comparó al Presidente Calderón con Elliot Ness en su lucha contra el narcotráfico, el mandatario mexicano no logró los puntos de popularidad que le hubieran permitido elevar la votación de su partido que apostó a la figura presidencial y su lucha contra el crimen organizado. ¿Será parte del mismo escepticismo? Recientemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, reconoció que los jueces tienen mala imagen “porque tienen la cara sucia”, aunque muy probablemente ésa no sea la parte de su anatomía con más mugre.
Periodista y colaboradora de la RMC
El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:
Ramírez, Pilar, «Soy narco, pero decente» en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
Num. 116, México, julio.
Fecha de consulta. 27 de julio de 2009.
Las promesas de Molinar Horcasitas
Comentario para el noticiario Pulso de la Mañana que se transmite en Radio Educación.
Gabriel Sosa Plata
El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, dijo ayer a los radiodifusores lo que querían escuchar: que se trabaja en los refrendos ya vencidos de concesiones de radio y que el proceso de transición de las emisoras de AM a la banda de FM avanzará en los próximos meses, dos de los temas más polémicos que existen en el sector.
Ante los empresarios de medios electrónicos reunidos en la Riviera Nayarit con motivo de la 75 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el funcionario también fue cuidadoso de no mencionar absolutamente nada sobre los enormes vacíos de la legislación de la radiodifusión y las telecomunicaciones y la necesidad de actualizarla.
Tampoco habló, por supuesto, de aumentar la competencia en radio y televisión, uno de los compromisos de Felipe Calderón asumidos desde su campaña a la presidencia. Nada de terceras cadenas, ni de licitaciones en radiodifusión, ni de medios públicos, ni mucho menos de medios comunitarios, porque Molinar, reitero, dijo lo que querían escuchar sus interlocutores:
“Antes que abrir a nuevas entradas en esta industria, inversionistas que desde luego deben llegar con certeza jurídica, debemos darles certeza jurídica a los que ya están en casa y que han construido durante décadas lo que esta industria es, tienen ese compromiso y vamos a estar trabajando juntos”, dijo (el subrayado es mío).
También, aún sin resultados claros a la vista sobre su gestión, se ocupó de cuestionar a sus antecesores y de asegurar que ellos sí resolverán los rezagos administrativos existentes en la industria:
“Lo acepto aquí que, en el pasado, estas dependencias (se refiere a la SCT y a la Cofetel) no siempre fueron factor de apoyo y desarrollo eficiente de la industria, enredos y conflictos de todo tipo, que ustedes conocen muy bien y que por lo tanto omito describir, las hicieron durante un tiempo, lentas e ineficientes. Quiero decirles que hemos puesto la casa en orden y que trabajaremos con eficiencia y con justicia para desahogar la agenda que nos corresponde resolver, tienen ese compromiso”.
Y luego, se refirió, primero, a los refrendos de unas 130 concesiones radiofónicas ya vencidas (para el 2010 serán 400). Dijo palabras más palabras menos que el asunto se resolverá no mediante una modificación de la Ley Federal de Radio y Televisión, que es lo procedente, sino apoyándose en el “marco administrativo del Poder Ejecutivo y en decisiones administrativas perfectamente bien enmarcadas en el derecho actual que regula estos temas”.
El funcionario no mencionó el procedimiento de licitación que la Corte, al dictar sentencia en contra de la ley Televisa, estableció para los refrendos de concesiones de radio y televisión. Si no es así ¿de qué manera la SCT resolverá este asunto ante los vacíos jurídicos y la irresponsabilidad del Poder Legislativo de actualizar la legislación integrando los criterios de la Corte?
El año pasado, en una cuestionable interpretación de la ley, la SCT encontró una fórmula para ello: otorgar los refrendos sin licitación a aquellas emisoras que presentaron la solicitud antes del 11 de abril de 2006, fecha en la que entraron en vigor los cambios hechos a la Ley Federal de Radio y Televisión como consecuencia de la aprobación de la ley Televisa. La fecha de vencimiento de la concesión, pues, no importó. De los 131 refrendos, sólo en 29 de los casos la concesión vencía antes del 11 de abril de 2006; el resto, 102, después de esa fecha. Las 131 concesiones refrendadas por el gobierno de Felipe Calderón representaron poco más del 11 por ciento de las frecuencias de radio concesionadas en el país.
El anuncio de Molinar Horcasitas de refrendar más concesiones se hace en un contexto de reconfiguración de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión ante los resultados de las elecciones del domingo pasado y la presión del PRI, por ahora en el Senado, para retomar algunas de las iniciativas presentadas sobre el tema, en particular la de un grupo de legisladores del PRI, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, el pasado 2 de diciembre. Esta iniciativa, también es importante recordarlo, propone reformar el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión para que las concesiones de radio o televisión sean renovadas a discreción del gobierno federal, sin que haya licitación pública de esas frecuencias.
En su momento, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) denunció que los senadores del PRI pretenden con su iniciativa que las concesiones puedan prorrogarse simplemente a partir de una evaluación administrativa por parte de la SCT y el pago de una contraprestación por la prórroga (como podría suceder ahora con la propuesta que prepara la dependencia de Molinar Horcasitas), lo que va en contra de la decisión de la Corte.
De la AM a la FM
El otro tema polémico al que se refirió el titular de la SCT es el de la transición de AM a FM, derivado del “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de AM, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008.
Mediante este acuerdo, la SCT otorgará canales de FM a concesionarios y permisionarios de AM, en donde haya espectro suficiente para ello, con base en un calendario de asignación en seis regiones del país.
Molinar Horcasitas dijo que “ya está lista la asignación de frecuencias de FM, que corresponden a cada solicitante de la primera región” y que se acelerará “el calendario de las otras cinco regiones, para que este proceso se pueda desahogar con rapidez”, de manera trimestral, para que en agosto del 2010 “tengamos completo el mapa de la transición de AM a FM”.
En esta primera etapa están consideradas diversas ciudades de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los concesionarios y permisionarios interesados ya habían presentado sus solicitudes y sólo faltaba definir, como se estipuló en el Acuerdo, el monto de la contraprestación económica para intercambiar sus frecuencias. Este trámite se ha postergado mucho, por lo que Molinar Horcasitas anunció que Cofetel agendó la próxima semana una reunión con la Secretaría de Hacienda para definir las cantidades.
Independientemente de los trámites y las promesas, no se puede olvidar que el Acuerdo fue publicado sin discusión pública y sin análisis de otros sectores de la sociedad. Los únicos que conocieron el documento antes de su publicación fueron algunos directivos de la CIRT. Tampoco se puede dejar de lado que la empresa MVS Radio, de Joaquín Vargas, presentó 18 amparos en contra del Acuerdo en el Distrito Federal, Acapulco, Tamaulipas, Baja California, Guadalajara y Nayarit, mientras que la diputada del PRD, Claudia Cruz Santiago, presentó un juicio de nulidad.
Otro dato sobresaliente es que el Acuerdo del gobierno calderonista surgió para inhabilitar otra propuesta de reforma que sobre este tema presentó el 4 de junio de 2008 otro grupo senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones y que pretendía otorgar, de manera directa, sin licitación ni contraprestación canales de FM a empresarios de AM, lo cual generó el beneplácito de la industria radiofónica y de su Sindicato a través de numerosos spots a favor de la propuesta.
Molinar Horcasitas quedó bien con los empresarios de la radiodifusión, mientras en otro frente de batalla las cosas se ponen difíciles por acoso a las radios comunitarias, el cierre violento de algunas de estas emisoras y la expedición de órdenes de aprehensión contra sus impulsores, como ocurrió con Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey. Para unos, buenas noticias, para los otros, palo.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa.
Columnista del noticiario Pulso de la mañana
y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel: 2009, «Las promesas de Molinar Horcasitas», en
Revista Mexicana de Comunicación on line, México, julio, Núm. 116. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/sosa.htm
Fecha de consulta: 14 de julio de 2009. (ejemplo)
Ética, preguntonerías, televidente…
Biblioteca
Alexandra Jiménez
Varios autores
De cuerpo entero
El 30 de mayo de 1984, por órdenes de altas esferas del poder, fue asesinado uno de los periodistas más respetados e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. A 25 años de ese artero crimen, la Fundación Manuel Buendía a manera de homenaje realiza un compendio de recuerdos, pasajes y reflexiones provenientes de amigos, discípulos, colegas y familiares. Todos ellos retratan al maestro, al padre, al periodista. Lo evocan como el columnista que hizo del oficio de escribir una forma de hacer patria y para quien el trabajo no era vivir, sino la vida misma. Destacadas plumas reconocen en este libro a uno de los mayores símbolos “en defensa de la palabra”.
Varios autores, Retratos de Manuel Buendía, Fundación Manuel Buendía, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, La Jornada, México, 2009, 241 pp.
José Luis Esquivel
Preguntonerías
La fama de preguntones “no es mala para los periodistas cuando saben ser corteses pero claros e incisivos, respetuosos e inquisitivos ante cada respuesta y, por supuesto, inteligentes en el diálogo”. José Luis Esquivel, periodista y profesor, comparte los apuntes que la experiencia le ha otorgado. Defiende la entrevista como género periodístico de primera clase, fundamental en el periodismo preguntón. Este libro es una colección de relatos, opiniones, obras y testimonios de escritores y periodistas en torno al uso de la entrevista. Además es una guía práctica para quienes imparten esta materia, pues contiene consejos, ejercicios y ejemplos. Invita a privilegiar las virtudes de escuchar, observar y pensar, y a distinguir los lenguajes del cuerpo y de los silencios.
José Luis Esquivel Hernández, Periodismo preguntón en diez lecciones, Fundación Manuel Buendía, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2009, 299 pp.
Omar Raúl Marrtínez
Ética y medios
Con inmenso retraso llega a México el debate sobre ética periodística. Las razones de ello son cuantiosas: imposiciones del sistema político, ausencia de autocrítica, carencia de parámetros éticos, falta de disposición de los propietarios de los medios informativos, una concepción periodística centrada en el negocio, desesperanza del gremio periodístico, injustas condiciones salariales y laborales.
Este libro refiere la necesidad de contar con una prensa libre pero responsable, abierta pero autocrítica, amplia pero no autocom-placiente. De allí la necesidad de impulsar mecanismos que ayuden a la profesionalización y a la responsabilidad periodística. Mediante el análisis y la metodología empleada, el autor identifica principios rectores de un código deontológico.
Omar Raúl Martínez se planteó dos objetivos: realizar una revisión crítica de la deontología mexicana en la materia y ofrecer los códigos existentes en nuestro país.
Omar Raúl Martínez, Códigos de ética periodística en México, Fundación para la Libertad de Expresión, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Fundación Manuel Buendía, México, 2009, 380 pp.
Víctor Roura
¿Televidentes?
¿ Pueden los espectadores contemporáneos hacer una revisión crítica de lo que la televisión presenta ante sus miradas y oídos? Víctor Roura cuestiona la vida del televidente convertido en espectador contemporáneo: aquel que recibe imágenes vacías a diario. Aquel que se ha convertido en consumado consumista, cuya supuesta autonomía ha sido suprimida y se ha convertido en un ente igual a su vecino. El que se ha vuelto solitario en su juicio visual y se apabulla ante los mensajes mediáticos, concediendo más importancia a los personajes de la pantalla que a su propia vida. Ese espectador que vive en la sociedad de las cinco pantallas, donde el individuo no tiene rostro ni nombre propio, y se pierde en la sociedad de consumo, masificada, globalizada, dominada visualmente por los intereses de los emporios mediáticos.
Roura afirma que la TV mexicana se ha olvidado de sorprender a sus televidentes y, en su papel de mediadora política, sólo ha sido recipiendaria de bienes económicos.
Víctor Roura, La Vida del espectador, Fundación Manuel Buendía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2009, 229 pp.
Museos virtuales
Vanguardia informativa
En promedio cada día se crean tres nuevos museos en Internet.
Este hecho es digno de consideración porque el museo,
más allá de la creación de una página Web y de estar en línea,
encierra un verdadero tesoro
Los museos y los artistas van de la mano. Ellos poseen una visión de futuro. Leonardo da Vinci lo mostró con claridad al adelantarse 500 años al siglo XX. ¿Qué papel desempeñan los artistas en el siglo XXI cuando se dice que el arte digital y/o virtual es obra de lo efímero y que no podría compararse a las obras creadas en óleo, cerámica o telar de épocas anteriores?
En 2009, los artistas no pueden concebirse aislados en sus talleres. El artista digital ha dado pasos enormes impulsando nuevas concepciones en la gestión de la información referida al arte. Gran parte de su tarea comienza a hacerse palpable ante una nueva concepción de los museos digitales y virtuales. Esta es su importancia en plena revolución informativa.
La digitalización de los museos se inició con la introducción de la computadora a sus espacios. Posteriormente llegó la multimedia y en una última etapa, que es la contemporánea, la Internet. Vale la pena preguntarse si estas tres instancias serían las que conformarían la visión de futuro de un museo en la Red. Más allá de la tarjeta postal digitalizada, ¿qué es lo que realmente sucede con sus páginas Web? ¿Quién las visita, cuánto tiempo navega en ellas y para qué le sirve esa información?
Cada vez es más evidente la idea de que los museos son sitios de vanguardia, pero también espacios para la construcción del conocimiento. En primer lugar hace falta señalar que los museos se han insertado en la revolución informativa mediante dos vertientes: a) los procesos de informatización que han sufrido museos clásicos como el de Antropología en México, el Louvre en París o el Prado en Madrid, subiendo sus obras a la Internet y abriendo espacios interactivos al instalar computadoras en sus propias salas; b) museos que no existen en la realidad pero que han logrado crearse en la virtualidad donde el cursor lleva a descubrir a artistas digitales exhibiendo sus obras y proyectando sus cuadros a través de una pantalla plana. Erróneamente se piensa que tales museos se encuentran en los países más industrializados; hay dos casos dignos de destacarse: el museo virtual de El país en Uruguay y el museo virtual de Gabon (http://muva. elpais.com.uy; http://gabonart. com/)
Los museos son importantes no sólo por haberse transformado en lugares propicios para introducir y sensibilizar a la sociedad ante el uso de las TIC, sino también porque se han constituido como terrenos privilegiados para poner a prueba una nueva concepción de la información. Están más de medio siglo adelante que cualquier página educativa, y por ello su importancia.
En los museos se cruzan tres variables: información, tecnología y usuarios donde lo realmente innovador son las prácticas que se van creando. Un museo es ante todo un lugar de placer adonde una persona va para experimentar un nuevo aprendizaje. En un museo siempre hay personas en movimiento, obras que circulan, espacios abiertos, zonas de experimentación y lúdicas. La escuela todavía no lo logra hacer ni en sus espacios físicos ni virtuales.
Hoy día se pueden visitar todos los museos del mundo gracias a la Internet. Hay quien dice que es mejor visitarlo en la realidad, pero difícilmente se encontrarán los recursos económicos y el tiempo para hacerlo. A tal grado ha resultado fascinante esta iniciativa que hay un directorio que nos permite tener acceso a todos: icom.museum/vlmp/ –
El tema de los museos resulta fascinante por la multiplicidad de vertientes referidas a sistemas de información y comunicación que conjunta. Por ejemplo, poseen enormes archivos en diferentes formatos, y por lo tanto cuentan con sofisticados sistemas para la gestión de su información. Hay elementos de propiedad intelectual y de derechos de autor que están en un primer plano. Abren espacios para la multimedia y la interactividad ya sea en modalidad presencial y/o en línea, incrementando así la posibilidad de convertirse en espacios de aprendizaje, pero al mismo tiempo, al existir en la virtualidad, facilitan la llegada del museo al aula o al hogar. Sus páginas Web poseen una concepción avanzada en gestión de la información, pero sobre todo en procesos de comunicación encaminados a incrementar el aprendizaje en el visitante.
Como puede verse, el museo en línea va más allá de la construcción de una página Web atractiva. Lo realmente innovador radica en la capacidad de entender y conceptualizar la información de una manera diferente.
Los museos se convierten en vectores donde convergen diferentes tipos de actores: fundaciones, empresas, gobiernos y sociedad civil. Así es como investigadores de grandes empresas de computación como IBM, Xerox y otros han logrado conjuntar visiones para investigar el potencial de la imaginación en el Museo del Vaticano. La computadora se constituye como una nueva mediatización capaz de modificar la relación entre el museo y sus visitantes, ya sea en la modalidad presencial o en línea, pero sobre todo conjunta a dos actores que en el siglo XX nos hubieran parecido irreconciliables: el arte y la empresa.
Quienes tienen la costumbre de navegar por los sitios de museos, son usuarios que requieren de servicios de información y comunicación más complejos que lo que ofrecen las plataformas o sitios Web clásicos (diarios, medios, empresas, escuelas, etcétera). A fin de explicar con mayor claridad esa idea, en la Internet se encuentran páginas de estructura muy simple y otras con estructuras de información más complejas. Al primer caso corresponde un manejo de la información periodística:
Una gran primera plana de un diario pero en formato electrónico donde hay columnas, secciones, noticias, fotos y videos, además de uno que otro servicio interactivo.
Los sitios destinados al aprendizaje están en un punto intermedio, donde hay ciertas prácticas un poco más complejas como la creación de documentos conjuntos interactivos (.docs, o wikis), la producción de podcast o videos, foros, chats y blogs. Sin embargo, las páginas de museos son realmente sorprendentes porque en gran parte abren brecha al explorar nuevas vertientes para rastrear la información de manera más interrelacionada, crear nuevas variantes y privilegiar mediante la interactividad nuevos espacios de aprendizaje.
Los museos constituyen uno de los principales anclajes de la revolución informativa. Simplemente basta con apreciar todos aquellos elementos de información, comunicación, historia y contextualización social que giran en torno a una obra de arte.
El gran giro ha derivado en la misma concepción funcional de un museo: de repositorios de obras a repositorios de conocimiento.
¿Usted ya visitó un museo en línea? Si realmente quiere ingresar a la revolución informativa, no deje de hacerlo por lo menos una vez a la semana. Su concepción de la información cambiará radicalmente.
Investigadora. Correo electrónico: cegomo_8@hotmail.com
El anterior artículo debe citarse de la siguiente manera:
Gómez Mont, Carmen, «Museos virtuales «, en Revista Mexicana de Comunicación,
Num. 116, México, mayo – junio 2009, pág 9.
El ABC de las precampañas electorales
Un procedimiento para lograr una mayor visibilidad
*Andrés Valdez Zepeda / **Delia Huerta Franco/
*** Mario Beltrán Villaruel / **** Sergio Díaz González
Una precampaña puede ser definida como el proceso de selección de candidatos que tiene cada partido político, conforme a sus reglas, procedimientos, calendarios y acuerdos internos.1 La precampaña inicia cuando sale publicada la convocatoria por parte de los órganos competentes del partido y concluye cuando se entrega la constancia de mayoría para el o los candidatos ganadores.
Las precampañas, también llamadas elecciones internas o primarias, pueden ser definidas, también, por un lado, como procesos intensos de comunicación persuasiva, organización y movilización electoral, así como de cuidado y defensa del voto, que realizan distintas personalidades y sus equipos de campaña con el objetivo de ganar el apoyo de los electores y así ser nominados por su partido político o coalición partidista como candidato a un puesto de elección popular en los próximos comicios constitucionales. Por el otro, son acciones persuasivas o disuasivas para evitar que sus competidores u oponentes obtengan los votos necesarios para ganar la elección.
Es decir, toda precampaña implica dos grandes frentes. El frente de atracción de sufragios para la causa propia y el frente de repulsión de votos para los adversarios.
Su historia
Las precampañas tienen una vieja historia. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han institucionalizado un procedimiento de competencia interna para postular a sus candidatos a la presidencia de la república, llamado popularmente como “elecciones primarias.” Su historia se remonta a los inicios del siglo XX, cuando Theodore Roosevelt fue electo, mediante votación abierta, como candidato del Partido Progresista a la presidencia en 1901. Hoy día, estas elecciones inician en enero del año electoral, con los comicios estatales en Iowa y, concluyen, generalmente, en agosto con la realización de las convenciones nacionales de los dos partidos, en las que los delegados electos en los diferentes estados y los súper-delegados nominan oficialmente a su candidato presidencial.
En el caso de México, la primer precampaña que se realizó fue en 1919 por Álvaro Obregón para alcanzar la presidencia de México, ya que mucho antes que fuera nominado como candidato del Partido Nacional Revolucionario, Obregón había realizado una campaña anticipada para asegurar su nominación. Sin embargo, propiamente hablando, la primer gran precampaña que se realizó en México a nivel nacional fue la de Vicente Fox Quesada, cuando desde 1997 inició su cruzada, primero para ganar la nominación del Partido Acción Nacional y luego la elección presidencial en el año 2000. De hecho, la precampaña de Fox fue una de las más extensas y exitosas, la cual tuvo una duración de tres años y le permitió a Fox ser el candidato único e indiscutible del PAN rumbo a las elecciones del 2000. En el 2003, también Andrés Manuel López Obrador inició su precampaña en búsqueda de su nominación a la presidencia de la república por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros partidos de izquierda como el Partido del trabajo y el Partido convergencia.
Su legislación
En la legislación federal, las precampañas electorales no se reglamentaron sino hasta hace poco tiempo, cuando se aprobó la nueva reforma constitucional en materia electoral en noviembre del 2007 y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en febrero del 2008. A nivel estatal, la regulación de las precampañas se realizó tanto por los partidos políticos como por la normatividad electoral aplicable a los comicios locales. Las entidades federativas que iniciaron con la regulación de las campañas antes de las reformas electorales constitucionales del 2007 fueron Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, san Luis Potosí, el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala.
De acuerdo al nuevo ordenamiento constitucional a nivel nacional, se establecen límites en la erogación de los partidos políticos en sus precampañas, ya que ahora las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de lo que duran las campañas electorales. Asimismo, durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley.
Esto implicará que los precandidatos a algún puesto de elección popular puedan ser sancionados si no acatan los ordenamientos electorales generales y que se establezcan limites y regulaciones de las precampañas en leyes secundarias para tener procesos internos muchos más ordenados y equitativos. Al establecerse tiempos máximos de precampaña los pre candidatos tendrán que ceñirse a los mismos, evitando que algunos inicien su precampaña tres años antes del inicio del proceso electoral, como pasó con Vicente Fox Quesada, quien inició su precampaña rumbo a la presidencia de la república tres años antes de la justa electoral.
Este nuevo ordenamiento constitucional implicará también para los aspirantes a un puesto de elección popular y las instituciones partidistas el tener un mayor cuidado y observancia de la ley en los procesos internos de los partidos, el eficientar mejor los recursos disponibles al interior de la organización, el focalizar los esfuerzos hacia mercados meta y el cuidar, de cierta manera, la unidad de la institución, más allá de apetitos personales de muchos actores políticos.
Su importancia
Las precampañas son procesos político-persuasivos muy importantes no sólo para afianzar los regímenes democráticos, sino también para dotar de legitimidad y popularidad a los candidatos que competirán en las próximas elecciones constitucionales. De hecho, ganar una precampaña puede ser sinónimo de éxito, en muchos casos, en las contiendas constitucionales, ya que muchos precandidatos lograr tal visibilidad, popularidad y respaldo social durante los procesos internos que es difícil parar su inercia ganadora. Tales fueron los casos, por ejemplo, de Vicente Fox Quesada en México en el año 2000 o de Barack Obama en los Estados Unidos en el 2008, ambos candidatos triunfadores en las elecciones presidenciales.
Las precampañas también son muy importantes para el rimen de competencia y para los sistemas democráticos por las siguientes razones. Primero, permiten seleccionar a los candidatos más competitivos, que lograr construir consensos al interior de las organizaciones partidistas, ganando el apoyo mayoritario de los votantes. Segundo, las precampañas generan un mayor dinamismo al interior de los partidos políticos, superando, muchas veces, la inmovilidad y el burocratismo institucional en el que caen muchas organizaciones partidistas en tiempos no electorales. Tercero, las precampañas, principalmente las más creativas y bien publicitadas, logran una mayor visibilidad social, misma que puede resultar benéfica para el partido de cara a los comicios constitucionales.
Cuarto, las precampañas permiten que un mayor número de electores conozca a los futuros candidatos que serán postulados a un puesto de elección popular. Quinto, las precampañas ayudan también a posicionar temas de campaña que resultan, muchas veces, relevantes y de interés para todos los votantes durante los procesos constitucionales. Sexto, las precampañas permiten configurar equipos de campaña y obtener experiencias sobre estrategias de comunicación, organización, movilización y defensa del voto que pueden servir en los procesos constitucionales.
Séptimo, las precampañas permiten que los candidatos conozcan mejor a los electores y recorran el territorio donde se desarrollará la contienda. Octavo, las precampañas permiten la colecta de fondos económicos donados por parte de particulares, mismos que pueden integrar una base de datos para futuros financiamientos para las campañas constitucionales. Novenos, las precampañas ayudan a crear el clima y el ambiente propicio para el éxito de una contienda electoral constitucional. Finalmente, las precampañas dotan de información y ayudan a los electores a prefigurar o formarse un juicio anticipado sobre la opción electoral que pueden apoyar en la próxima gesta electoral constitucional.
Sus cuidados
Toda precampaña genera una serie de experiencias, tanto positivas como negativas, que pueden incidir en el resultado final de una elección constitucional. Por ello, es importante no sólo para el partido político, sino también, para los precandidatos procesar adecuadamente las precampañas, cuidado que no se salgan de control y puedan resultar contraproducentes de cara a las elecciones constitucionales.
Los problemas que pueden generarse en una precampaña son los siguientes. Primero, las precampañas generan una natural división o confrontación al interior del partido, misma que, de no tenerse los cuidados respectivos, pueden dañar irreversiblemente las posibilidades de la campaña constitucional. De hecho, hay muchos casos en la que las precampañas mal gestionadas por los partidos políticos se convierten en verdaderos problemas que dañan las posibilidades de éxito en el futuro. En algunos casos, las precampañas han generado candidatos para otros partidos opositores, mermando la posibilidad de ganar las elecciones para el partido propio.
Segundo, las precampañas pueden también, principalmente las que se exceden, contribuir al hartazgo de los electores y, por lo tanto, generan un mayor abstencionismo en los comicios constitucionales, ya que, por ejemplo, una campaña que ocasione una saturación mediática, más que ayudar, puede generar el efecto bumerán y resultar contraproducente para el partido impulsor.
Tercero, las precampañas muy extensas e intensas pueden, también, agotar física, mental y moralmente a los equipos de campañas, nutridos por militantes y simpatizantes, quienes pueden mermar en su entusiasmo y resultar contraproducente en los comicios constitucionales.
Cuarto, desde la perspectiva de la teoría de la democracia y el principio de equidad en la elección, las precampañas se pueden convertir en procesos que generen inequidad en la contienda constitucional ante la falta de regulación en su financiamiento, ya que muchas veces, el resultado de la elección se define desde las primarias, con precampañas de Estado que se caracterizan por el dispendio y el uso de abundantes recursos, tanto públicos como privados, para ganar la contienda. Por ejemplo, en la elección presidencial del 2000 en México, el periódico El Universal solicitó a la empresa Verificación y Monitoreo la realización de un monitoreo sobre el gasto en medios electrónicos de los precandidatos a la Presidencia de la República. En este monitoreo, se concluyó que los aspirantes presidenciales gastaron en las precampañas 1 mil 003.6 millones de pesos.2
Quinto, las precampañas pueden también agotar los recursos económicos de los precandidatos, quienes le apuestan todo al proceso interno, lo cual puede repercutir negativamente en las campañas constitucionales, que demandan, la mayoría de las veces, un mayor monto de recursos económicos.
Finalmente, las precampañas pueden, también, ayudar a desgatar la imagen y reputación de los candidatos participantes en la contienda, ya que toda precampaña implica dar razones y mostrar evidencias del por qué votar a favor, pero también del por qué no votar por los opositores. Es decir, los golpes y ataques dados al calor de la precampaña pueden ser mortales para los contendientes, cuyas repercusiones afectan sus posibilidades tanto en los procesos internos como en los constitucionales.
La precampaña permanente
Las precampañas electorales son definidas como procesos políticos que se circunscriben temporalmente a la convocatoria que emita el partido o los órganos facultados por el partido para tal efecto. Esto es, las precampañas tienen un periodo corto de duración, que de acuerdo a la normatividad electoral federal, no deben duran más de dos terceras partes de lo que duran las campañas electorales.
Sin embargo, los candidatos mejor posicionados en los procesos internos son aquellos que han hecho de la política una actividad permanente que no se circunscribe a los tiempos que marca la convocatoria o el partido para la realización de la precampaña. Es decir, para que sea exitosa una precampaña debe hacerse de manera permanente, ya que la política implica construcción, tejer relaciones y acuerdos políticos, gestionar el afecto de la gente y, sobre todo, edificar una buena imagen y una alta reputación, mismas que se logran en el mediano o largo plazo.
De hecho, no sólo las precampañas, sino también las campañas constitucionales deben dar lugar a las campañas políticas, mismas que se realizan de manera permanente para asegurar, en muchos de los casos, ser exitosas. En otras palabras, lo que se requiere es impulsar y organizar campañas políticas de forma permanente, respetando los calendarios que fijan los partidos o las autoridades electorales para los comicios internos y constitucionales, pero apostándole a la construcción de lealtades electorales, afinidades políticas y posicionamientos en una perspectiva de mediano o largo plazo.
Tipología
Las precampañas electorales pueden ser clasificadas en cinco tipos. Por un lado, de acuerdo a su resultado, estas pueden ser exitosas o fracasadas. Las primeras, son aquellas que logran alcanzar los objetivos buscados y las segundas no. Toda precampaña exitosa no necesariamente es una campaña ganadora, ya que, en muchos casos, los objetivos que se buscan, por parte de los contendientes, puede ser el publicitar una plataforma electoral, alcanzar un porcentaje específico de votación que le asegure cierto capital para poder negociar alguna posición o simplemente para figurar como una opción dentro del partido. Las segundas son las campañas fracasadas que no lograr alcanzar ninguno de los objetivos buscados por los participantes.
De acuerdo al impacto en la conducta de los electorales, las precampañas también pueden clasificarse en efectivas o inefectivas. Las campañas efectivas son aquellas que además de ser ganadoras internamente logran un gran impacto entre la sociedad, sirviendo como pivote fundamental para ganar las contiendas constitucionales.
De acuerdo a su extensión, las precampañas pueden ser clasificadas como cortas, medianas o largas. Las precampañas cortas tienen un margen de duración de entre dos a cuatro semanas. Las medianas de un meas a cuatro meses y las largas de cuatro meses en adelante.
De acuerdo a los recursos económicos involucrados, estas pueden ser onerosas, sumamente onerosas o austeras. Las precampañas sumamente costosas son aquellas que sobresalen por el dispendio. Las onerosas son aquellas que cuentan con los suficientes recursos, tanto de origen público como privada, para la realización de las actividades proselitistas. Por su parte, las campañas austeras son aquellas que se caracterizan por el ahorro y el uso más racional del recurso.
Finalmente, las precampañas también se pueden clasificar de acuerdo con el método de selección de los mismos, el cual puede ser por encuesta o por elección. A través del método de encuesta, se pregunta generalmente a los electores a quién de los precandidatos registrados se le conoce, qué tipo de opinión se tiene sobre ellos (positiva o negativa) y, sobre todo, sí el día de hoy fuera la elección por cual de ellos votaría. A través de este procedimiento, se trata de seleccionar a los candidatos que asegure una mayor rentabilidad electoral, sean más conocidos y, sobre todo, cuenten con un mayor respaldo popular. Sin embargo, el método de encuesta presenta una serie de desventajas que van desde las de carácter estrictamente metodológico, pasando por cuestiones de carácter político (encuestas a modo) o de inequidad en la contienda (ya que los políticos que han tenido mayores espacios en los medios de comunicación son los que generalmente son más conocidos) hasta ciertas distorsiones que el propio procedimiento genera, ya que muchos de los encuestados no necesariamente votarían por el partido y el candidato postulado, pero su opinión si es tomada en cuenta por los encuestadores.
Los problemas de carácter metodológico están relacionados con las distorsiones que el propio procedimiento genera, como pueden ser la selección del tamaño de la muestra (no sea representativa), el diseño del instrumento de investigación (por ejemplo, el orden en el que se presentan los precandidatos puede generar una distorsión), el levantamiento y procesamiento de la información (encuestas inventadas o falseadas) y, sobre todo, la interpretación errónea de los resultados (la encuesta es sólo válida para el momento en que fue tomada).
Las distorsiones de carácter político implican un uso inadecuado del instrumento por quienes mandaron hacer las encuestas y de quienes las realizaron con el objetivo de beneficiar a un determinado precandidato y perjudicar a otros. Es decir, la encuesta solamente se usa como elemento legitimador de una decisión cupular, predominando el interés político sobre las cuestiones técnicas.
Las encuestas también pueden acentuar los problemas de inequidad en la contienda, ya que los precandidatos generalmente nuevos, que no han tenido la oportunidad de trascender a la opinión pública ven reducido sus posibilidades de ser considerados por el instrumento como los más viables o lo que prefieren los votantes.
Finalmente, las encuestas son procedimientos falibles que se sustentan en la opinión de los encuestados, pero dicha opinión no necesariamente representa realmente la decisión que los propios entrevistados tomen al momento de la elección. Es decir, la realidad electoral puede variar mucho, respecto de lo que puede reflejar la propia encuesta.
Ahorra bien, de acuerdo con el carácter de quien es el gran elector o los que pueden sufragar en la contienda para elegir a sus candidatos, las precampañas se dividen también en cuatro tipos. Primero, en la que pueden votar todos los ciudadanos estén o no afiliados al partido, con el único requisito de que estén en el padrón electoral y tenga la credencial del IFE para votar. Segunda, en la que sólo pueden votar para elegir a sus candidatos todos los militantes del partido, sean estos con derechos plenos o adherentes, como suelen llamarlos en algunos institutos, como en el Partido Acción Nacional (PAN). Tercero, en la que votan solamente los delegados, previamente electos por las bases. Y, finalmente, en la que el comité directivo sea nacional, estatal, o municipal (o algún órgano ex profeso del partido) por mayoría de sus miembros decide las candidaturas.
La primera forma de elección es abierta a la sociedad y busca una mayor legitimidad social, ya que todos los ciudadanos, incluidos los de los partidos opositores, tienen la oportunidad de participar en la elección de los candidatos. En la segunda forma, se denomina elección interna, ya que solamente los que cuenten con membrecía partidista pueden votar en la contienda. La tercer se denomina elección interna por delegados, en la que solamente aquellos militantes, que han sido facultados ex profeso por las bases partidistas, pueden participar en la elección. Finalmente, la última forma se denomina elección interna por los órganos directivos, ya que solamente los órganos de dirección pueden determinar las candidaturas.
La elección abierta a la sociedad presenta una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas más importantes son, primero, la legitimidad social de cuño democrático con la que se dota al candidato y al partido que acude a este tipo de procedimientos; segundo, la mayor visibilidad política y el estruendo mediático que la propia contienda genera; tercero, la activación política de una parte del electorado, principalmente la que simpatiza y apoya al candidato y la dinamicidad que se imprime a la institución producto de la misma contienda interna. Desvirtuar el propio proceso electoral por la posible participación de militantes de otros partidos opositores interesados en que un determinado personaje sea nominado como candidato, el desgaste del candidato y su equipo de campaña que genera la propia contienda y el enfado en ciertos sectores sociales (principalmente cuando hay dispendio), así como utilizar métodos perversos de estirpe pre democrática para ganar la nominación (compra y coacción del voto) son dos de las principales desventajas de este tipo de procedimientos, que pueden aumentar el nivel de conflictividad y desgaste político al interior de la organización.
La elección por todos los militantes, evita ciertos niveles de artificialidad en la contienda, al asegurar que solamente los que posean alguna membresía partidista puedan participar en la nominación de candidatos, lo que asegura cierto control institucional. Sin embargo, una de las desventajas es que es menor el nivel de legitimidad social el que adquieren tanto el partido y el candidato postulado, ya que solamente vota una pequeña parte de la sociedad (los que militan en el instituto), limitando la participación de toda la ciudadanía. De igual forma, la elección abierta hacía los militantes no evita que se impulsen prácticas perversas (clientelismo, corporativismo y compra y coacción del voto), que no sean solamente contraproducentes para la democracia partidista, sino también para la propia contienda constitucional, al generar un efecto boomerang que se revierte en contra de sus impulsores.
La elección por delegados asegura también que sean los propios militantes quienes determinen las candidaturas. Sin embargo, el número de electores directos que participa se reduce significativamente, lo que puede ser contraproducente desde la perspectiva de construcción de legitimidad social para el candidato y reforzamiento de las credenciales democráticas del partido. De la misma forma, este tipo de elección permite ciertas distorsiones del proceso, ya que si bien en teoría los delegados representan el sentir y la decisión de sus bases, en la práctica, muchas veces, los delegados actúan in moto propio, alejados del mandato de sus representados.
La elección de los candidatos por los comités directivos o los órganos creados ex profeso para la nominación permite un mayor control institucional y dota de cierta certidumbre al proceso. Sin embargo, este procedimiento no asegura seleccionar a los mejores candidatos, ni evita los conflictos al interior del partido. De igual manera, con este tipo de procedimientos no se obtiene la legitimidad social, ni la visibilidad pública que puede resultar benéfica para el partido de cara a la elección constitucional, amen de que tampoco representa un avance de la cultura democrática que debe prevalecer al interior de las formaciones partidistas.
Ninguno de estos cuatro métodos, asegura por si mismo, el elegir a los mejores candidatos o ganar las elecciones constitucionales, ni evita una serie de prácticas perversas, muchas veces, contrarias al espíritu democrático y de legalidad que debe prevalecer en este tipo de elecciones primarias. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que social y políticamente es más correcto, tanto la nominación abierta a la sociedad como la elección por todos los militantes de un determinado partido político, cuando se procesan adecuadamente y se evitan los altos niveles de conflictividad interna, resultan ser una de las opciones más aconsejables.
*Andrés Valdez Zepeda es catedrático de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de los libros Campañas electorales inteligentes y Estrategia total en campañas electorales: estudio de casos exitosos. azepeda@cucea.udg.mx
**Delia Amparo Huerta Franco es catedrática de la Universidad de Guadalajara y asistente de investigación.
***Mario Beltrán Villarruel es catedrático de la Universidad de Guadalajara y asistente de investigación.
****Sergio Diaz Gonzalez es catedrático de la Universidad de Guadalajara y asistente de investigación.
NOTAS
1) El Código Electoral del Estado de México, por su parte, en su artículo 144 A, define a la etapa de las precampañas como actos realizados por los partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, dentro de sus procesos internos de selección de candidatos a los diversos cargos de elección popular.
2) Para El Universal, los precandidatos del PAN habrían gastado 272 millones de pesos (mdp); los precandidatos del PRI habrían gastado 396.1 mdp; los precandidatos del PRD gastaron 29.3 mdp y el precandidato del PVEM habría gastado 285.5 mdp.
Versada jarocha en la academia
La política en tacones
Pilar Ramírez
En octubre de 1998, los países miembros de la UNESCO realizaron un análisis exhaustivo sobre la situación de la educación superior en el mundo que mostraba como una de sus particularidades una gran expansión, pues la matrícula de estudiantes universitarios había pasado de 13 millones que había en 1960 a 82 millones en 1995. Tal crecimiento ponía de manifiesto, una vez más, a la universidad como espejo y reflejo de la sociedad a la que pertenece, ya que las disparidades entre los países pobres y ricos se habían agudizado, y se habían ahondado también las diferencias al interior de cada país. De ese análisis se derivó la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción”, documento mejor conocido como Declaración de París por haberse efectuado en esa sede de la UNESCO la reunión en la que se discutió el tema.
El texto de la Declaración se desarrolla en 17 artículos que abordan los aspectos más sensibles o problemáticos de la educación superior, como la ética del conocimiento científico, la igualdad del acceso a este nivel educativo, la vinculación entre la educación y el mercado de trabajo, la innovación en los métodos educativos, la evaluación de la calidad, el financiamiento, la fuga de cerebros y la promoción del acceso de las mujeres a la educación superior, entre los más destacados. Se emitieron asimismo una serie de acciones que los Estados miembros, en teoría, pondrían en marcha en sus instituciones para atender las necesidades específicas de su sistema educativo de nivel superior.
El Instituto Politécnico Nacional ha organizado un congreso internacional para revisar la situación de la educación superior denominado “Retos y expectativas de la universidad. A diez años de la Declaración de París”. Este congreso abrió un espacio en el que se presentará el disco “Ni moza ni musa. Décimas jarochas para mujeres” cuya producción coordinó quien esto escribe y que salió a la luz con el apoyo de diez patrocinadores.
La razón fundamental de la invitación es que la temática del disco se vincula con el artículo cuatro de la Declaración de París sobre el fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres, en el que se insta a superar los obstáculos de diversa índole que impiden el acceso pleno de este grupo de población a la enseñanza superior. Se propuso entonces elevar los esfuerzos para erradicar los estereotipos que hacían inequitativo el acceso a la educación por razón de género, impulsar los estudios en el tema y eliminar los obstáculos de carácter político y social que condicionaban la baja representación de las mujeres en la educación superior.
Los organizadores del Congreso perciben con claridad que los vínculos entre el acceso a la educación superior en condiciones de equidad para los géneros pasa por el tamiz de la reflexión social e individual y se expresa de maneras diversas, una de ellas son las manifestaciones culturales. Así, este evento cultural no es, como antaño en estas reuniones académicas, materia de relleno, sino parte misma del tema en debate.
Al igual que en la producción del disco, un conjunto de voluntades se reúnen ahora para que la versada jarocha que canta la igualdad de géneros haga presencia en el Congreso del Poli. Por el lado veracruzano está el apoyo siempre irrestricto a los temas de género y a la cultura de José Luis Rivera Morales y del STIRT; José Guillermo Trujillo, director general de Educación Normal de Veracruz y Radiotelevisión de Veracruz.
Mi orgulloso corazón puma es también objetivo y reconoce sin ambages el gran salto que ha dado el Poli en los temas humanísticos. La administración de José Enrique Villa Rivera ha dado un vuelco a la concepción tradicionalista de la educación técnica. Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria académica del instituto no sólo hizo la invitación entusiasta al disco sino que lo comentará, Elia Alicia Moreno Burciaga, directora del Centro de Formación e Innovación Educativa del IPN, abierta a propuestas temerarias y Alejandra Ortiz Boza, cuya agudeza conceptual identifica con precisión el punto en el que convergen la cultura, la equidad y el derecho a la educación, puntos complejos que abrillanta y desbroza con su gran sonrisa.
Participan en la presentación de «Ni moza ni musa», Dalia Pérez una de las principales impulsoras del disco y promotora de los derechos de las mujeres; hablará sobre el disco y dará voz a las décimas; Martha Tronco, responsable de la perspectiva de género en el IPN, Rafael Figueroa quien coordinará la parte musical con el apoyo de integrantes del grupo Cucalambé y será la voz masculina en la versada, Liliana Esparza, autora de décimas en este disco y la autora de esta columna.
La Unidad Académica Allende del IPN, ubicada en el meritito centro de la urbe defeña, será el escenario que albergue las décimas y el son jarocho en su canto por la equidad, el viernes 19 de junio a las cuatro de la tarde.
Periodista y colaboradora de la RMC
El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:
Ramírez, Pilar, «Versada jarocha en la academia» en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
Num. 116, México, junio. Disponible en: Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/politica.htm
Fecha de consulta. 17 de junio de 2009.
Gobierno electrónico en Venezuela
Una oportunidad para la participación ciudadana
Klibis Marín Mejías
Licenciada en Comunicación Social (UCV). Magister en Comunicación Social (UCAB).
Doctoranda Ciencias de la Información Universidad de La Laguna
Pese a que la brecha digital en el mundo alcanza el 77,5% de la población , Internet se ha convertido en un espacio indispensable para funcionar en sociedad. Internet recibe y ofrece. Recibe y almacena datos, al tiempo que ofrece un espacio para la comunicación y la expresión ciudadana construyendo conocimientos en plural.
Nuestros gobiernos no pueden ser ajenos a la revolución digital comunicacional y se han incorporado tímidamente a la red. Nace entonces el Gobierno Electrónico como herramienta para optimizar la comunicación con los ciudadanos.
Las herramientas tecnológicas han permitido modernizar las operaciones el Estado, por lo que muchos países como Brasil, Chile y Argentina han logrado automatizar algunas de sus operaciones de impuestos, registros, licencias y permisos. Mejorando también los servicios ofrecidos a sus ciudadanos, al aumentar la transparencia e incrementar la participación ciudadana en la gestión pública.
En Venezuela el desarrollo del Gobierno Electrónico apenas da sus primeros pasos. El desafío de la administración pública actual, pareciera ser garantizar y abrir espacios de participación para los ciudadanos como contralores sociales. Internet resulta un medio que garantiza la difusión de información y la participación de los ciudadanos a fin de garantizar sociedades más justas y democráticas.
Gobierno electrónico
El Gobierno Electrónico se entiende como la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la administración pública, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. Su objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar las políticas públicas.
El Gobierno Electrónico facilita no sólo la obtención de la información ofrecida por los poderes públicos, sino también las transacciones de los ciudadanos reduciendo los plazos de espera. Además, favorece el establecimiento de una relación directa entre los ciudadanos y la gestión pública.
Esto se traduce en eficiencia, en efectividad de los procesos, ahorro de personal, de papel, de tiempo, menos burocracia, en fin, se trata de la optimización de la cuestionada administración pública. Sin embargo los ciudadanos no son los únicos que harían posible este cambio, es necesario también iniciar un proceso de reestructuración de la administración pública para adaptar sus procesos administrativos a la dinámica de la era digital.
La tecnología puede ser considerada como una herramienta para la creación de una administración más eficiente y más amigable orientada al usuario, por otra parte, ella puede ser entendida como revitalizadora de las comunidades locales, fortalecedora de lazos sociales y de solidaridad en el ámbito local y responsable del aumento de la participación política en procesos locales de toma de decisiones. 1
Algunos teóricos aseguran que las expectativas y promesas del Gobierno Electrónico terminan cuando la realidad de la burocracia las aplasta. Para superar los paradigmas de la administración pública y optimizar sus servicios es necesario entonces innovar en su gestión a través de las TICs, para asegurar las respuestas a las demandas de los ciudadanos en función de ofrecer: mayor información, mayor control y espacios de influencia, cercanía con los ciudadanos, mayor eficiencia, mejor bienestar social, y transparencia en la gestión.
Niveles del gobierno electrónico
El teórico holandés Michiel Backus2 propone cuatro fases de interactividad en la implementación del Gobierno Electrónico:
• Nivel Informativo: Información abierta, ofrecida por los organismos del Estado desde la web.
• Nivel de Interactividad: El usuario tiene la posibilidad, de interactuar con el portal de gobierno a través de foros, correo electrónico y consultas en línea.
• Nivel de Transacción: Aumenta la valoración del usuario y éste puede realizar trámites desde la Web.
• Nivel de Transformación: La participación del usuario en el portal y en las políticas gubernamentales es la meta en esta etapa.
El cumplimiento de estas cuatro etapas permite a los Estados, a través del Gobierno Electrónico, garantizar transparencia y eficiencia, incluir a los ciudadanos en las tomas de decisiones gubernamentales, acelerar los tiempos de gestión ante las instituciones del Estado, potenciar la organización y participación social de los ciudadanos en la gestión pública.
A menudo se confunde el Gobierno Electrónico con el primer nivel en el que se concentran las páginas Web, o sitios de presentación de Alcaldías o Gobernaciones, pero se trata de cuatro niveles bien definidos y es en el tercero (transaccional) y el cuarto (Transformacional) en los que el Gobierno Electrónico alcanza su objetivo, que es lograr el acercamiento de los ciudadanos a sus autoridades y su participación en la gestión pública.
La participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, a través del uso de las tecnologías de información, es lo que conocemos, en su concepto más simple, como Democracia Electrónica. Es la consecuencia de alcanzar el nivel transaccional y transformacional del Gobierno Electrónico.
No se trata sólo de que los ciudadanos puedan pagar impuestos por Internet, (Gobierno Electrónico) sino que además puedan tener una discusión pública acerca de cómo gastan esos impuestos (Democracia Electrónica). El desafío es lograr establecer un vínculo entre Gobierno Electrónico y democracia electrónica a fin de ir mas allá de los modelos unidireccionales de servicio y políticas publicas.3
La Democracia Electrónica permite a los Estados garantizar mayor participación y pluralidad de acción a sus ciudadanos.
Las redes electrónicas hacen posible una nueva y eficaz forma de participación directa de los ciudadanos, virtual e interactiva, en la gestión de gobierno. Esto abre canales de participación inéditos que, como lo señala Palacios (2001), facilitarían el debate, la crítica, la controversia, el intercambio simbólico y la visibilidad del otro. 4
De acuerdo al indicador Readiness, ranking mundial comparativo sobre 191 estados miembros de la ONU, Venezuela ocupa el noveno lugar en la región en el E-Government Survey.5
El Readiness evalúa los sitios web; su infraestructura de telecomunicación y dotación de recursos humanos, de acuerdo a dos indicadores: la preparación del Estado para el Gobierno Electrónico y la Participación ciudadana.
Venezuela aparece después de México, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Costa Rica.
El Gobierno Electrónico en Venezuela se inscribe dentro del proyecto de Transformación Tecnológica del Estado enmarcado en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales (2007 – 2013) que se inscriben el Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación (2007 – 2013).
Hay avances jurídicos importantes desde el año 2000, así como desarrollos tecnológicos que apuntan hacia la implementación de la gobernanza en web. No obstante todavía está en desarrollo la interoperabilidad para la implementación de una Taquilla Única y de servicios que garanticen la participación ciudadana desde los portales de la Administración Pública Nacional.
El marco jurídico
El marco jurídico para la implementación del Gobierno Electrónico en Venezuela se inicia con la aprobación de la Constitución Bolivariana en diciembre de 1999, cuyo artículo 110 establece que “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional”. 6
Luego le siguen una serie de Leyes y Decretos que establecen la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la soberanía tecnológica y respaldan el derecho ciudadano al uso de las tecnologías de información.
• Decreto 737. 16/03/2000. Creación del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).
• Decreto 825: 05/2000. Acceso y uso de Internet como política prioritaria
• Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 12/06/2000
• Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. 10/02/2001
• Ley Especial contra los Delitos Informáticos. 30/10/2001
• Decreto Nº 2.479. 27/06/2003. Conformación de la Red del Estado
• Decreto Nº 3.390. 23/12/2004. Uso Prioritario de Software Libre.
• Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 03/08/2005
• Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos. 22/07/2008
• Gaceta Oficial Nro. 39.109. 29/01/2009. Primeras tres normas técnicas del CNTI para el uso de los formatos de archivos ODF y PDF, así como las características mínimas de los portales web de la Administración Pública (APN)
A pesar de contar con un marco jurídico pionero en Latinoamérica, Venezuela apenas da sus primeros pasos en materia de Gobierno Electrónico, ya que todavía no se ha consolidado una política que permita desarrollar la gobernanza desde la red.
En el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales (2007 – 2013) se establece la Transformación del Estado desde el impulso al Gobierno Electrónico a través de la:
• “Normalización de criterios de portales de órganos y entes del Estado para servicios al ciudadano, comunidades, y otros órganos y entes del Estado
• Formación a ciudadanos, comunidades, empresas y funcionarios en el uso efectivo de los servicios en línea
• Incorporación de auditabilidad en línea de la gestión de los órganos y entes del Estado” 7
Ciertamente se han dado pasos importantes para el desarrollo del Gobierno Electrónico en nuestro país. Se comenzó con la obligatoriedad del uso del Software Libre. En el 2008 el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, lanzó el sistema operativo CANAIMA, una distribución en GNU/Linux Venezolana basada en Debian cuyo objetivo es cubrir las necesidades ofimáticas de los usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN) y en el 2009 el CNTI lanza el generador de código ALTAGRACIA. Ambas aplicaciones constituyen las bases del Software Libre en la APN para el desarrollo de la interoperabilidad y la taquilla única como conclusión final.
El Presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información Carlos Figueira explicó que “los Ministerios de Telecomunicaciones y Planificación estamos trabajando en una plataforma de interoperabilidad que va a permitir acelerar la propuesta de Gobierno Electrónico y que mejorará tanto lo que es la interacción de respuesta al ciudadano con los trámites que se pongan en línea, como lo que es la gestión de las instituciones, a esto se le suma la resolución y consecuente decreto de normas técnicas que permitirán que estén claras las reglas de interacción entre los diferentes órganos del Estado en materia de tecnologías de información”. 8
Asimismo destaca los trámites automatizados de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que son trámites de impacto online.
Aunque para Figueira el desarrollo más importante de Gobierno Electrónico en nuestro país es la plataforma electoral. “No es el Gobierno Electrónico tradicional, no es un ciudadano pidiéndole un trámite al Estado, este es un trámite donde el Estado organiza la consulta de la opinión de los ciudadanos, toda la automatización del voto, la auditoria de sistemas del Consejo Nacional Electoral, a mi me parece un ejemplo y es el caso más exitoso. Este es un logro importantísimo”.
A estas iniciativas se le suma el Satélite Simón Bolívar, en manos de Venezuela desde el 10 de enero del 2009, con el cual se busca potenciar el desarrollo del Gobierno Electrónico respondiendo a las necesidades venezolanas en las áreas de telefonía, transmisión de información, acceso y transmisión de mensajes por Internet.
El desarrollo tecnológico ha sido tímido, sin embargo, lo más importante en la implementación de una estrategia de Gobierno Electrónico obedece al cambio de aptitud en los funcionarios de la APN.
“Puede decirse que el Gobierno Electrónico implica la reestructuración de los servicios públicos, una fuerte inversión (humana, presupuestaria y en equipos tecnológicos de información y comunicación) de los organismos administrativos a todos los niveles, así como un cambio cultural, lo cual es un factor calve para el éxito de la instauración de un Gobierno Electrónico”.9
Más allá de la capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas en Software Libre, es fundamental también implementar un cambio cultural que garantice la participación ciudadana en la gestión de gobierno. “Esto se debe a que la gobernanza moderna no trata de otorgar poder de control a un Estado que lo ha perdido, sino tomar conciencia que el Estado y su esfera de acción cambia de forma. Aquí se manifiesta la importancia del cambio estructural y funcional a favor de una Internet governance que parecen ser palabras contradictorias”.10
Para la presente investigación se realizó un estudio descriptivo-exploratorio donde se analizaron los datos cuantitativos y cualitativos, a través del estudio de 28 portales del Poder Ejecutivo venezolano.
Se diseñó un instrumento para diagnosticar los portales venezolanos de acuerdo a los cuatro niveles de Gobierno Electrónico tomando en cuenta como indicadores: Navegación efectiva, actualización, servicios online y participación del usuario.
Se tomó como muestra los portales de los 27 Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo en Venezuela, además del portal de la Vicepresidencia de la República.
Vale destacar que cada uno de estos Ministerios tiene un promedio de ocho entes adscritos cada uno. Entre estos entes adscritos se encuentran la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que son organismos cuyos trámites se hacen a través de Internet. Dichos portales no han sido tomados en cuenta para este estudio ya que merecen un diagnóstico aparte.
Son considerados experiencias exitosas, no obstante todavía no aplican el uso de software libre y, ante la avalancha de usuarios que requiere sus servicios, se han visto obligados a restringir el acceso de acuerdo al número de cédula de identidad. Por eso merecen un estudio aparte, por ahora, sólo serán analizados los portales principales de cada Ministerio.
La evaluación de los 28 portales permitió determinar, en primer lugar, el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano por incorporar el uso de las tecnologías de información en su gestión.
No obstante, según el diagnóstico realizado, de acuerdo a los cuatro niveles de Gobierno Electrónico propuesto por el teórico holandés Backus, sobre los 28 portales del Poder ejecutivo venezolano, se obtuvo que el 18 de esos portales se ubican en el Nivel Informativo de Gobierno Electrónico, mientras que 10 se mantienen en el Nivel Interactivo. Ninguno de los portales obtuvo ubicación en los Niveles Transaccional y Transformacional del Gobierno Electrónico.
El diagnóstico de los 28 portales estudiados arroja la presencia dominante de contenidos informativos unidireccionales. Existe poca comunicación con el usuario y son muy pocos lo servicios que permiten interactuar al usuario con la gestión del Ministerio. Los diseños son heterogéneos aunque todos representan a un mismo Estado. La navegabilidad no resulta del todo amigable.
El lenguaje también resulta heterogéneo e incluso poco usual, como en el portal del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación donde califican al usuario como “Navegante”.
Asimismo la información que presentan a veces resulta incoherente, como por ejemplo en la página de foros del portal del Ministerio de la Defensa se encuentran foros sobre Joomla, Linux, Firefox y Ofimática, temas tecnológicos que no tienen mucho que ver con el área militar.
Solamente los ministerios de Alimentación y Planificación cuentan con un botón de Taquilla Única. El primero es un registro para importadores del MINAL y el segundo es el registro para solicitar la solvencia aboral. Por su parte el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio tiene un botón titulado: “Bienvenido al Sistema Integral de Trámites Electrónicos” pero cuando se intenta acceder la respuesta es que la página solicitada no existe.
El Ministerio de la Cultura cuenta con un botón de Contraloría Social que permite a los usuarios realizar denuncias y hacerle seguimiento a la respuesta.
Los portales del Poder Ejecutivo venezolano parecen tarjetas de presentación para mantener informaciones, incluso desactualizada en algunos casos, sobre el Ministerio tales como la visión, misión, directiva, organigrama y noticias, pero con pocos servicios en línea de atención a los ciudadanos.
Los portales del ejecutivo venezolano desaprovechan recursos de interacción y participación ciudadana como los foros, chats, correos, sugerencias. Incluso al escribir a los correos de sugerencias o solicitar alguna información no se recibe respuesta.
Esto evidencia que los portales del Poder Ejecutivo de Venezuela se ubiquen en la primera etapa del Gobierno Electrónico según Backus11, con lo cual hace falta profundizar en las estrategias de contenidos y servicios de dichos portales a fin de avanzar hacia el segundo nivel y posicionar los niveles de Transacción y Transformación en el Gobierno Electrónico, para garantizar la Democracia Electrónica en Venezuela.
Conclusiones
El Gobierno Electrónico es considerado un derecho ciudadano12, por lo tanto los gobiernos tienen la obligación moral de ejercer todas las acciones necesarias que permitan a los ciudadanos una mayor participación en la era digital y el disfrute de una relación cercana a sus gobiernos locales y/o nacionales que permitan eliminar la brecha digital existente.
Los ciudadanos son agentes dinamizadores del Gobierno Electrónico por eso su participación e inclusión en el uso de las herramientas de red resulta un factor fundamental en el desarrollo de la Democracia Electrónica. Los portales de Gobierno Electrónico son administrados por el Estado, pero son usados por ciudadanos, por lo tanto esta herramienta de participación se construye en conjunto para lograr impactar positivamente en la sociedad.
La gran tarea del Gobierno Electrónico reside en desarrollar una «cultura informacional» imprescindible para insertar la tecnología en la vida social y económica, y convertirla en habilitadoras de la inclusión y del desarrollo humano. Uno de los retos más importantes tiene que ver con el fortalecimiento y modernización de los procesos de la gestión pública. El desarrollo del Gobierno Electrónico es una oportunidad para:
• Promover la educación y capacitación electrónica, en todos los niveles, como clave para el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las tecnologías en función del desarrollo humano
• Utilizar de forma estratégica los medios de comunicación social como instrumentos para el desarrollo humano;
• Mantener el compromiso inquebrantable del gobierno con el uso de las TICs como herramienta de desarrollo humano que ha de manifestarse a través del Gobierno Electrónico.
No es posible la implementación del Gobierno Electrónico sin la digitalización de la Administración Pública. Pero no se puede confundir Gobierno Electrónico con digitalización de ministerios, alcaldías y gobernaciones, ni con la proliferación de portales con información gubernamental. Va mucho más allá del simple uso de las tecnologías, se trata de un cambio de cultura que debe conllevar depuración las estructuras y procesos de la administración pública para poder responder a esas necesidades ciudadanas.
El ejercicio de la ciudadanía y el cambio de paradigma de los funcionarios públicos deben ir de la mano, para hacer del Gobierno Electrónico una herramienta optima de verdadera inclusión digital.
El Gobierno Electrónico puede pasar de aliado a adversario de la gestión pública, si no se respeta el espacio, el derecho a la participación de los usuarios, ni se da respuesta con la efectividad necesaria a las inquietudes de los ciudadanos. En este sentido el Presidente del CNTI considera que la tecnología no es el problema. Como señala Figueira:
El problema efectivamente es humano y cultural. El proyecto de Gobierno Electrónico implica la gestión del cambio, un cambio cultural, un cambio en la manera de hacer las cosas, un cambio en la manera de interrelacionarse, al interior de las instituciones y entre las instituciones y ese es el obstáculo principal o es el mayor problema que hay que resolver y ese es un problema que debería ser el Ministerio de Planificación el cual debe dar la orientación sobre cómo enfrentar el proyecto de transformación cultural de estos funcionarios, en un funcionario que apoye el Gobierno Electrónico, que quiera simplificar los trámites y quiera solucionar los problemas de los ciudadanos para acercarlos a la gestión estadal.
En el continente americano, a pesar de contar con una brecha digital de un 80%, el crecimiento de la penetración de la red ha sido mayor al 540% en siete años. Si tomamos en cuenta el crecimiento de Internet en el mundo, es necesario detenerse a pensar en la necesidad de potenciar el uso de la red y del Gobierno Electrónico como espacio de participación ciudadana.
El gran desafío de los gobiernos latinoamericanos consiste en disminuir la brecha digital para garantizar el acceso de todos a las Tecnologías de Información y Comunicación, y por ende su participación en la era digital.
Los ciudadanos, además de explorar la red como herramienta de interacción transaccional para gestionar trámites con la administración pública, evitando hacer fila en alguna dependencia estatal, también pueden ser coparticipes de la construcción de la democracia de un país, al tener la posibilidad de fiscalizar la gestión pública desde la red.
A fin de lograr superar el Nivel Informativo del Gobierno Electrónico en los portales del Poder Ejecutivo venezolano, estos podrían:
• Unificar los servicios y trámites en una Taquilla Única que facilite la navegación de los ciudadanos
• Homogeneizar la imagen y diseño web de todos los portales
• Realizar transacciones en cualquier lugar, en cualquier momento.
• Agilizar los procesos de creación de empresas y licitaciones.
• Mejorar la calidad de los servicios gubernamentales a los ciudadanos.
• Fortalecer la interacción con las empresas e industrias.
• Favorecer y promover la participación ciudadana.
• Garantizar la transparencia en la gestión pública
• Incrementar la confianza del ciudadano en sus instituciones gubernamentales.
• Ofrecer los 4 niveles de Gobierno Eléctrico en cada portal
• Incorporar contenidos de interés e interacción multimedia con los ciudadanos
• Facilitar la participación de los ciudadanos a la gestión gubernamental
• Fortalecer, desde la red, una sociedad democrática, participativa y protagónica.
Hablar de Gobierno Electrónico es hablar necesariamente de participación ciudadana en la gestión pública y ese es su principal impacto. Las Tecnologías de Información entendidas como herramientas de transformación constituyen una oportunidad para innovar, desde el Estado hacia Ciudadanos, a fin de profundizar la participación democrática y la transparencia de la gestión pública.
Internet sienta las bases para un nuevo sistema productivo, del cual participamos y somos responsables todos los que hacemos sociedades en red. Si bien surge dentro de un modelo capitalista, las posibilidades infinitas que ofrece el medio, hace posible calcular que en unos 20 años la superación de la brecha digital y el uso de las herramientas tecnológicas, nos permitan participar de modelos productivos más humanos que incluso nos ayuden a superar la explotación del hombre por el hombre.
NOTAS
1. Frey, K. (2005). «Gobernanza Electrónica urbana e inclusión digital, experiencias en ciudades europeas y brasileras». Revista Nueva Sociedad, pp. 109 – 125
2. Backus, M. (2005) Gobernanza Electrónica. Disponible en: http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsciberprome/gobelec.pdf
3. Araya Dujisin, R. (2005) Internet, Política y Ciudadanía. Revista Nueva Sociedad. (195), pp. 56 – 72
4.PINEDA, Migdalia, DURANTE, Esther, FERNANDEZ, Sylvia (2003) La sociedad de la información como una sociedad en transición: Caracterización, tendencias y paradojas. Disponible en: http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S1315-95182003008000006&script=sci_arttext
5. E-Government Survey 2008. ONU. Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
6. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
7. Plan Nacional de Telecomunicaciones Informática y Servicios Postales (2007 – 2013). MPPTI. Disponible en: http://www.mppti.gob.ve/upload/docs/pntiysp_completo.pdf
8. Figueira, C. (2009) Entrevista a Carlos Figueira, Presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Realizada por la autora para la presente investigación. 05/03/09. Caracas
9. Rodríguez, G. (2004) Gobierno Electrónico: Hacia la Modernización y Transparencia de la Gestión Pública. Revista de Derecho Informático. Nro. 067. Recuperado el 01 de marzo del 2009. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1233.
10. Adinolfi, G. (2007). Internet governance y sociedad de la información: problemas de socio-política. Revista Latina de Comunicación Social, 62. Recuperado el 05 de marzo de 2009 de: http://www.ull.es/publicaciones/latina/200703Adinolfi_G.htm.
11. Backus, M. (2005) Gobernanza Electrónica. Disponible en: http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsciberprome/gobelec.pdf
12. CLAD. (2007) Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Disponible en: http://www.clad.org.ve/cartagobelec.pdf
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Rodríguez, G. (2004) Gobierno Electrónico: Hacia la Modernización y Transparencia de la Gestión Pública. Revista de Derecho Informático. Nro 067. Recuperado el 01 de marzo del 2009. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1233
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar este artículo:
Marín Mejías, Klibis, 2009: «Gobierno electrónico en Venezuela»,
en Revista Mexicana de Comunicación en línea, Num. 116, México, junio.
Fecha de consulta: 5 de junio de 2009.
Don Manuel Buendía
XXV Aniversario luctuoso
A 25 años del asesinato de Manuel Buendía, pocos dudan
hoy que se trató de un auténtico crimen de Estado. Cuesta
demasiado creer que sólo un alto funcionario de la policía política, al margen de sus jefes inmediatos, fuera el único autor intelectual de un homicidio que conmocionó a la
sociedad mexicana el 30 de mayo de 1984.
En un principio se tejió una densa cortina de humo. Pero con el transcurso de los años, tres presuntas líneas de responsabilidad fueron ganando terreno: la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los traficantes de armas y drogas, y el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez. Todas esas presunciones separadas o engarzadas habrían de sembrar sospechas tan verosímiles como indescifrables.
Luego de que una fiscalía especial tuvo la encomienda de profundizar en las indagatorias, se reforzó la hipótesis del involucramiento de José Antonio Zorrilla en el narcotráfico. La cadena de “coincidencias” fortalecía su culpabilidad: fue el primer jefe policíaco en llegar al sitio del crimen, 13 minutos después de ocurrido; los agentes de la DFS a su cargo forcejearon con elementos de la Policía Judicial del DF por la requisa de pruebas y documentos del periodista; se apoderó de testigos de primera línea; tras las primeras indagaciones, declaró que el asesino “no era un profesional”; los hombres de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca tenían credenciales de la DFS firmadas por él; y durante su gestión como titular de la Policía Política se encargó de obstruir las pesquisas.
Con tales señalamientos a la mano, en junio de 1989, la Procuraduría General de Justicia del DF lo apresó no sólo por el homicidio del periodista sino también por el del funcionario José Luis Esqueda, así como por enriquecimiento ilícito en su papel de servidor público y por acopio de armas. Días más tarde fueron aprehendidos sus cómplices: Juan Rafael Moro Ávila, agente judicial y actor, a quien se inculpó por la autoría material del homidicio; a Raúl Carmona y Juventino Prado, comandantes de la DFS, y a Sofía Marizia Naya, agente de la misma dependencia, por haber participado en lo que se llamó Operación Noticia.
Las pesquisas de las autoridades judiciales apuntaron al ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, sobre quien pesaron los cargos de asesinato como autor intelectual, obstrucción a la justicia y abuso de funciones. Además se le acusó por presuntos delitos contra la salud, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y enriquecimiento ilícito. Según la Procuraduría General de Justicia del DF, la fortuna de Zorrilla ascendía a 100 mil millones de (viejos) pesos, entre lujosas propiedades y efectivo, cifra imposible de justificar con sus ingresos como servidor público.
Casi un lustro después, Zorrilla Pérez fue sentenciado a 36 años de prisión por homicidio calificado, penalidad que fue reducida a 29 años cuyo plazo se cumpliría en octubre de 2018. Juan Rafael Moro Ávila recibíó una sentencia similar. El resto de los implicados fueron condenados a sanciones diversas.
Pese a ser el asesinato del columnista político más importante de la segunda mitad del siglo XX, que marcó de manera indeleble al gremio periodístico y al país, la justicia mexicana asumió una condescendencia inexplicable. Tres años después, en 1996, fueron liberados Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya. Años más tarde salió Juventino Prado. Y el 18 de febrero pasado, el Sexto Tribunal Colegiado favoreció con la excarcelación a José Antonio Zorrilla Pérez y Juan Rafael Moro Ávila, autores intelectual y material del asesinato, según las versión de las autoridades judiciales.
Oficialmente el caso se cerró. Sin embargo, la resolución final jamás estuvo exenta de dudas y sospechas interminables y difíciles de sustentar. Moro Ávila, por ejemplo, al principio expresó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en el crimen. José Antonio Zorrilla, por su parte, en su declaración preparatoria, el 20 de junio de 1989, asentó unas palabras que permitían todas las suspicacias posibles: “Yo dependía de Bartlett. Nunca fui autónomo. Era parte del sistema. Recibía órdenes del secretario de Gobernación”.
En otras palabras: en un caso paradigmático para la libertad de expresión en México, a lo largo de los años los jueces se mostraron alta y extrañamente benevolentes no sólo al descargar a Zorrilla del resto de los cargos, sino ahora también al concederle la preliberación pese a que, como principal autor intelectual de la muerte del periodista, no tenía ese derecho habida cuenta que el homicidio calificado no admite tal beneficio. A este respecto, el reconocido columnista Miguel Ángel Granados Chapa ha señalado:
La preliberación de Zorrilla Pérez es un ejemplo contundente de que en México no se vive un Estado de Derecho. No había fundamento legal para otorgarla y sin embargo, por la extraña decisión de esos juzgadores, Zorrilla está en su casa 15 años y medio antes de lo que estableció la sentencia que recayó sobre el homicidio de Buendía.
Este hecho en sí mismo constituye una señal ominosa para la justicia y la prensa mexicanas:
Desde el asesinato del autor de “Red Privada” –señaló la Fundación Manuel Buendía–, el número de homicidios, atentados y agravios a periodistas ha aumentado de manera alarmante, al grado de que hoy se ubica a México como el segundo país donde se cometen más actos contra el ejercicio periodístico. En ese contexto, y considerando la impunidad que ha reinado por lustros, el que ahora se haga efectiva la excarcelación de dos responsables de un asesinato que conmocionó a la nación hace 25 años –porque se trataba de uno de los columnistas más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX–, deja una impresión de inquietud y desamparo para los periodistas y de menoscabo a su libertad de expresión.
Manuel Buendía fue ultimado por indagar sobre la penetración del narcotráfico en las esferas políticas hace 25 años. Hoy la descomposición en ese terreno parece irrefutable. Frente a tales circunstancias y ante una clara vulnerabilidad del oficio periodístico que ha sido objeto de constantes ataques y acechanzas, se da a conocer la excarcelación del principal responsable del crimen del columnista político más relevante de los últimos tiempos: ¿Cuál es el mensaje?
La red social de la Santa Sede
Proyecto Internet
Octavio Islas
La Santa Sede definitivamente comprende la importancia de las comunicaciones digitales mucho mejor que no pocos de los gobiernos que pregonan supuestas acciones en el imaginario de la sociedad de la información y el conocimiento.
En días pasados monseñor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, dio a conocer el lanzamiento de la red social en Internet del Papa Benedicto XVI, la cual actualmente ofrece versiones en cinco idiomas: italiano, español, inglés, francés y alemán.
En la página principal de la refería red social destaca un video que fue incorporado al Canal del Vaticano en You Tube “Bring the Gospel to the Internet”. En ese video el papa Benedicto XVI da lectura, en inglés, a un documento que destaca la importancia de las comunicaciones digitales para la iglesia católica.
La Iglesia Católica sin duda comprende muy bien la importancia de los medios de comunicación, y la historia de los años recientes permite confirmarlo.
En 1960 la Universidad Iberoamericana —propiedad de la Compañía de Jesús— empezó a impartir la primera licenciatura en ciencias de la comunicación en América Latina.
El fundador de esa licenciatura fue José Sánchez Villaseñor —un jesuita nacido en Sayula—. De acuerdo con Francisco Prieto, destacado intelectual, quien en 1968 egresó de la tercera generación de esa licenciatura, Sánchez Villaseñor se vio en la necesidad de cambiar ese nombre porque para los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública “ciencias de la comunicación” remitía a cuestiones de ingeniería.
En el artículo “48 años de las escuelas de Comunicación en el mundo” —publicado en el número 1 de la revista Códigos de la Universidad de las Américas Puebla (tercera época)—, Francisco Prieto reprodujo el texto que leyó Sánchez Villaseñor al presentar la licenciatura en comunicación. Un párrafo particularmente llama la atención:
Su misión es comunicar el rico saber acumulado en su mensaje mediante técnicas de difusión, relaciones públicas, publicidad, radio, televisión, cine y periodismo. Controlar estos tremendos poderes que moldean, como fácil arcilla, al hombre contemporáneo.
En los sectores más radicales de nuestra derecha, algunas voces afirman que los medios de comunicación solo introdujeron dudas en la fe de las familias mexicanas.
En años recientes, en Occidente podemos advertir el debilitamiento generalizado de las creencias religiosas, como atinadamente destacan Steven Weinberg y John Gray, autores del artículo “Ateísmo a debate”, publicado en el número 123 de la revista Letras Libres, correspondiente al mes de marzo del año en curso.
Además de las tensiones que la ciencia inevitablemente introduce sobre el sistema de creencias religiosas, el formidable desarrollo de las tecnologías contribuye a imponer la creencia de que en el imaginario de la sociedad de la información y el conocimiento es posible prescindir de dios.
De acuerdo con John Gray, en El fin de la fe/Religión, terror y el futuro de la razón, el escritor estadounidense Sam Harris afirma que la religión ha sido la principal fuente de violencia y opresión a lo largo de la historia.
En años recientes en México ha proliferado el culto a la “Santa Muerte”. La acumulación de contradicciones favorece el culto a una virgen que admite ser considerada como cómplice. Internet permite extender el consumo de los objetos simbólicos del culto, extendido ya a algunas ciudades de los Estados Unidos y Centro América.
El domingo 22 de mayo la Iglesia Católica celebró el “World Communications Day” —Día Mundial de las Comunicaciones—. En el Vaticano laboran estupendos estrategas en materia de comunicación, quienes comprenden que mantenerse al margen de la revolución digital representaría el suicidio mismo de la Santa Sede.
Investigador del Proyecto Internet-Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura,
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
El anterior artículo debe citarse así:
Islas, Octavio, «La red social de la Santa Sede»,
en Excélsior, Proyecto Internet, Dinero, 25— V — 2009.
